MIAMI, Estados Unidos. – Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de Venezuela, podría estar implicada en un caso de corrupción, informó este miércoles el diario El Nuevo Herald.

La funcionaria ha sido acusada por la Fiscalía Federal de Miami por, supuestamente, haber recibido sobornos por parte de un contratista de PDVSA para desestimar un caso de corrupción abierto contra las empresas del empresario venezolano Carlos Enrique Urbano Fermín, acusado por lavado de dinero y de usar el sistema financiero de Estados Unidos para pagar el soborno.

Fuentes a las que tuvo acceso ese medio aseguran que la fiscal ha sido identificada como Funcionario Venezolano Número 1 en el juicio contra Urbano Fermín.

Ortega Díaz, que es considerada por el presidente encargado Juan Guaidó como la legítima Fiscal General de Venezuela, se encuentra exiliada en Colombia. Desde allí negó las acusaciones en su contra.

La funcionaria asegura que el caso contra el empresario venezolano Carlos Enrique Urbano Fermín fue orquestado por el fiscal de Maduro, Tareck William Saab.

“Me sorprende que un caso montado vilmente por Tareck William Saab, como es la supuesta extorsión al ciudadano Carlos Enrique Urbano Fermín, se pueda estar investigando en Estados Unidos”, dijo Ortega en un video.

Urbano Fermín, miembro de una familia de hombres de negocio con vínculos con PDVSA y el régimen chavista, fue acusado el pasado 21 de marzo por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida de conspirar para pagar sobornos a un alto funcionario de la Fiscalía General de Venezuela en abril de 2017, a través de un abogado venezolano que actuó como intermediario en Miami.

Según Ortega Díaz, detrás de la trama contra Urbano Fermín hay un claro interés por parte del régimen chavista de involucrarla en el caso. Con tal objetivo, el régimen de Maduro estaría utilizando al hermano del empresario como rehén.

“El solo hecho de que Carlos Enrique Urbano Fermín tenga preso en Venezuela a su hermano y que luego de ese hecho aparezca en los Estados Unidos declarando en mi contra es un clave indicio de que él está coaccionado por el régimen venezolano”, agregó Ortega Díaz.

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MIAMI, Estados Unidos. – La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, compartió este jueves fuertes imágenes del cadáver del expolicía venezolano Oscar Pérez, ejecutado en enero de 2018 tras revelarse contra el régimen de Nicolás Maduro.

En las fotos se muestra el cadáver de Pérez con numerosos impactos de bala en la cabeza y en la parte superior del torso, lo que deja entrever que el expolicía, tras ser abatido, pudo haber sido rematado junto a sus compañeros.

“Enviaré en los próximos días a la Corte Penal Internacional la fijación fotográfica de las víctimas de la Masacre del Junquito y del sitio del suceso. Esa evidencia no deja ninguna duda que lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo es un crimen de lesa humanidad”, publicó en Twitter la exfiscal chavista, quien añadió que “el registro de más de 300 fotos irá acompañado de un informe forense que certifica la ejecución de este grupo de venezolanos a manos de funcionarios y paramilitares que sirven a la tiranía”.

Ortega aseguró tener también “pruebas contundentes” de que las dos personas de los colectivos que murieron durante el hecho fueron asesinadas por sus compañeros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), quienes ejecutaron la masacre por órdenes de Nicolás Maduro.

Oscar Pérez fue ultimado el 15 de enero de 2018 luego de varios meses de clandestinidad tras rebelarse contra la dictadura chavista. Ese día terminó abatido junto a otras seis personas tras ser rodeado por la Policía Nacional.

LA HAYA, Países Bajos.- La ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denunció hoy al presidente del país, Nicolás Maduro, y a varios de sus ministros ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, y dijo que su Gobierno llevó a cabo entre 2015 y 2017 un plan “de limpieza social”.

“Han cometido crímenes de asesinato, torturas, encarcelación, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”, dijo Ortega a su salida de las oficinas de la Corte Penal Internacional, en La Haya.

