MIAMI, Estados Unidos.- El régimen cubano exoneró a productores privados del pago de impuestos de importación de insumos y materias primas hasta el 31 de diciembre de 2021, según anunció este sábado, a tres semanas de las masivas protestas que sacudieron a la isla, el Ministerio de Finanzas y Precios.

De acuerdo a una nota de la agencia de noticias AFP, la medida tiene “el objetivo de estimular la producción de bienes y prestación de servicios” privados, a decir de la ministra Meisi Bolaños en una resolución publicada en la Gaceta Oficial.

Este “beneficio incluye a los productos que se importen en consignación para su venta en plaza” e insumos y materias primas para la producción agropecuaria, pero no “se aplicará a productos terminados”, señaló.

La nueva resolución se anuncia cuando los trabajadores privados están a la espera de que se apruebe la reglamentación de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), algo que ya había dicho el gobernante Miguel Díaz-Canel esta semana.

“La autorización de las Pymes representa un paso más en las reformas económicas implementadas en el país socialista, en el que predomina la empresa estatal”, reza la nota de AFP, luego de que en febrero pasado el gobierno ampliara a más de 2 000 las actividades en las que pueden laborar los trabajadores independientes.

“La disposición anunciada este sábado fue precedida de otra que también exime de impuestos la importación sin límites de tecnologías que generan energía renovable, sus partes y piezas”, agrega el texto.

Lo cierto es que después de que tuviera lugar un levantamiento popular contra el gobierno el pasado 11 de julio, la dictadura castrista ha tratado de aplacar al pueblo por un lado con una cruenta represión, y por otro con medidas cosméticas que van desde la más reciente resolución, hasta la entrega de módulos de comida por toda la isla, y la exención de impuestos a la importación personal de alimentos y medicamentos de viajeros que arriben a la isla.

Las masivas manifestaciones, en más de 60 localidades del país, se produjeron en medio de una de las peores crisis que se ha vivido en la isla, agudizada por la pandemia del coronavirus, que tiene a Cuba en una compleja situación epidemiológica.

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MIAMI, Estados Unidos.- El Movimiento Cristiano Liberación (MCL) pidió aislar al régimen cubano por la ola represiva que siguió a las manifestaciones pacíficas del 11 y 12 de julio en la isla, y anunció el lanzamiento de una campaña internacional por tales hechos.

De acuerdo a un comunicado emitido por el Movimiento, “la comunidad internacional debe responder enérgicamente ante la represión desatada por el régimen cubano. Por eso es necesario una fuerte condena pública de la dictadura”.

Y aunque las declaraciones de condena son necesarias, “no son suficientes para hacerle saber a la junta militar en el poder en Cuba que la comunidad internacional no va a tolerar la impunidad de la dictadura”.

Es por ello que la organización propuso “medidas concretas de aislamiento internacional, como las implantadas al régimen del apartheid de Sudáfrica”, hasta que el régimen castrista libere incondicionalmente a todos los detenidos por participar en las manifestaciones pacíficas, y todos los presos políticos y de conciencia en la isla.

A continuación, reproducimos las 11 acciones concretas que propone la campaña:

1- Se excluya la participación del régimen de Cuba en todos los foros, cumbres y eventos internacionales

2- Se investigue y condene a Cuba en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por sus violaciones.

3- Se suspendan todos los acuerdos de cooperación económica y militar con la dictadura cubana, como por ejemplo el Acuerdo entre la UE y Cuba.

4- No se otorguen líneas de créditos al régimen cubano

5- Se desestimule la inversión extranjera y el turismo internacional hacia Cuba

6- Se realice un boicot a los productos exportados desde Cuba, directamente por el régimen o a través de compañías extranjeras asociadas a la tiranía.

7- Se decrete un embargo internacional de armas y equipamiento represivo a Cuba

8- Se suprima la participación de Cuba de todos los eventos deportivos, culturales y académicos internacionales

9- No se otorguen o se revoquen visas a funcionarios de la junta político-militar y sus familiares, así como a los miembros del Partido Comunista de Cuba y a todos los miembros de las organizaciones e instituciones que apoyen o participen en los actos represivos contra el pueblo.

10- Se faciliten canales de envío para la ayuda humanitaria como parte de esta campaña de aislamiento al régimen y en solidaridad con el pueblo cubano.

11- Se cree una comisión internacional de apoyo a la democracia en Cuba, que promueva la ejecución de estas y otras medidas, y vele por el cumplimiento de las mismas.

