MIAMI, Estados Unidos. — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reforzó las medidas cautelares en favor de la periodista independiente María Matienzo Puerto y de la activista Kirenia Núñez Pérez.

Tras “analizar la información disponible e identificar desafíos ante la falta de respuesta” por parte del régimen de la isla, el mecanismo adoptó el pasado 26 de febrero de 2023 la Resolución de Seguimiento 9/2023, que da continuidad a la implementación de las medidas cautelares ambas cubanas.

“La Comisión decidió emitir la Resolución de Seguimiento, al considerar que persisten eventos de riesgo que afectan a las beneficiarias María de los Ángeles Matienzo y Kirenia Núñez Pérez”, indicó la CIDH en un comunicado.

La Comisión recuerda que tanto María Matienzo como Kirenia Núñez Pérez han sufrido detenciones y amenazas por parte de la policía política cubana y restricciones a la participación en eventos de protesta. También han sido sitiadas, asediadas y perseguidas por agentes estatales en sus diligencias personales. Asimismo, han sufrido restricciones migratorias.

El 14 de marzo de 2021 la CIDH otorgó medida cautelares en favor de María Matienzo Puerto y de Kirenia Núñez Pérez “al considerar que las mujeres defensoras se encontraban en una situación de urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos, debido a que ambas enfrentaban amenazas, seguimientos, intimidaciones y agresiones en el marco de sus labores como defensora de derechos humanos y periodista independiente”.

En esta ocasión, la Resolución de seguimiento de las medidas cautelares toma en cuenta la situación de riesgo de ambas “como integrantes de la comunidad LGBTI, así como de factores adicionales de vulnerabilidad por ser mujeres, defensoras de derechos humanos y periodista independiente, y ser críticas al gobierno”.

Pese a la continua falta de respuesta del Estado cubano sobre la situación de la periodista y de la activista, la CIDH llamó a las autoridades cubanas a “tomar medidas de protección, con enfoque de género y LGTBI, para asegurarse que sus agentes respeten los derechos de las beneficiarias de conformidad con los estándares internacionales en la materia, lo que les permita continuar sus labores como persona defensora de derechos humanos y periodista independiente”.

De igual forma, el organismo solicitó a La Habana “remitir información concreta, detallada y actualizada sobre la situación de las personas beneficiarias con miras a continuar evaluando su situación en los términos del artículo 25 del Reglamento, así como a la representación continuar remitiendo dicha información”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Comisión tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

MIAMI, Estados Unidos. — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en favor del activista cubano Irán Almaguer Labrada, integrante del opositor Movimiento Cristiano Liberación (MCL).

A través de la Resolución 68/2021, emitida el pasado 28 de agosto, la CIDH llamó a reforzar la protección sobre el activista, “tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad personal en Cuba”.

Almaguer Labrada es hermano del también opositor Yandier García Labrada, condenado en julio a cinco años de prisión por los presuntos delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias.

El 7 de enero de 2021, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de García Labrada el marco de su privación de libertad en Cuba. Ahora, la organización internacional llamó al régimen cubano a responder por la situación de ambos activistas.

“Al momento de analizar la situación de Irán Almaguer Labrada, la Comisión advirtió que el Estado no emitió ninguna respuesta a las solicitudes de información formuladas durante la vigencia de las medidas cautelares a favor de su hermano Yandier García Labrada; además, identificó con especial preocupación que Irán Almaguer era objeto de amenazas, intimidaciones y sería sometido a incomunicación durante sus detenciones de parte de agentes estatales. Al respecto, tras solicitarle información al Estado, no se recibió respuesta”, señala el comunicado.

La CIDH indicó que el Estado cubano debe “asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de la persona beneficiaria” de las medidas cautelares y “proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos”.

En ese sentido, también es deber del régimen de la Isla tomar “las medidas necesarias para que la persona beneficiaria pueda desarrollar sus actividades sin ser objeto de amenazas, intimidación, hostigamientos y actos de violencia en el ejercicio de sus labores”.

De igual forma, la CIDH pidió al Estado cubano que informe “sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

MIAMI, Estados Unidos. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este martes una medida cautelar en favor del abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien en dos ocasiones ha cumplido prisión política en Cuba.

“Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por los solicitantes, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que el señor Roberto de Jesús Quiñones Haces se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en grave riesgo”, señala la Resolución 24-2021 de la CIDH.

