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LA HABANA, Cuba, abril, 173.203.82.38 -Los medios oficiales acaban de publicar en Cuba otra de las nuevas disposiciones gubernamentales encaminadas a tratar de revivir la famélica economía interna: En lo adelante, las empresas estatales podrán disponer del 50% de “las utilidades” resultantes de su actividad productiva –siempre después de pagar los impuestos al Estado–, para destinarlo al desarrollo, la investigación y la estimulación a los trabajadores. Dicho en pocas palabras, ha quedado oficialmente restaurada la autonomía de las empresas estatales, como si este hecho tan normal y corriente en cualquier país que no sea el nuestro constituyera un aporte raulista a los anales de la economía mundial. Huelga anotar que simultáneamente el General-Presidente insistió en los más rigurosos controles tanto productivos como de las ganancias y en mantener el actual “ritmo” de las medidas –dizque derivadas de los lineamientos del VI Congreso del PCC– a contrapelo de aquellos que quieren acelerar el paso de los “cambios estructurales”. No deja de resultar interesante este anuncio de lo que sería una medida conveniente y razonable si las condiciones del país también lo fueran. No obstante, antes de estallar en aplausos por lo que en teoría resultaría positivo, es preciso analizar objetivamente el escenario económico nacional, recientemente descrito por el propio gobierno en el marco de la reunión ampliada del Consejo de Ministros efectuada apenas tres semanas atrás, donde quedó claramente expuesta la ineptitud de la alta dirección del país para conducir a puerto seguro el naufragio del modelo económico: improductividad, ineficiencia, impagos, falta de organización, indisciplina, entre otros lastres raigales del sistema, que niegan cualquier posibilidad de hacer funcionar la economía; menos aún mencionar siquiera una quimérica obtención de “utilidades” por parte de las empresas. Por su parte, la inestable y potencialmente volátil situación en la “hermana república bolivariana” es un factor adicional de peso que se cierne sombrío sobre el futuro cercano de la subsidiada economía cubana, lo que está incidiendo en la adopción de nuevas medidas por parte del gobierno y a mediano plazo podría obligar a acelerar el lento paso de las transformaciones raulistas. Numerosos males inherentes a la naturaleza misma del sistema impiden que éste funcione. Como expresara recientemente el economista cubano Oscar Espinosa Chepe en un programa de Radio Martí, uno de los problemas que desde el principio atentan contra la eficacia de la nueva disposición es la inexistencia en el país de una contabilidad confiable. Tras décadas de reportes inflados, descontroles y corrupción, no hay garantías de que comience un proceso de purificación espontánea entre los encargados de las cuentas. Otro elemento importante es la sujeción ideológica que durante medio siglo ha sometido la economía a los designios de una meritocracia cuyo desempeño en los puestos de dirección y control responde, no a su capacidad para administrar la economía, sino a la fidelidad al Gobierno-Estado-Partido, dueño de todos los medios de producción, los bienes y las ganancias, por no mencionar su control absoluto –hasta épocas muy recientes– de toda la fuerza de trabajo del país. En tanto el compromiso político con un grupo minoritario en el poder continúe determinando en los resultados económicos, el país no remontará la crisis. Esto significa que no habrá reformas económicas efectivas en ausencia de reformas políticas. En la misma cuerda vibra el tema de la redistribución de las supuestas utilidades bajo un sistema de estimulación a los trabajadores. ¿Será que ganarán más los que demuestren ser más “revolucionarios”, o los más productivos? ¿Quiénes serán los veladores puros de la productividad y los que impedirán las pérdidas por el desvío de recursos y por otras manifestaciones de corrupción? ¿Quiénes evitarán el beneficio de unos en perjuicio de otros en un sistema largamente caracterizado por el tráfico de influencias y el caciquismo? Y ya desde el plano del derecho, ¿tendrán figura jurídica dichas empresas y administraciones para manejar e invertir los fondos derivados de la producción? Sin embargo, este desesperado intento de curar el agresivo cáncer de una economía en fase terminal irreversible, con las aspirinas de las llamadas reformas raulistas está, de antemano, condenado al fracaso. Porque en primerísima instancia habría que solucionar el mal primigenio de este socialismo-capitalista de Estado: las deformadas relaciones de propiedad sobre los medios de producción. No habrá prosperidad económica en Cuba sin el retorno de la propiedad privada en coexistencia con otras formas de propiedad. No me refiero a la privatización total del país como contrapartida a la existencia de ese propietario único, el Estado, pero sí a la franca apertura de las numerosas variantes de iniciativa privada que serán la única fuerza capaz de movilizar la economía. La obstinada negativa gubernamental a reconocer los plenos derechos de los cubanos de todas las orillas a participar preferentemente en la recuperación de una economía destruida por el propio gobierno que ahora se declara capaz de recuperarla, está pasando la cuenta a la nación y continúa comprometiendo el futuro de todos. Por el momento, las recientes disposiciones de “autonomía empresarial” pudieran estar cumpliendo dos funciones solo favorables a la castrocracia: por una parte retardar el desplome definitivo del sistema que la sostiene en el poder; por otra, legitimar las nuevas fuerzas económicas surgidas de sus círculos afines, hasta ahora semi-ocultas, protegidas tras el hermético secretismo de la información en Cuba.

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Economía cubana: aspirinas para curar un cáncer