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LA HABANA, Cuba.- Todo parece indicar que el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez se halla decepcionado con el desempeño que hasta el momento exhiben las empresas estatales. Un sentimiento que debe agobiarlo en extremo debido a que, paradójicamente, no se cansa de repetir que esas entidades precisan ser el baluarte principal de la economía cubana.

Y no es menos cierto que, al menos a su manera, la cúpula del poder ha maniobrado con el objetivo de materializar la aspiración del mandatario. Por ejemplo, en octubre de 2020 el Consejo de Ministros anunciaba 15 medidas para fortalecer la empresa estatal socialista. Después se implementaron otras 43 medidas para conceder mayores facultades a esas empresas, y por último en mayo del actual 2021 se adoptaron 63 medidas para estimular la producción de alimentos y su comercialización.

En lo fundamental se trata de medidas que, en el plano teórico, apuntan a otorgar mayor autonomía a las empresas, flexibilizar la distribución de utilidades entre los trabajadores, así como la eliminación de algunas trabas que complican la comercialización de los productos agropecuarios.

Mas, a pesar de todo eso, en la más reciente reunión del Consejo de Ministros el señor Díaz-Canel expresó que “buena parte del sistema empresarial aún está detenido, no termina de ser proactivo, innovador; no propone casi ningún cambio para hacer las cosas de modo distinto, y está esperando orientaciones desde arriba” (“Díaz-Canel: De este difícil momento también vamos a salir”, en periódico Granma, edición del 3 de julio).

A estas palabras del benjamín del poder nos gustaría agregar que es lógico que los empresarios estatales siempre miren hacia arriba. ¡Es que tienen tantos funcionarios por encima que pueden controlar u orientar su trabajo! Veamos.

El director de una unidad empresarial de base -el eslabón primario del sistema empresarial- se subordina al director de la empresa, al presidente de la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE), al Ministro del ramo, al vice Primer Ministro que atiende el sector por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, y ahora también al miembro del Secretariado del Partido que orienta a ese sector.

Por otra parte, el señor Díaz-Canel parece ignorar una máxima muy recurrente entre nosotros: “El ojo del amo engorda el caballo”. Es decir, que una empresa o negocio marchan bien cuando hay sentido de pertenencia en su colectivo. Algo que, por lo general, se alcanza cuando se sienten dueños de verdad. Una sensación que, lamentablemente, no experimentan los empresarios estatales cubanos a pesar de todas las medidas anunciadas por las autoridades.

Y no tendría que ir muy lejos el mandatario para comprobarlo. Basta con comparar la pujanza, contra viento y marea, de buena parte de las cafeterías y restaurantes de los trabajadores por cuenta propia, y el raquitismo de la mayoría de los establecimientos administrados por el Estado.

¿Y qué impulsa a los cuentapropistas a trabajar de esa manera? Pues el interés individual. Ese que el economista británico Adam Smith exaltó hace más de doscientos años como el motor que genera la riqueza de las naciones.

En la citada reunión del Consejo de Ministros también se habló de incrementar las ofertas a la población en pesos cubanos, con vistas al cumplimiento del plan de circulación mercantil minorista, lo cual, según el oficialismo, “resulta imprescindible para el control de la inflación”.

Si las autoridades se refieren a una inflación provocada por el exceso de circulante monetario sin una contrapartida en bienes y servicios, no tendrían por qué preocuparse tanto. Los bienes y servicios que no generen las ineficientes empresas estatales, es muy probable que sean suplidos por el ágil sector privado de la economía. Claro, si el Estado los deja trabajar con libertad.

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HOLGUÍN, Cuba.- “Escaparme del trabajo es la única manera de poder comprar alimentos para la casa”, afirma a CubaNet Magdalena, mientras hace una cola en el mercado.

Magdalena, que así pidió ser identificada, trabaja en el departamento de contabilidad de una sucursal bancaria. “Desgraciadamente hay que hacer eso porque cuando culmina nuestra jornada laboral a las 2 de la tarde ya todo está cerrado”, dice la joven.

La reducción del horario laboral en el sector estatal forma parte de un grupo de medidas adoptadas por el Consejo de Defensa para “reducir al máximo la movilidad, contribuir al control de la COVID-19 y frenar la amplia dispersión de la enfermedad en la provincia de Holguín”.

Sin embargo, la disposición no tiene en cuenta a los trabajadores estatales que al terminar su jornada laboral no pueden realizar trámites, ni tampoco comprar alimentos en los mercados del agro.

Los jefes prohíben la salida bajo el pretexto de que están violando lo establecido o que los empleados se demoran mucho en la gestión. Ante esta situación, los empleados deciden escaparse para comprar alimentos y realizar otras gestiones bajo el riesgo de sufrir sanciones. “Es preferible una sanción y no pasar hambre”, es el pretexto generalizado de los trabajadores estatales que los impulsa a ausentarse de su centro laboral.

