LA HABANA, Cuba.- “El manotazo dado por el Ministro de Cultura a los periodistas independientes simboliza la relación del Estado con la libertad de prensa en estos seis meses, marcados por protestas, actos de repudio, campañas televisivas contra la sociedad civil, y un descontento generalizado por la crisis económica cada vez más aguda”, señaló este lunes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mediante un informe sobre la libertad de prensa, resultado de la Reunión de Medio Año, sostenida entre 20 y el 23 de abril.

Las denuncias de la organización sobre las violaciones a la libertad de prensa y de expresión en Cuba se centraron en los últimos seis meses, comenzando por la huelga que tuvo lugar en la sede del Movimiento San Isidro, en noviembre de 2020, en la que se hallaban, entre otros, tres periodistas independientes. La protesta culminó con el allanamiento de la vivienda por agentes de la Seguridad del Estado.

“El operativo de desalojo coincidió con el primer corte nacional de todos los servicios de internet, cuyo fin fue impedir la divulgación del ataque a la vivienda”, refiere el documento.

Este incidente provocó una manifestación pacífica masiva frente al Ministerio de Cultura (MINCULT) de Cuba, la “más numerosa en más de sesenta años (…). Desde entonces, el régimen lanzó una campaña de desprestigio desde redes sociales, prensa escrita y el Noticiero Nacional de Televisión, exponiendo a los líderes y atacándolos con intervalos (…). La difamación a los periodistas estuvo centrada en la subordinación a las órdenes del gobierno estadounidense, un viejo recurso del régimen cubano para perseguir a todos los que le molestan”.

En el informe se denuncia también la violenta detención, el 27 de enero de 2021, de varios ciudadanos cubanos, entre ellos siete periodistas independientes que reportaban una protesta pacífica frente al MINCULT.

“El panorama legal sigue siendo restrictivo contra el ejercicio de las libertades de prensa, expresión e información, por el absoluto control de la policía política sobre el aparato judicial, y la existencia de un marco jurídico general encaminado a silenciar a los ciudadanos críticos. En el periodo, además, se ha destacado el uso del monopolio estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, SA (ETECSA), como brazo ejecutor de la Seguridad del Estado en materia de silenciamiento de periodistas independientes, a partir de la suspensión del servicio de internet y telefonía a determinados periodistas durante periodos de tiempo variables”.

Arrestos por horas por actividades periodísticas, arrestos domiciliarios, multas por el Decreto-Ley 370, desalojos, citaciones policiales, registros a casas, decomiso de bienes de trabajo, robo o destrucción de teléfonos móviles, cortes de comunicación, amenazas de prisión, expulsiones de centros de estudio o trabajo por expresar opiniones en Facebook, ciberacoso e interrogatorios tanto a periodistas independientes, influencers, y escritores como a sus familiares, fueron algunos de los patrones que identificaron los especialistas de la SIP.

“Siguen bloqueados decenas de portales de la prensa independiente y de organizaciones internacionales de derechos humanos, así como plataformas de recogida de firmas. El régimen financia un amplio sistema de hackeo contra cuentas de activistas y periodistas independientes”, detalló el texto.

La organización sin fines de lucro emitió igualmente una resolución que será enviada al gobierno cubano y a organismos intergubernamentales. En ella la SIP resuelve: alertar por el agravamiento de las amenazas y restricciones al ejercicio de las libertades de prensa y de expresión en Cuba; condenar las prácticas del Estado de persecución y hostigamiento contra periodistas y colaboradores, y sus familiares y fuentes informativas; y expresar solidaridad con los periodistas independientes y con quienes practican distintas formas de expresión, que continúan narrando la realidad del país, a pesar de las amenazas y ser víctimas de represalias.

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MIAMI, Estados Unidos.- Reporteros sin Fronteras (RSF) colocó a Cuba, en su más reciente Clasificación de la Libertad de Prensa en el mundo, correspondiente a 2021, en el puesto 171, de un total de 180 países. La organización denunció que la Isla sigue siendo, año tras año, “el país peor calificado de Latinoamérica en materia de libertad de prensa”.