La ex fiscal dijo que entre las pruebas entregadas hay “reconocimientos médicos legales, reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas” a víctimas, añadió en su comparecencia ante un grupo de medios internacionales, entre ellos Efe. Ortega explicó que ha cedido a la Fiscalía de la CPI “más de 1.000 elementos probatorios”.

El número de muertos entre enero de 2015 y junio de 2017 llegaría a las 8.000 personas y las detenciones arbitrarias a las 17.000, según dijo en una declaración en la que no aceptó preguntas.

“Nos vimos en la necesidad de acudir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia. No es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad”, dijo Ortega, que fue fiscal de Venezuela entre diciembre de 2007 y agosto de 2017.

Además de implicar a Maduro, la ex fiscal presentó denuncias contra los ministros venezolanos Vladimir Padrino López, responsable de Defensa, y Néstor Reverol, de Interior y Justicia, así como contra el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Gustavo González López, y el jefe del Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres.

“Nicolás Maduro y su Gobierno deben pagar por estos delitos de lesa humanidad, así como por el hambre, las miserias, las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela”, dijo Ortega, a lo que añadió que también ha pedido a la corte “órdenes de capturas internacionales” contra los denunciados.

(EFE)

CARACAS, Venezuela.- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, advirtió que se mantendrá en el cargo aun si la máxima corte la destituye como parte de un juicio planteado por el oficialismo.

“Voy a mantenerme firme en mi cargo para defender la democracia (…) Me han tratado como si hubiera cometido un delito”, dijo Ortega en una entrevista a la emisora argentina Radio Con Vos.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de seguir los dictados del gobierno, anunciará a más tardar el miércoles su decisión, luego de la audiencia celebrada hace una semana en la que el oficialismo señaló a Ortega de mentir en afirmaciones contra los magistrados.

“Yo denuncié a los magistrados que me están procesando porque no son legítimos. No sé si me van a destituir o no, acá puede pasar cualquier cosa”, agregó Ortega.

El mismo día de la audiencia en su contra, el 4 de julio, el TSJ juramentó como vicefiscal y eventual sustituta a Katherine Harington, polémica abogada chavista sancionada por Estados Unidos bajo cargos de violación de derechos humanos.

Ortega rompió con el gobierno en medio de una convulsión social y política por las protestas opositoras, que dejan 93 muertos desde el 1 de abril y que exigen la salida de Maduro.

Su suerte será decidida en una semana de intensa movilización de la oposición y el oficialismo en contra y a favor de una Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro, y que la fiscal rechaza por considerarla violatoria de la democracia.

El gobierno realiza toda esta semana actos de campaña para promocionar a sus candidatos de cara a la elección, el 30 de julio, de la Constituyente, un suprapoder que regirá al país por tiempo indeterminado y que según la oposición busca imponer un “régimen al estilo Cuba”.

“A los traidores no los quiere nadie, no sé cómo pueden dormir pensando que los que te ayudaron le das una puñalada por la espalda”, dijo Diosdado Cabello, candidato a la Constituyente, aludiendo a la fiscal y a chavistas críticos que se oponen a la Constituyente.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) organizó un plebiscito simbólico para el próximo domingo, confiada en mostrar un rechazo masivo a la Constituyente, con la que, asegura, Maduro busca perpetuarse en el poder.

El diputado oficialista Pedro Carreño, quien solicitó el antejuicio contra la fiscal, presentó el lunes un recurso de nulidad de la consulta popular convocada por la oposición, porque se hará sin el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), también acusado de oficialista.

“Ese plebiscito sólo tiene la intención de echar a andar un plan golpista. Es inconstitucional porque no está en la Carta Magna y porque el ente rector es un poder público y lo están desconociendo”, aseveró el diputado.

Para Ortega, abogada de 59 años, la decisión de la corte está “cantada” y rechazó asistir a la audiencia por considerarla un “circo” e “ilegítimos” a los magistrados, nombrados por el anterior Parlamento chavista.