La problemática no es nueva, pero se ha acrecentado con las nuevas medidas. Históricamente los cubanos han tenido que utilizar su horario laboral para gestionar problemas familiares, hacer colas y realizar diversos trámites. Es un medidor, también, de que en realidad las instituciones del régimen jamás han sido productivas.

“Es una medida para evitar el contagio del coronavirus pero que también propicia que la gente no trabaje. ¿En qué momento vamos a resolver nuestros problemas personales? Prefiero que me sancionen por ausentarme del trabajo y no pasar hambre”, dice Magdalena.

Las madres de niños pequeños son las más afectadas. “Los que tenemos hijos chiquitos estamos en la peor situación. Cuando recojo a mi hijo de cinco años de donde lo cuidan y llegamos a la casa él me pregunta ‘mami, ¿y mi merienda?’. Entonces él no entiende que no tiene merienda porque no pude salir del trabajo”.

Para intentar evitar estas fugas, algunos centros laborales han establecido la entrega de módulos que incluyen aseo personal y alimentos. Pero en la mayoría de los casos la oferta es escasa y no satisface las necesidades; a esto se suma que los productos del agro son de mala calidad.

Leticia, que también está ausente de su puesto laboral para hacer cola en el mercado, cuenta que su esposo trabaja y la madre cuida de su hijo de dos años. “A nosotros nos dieron un módulo que incluyó un paquete de muslo de pollo, un paquetico de detergente, un pomo de champú, dos pomos de agua ciego montero y una frazada de trapear, todo por 500 pesos. En todo el año no nos habían dado nada. El módulo no cubre las necesidades del mes. Y en todo ese tiempo qué comemos. Por eso estamos obligados a fugarnos del trabajo”.

Los trabajadores interpretan la entrega del módulo como una acción de pura formalidad que servirá para utilizarla como ejemplo en las asambleas del sindicato.

Es el caso de Elizabeth, que en su trabajo le vendieron ají, un paquete de papas prefritas a 180 pesos y una ristra de ajo de 50 cabezas que costó 300 pesos, “pero todas las cabezas estaban vanas (vacías). No solo no tuvieron en cuenta que estaba muy cara, sino que no servían. Mi marido vio aquella ristra de ajo y por poco le da un ataque. Por su aspecto al parecer la ristra era del año antes pasado. Nos sentimos engañados, nos sentimos estafados. Y lo peor es que fue un engaño premeditado, porque antes de la venta nos mostraron una jaba con productos de buena calidad, y la que nos dieron ya estaba empaquetada y no nos la dejaron revisar. Después se negaron a devolvernos el dinero. Es una pura formalidad. Ellos dicen, bueno le dimos un módulo. Y en la reunión del sindicato los jefes se vanaglorian de que hicieron una gestión para ayudar a los trabajadores. Yo siempre he dicho que el sindicato es para pedir el dinero de la cotización y para obligarnos a desfilar el primero de mayo”.

Carmen es enfermera y coincide que la medida no beneficia al trabajador estatal. “Cuando salgo del trabajo todo está cerrado. Todo esto está creado para las personas que no trabajan. El trabajador, el que aporta al estado, no tiene derecho a nada. No podemos ir a la shopping, no podemos ir a un mercado, no podemos comprar nada. Tú tienes que comprársela al revendedor, porque tienes que comer de alguna manera. Entonces los cuatro kilos que te paga el gobierno tienes que pagárselo al revendedor porque por los horarios encontrados no podemos comprar nada en las tiendas. No podemos hacer una cola. La medida estimula que dejes de trabajar”.

Esta desatención a los trabajadores ha motivado que muchos de ellos dejen de trabajar con el estado e inicien emprendimientos privados o a actividades ilegales. En ambos casos obtienen más beneficio económico y más libertad para hacer gestiones que favorecerán al hogar y la familia.

“Con esta medida el estado contribuye a que la gente se deforme. Hay que comer todos los días. Tú te pones una camisa y lavas todos los días… pero comer tienes que comer diario. Tienes que inventarla porque ahora con la unificación monetaria todo está muy caro”.

Hay centros de trabajo que no apoyan a sus trabajadores. “En mi trabajo no nos venden nada. Nos quejamos y hemos pedido a la dirección y al sindicato que por favor nos vendan algo porque cuando culminamos la jornada laboral todo está cerrado. Pero ellos no nos dan motivos, ni razones. Sin embargo, tenemos que pagar el sindicato, tenemos que pagar la FMC, tenemos que pagar el CDR. Y son millones de pesos que ganan estas organizaciones por la cotización. Y yo me pregunto ¿qué beneficios le dan las tres al pueblo? ninguno. Sin embargo, sus funcionarios tienen buenos salarios, viajan en autos, trabajan en oficinas con aire acondicionado y otros privilegios más, mientras el pueblo cubano sufre miserias y necesidades”.