Según el informe, “la elección de Miguel Díaz-Canel, en 2018, después de 59 años de represión castrista, no ha cambiado la situación. El régimen cubano mantiene un monopolio casi absoluto de la información e intenta obstaculizar por todos los medios el trabajo de la prensa independiente: detenciones arbitrarias, amenazas de encarcelamiento, persecución, acoso, registros domiciliarios ilegales, confiscación y destrucción de material periodístico… Todo esto forma parte del día a día de los periodistas que no siguen la línea oficial del castrismo”.

Así mismo, RSF llamó la atención, en un apartado dedicado a la isla caribeña, que a los “blogueros y periodistas independientes se les mantiene bajo vigilancia de agentes que intentan restringir su libertad de movimientos y que no dudan en interrogarlos y borrar la información que tienen en su poder”.

Las autoridades cubanas también “controlan el trabajo de los periodistas extranjeros: otorgan acreditaciones de prensa de forma selectiva y expulsan a los reporteros que consideran ‘demasiado negativos’ frente al régimen. La mejora progresiva de la cobertura de internet en la isla es uno de los pocos motivos de esperanza para el futuro de la libertad de prensa en Cuba”, dice el documento.

De manera general, aseguró RSF, en 2021 se revela un deterioro generalizado de la situación en América Latina. “Con algunas raras excepciones, el entorno laboral de los periodistas, que ya era hostil y complicado antes de la crisis del coronavirus, se ha deteriorado aún más”.

La edición 2021 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que establece Reporteros sin Fronteras explica que “la crisis del coronavirus ha actuado como un acelerador de la censura en América Latina y ha creado serias dificultades para acceder a información sobre la gestión de la epidemia por parte de los gobiernos de la región”.

“Estas limitaciones, —denuncian— se han traducido en un espectacular deterioro del indicador que mide las dificultades de acceso a la información para los periodistas. Además, Latinoamérica registra este año el peor retroceso (el +2,5%) entre los indicadores regionales”.

Entre los países de América Latina que han involucionado en cuanto a la libertad de prensa, RSF menciona a Brasil, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Honduras, México, Colombia, Venezuela y Cuba, el peor de todos, comparado solamente a naciones como Irán, China, Corea del Norte, Eritrea, Siria o Yemen.

La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras evalúa la situación de la libertad de prensa en 180 países y territorios, y en su más reciente edición se “muestra que el ejercicio del periodismo, principal vacuna contra el virus de la desinformación, encuentra graves impedimentos en 73 de los 180 Estados del ranking establecido por RSF, y obstáculos en otros 59, lo que en total supone el 73% de los países evaluados”.

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MIAMI, Estados Unidos. – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó este viernes de “burla contra las libertades de prensa y de expresión” varias de las nuevas medidas de apertura económica dictadas por el régimen en Cuba, mientras “mantiene prohibida la acción de la prensa independiente”.

En su intento por abrir la economía al sector privado, el Ejecutivo de la isla caribeña dispuso varias actividades permitidas ahora para los ciudadanos, pero las agencias de noticias, la producción audiovisual y telecomunicaciones inalámbricas, entre otras actividades del entretenimiento, continúan prohibidas, recordó la organización, con sede en Miami.

“Es una nueva burla contra el periodismo independiente, el que ya viene siendo coartado por leyes y decretos mordaza que incluso permiten que los periodistas sean encarcelados arbitrariamente”, denunció en un comunicado Jorge Canahuati, presidente de la entidad.

El directivo, también presidente del grupo hondureño Opsa, lamentó que el régimen siga haciendo valer el artículo 53 de la Constitución, que señala al Estado socialista y sus funcionarios, y no a los ciudadanos, como los dueños y depositarios de las libertades.

El pasado 6 de febrero, el Gobierno cubano eliminó la lista de actividades permitidas en el sector privado y dejó sólo limitadas o vedadas 124 ocupaciones, una reforma largamente esperada que abre las puertas a la expansión del trabajo por cuenta propia en medio de una grave crisis económica.

Cuatro días después, el Ministerio cubano de Trabajo publicó la relación de los 124 empleos que seguirán prohibidos para los llamados “cuentapropistas”.

Según el documento oficial, los sectores estratégicos para el Estado cubano como la salud, telecomunicaciones, energía, defensa y prensa permanecerán vetados para el sector privado, pese a la eliminación de la restrictiva lista de actividades a las que podían dedicarse hasta ahora los trabajadores por cuenta propia.

En el comunicado de la SIP, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad, dijo que “esta nueva clasificación estatal anula la capacidad emprendedora de los ciudadanos”.

