LA HABANA, Cuba.- Al tiempo que crecen el descontento, la falta de alimentos y la propagación de la epidemia del coronavirus en la capital de todos los cubanos, la represión también aumenta. La dictadura se las ingenia para crear medidas represivas cada vez más sofisticadas. De cara a la creciente crisis la televisión cubana se ha convertido en una de las herramientas más eficaces no sólo para desinformar, como siempre lo ha sido, sino también para intimidar. Así, observamos cómo funcionarios y dirigentes comparecen a diario ante los medios de difusión masiva vistiendo sus uniformes militares verde olivo para dar un mensaje inequívoco: vivimos en un país militarizado. Asimismo se presentan uniformados a sus recorridos por centros de trabajo, o en distintas actividades en la ciudad.

Otra muestra de represión es la forma en que el gobierno maneja los distintos “eventos” —así nombran a los episodios donde aparecen varios contagiados—. A las personas infectadas las hacen sentir culpables, irresponsables, y en algunos casos enfrentan procesos judiciales por propagar epidemias. Este tipo de represión es inconcebible, máxime cuando el verdadero responsable de la propagación de la COVID-19 es el gobierno comunista que se empecinó en no cerrar las fronteras. Este proceder pretende crear un estado de opinión desfavorable hacia esas personas, a la vez que se manipula a la población para incrementar las medidas represivas.

Desde que aparecieron los primeros casos de la COVID-19 comenzó la cacería de policías e inspectores contra quienes no llevaban nasobuco o lo llevaban mal puesto. Además de aplicarles multas que no bajan de 2000 pesos, ya se trate de un anciano, un trabajador o un estudiante, como medida ejemplarizante lo publican en los medios.

Así lo cuenta Jesús Urrutia, que presenció cuando a una anciana le pusieron una de esas multas en un momento en que llevaba el nasobuco corrido. La pobre mujer, muy nerviosa, imploraba y gimoteaba que vivía de una pensión de 300 pesos y que nunca había visto 2000 pesos juntos. Para colmo, el nuevo plazo para pagar las multas es de diez días, o se duplica el monto. Decididamente, al gobierno le urge recoger el dinero circulante, es por eso que aumenta la cantidad y cuantía de las multas.

Con el pretexto de controlar la pandemia, el régimen toma medidas represivas que no engañan a los cubanos desesperados por las dificultades para comprar alimentos imprescindibles como aceite, granos y alguna ínfima ración de pollo o huevo. Llama mucho la atención de la población que estas medidas sólo están apoyadas por un gran despliegue policial en avenidas y lugares céntricos, mientras al interior de los barrios la ausencia de efectivos policiales es total.

Me cuenta Maricela que recorrió las TRD de los alrededores en busca de detergente y pollo, o picadillo, para darle a su niña, pero no encontró. Sin embargo, en la Virgen del Camino había, pero aunque le queda cerca no pudo comprar porque vive en otro municipio.

“Ya han pasado más de diez días de esas medidas —comenta Raúl— y todavía no hemos visto los alimentos que iban a acercar al barrio. Dicen que las medidas son para el distanciamiento social, pero las colas están ‘prendidas’. Sacaron boniato en el agro y aquello fue horrible”.

Otro de los controles que está aplicando el gobierno es la entrega de una tarjeta, con todos los datos del solicitante, que funciona como autorizo temporal para acceder a la red comercial en el caso de quienes viven en un municipio diferente al que aparece en su carnet de identidad. Una forma eficaz de tener controlados a los “ilegales”, por si acaso.

Una de las medidas más drásticas es la de prohibir la circulación de personas y vehículos de 7 pm a 5 am, con el supuesto objetivo de contener el rebrote de la COVID-19, argumento que no tiene credibilidad puesto que el mayor riesgo de contagio se da en las multitudinarias colas, que ocurren durante el día y para las cuales el gobierno no tiene solución, pues son muy pocos los productos que pueden vender. Esa sí puede ser la causa de las medidas represivas para tratar de controlar las crecientes protestas de la población.