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LA HABANA, Cuba.- Varios días antes de que se dieran a conocer las 63 medidas para intentar revitalizar la alicaída agricultura cubana, el presidente Miguel Díaz-Canel se reunió con varios expertos en la materia, los cuales hicieron algunas recomendaciones con vistas a ese propósito.

Además de la aplicación de medidas que favorecieran a los productores, como las rebajas en las tarifas de electricidad, agua y otros insumos que necesitan para llevar a cabo su labor, trascendió en ese encuentro que cualquier mejoría en el sector agropecuario pasaba por la eliminación de la incertidumbre que hoy albergan los productores. Es decir, tener la certeza de que el esfuerzo y los recursos que inviertan en la producción no se perderían.

Y en realidad hay dos problemas fundamentales que fomentan la desconfianza entre los productores, ya sean propietarios privados, cooperativistas y usufructuarios de tierras estatales. Son ellos los impagos a los productores, y el ineficiente trabajo de la Empresa Estatal de Acopio.

Acerca del primero de ellos, y a pesar del llamado de las autoridades para poner fin a semejante anomalía, trascendió en una reciente Mesa Redonda de la televisión cubana que existen 960 productores en 55 municipios del país a los que se les debe alrededor de 43 millones de pesos.

En el caso de Acopio, que continúa con sus carencias de transporte y envases para recoger las producciones de los campesinos, algunas de las cuales se echan a perder en los campos, se convierte en un elemento clave en las 63 medidas anunciadas por cuanto se reafirma que la contratación de las producciones con el Estado —mediante la Empresa de Acopio— es la base sobre la que descansa el resto de las medidas.

También en la esfera de la comercialización, una de las medidas anunciadas apunta que “los productores agropecuarios y las cooperativas, después de cumplir sus contratos, podrán arrendar establecimientos para la venta minorista de sus producciones”. Creemos, sin embargo, que el mantenimiento de los precios topados en todos los tipos de mercados agropecuarios se convierte en una traba para la viabilidad de esa medida.

Hay que recordar que los precios topados, en lo fundamental, se fijaron para que no se esfumaran los nuevos salarios provenientes de la Tarea Ordenamiento, que a su vez habían sido la consecuencia de la inflación generalizada que se produjo tras la eliminación del CUC. Entonces ahora es muy probable que los productores no se vean estimulados a llevar sus productos a un mercado minoristas donde deban vender a un precio topado que no cubra sus costos de producción. Se trata de una especie de círculo vicioso que podría paralizarlo todo.

Con bombo y platillo se anunció la posibilidad de vender carne de ganado bovino —la tan demandada carne de res, casi desconocida por las nuevas generaciones de cubanos— una vez que los productores cumplan con el encargo estatal. Pero también se dijo que la medida debe ir acompañada de la demostración de que no se afecte el crecimiento de la masa ganadera. Y he ahí la coletilla que podría anular la efectividad de la medida, pues los productores tendrán que llevar una rigurosa y burocrática estadística para satisfacer las exigencias de las autoridades.

En la reunión donde se dieron a conocer las nuevas medidas, también se dijo que la insuficiente cantidad de viviendas que se construyen en las comunidades agrícolas conspira contra la permanencia de las personas en esos sitios productivos, y en consecuencia no se detiene el flujo del campo hacia las ciudades.

En realidad, estas 63 medidas que ahora se anuncian mantienen en lo fundamental la férrea tutela de las autoridades sobre los hombres que trabajan la tierra. Una tutela que es precisamente la que impide el despegue de un sector clave para atenuar la hambruna que hoy padece el cubano de a pie.

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LA HABANA, Cuba.- Como parte de la Tarea Ordenamiento iniciada el 1ro de enero del presente año, este martes el gobierno cubano aprobó varias medidas con connotaciones para el sector económico, la seguridad social y las telecomunicaciones.

En reunión sostenida por el Consejo de Estado se adoptaron tres Decretos-Leyes. El primero de ellos es el Decreto-Ley de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y el Uso del Espectro Radioeléctrico. Esta norma, según explicó el periódico Granma, “contribuirá a la informatización del país, a la soberanía tecnológica, a la eficiente gestión del espectro radioeléctrico; a contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio, a salvaguardar los principios de seguridad e invulnerabilidad de las telecomunicaciones en beneficio de la economía, la sociedad, la Seguridad y la Defensa Nacional, el Orden Interior y la Defensa Civil, y para defender los logros alcanzados por nuestro Estado socialista”.