Jornet, director del diario La Voz del Interior, de Argentina, remarcó que la medida “profundiza la censura que el régimen viene ejerciendo sobre la libertad de prensa en sus 62 años de dictadura”.

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MIAMI, Estados Unidos.- El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció este martes que, solo en el primer mes del año 2021, en Cuba tuvieron lugar 38 hechos violatorios a la libertad de prensa.

De acuerdo a un comunicado, el ICLEP aseguró que, del total de violaciones, “el 55% correspondieron a detenciones arbitrarias sin orden judicial”, lo cual continúa siendo “el método represor más utilizado por el régimen cubano para reprimir la libertad de prensa en la isla”.

Así mismo, el régimen comunista de La Habana también empleó contra periodistas independientes, artistas y activas “citaciones a una unidad policial, desalojo de las viviendas donde residen los comunicadores, difamación sin derecho a réplica, restricciones del espacio digital, censura, detenciones arbitrarias y agresiones físicas”.

El comunicador más reprimido durante el mes fue el colaborador del ICLEP Héctor Luis Valdés Cocho, quien el 27 y el 28 de enero fue agredido físicamente, estuvo bajo detención domiciliaria cuatro días consecutivos y en dos ocasiones fue desalojado de la vivienda que rentaba por el simple hecho de ejercer el periodismo de forma independiente, reza el informe.

También fueron desalojados el Youtuber Jancel Moreno y el colaborador de ADN CUBA Nelson Julio Álvarez. El reportero de CubaNet Alejandro Hernández Cepero fue detenido arbitrariamente y amenazado con “enfrentar un proceso penal por manifestarse en contra del sistema político imperante en la isla”. De CubaNet también, Enrique Díaz fue citado y amenazado “de enfrentarse a procesos judiciales iniciados por Fiscalía y el Ministerio de la Agricultura (MINAGRI)”.

El ICLEP mencionó además los casos de la youtuber Camila Carballo, colaboradora de CubaNet, a quien militares cubanos la hicieron apagar su teléfono mientras transmitía en vivo. Yoe Suárez, periodista de Diario de Cuba, fue citado a una unidad policial donde lo interrogaron y amenazaron “con procesarlo judicialmente por un supuesto delito de ‘mercenarismo’”; y la directora de 14ymedio Yoani Sánchez, el lunes 11, fue difamada, sin derecho a réplica, en la emisión estelar del noticiero de televisión.

Sin embargo, los hechos represivos más violentos del mes de enero en Cuba tuvieron lugar el 27 de enero “cuando periodistas independientes fueron golpeados y arrestados de forma arbitraria por reportar una actividad” homenaje al 168 aniversario del natalicio del Apóstol José Martí, y por insistir en continuar el diálogo iniciado hace dos meses con el MINCULT.

En su informe, el ICLEP llama la atención sobre la violencia desatada por el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, quien de un golpe tumbó el teléfono del periodista de Diario de Cuba Mauricio Mendoza, que se encontraba reportando en vivo.

Enero terminó con un incremento del 124% de hechos violatorios a la libertad de prensa en la Isla en comparación con el mismo período de tiempo del pasado año cuando solo verificamos 17.

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MIAMI, Estados Unidos. – Los ataques contra la libertad de prensa en Venezuela volvieron a ser objeto de denuncia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que pidió a los organismos intergubernamentales y a los gobiernos democráticos de la región tomar cartas en el asunto.

La organización, que aglutina a propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativas de América, advirtió que el régimen de Nicolás Maduro impulsa una “nueva ola de agresiones y ataques” contra medios y periodistas de la prensa independiente.

“Aunque estamos acostumbrados a la barbarie del régimen contra la libertad de prensa, no podemos dejar de condenar esta nueva ola de agresiones y ataques del gobierno venezolano con la intención de seguir silenciando a medios y periodistas independientes”, expresó Jorge Canahuati, presidente de la SIP y del Grupo OPSA, con sede en Honduras.

El pasado 8 de enero, el régimen chavista desmanteló la corresponsalía en Caracas del canal de TV Digital VPITV, durante un operativo conjunto entre la entidad reguladora de telecomunicaciones, CONATEL, y la de recaudación de impuestos, SENIAT.

El hecho fue denunciado por la directiva del medio digital, radicada en Miami. El desalojo incluyó la incautación de equipos de transmisión, cámaras y computadoras, entre otros implementos de trabajo.