Ante esa circunstancia, el organismo, amparado en el Artículo 25 de su Reglamento, solicitó al régimen de la Isla que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” del reportero.

De acuerdo con la resolución, las autoridades de la Isla “deben permitir que él pueda seguir desempeñando sus labores como periodista sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de estas”.

Asimismo, la CIDH llamó a La Habana a evitar “los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.

La petición de la medida cautelar en favor de Quiñones había sido enviada a la CIDH el 29 de abril de 2020 por medio de dos organizaciones: The Global Liberty Alliance y Legal Defense Fund.

“El 18 de junio y 16 de julio de 2020, la Comisión solicitó información al Estado, conforme al artículo 25 de su Reglamento. A la fecha no se ha recibido la respuesta del Estado. Por su parte, los solicitantes aportaron información adicional de forma más reciente el 16 de febrero de 2021”, explica el documento.

Cabe señalar que, tras su liberación de la cárcel provincial de Guantánamo el 4 de septiembre de 2020, Quiñones fue blanco de seguimientos, hostigamientos y amenazas. Entre los meses de septiembre y diciembre de 2020 recibió llamadas amenazantes en al menos cuatro ocasiones personas que no se identificaron o de un agente del Estado.

“Las amenazas indicarían que, “a cualquier momento” podría ser golpeado o atropellado en la calle en caso de continuar a denunciando la situación de la cárcel provincial de Guantánamo; y de continuar escribiendo para CubaNet y ofreciendo entrevistas, volvería a la cárcel. Por parte de un agente estatal, se le habría amenazado con volver a detenerlo en caso saliera de Guantánamo e incluso de su casa”, destaca la Resolución.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

LA HABANA, Cuba.- “La medida cautelar es un reconocimiento a nuestra labor por los derechos humanos en la Isla, es un aliciente y estímulo de lucha (…). Nosotros, como movimiento, estamos participando de la petición de diálogo con el gobierno y esta medida lo favorece”, declaró en conferencia de prensa este miércoles 24 de febrero Iris Ruíz, Coordinadora del Departamento de Recursos Humanos y Protección Legal del Movimiento San Isidro (MSI).

En la conferencia de prensa, organizada por Civil Rights Defenders (CRD), Artículo 19, Defiende Venezuela y Cubalex, se expusieron los detalles de la medida cautelar otorgada el 11 de febrero último por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de 20 integrantes del MSI, así como la situación actual de los activistas.

La solicitud fue presentada por la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, Defiende Venezuela y Cubalex a fines de noviembre y aprobada por el organismo mediante la Resolución 14/2021 por considerar que los integrantes del MSI “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba”.

Los beneficiarios de esta medica cautelar son: Denis Solís González, Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Pérez, Iliana Hernández Cardosa, Anamely Ramos González, Oscar Casanella, Katherine Bisquet Rodríguez, Omara Ruiz Urquiola, Adrián Rubio, Jorge Luis Estien, Alfredo Martínez, Amaury Pacheco, Michel Matos, Esteban Rodríguez, Iris Ruiz, Miguel Yasser Castellano Guerrero, Anyell Valdés Cruz, Jorge Luís Capote Arias, Niovel Alexander Tamayo (Abu) Formen, y Osmani Pardo Guerra.

Para Laritza Diversent, abogada y Directora de Cubalex, aunque han sido muchas más las personas que se han visto afectadas o que han sido hostigadas por la Seguridad del Estado cubana, la actual medida ha llamado la atención sobre la situación de estos defensores de derechos humanos en Cuba.

Harold Miñarro, representante de Defiende Venezuela, señaló que la medida se enmarca en un contexto de persecución a la prensa independiente, artistas y activistas de derechos humanos en la Isla, quienes son sometidos a detenciones domiciliares, cortes del servicio telefónico y de internet, actos de repudio, amenazas y difamaciones en medios de prensa.

“Es urgente que el Estado cese la persecución de estos miembros del Movimiento San Isidro y que se enfoque en evitar tratos crueles, inhumanos y degradantes”, afirmó el abogado.

Por su parte, Claudia Ordóñez, Oficial de Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, expuso que el Estado cubano, en función de sus obligaciones de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de los ciudadanos, debe respetar la vida e integridad personal de las personas beneficiarias, frenar las campañas de desprestigio en medios de prensa, abstenerse de estimular u organizar actos de violencia o agresiones contra artistas, periodistas y activistas, garantizar el ejercicio de la libertad de expresión e iniciar investigaciones sobre estos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y así evitar su repetición.