Hasta el momento, se desconoce el contenido explícito del documento, pero es probable que complemente el Decreto-Ley 370, Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba, aprobado en julio de 2019 y mediante el cual han sido multadas 31 personas, la mayoría de ellas activistas de derechos humanos y periodistas independientes.

Para el Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, es preocupante porque “el régimen lleva tiempo intentando restringir aún más el acceso a Internet, el cual recientemente ha permitido denunciar abusos en el país y organizar protestas”.

Los funcionarios del gobierno también aprobaron el Decreto-Ley Del Sistema Empresarial Estatal Cubano, el cual “regula los principios de organización y funcionamiento de las empresas estatales, las empresas filiales y las organizaciones superiores de dirección empresarial, que integran el sistema empresarial estatal cubano”.

Suscribieron además el Decreto-Ley modificativo de la Ley 105, Ley de Seguridad Social, del 27 de diciembre de 2008, con el objetivo de “fortalecer la empresa estatal socialista” y “facilitar la reincorporación al empleo de los pensionados por edad”.

Asimismo, acordaron la creación del Consejo Nacional de Innovación, órgano consultivo del Estado, que asistirá al Presidente de la República en la toma de decisiones “para impulsar la innovación en el funcionamiento del Estado, el Gobierno, la economía y la sociedad, de forma coordinada e integrada”.

En otro encuentro sostenido este martes por Miguel Díaz-Canel Bermúdez con productores agropecuarios, expertos y científicos de diferentes ramas, se aprobaron un total de 63 medidas para potenciar la producción de alimentos, 30 de las cuales se consideran con prioridad y algunas de carácter inmediato.

Entre ellas: reducción de las tarifas de electricidad y de agua a los productores, aumento del pago por litro de leche (de 7.50 a 9 pesos) a aquellos que cumplan o sobrecumplan el plan de entrega mensual a la industria, autorización de la venta liberada de leche y sus derivados y la comercialización de carne de ganado menor y mayor, después de cumplir con el encargo estatal y siempre que se garantice que no haya decrecimiento de la masa ganadera.

Este último aspecto ha sido, durante décadas, uno de los mayores reclamos de los ganaderos, quienes no tenían permitido consumir la carne de las reses que ellos mismos criaban.

Díaz-Canel señaló que estas decisiones de su gobierno buscaban enfrentar la actual crisis económica que afecta al país. “Todo ello —afirmó— nos llevó a aprobar la Estrategia de desarrollo económico-social, no solo para resistir, sino, además, para avanzar y darle un mayor impulso al Plan nacional de desarrollo hasta 2030, y llegar al cercano 8vo Congreso del Partido con el mayor número de lineamientos cumplidos”.

El anuncio de este paquete de medidas para el sector agropecuario coincide además con la destitución, a propuesta del Presidente del Consejo de Estado, del Ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, quien había desempeñado el cargo durante once años. Como sustituto se designó al ingeniero agrónomo Ydael Jesús Pérez Brito, quien era el Viceministro Primero.

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MIAMI, Estados Unidos.- En medio de una grave crisis alimentaria, para algunos peor que el llamado Período Especial de los años 90, el gobierno cubano anunció este martes más de 60 medidas para “producir más alimentos” y “potenciar la producción agrícola”, entre ellas la venta liberada de la carne de res.

De acuerdo a un informe resumen publicado en el portal Cubadebate, sin embargo, los productores cubanos deben seguir cumpliendo “con el encargo estatal”, además de garantizar que “no haya decrecimiento de la masa ganadera”.

El viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca anunció además que en el paquete, que incluye un total de 63 medidas, de las cuales 30 fueron calificadas de “prioridad y algunas de carácter inmediato”, “se aprobó la venta de la carne de res a partir de que los productores cumplan con los indicadores fundamentales de la ganadería en cuanto a las producciones, el incremento de la masa, los niveles productivos con el control que lleva desde el productor. Por eso hablamos que lo más importante es el contrato, los indicadores que tienen los productores… La masa ganadera del país es una de las más atrasadas”.

Por su parte, el productor Emilio Interián, de Arroyo Naranjo, La Habana, aseguró durante la transmisión que “se va a estimular más la producción ganadera en Cuba y vamos a estar más estimulados porque cuando usted le diga a un productor ‘si tú eres eficiente, si tú eres bueno, si tú cumples todos tus planes, tú tienes derecho a sacrificar un animal en el año con todas las regulaciones que lleva’, usted verá que ese productor se va a sacrificar, va a luchar más para obtener ese resultado que al final es lo que quiere para la familia”.