Otro de los medios afectados fue el portal digital Tal Cual, que fue víctima de un ciberataque.

Canahuati agregó que “el régimen siempre aprovecha la desviación de la atención que provocan otros hechos noticiosos, como la instalación de la polémica Asamblea legislativa propia, para tratar de actuar impunemente en contra de la libertad de prensa”.

Carlos Jornet, director del diario argentino La Voz del Interior y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, llamó a “no bajar la guardia” ante los nuevos ataques.

“Insistiremos con nuestra denuncia ante los organismos intergubernamentales y gobiernos democráticos de la región, para que nadie quede sin condenar a este régimen que continúa violando en forma sistemática los principios sobre libertad de prensa que emanan de la Carta Democrática Interamericana y de otros documentos internacionales que identifican a las libertades de expresión y de prensa como fundamentos esenciales de las sociedades libres”, agregó Jornet.

Entre los ataques contra la prensa independiente en Venezuela también se registraron una sanción contra el diario Panorama, de Maracaibo, que lo dejó fuera de circulación por cinco días; así como descalificaciones del régimen contra medios como Efecto Cocuyo, Caraota Digital, El Pitazo y a Radio Fe y Alegría, acusados de ser “mercenarios del periodismo” y de recibir financiamiento del extranjero para derrocar a la dictadura de Maduro.

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MONTANA, Estados Unidos. – John Milton, poeta y hombre de letras polémico, es mejor conocido por su poema El paraíso perdido, de 1667. Pero es la Areopagítica de Milton (1644) la que destaca como la defensa más sincera e influyente de la historia por la libertad de expresión y de prensa. La influencia de Milton es evidente en la Constitución de los Estados Unidos y los jueces de la Corte Suprema han citado la Areopagítica en varias decisiones que respaldan la libertad de expresión.

Milton se adelantó a su tiempo desarrollando argumentos que más tarde serían utilizados por los defensores de la prensa libre. En Areopagítica, Milton advierte que amenazar con censurar algo antes de ser publicado tendría un efecto inquietante sobre la libertad de expresión e interferiría con la búsqueda de la verdad. Argumentó enérgicamente contra una ordenanza que exigía que los autores tuvieran una licencia aprobada por el gobierno antes de publicar sus obras.  Y sostuvo que “la libertad de conocer, pronunciarse y discutir libremente según la conciencia, está por sobre todas las libertades”.

Avancemos casi 400 años hasta el estado de la libertad de prensa en nuestros tiempos. El Índice de Libertad Mundial, compilado por Reporteros sin Fronteras, evalúa cada año el estado del periodismo en 180 territorios. Su último informe de 2019 muestra que solo el 8% de los países evaluados pueden clasificarse con una “buena” situación de libertad de prensa, seguidos por el 16 por ciento “satisfactoria”, el 37 por ciento “problemática”, el 29 por ciento “difícil” y el 11 por ciento como “muy grave”. Solo el 24 por ciento de los países califican como buenos o satisfactorios, una disminución de dos puntos porcentuales respecto a 2018.

Noruega, Suecia, los Países Bajos, Finlandia y Suiza, ocupan los cinco primeros lugares, con Estados Unidos retrocediendo tres lugares hacia el puesto 48. En las Américas, Jamaica posee la tasa más alta y Cuba la más baja, con la posición número 169.

Otro informe, La libertad de prensa (The Freedom of the Press), compilado por Freedom House, revela un patrón similar. Solo el 13 por ciento de la población mundial goza de una prensa libre; la libertad de prensa mundial ha disminuido a su punto más bajo en 13 años.

No sorprende que los regímenes autoritarios-totalitarios como Rusia, China, Corea del Norte, Cuba y otros continúen teniendo un control completo o casi completo sobre los medios nacionales. Lo más preocupante es que los políticos de países democráticos acomoden las noticias, minando de esta forma los medios tradicionales. Las técnicas habituales incluyen ejercer influencia sobre las emisoras públicas, y alzar el perfil de los medios de comunicación privados que son amistosos con el gobierno.

Por ejemplo, el gobierno de Viktor Orbán en Hungría y el de Aleksandar Vučić en Serbia, han consolidado la propiedad de los medios de comunicación en manos de sus compinches. En Hungría, casi el 80 por ciento de los medios son propiedad de aliados del gobierno. Esto asegura el apoyo de los medios al gobierno y la difamación de los opositores.