“La adopción de estas medidas pudiera propiciar una apertura al diálogo y la inclusión en Cuba”, agregó Ordóñez.

Aunque el gobierno de Cuba no ha solido acatar, responder o favorecer la adopción de las solicitudes de la CIDH, y ha mantenido el hostigamiento al MSI y a artistas, periodistas independientes y activistas, los especialistas explicaron que ello no exime al Estado de la Isla de responsabilidades u obligaciones internacionales como parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Para Ordóñez, es importante esta medida pues envía un mensaje a nivel regional de que en Cuba se están violando sistemáticamente los derechos humanos y América Latina debe mirar al país, apoyar y presionar para que Cuba respete sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Asimismo, Harold Miñarro opinó que estas son medidas con un peso político que contribuyen a influir en la opinión pública para recabar apoyo hacia el MSI.

De los veinte beneficiarios, solo se encuentra en prisión Denis Solís, cuyo encarcelamiento, a principios de noviembre de 2020, desencadenó las protestas del MSI y el consecuente hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado cubana.

Solís es uno de los 137 presos políticos que se hallan en prisión. Actualmente, se desconoce su situación, su familia no ha podido verlo, solo han hablado con él vía telefónica, y el Tribunal se ha negado a informar sobre el proceso seguido en su contra de manera sumaria.

Maria Pía Alvira, Oficial de Programa para América Latina de CRD, manifestó que el Estado cubano debe reconocer a los beneficiarios como sujetos de derechos y responsabilizarse por estas violaciones.

“Como sociedad civil —recalcó Diversent— debemos continuar insistiendo porque es una obligación del Estado cubano cumplir con esto”.

Como representante del MSI en la reunión, Iris Ruíz aseguró que la organización mantendrá su compromiso de seguir denunciando y documentando las violaciones de derechos humanos en Cuba, así como promoviendo la libertad de expresión.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

MIAMI, Estados Unidos.- Cubalex, la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19 y Defiende Venezuela celebraron este lunes la Resolución 14/2021, mediante la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 20 personas integrantes o cercanas al Movimiento San Isidro (MSI).

Las medidas cautelares fueron otorgadas el pasado jueves 11 de febrero debido a que estas personas “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de sufrir un daño irreparable”, dijeron.

Así mismo, a través de una publicación en la red social de Twitter, Artículo 19 aseguró que el “cumplimiento de medidas cautelares de la CIDH a favor del #MSI, marcaría un parteaguas en la relación del Estado de #Cuba con la sociedad civil independiente. #EstamosConectados”.

Dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, las organizaciones que solicitaron las medidas aseguraron que la gravedad de los acontecimientos ocurridos en Cuba entre noviembre y diciembre de 2020 los llevaron a tal decisión, por lo que la CIDH, “tras analizar las alegaciones aportadas, consideró que las personas defensoras se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”, y sus “derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable”.

De acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de Cuba que:

1. a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los 20 integrantes identificados del Movimiento San Isidro (MSI). A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiarias, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos;
2. b) adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación y hostigamientos en el ejercicio de sus labores.;
3. c) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y,
4. d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

Según un comunicado publicado por Artículo 19, la emisión de estas medidas es fundamental no solo para salvaguardar los derechos de estas personas, “sino como un mensaje de voluntad política por parte del Estado, para reconocer a las personas defensoras como sujetos de derechos y como interlocutores válidos cuyas demandas deben ser atendidas, sentando con ello la posibilidad de abrir el diálogo, la generación de acuerdos y la consecución de los mismos”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

 

MIAMI, Estados Unidos.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intercedió a favor del joven opositor cubano Yandier García Labrada, y emitió este 7 de enero de 2021 una resolución que otorga medidas cautelares de protección por considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

García Labrada, de 24 años, y natural de la localidad de Manatí, en Las Tunas, se encuentra actualmente encarcelado en la prisión “El Típico” en Las Tunas, por delitos de “desacato y desorden público”.

El joven activista fue arrestado el pasado 6 de octubre mientras hacía una cola para comprar alimentos en una tienda de la localidad, por protestar a causa del manejo de la mercancía. En ese momento fue apoyado por las demás personas que se encontraban en el lugar.

Debido a esto, la CIDH considera que el opositor y miembro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) “se encuentra en una situación de riesgo en el marco de su privación de libertad producto de una alegada falta de atención médica adecuada ante golpizas recibidas durante su detención”.