Según las nuevas medidas los campesinos cubanos podrán comercializar la carne de res y, “de forma directa, las carnes (de ganado menor) en la red minorista tanto en moneda nacional como en divisas”.

Así mismo, se anunciaron también dentro de las medidas una rebaja de las tarifas eléctrica y de agua a los campesinos, y la diminución del pago al servicio de la aviación agrícola y el precio a los piensos nacionales y los bioproductos.

Según la prensa oficialista las tarifas eléctricas “serán fijas durante todo el año, con independencia de la fluctuación de los precios del petróleo en el mercado internacional y la estructura de generación interna”, y esta decisión, dijeron, “significa una erogación adicional del Presupuesto del Estado, por concepto de subsidio, entre los 240 y 400 millones de pesos”.

Los campesinos cubanos podrán vender también de forma “liberada” la leche y sus derivados, esto “a partir del cumplimiento de indicadores establecidos por la ganadería, la calidad e inocuidad y el plan de entrega contratada”. El gobierno, por su parte, pagará el litro de leche a nueve pesos a los productores que cumplan el plan de entrega, y a los que no se les mantendrá el precio de 7,50 pesos por litro.

“Tiene que ser un plan tenso porque un plan cómodo lo va a sobrecumplir todo el mundo y todo el precio va a ser nueve pesos”, dijo José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Partido Comunista.

Miguel Díaz-Canel aseguró que este nuevo paquete de medidas tiene como objetivo “potenciar en el plazo más inmediato la producción de alimentos, sobre el concepto de abrir todo lo que pueda, favorecer al productor, estimular la producción, eliminar trabas y que llegue una mejor alimentación a nuestro pueblo. Eso es un primer objetivo en lo inmediato y un segundo objetivo que es en lo mediato, no voy a hablar a largo plazo, no tenemos tiempo para el largo plazo… en lo mediato a profundizar en un grupo de temas más complejo para encontrarle también soluciones”.

“Confiamos en nuestros productores; en nuestra empresa estatal, que se tiene que fortalecer; en el sector cooperativo; y en nuestro campesinado, porque ustedes son actores que nacieron y se desarrollaron con la Revolución, que se dignificaron con la Revolución, y ustedes también le han aportado a la Revolución”, resaltó.

Según Díaz-Canel los productores cubanos “nos han alertado, nos han inducido a buscar un grupo de transformaciones que ya no podíamos postergar más en el tiempo”.

“De manera general, lo aprobado incluye, además, aspectos relacionados con los precios de los insumos y de algunos productos agrícolas; el proceso de contratación de la fuerza de trabajo; la comercialización; la promoción de proyectos de desarrollo local; la implementación de medidas financieras; y el pago de los impuestos”, dijo Cubadebate.

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LA HABANA, Cuba.- Con un pico sostenido de más de mil pacientes positivos diarios arrancó el mes de abril, demostrando que no han sido útiles las medidas decretadas a inicios de marzo para contener la tercera ola de contagios de COVID-19, principalmente en La Habana. Ni el toque de queda, ni la municipalización del comercio, ni las abusivas multas que en lugar de generar consciencia remueven lo peor de una ciudadanía harta de la carestía y la mala gestión gubernamental, han logrado conjurar el peligro que hasta ahora —si hemos de confiar en las cifras oficiales— ha dejado pocos fallecidos; pero ha provocado el colapso de un sistema de salud que lleva años acumulando deficiencias.

En estos momentos las autoridades de La Habana valoran la posibilidad de retomar las regulaciones aplicadas durante el primer brote, que incluirían la interrupción del transporte público urbano, el cierre de los centros laborales no imprescindibles, la reducción del horario de trabajo en la red estatal de tiendas y el inicio del toque de queda a las 7:00 p.m. Dichas medidas han sido solicitadas por un segmento importante de la población desde el pasado mes de febrero, cuando se hizo evidente la tendencia al alza en el número de casos, tanto en la capital como en provincias que parecían hallarse bajo control.

Una vez más las normas llegan tarde. Si el gobierno pudo controlar el primer brote de manera eficaz, cerrando fronteras y suspendiendo las clases ante la presión ciudadana, en esta tercera oleada es evidente que las condiciones económicas no lo han permitido. Durante los ocho meses que duró el cierre en 2020, la pesquisa activa facilitó la detección temprana de positivos y contactos sospechosos; los centros de aislamiento cumplieron su función y el control de focos y eventos epidemiológicos estuvo acompañado, en la mayoría de los casos, del apoyo comunitario al personal de la salud.