Desde ese día, no obstante, aceleró una serie de imputaciones y resoluciones contra funcionarios civiles y militares, atizando aún más el enfrentamiento con el gobierno, acusado por sus adversarios de la devastación económica que sufre el país.

El Parlamento, de mayoría opositora, tenía previsto debatir la tarde de este martes sobre el proceso de destitución contra la funcionaria, a quien respalda, pero su directiva suspendió la sesión al denunciar “restricciones” que impuso la militarizada Guardia Nacional.

Ésta iba a ser la primera sesión del Congreso tras la violenta irrupción, el pasado miércoles, de un grupo de chavistas que hirió a siete diputados y mantuvo bajo asedio el palacio legislativo durante unas nueve horas, según los diputados con la anuencia y complicidad de la Guardia Nacional.

En su guerra abierta con el gobierno, la Fiscalía imputó el lunes por presunta violación de derechos humanos al jefe militar responsable de la seguridad de la cámara, coronel Bladimir Lugo, a quien citó para el jueves.

También abrió una investigación contra 43 militares por supuestamente haber “despojado” de sus pertenencias a manifestantes en las protestas, y citó a dos empresarios cercanos al gobierno por supuestos “sobreprecios” en la compra de suministros para la petrolera estatal PDVSA.

La posible destitución de Ortega desataría otra lluvia de críticas contra el gobierno, como la que recibió la semana pasada por la agresión a los parlamentarios.

(María Isabel Sánchez/AFP)

CARACAS.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó este miércoles las medidas cautelares solicitadas por el diputado chavista Pedro Carreño contra la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que incluyen la prohibición de salir del país y la congelación de sus cuentas bancarias.

En un comunicado, el TSJ fijó además para el próximo martes, 4 de julio, la audiencia oral y pública en la que iniciará el proceso de enjuiciamiento de la fiscal general, que este miércoles acusó al Supremo de mantener una “ruptura del hilo constitucional” y de estar “desmantelando el Estado”.

El Supremo indicó que la decisión sobre la imposición de medidas cautelares a Ortega Díaz fue tomada por unanimidad por todos los magistrados del TSJ “en aras de garantizar el cauce procesal respectivo”.

También señaló que se prohibió a la abogada de 59 años enajenar y gravar sus bienes, y reiteró que la solicitud de antejuicio de mérito presentada el pasado 16 de junio por Carreño estuvo motivada “por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo” como fiscal general.

Por lo anterior el Alto Juzgado ordenó notificar esta decisión al diputado Carreño como demandante, a Ortega Díaz como demandada y al defensor del pueblo, Tarek William Saab, “a los fines de comparecer a la celebración de la aludida audiencia” la próxima semana.

A juicio del parlamentario, la fiscal ha incurrido en las faltas de “atentar, lesionar, o amenazar la ética publica y la moral administrativa”; “actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución”; y de “violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución”.

La legislación venezolana establece que la remoción de los integrantes del Consejo Moral Republicano (Fiscalía, Contraloría, Defensoría del pueblo) está en manos de la Asamblea Nacional, con el previo pronunciamiento de la Sala Plena del TSJ sobre una falta grave.

No obstante, no queda claro cómo se completará este proceso si se calificara la falta, ya que el Parlamento, en manos de opositores que ahora respaldan a la fiscal, está en desacato y sus actos son considerados nulos.

Por su parte, Ortega Díaz se rebeló este miércoles contra el Supremo y dijo que desconocerá sus decisiones, así como que defenderá la Constitución, que pretende cambiar el Ejecutivo mediante una Asamblea constituyente que será elegida el 30 de julio, hasta con su “propia vida”.

(EFE)

CARACAS, Venezuela.- El bloque oficialista en el Parlamento pidió este viernes al máximo tribunal venezolano autorizar un juicio contra la fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista que se ha convertido en una dura adversaria del presidente Nicolás Maduro, anunció un diputado.