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LA HABANA, Cuba.- En medio de la difícil situación epidemiológica y de hambruna que vive el pueblo de Cuba, y como ha sido habitual en momentos de graves crisis, nuestros obesos y rebosantes dirigentes han dejado a un lado sus ropas de civil y han desempolvado sus uniformes verde olivo, más que nada como forma de amenaza, para que no olvidemos que vivimos hace más de 60 años bajo el rigor de una dictadura militar. Así pues, nuestras ciudades se han llenado de militares, unos uniformados y otros no, pero todos enfocados en perseguir, cazar y reprimir sin miramientos a cualquier ciudadano que aun por un instante no lleve nasobuco, o lo use descuidadamente.

Una de las orientaciones sanitarias que trasmiten los medios en tiempos de COVID-19  indica: “Recuerde usar el nasobuco cuando está fuera de casa”. Como en otras ocasiones, en lugar de apelar a la conciencia de nuestro pueblo revolucionario y disciplinado como tanto les gusta cacarear, las autoridades ejercen la fuerza bruta aplicando cuantiosas multas y hasta un año de prisión a las personas que reincidan, incluso sin una ley que respalde esas sanciones desproporcionadas.

Por estos días un matrimonio vecino salió a caminar un rato alrededor de las once de la noche. Al llegar a 16 y Concepción se sentaron en la acera para fumar un cigarro. Cuentan que de pronto apareció un individuo en moto que le mostró un carné y, de forma nada educada, inquirió al hombre por no tener el nasobuco puesto, e inmediatamente llamó al camión de la PNR y se lo llevaron preso. La esposa regresó muy alterada y entre gritos le contó a otra pareja de vecinos que estaba aún despierta lo sucedido, y que iba para la estación de policía de Aguilera. El esposo de la vecina se ofreció para llevarla, pues la caminata es larga. Alrededor de las 2:00 a.m., la vecina, preocupada al ver que no regresaban, llamó al esposo. Resultó que el camión aún no había llegado. Un rato después, venían como sardinas en lata. Los infractores fueron a parar directamente al calabozo y, después de imponerles 300 pesos de multa, los soltaron a todos.

He escuchado comentarios de que por las noches los agentes del orden salen a “cazar” a los ciudadanos indisciplinados que agarren sin nasobuco. A estas alturas también se ha hecho notorio que los uniformados son intransigentes, por lo que es mejor no responderles, pues fácilmente te acusan de desacato, y entonces las multas son de 1000 o 2000 pesos. Así le sucedió a Andry Frómeta, a quien se le había corrido la mascarilla mientras hablaba por teléfono con su esposa.

También se dice que estas multas son para recoger el dinero en circulación y así, de una forma u otra, aguantar un poco las colas. Hoy la población está desesperada, pues a la gran escasez generalizada de todo tipo se unen las medidas represivas, las grandes multas que repercuten en nuestro depauperado poder adquisitivo. A esto se le suma la gran incomprensión y la intransigencia gubernamental, y su proceder arbitrario al interpretar la legalidad a su criterio como si nuestro país fuera su feudo.

En el Granma del 7 de junio de 2020 Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), declaró: Respecto al uso del nasobuco, ello no sólo permite protegernos a nosotros mismos, sino a los demás. Por tanto, al incumplirse dicha medida se incurre en un acto que, por las condiciones epidemiológicas actuales, alcanza la categoría de delito. Probablemente alude a la ley de propagación de epidemias, ambigua como todas las leyes vigentes en Cuba, que nuestros gobernantes aplican según su conveniencia. En realidad su planteamiento es inexacto: los nasobucos que usamos la mayoría de los cubanos, hechos a partir de ropa vieja, no son efectivos para nuestra propia protección, sino que solamente protegen a los demás de nuestras secreciones al hablar. Aun así, por ser casi el único recurso a nuestro alcance, su uso es importante en el enfrentamiento al COVID-19.

Pero a pesar de las medidas represivas, persiste el riesgo de estar cerca de personas sin nasobuco, o que usen la mascarilla incorrectamente, lo cual resulta alarmante, frustrante y sobre todo peligroso. Y es que para erradicar este mal comportamiento se requiere en primer lugar de la constancia de las autoridades, además de persuasión, una adecuada información, y en última instancia aplicar las debidas amonestaciones, pero respaldadas por la ley y en cuantías razonables.

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