En julio de 2020 La Habana entró en la primera fase de recuperación, que muchos consideraron prematura y más generosa de lo que la prudencia aconsejaba, pues incluyó la apertura de playas, bares y centros nocturnos, donde las medidas de seguridad fueron olímpicamente ignoradas. Como consecuencia de la baja percepción de riesgo la capital tuvo un repunte de pacientes infestados que obligó a un segundo cierre durante todo el mes de septiembre, medida que asestó el golpe de gracia a muchos negocios privados y demostró que la débil economía nacional no podía continuar costeando el sistema de centros de aislamiento para los pacientes sospechosos de haber contraído la COVID-19.

Mientras el gobierno culpaba al pueblo por el rebrote, y a los coleros por la escasez de productos de primera necesidad, muchos cubanos que quedaron sin empleo, o fueron enviados a sus casas con el salario reducido al 60%, encontraron en el sistema de acaparamiento y reventa una forma de subsistir y proveer a los suyos. Ni un solo día, desde que empezó la pandemia en la Isla, las calles de La Habana han permanecido vacías. Las colas se han multiplicado en proporción al crecimiento del mercado en MLC, una actividad económica tan prioritaria para el gobierno que ha escapado a la municipalización del comercio y al desabastecimiento crónico que sufren las tiendas en moneda nacional.

Cuando reabrieron las fronteras en los meses finales del año para recibir turistas y permitir el regreso de los nacionales varados en otros países, La Habana había disminuido el número de positivos; pero muchos cubanos provenientes del exterior no cumplieron con la normativa de mantenerse aislados en su domicilio hasta conocer el resultado del segundo PCR para evitar propagar la enfermedad. Los esfuerzos de médicos y enfermeras del área de salud en el control de los viajeros se revelaron ineficaces debido a la falta de recursos y organización; pero también por la indisciplina de los recién llegados.

Mientras los turistas eran llevados a los cayos y en los aeropuertos de la Isla se aplicaba la tarifa de 30 dólares por cada examen PCR realizado, la red de tiendas en moneda nacional se quedaba vacía, desmintiendo a Alejandro Gil —ministro de economía—, quien aseguró que los establecimientos en MLC tenían como objetivo primordial recaudar fondos para sufragar la producción e importación de bienes destinados al comercio en pesos cubanos.

El año cerró con pronósticos desalentadores en el ámbito financiero y episodios de represión que acentuaron el distanciamiento entre pueblo y gobierno. No obstante, el parte de cierre del 31 de diciembre arrojó una cifra relativamente baja de casos positivos de COVID-19 a nivel nacional: 169, de los cuales 38 radicaban en La Habana.

En el primer trimestre de 2021, sin embargo, se registraron 65 128 nuevos casos, seis veces más que el total acumulado entre marzo y diciembre de 2020 (12 225). El número de fallecidos se triplicó, de 146 contabilizados hasta el 31 de diciembre, a 429 en la noche del 31 de marzo. De conjunto con la pandemia han avanzado la improductividad agrícola, la escasez y la inflación, aceleradas por la inoportuna implementación de la “Tarea Ordenamiento”.

Las medidas de rapiña que el gobierno ha adoptado en lo que va de año con el objetivo de recaudar divisas —tasa cambiaria de 1×24, mayor número de tiendas en MLC, PCR en dólares y aislamiento en instalaciones hoteleras para los viajeros que puedan pagarlo— no han sido suficientes para suplir la disminución en el envío de remesas y mercancías; así como las afectaciones en la industria turística, que en 2020 se desplomó en un 75%.

El gobierno ha evitado emprender acciones más radicales debido al impacto económico que un cierre total tendría en los hogares, pero también a la inconveniencia de limitar las operaciones de la red en MLC; no solo porque supondría una merma considerable de ingresos para la cúpula, sino porque de ahí proceden casi todos los bienes que abastecen el mercado negro, del cual viven todos los cubanos en mayor o menor medida.

Luego, no tendría sentido extremar restricciones si las tiendas en dólares continúan repletas de gente; ni exigir distanciamiento social mientras el gobierno autoriza congas ideológicas y actos de repudio contra ciudadanos que se le oponen. El régimen ha perdido el respeto del pueblo en medio de una crisis sanitaria signada, entre otras calamidades, por el sempiterno voluntarismo político y la incapacidad de producir alimentos para eliminar de raíz el principal foco de contagio: las colas.