“Introduzco este escrito ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que la Sala Plena inicie el proceso que establecen las leyes, califique la falta grave y declare si hay mérito para enjuiciar a la fiscal”, señaló a periodistas el legislador Pedro Carreño, al acusar a Ortega de “mentir”.

Según Carreño, la jefa del Ministerio Público faltó a la verdad al asegurar que no había respaldado la preselección de 33 magistrados del TSJ —acusado por la oposición de estar bajo control del gobierno— en diciembre de 2015.

Como parte del proceso de designación de jueces a cargo del Legislativo, Ortega debía validar las candidaturas en el Consejo Moral Republicano, que integra junto con la Defensoría del Pueblo y la Contraloría.

“Ella mintió al país. Serán consideradas como faltas graves del fiscal atentar, amenazar o lesionar la ética pública o la moral administrativa”, dijo Carreño al mostrar un documento que según él prueba la irregularidad.

De acuerdo con la ley venezolana, la remoción de los integrantes del Consejo Moral corresponde al Parlamento, previo pronunciamiento del TSJ en Sala Plena, “que declare que hay mérito para su enjuiciamiento”.

La Asamblea legislativa, de amplia mayoría opositora, respalda a la fiscal en su enfrentamiento con Maduro y el TSJ, al que Ortega acusa de haber roto el orden constitucional.

Sin embargo, la cámara fue declarada en desacato por el TSJ desde hace año y medio, por lo que considera nulas todas sus decisiones.

En el pasado la corte apeló a la figura de la “omisión legislativa” para avalar por ejemplo un decreto de emergencia económica dictado por el mandatario.

(AFP)

CARACAS, Venezuela.- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, pidió este viernes al jefe de Estado, Nicolás Maduro, “echar para atrás” su iniciativa de cambiar la Constitución vigente mediante una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Durante una entrevista con la emisora privada Unión Radio, Ortega Díaz aseguró que no se considera una adversaria política de Maduro y, por el contrario, dijo, le “gustaría que, en el marco de lo que está ocurriendo en el país, echara para atrás esta Constituyente”.

La fiscal también opinó que el Ejecutivo debería pedir al Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantar las elecciones regionales que debieron celebrarse a finales de 2016 y fueron fijadas para el 10 de diciembre de este año.

Esto, a su juicio, “sería muy importante y le daría una tranquilidad al país”.

Ortega Díaz pidió a Maduro insistir en los mecanismos de diálogo con la oposición, luego de que a principios de año se diera por terminado un proceso de negociación entre las partes por el incumplimiento de los primeros acuerdos, algo por lo que se acusan mutuamente los interlocutores.

“Que siga insistiendo en el diálogo, porque eso es importante, que llame a un diálogo sincero, a todas las partes a sentarse, que busque otros voceros internacionales, yo no sé quiénes, pero que busque otros, pero que siga insistiendo. El tema de la paz nunca se agota, el tema del diálogo nunca se agota”, sostuvo.

La funcionaria criticó ayer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que avala la celebración de elección de una ANC sin hacer una consulta previa a los ciudadanos, y acotó que con eso se pretende vulnerar la progresividad de los derechos humanos con la participación popular “reducida a su mínima expresión”.

Al respecto, agregó hoy que, como titular del Ministerio Público, está facultada para pedir a la Sala Constitucional del TSJ una aclaratoria de estos asuntos.

“Hay que consultar al pueblo si quiere o no la Asamblea Nacional Constituyente (…) Bajo ninguna circunstancia el pueblo puede transferir su soberanía”, agregó.

La fiscal se ha distanciado del Gobierno en los últimos meses al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y, luego, al rechazar la intención del jefe de Estado de cambiar el ordenamiento jurídico.

Por ello, decenas de simpatizantes del chavismo marcharon hoy hacia la sede de la Fiscalía en Caracas para manifestarse en contra de Ortega Díaz, a quien tildaron de traidora, vincularon con el terrorismo y le pidieron renunciar.

(EFE)