La CIDH lamentó a su vez no contar con las observaciones del Estado, pese a que fueron solicitadas.

De igual manera otra entidad regional, la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), demandó al gobierno cubano la liberación inmediata del integrante del Movimiento Cristiano Liberación.

En el documento emitido por la CIDH se solicita a Cuba que:

1. a) adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del señor Yandier García Labrada, en particular, garantizando que sus condiciones de detención se adecuen a los estándares internacionales aplicables;
2. b) concierte las medidas a implementarse con el beneficiario y sus representantes; y,
3. c) informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

MIAMI, Estados Unidos.- La Asociación de Defensa Legal de la Educación Hogareña (HSDLA por sus siglas en inglés) y la Alianza por la Libertad Global (GLA por sus siglas en inglés) solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que otorgue medidas cautelares en favor de la familia Rigal Expósito, encarcelada en Cuba por ejercer su derecho a educar a sus propios hijos.

De acuerdo a un comunicado de prensa, las organizaciones responden a la injusta encarcelación del matrimonio cubano. El abogado y director de HSLDA, Michael Donnelly, dijo que “el gobierno cubano violó gravemente los derechos humanos de estas familias y el abogado Quiñones Haces. HSLDA agradece la asistencia de la GLA y continuará abogando por la familia Rigal Expósito y otras que han sido reprimidas a raíz de su decisión de educar a sus hijos de acuerdo a su fe religiosa. Educar a los hijos en el hogar no es un crimen, es un derecho.”

Así mismo, Jason Poblete, abogado de la Global Liberty Alliance, declaró este caso deja en evidencia el respeto de los derechos humanos en la Isla, “no hay respecto a los derechos fundamentales o el estado de derecho en Cuba. Los abogados son, ante todo, operadores de justicia y no debían ser atacados por defender a sus clientes. La GLA celebra a HSLDA por trabajo en defensa del derecho de las víctimas a decidir cómo quieren educar a sus hijos. Además, los abogados deben ser tratados con decencia y dignidad.”

El pastor Ramón Rigal Rodríguez y su esposa, Adya Expósito Leyva, han sido acosados, intimidados y encarcelados por el régimen cubano por motivos religiosos y políticos, reza la nota, y sus hijos Ruth Rigal Expósito (edad 13) and Joel Rigal Expósito (edad 9) corren el riesgo de pasar a custodia del estado de modo que la familia perdería la patria potestad.

Este caso no es aislado, en el país un total de seis familias ya han sido encarceladas en otras ocasiones, con condenas que oscilan entre 1 y 3 años de privación de libertad, en represalia a la decisión de educar a sus hijos en el hogar de acuerdo a su conciencia y religión.

HSLDA es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, con sede en Purcellville, Virginia, dedicada a la promoción de la educación hogareña.

Entretanto, la GLA es también una organización no gubernamental, sin fines de lucro, con sede en Alexandria, Virginia, dedicada a la promoción de los derechos individuales, el libre mercado, y el estado de derecho. Los abogados, profesionales y académicos de GLA en los EE.UU. y otras naciones colaboran en asuntos de interés público y defender los derechos fundamentales.

MIAMI, Estados Unidos.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para los periodistas de Diario de Cuba (DDC) Manuel Alejandro León Velázquez, Osmel Ramírez Álvarez, Adriana Zamora García y sus familias, por considerar que sus derechos a la vida y la integridad personal “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”.

De acuerdo a la nota, publicada por DDC, en el caso de Zamora García, las medidas cautelares alcanzan a su esposo, Ernesto Carralero Burgos, también periodista del citado medio.

La CIDH responde a una solicitud del Centro de Información Legal Cubalex, que denunció “amenazas, persecución, intimidación y asedio” a estos periodistas durante sus labores, siguiendo su resolución 19/2019, con fecha 4 de abril.

Es por ello que la CIDH pide al Estado que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal” de los periodistas. Además, que vigile las acciones de sus agentes represivos, “de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional (…) en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros”,

Además, exige a La Habana adoptar “las medidas necesarias” para que los beneficiarios de las medidas cautelares “puedan desarrollar sus labores periodísticas sin ser objeto de actos de intimidación, persecución, hostigamientos, amenazas u otros hechos de violencia”.

De acuerdo al texto de DDC, la CIDH precisa que esto incluye “investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar”, para así “evitar su repetición”.