La comida desaparece, pero no falta el ron en las tiendas y hasta se han habilitado puntos de cerveza dispensada supuestamente para llevar. La realidad es que los cubanos amenizan las colas con sendos pepinos de un bien escaso y caro, mientras el vasito plástico va de boca en boca propagando la nueva cepa sudafricana que abunda en la capital, y que según estudios de la universidad de Maryland contiene mayor cantidad de mutaciones que dificultarían su bloqueo por anticuerpos o vacunas, entre ellas la Soberana 02, otra solución tardía si se considera el incremento exponencial del contagio en una población que hace tiempo se olvidó del “Quédate en casa”.

Como rubro exportable y ardid publicitario para atraer visitantes extranjeros, la vacuna ha llegado oportunamente; pero para el sistema sanitario el retraso ha sido catastrófico. En las áreas de salud médicos y enfermeras han trabajado bajo presión extrema, imposibilitados de cumplir con la vigilancia a los sospechosos, los protocolos de vacunación y los imperativos de la vida cotidiana.

Pese al incremento de focos infecciosos en municipios densamente poblados como Habana Vieja y Centro Habana, el gobierno sigue enviando mensajes confusos a la población en tanto propone endurecer las medidas para contener la dispersión del virus, pero acondiciona tiendas para vender productos en MLC, garantizando así la afluencia constante de personas a municipios surcados por las cintas amarillas de la alerta epidemiológica.

En las actuales circunstancias aumentar las restricciones no sería de gran utilidad para frenar los contagios de COVID-19; pero el despliegue de fuerzas represivas con el pretexto de asegurar que se cumplan serviría al gobierno para lidiar con el único problema que le preocupa más que el coronavirus: una revuelta popular a gran escala.

Lo demás es el cuento de la buena pipa: una comisión de científicos encargados de comprobar —a estas alturas— cuáles son las necesidades de los productores cubanos; cuentas bancarias en divisas perdidas porque el gobierno carece de liquidez para devolver el dinero a sus legítimos dueños en otra moneda que no sea el devaluado Martí; candidatos vacunales desarrollados a costa de dejar farmacias y centros de salud desabastecidos; un paripé de Congreso para refrendar la “continuidad” del naufragio; y un pueblo dispuesto a emigrar por miles apenas se estabilice un poco la situación sanitaria.

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MIAMI, Estados Unidos.- El Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió este jueves un comunicado en el que anuncia más controles destinados a asegurar la cadena de suministro de servicios y tecnologías de la información y las comunicaciones estadounidenses, y para prevenir que las industrias de inteligencia de Cuba, China, Rusia, Venezuela e Irán puedan obtener beneficios.

En el texto también se revela que Washington también endurecerá los controles para evitar que ciudadanos del país apoyen programas de armas de destrucción masiva no autorizadas, incluidos los sistemas de lanzamiento de armas e instalaciones de producción de las mismas.

“Asegurar agresivamente la cadena de suministro de la Tecnología y Servicios de Información y Comunicaciones (ICTS) protegerá a los ciudadanos y empresas estadounidenses de las vulnerabilidades que podrían socavar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su información personal o datos sensibles por parte de adversarios extranjeros malintencionados y de aquellos que desean hacer daño al país”, dijo el secretario del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross.

Estas nuevas regulaciones, que entrarán en vigor a los 60 días de su publicación, impactarán igualmente en compañías de Corea del Norte y Siria, y se centrarán en la intermediación en la venta de artículos de origen extranjero o la prestación de servicios de mantenimiento, reparación o revisión.

“Desde el primer día el presidente Trump se ha comprometido a proteger la seguridad nacional de todos los estadounidenses, y la implementación de esta regla es un momento crucial en los esfuerzos de esta Administración para poner a Estados Unidos primero y responsabilizar a los malos actores”, agregó Ross.

Así mismo, el Departamento de Comercio amplió el requisito de licencia para exportaciones, reexportaciones y transferencias, en Estados Unidos, para usos de inteligencia militar en China, Rusia y Venezuela, además de los artículos enumerados sujetos al uso final militar existente y al usuario final.

El gobierno de Estados Unidos aseguró que revisa los controles de uso final relacionados con armas químicas y biológicas, los sistemas de cohetes y los vehículos aéreos no tripulados.

“No podemos permitir que las organizaciones militares y de inteligencia extranjeras de nuestros adversarios en China, Cuba, Rusia, Venezuela e Irán y otros países que apoyan el terrorismo se beneficien de la tecnología de Estados Unidos o sus servicios para llevar a cabo sus actividades desestabilizadoras”, dijo el Secretario de Comercio de Estados Unidos.

“Debemos asegurar nuestros controles para prevenir que estadounidenses, sea donde sea que estén radicados, apoyen actividades relacionadas con los programas de armas de destrucción masiva no autorizadas en todo el mundo”, agregó.

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