En los Estados Unidos es conocida la guerra del presidente Trump contra los medios. Pero consideremos a continuación una lista de pronunciamientos de otros líderes elegidos democráticamente, según Freedom House:

Recep Tayyip Erdoğan, presidente de Turquía: “Deberían conocer su lugar… mujeres militantes desvergonzadas disfrazadas de periodistas”.

Jacob Zuma, presidente de Sudáfrica: “He discutido con (los medios de comunicación) que ellos nunca fueron elegidos, nosotros fuimos elegidos y podemos afirmar que representamos al pueblo”.

Roberto Fico, primer ministro de Eslovaquia: “Algunos de ustedes (periodistas) son prostitutas sucias y antieslovacas”.

Jaroslaw Kaczyński, quien se desempeñó como primer ministro de Polonia, afirmó que el periódico más grande de Polonia estaba “en contra de la noción misma de la nación”.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha utilizado su página de Facebook para atacar a periodistas de investigación de alto perfil y ha sido acusado de pactar con los propietarios de los medios para recibir una cobertura favorable.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duarte, ha proferido insultos y amenazas de muerte contra periodistas.

La anterior no es una lista de declaraciones de dictadores, sino de líderes elegidos democráticamente que piensan que los ciudadanos no son capaces de utilizar su razón para distinguir el periodismo bueno del malo.

Un principio esencial de la democracia es que cuando las personas discuten abiertamente entre sí, prevalecerán los mejores argumentos. Como John Milton alegó, debemos tener acceso ilimitado a las ideas de nuestros conciudadanos en “un encuentro libre y abierto”. Para seguir siendo viables, las democracias deben promover un mercado de ideas, asegurando que la libertad de prensa no se convierta en el paraíso perdido de las democracias.

El último libro del Dr. Azel es Libertad para principiantes.

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MIAMI, Estados Unidos. – El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) señaló a Cuba como uno de los diez países más hostiles para el ejercicio del periodismo, consecuencia de las políticas de censura y contra la libertad de expresión implementadas por el régimen castrista.

Las limitaciones para la práctica del periodismo en Cuba siguen siendo una preocupación para la organización, que denunció el acoso y persecución que sufren los reporteros en la Isla.

“Cualquier esperanza del CPJ de que la situación mejorara se ha visto abandonada en estos últimos tiempos”, declaró a Radio Televisión Martí María Cristina Núñez, investigadora del CPJ.

A lo largo de 2020, la situación de la prensa independiente en Cuba ha empeorado. Los reporteros siguen siendo víctimas de detenciones arbitrarias, citaciones, interrogatorios, arrestos domiciliarios sin orden judicial, prohibiciones de salida del país, confiscación de medios de trabajo, cortes de servicio de telefonía e Internet.

Asimismo, la aplicación del Decreto-Ley 370, también conocido como Ley Azote, ha ofrecido un marco legal al régimen de la Isla para multar y sancionar a quienes ejerzan la libertad de expresión a través de las redes sociales.

Las prácticas del régimen cubano no solo se centran en quienes laboran en medios independientes, sino también se ha ampliado a ciberactivistas y   youtubers.

“Hemos visto empeorar la situación de los periodistas y las autoridades cubanas no han enviado ninguna señal positiva de cambio”, agregó Núñez.

Entre los reporteros que han sido detenidos durante el año en curso se encuentran Abraham Jiménez Enoa, Jorge Enrique Rodríguez, Yoe Suárez, Héctor Luis Valdés Cocho, Iliana Hernández, Camila Acosta, Esteban Rodríguez López, Vladimir Turró Páez, Enrique Díaz, Roberto Rodríguez Cardona, Yadisley Rodríguez Ramírez y Anderlay Guerra.

Durante las última semanas, el periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez también ha sido víctima del acoso de la Seguridad del Estado debido a su implicación con miembros del Movimiento San Isidro, grupo disidente perseguido por el régimen cubano.

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LA HABANA, Cuba. – Las elecciones estadounidenses están lejos de terminar. Lo ha dicho Donald Trump y con él sus seguidores, que no fueron cinco ni diez, sino 71 millones de ciudadanos que aplaudieron la administración del republicano en su primer mandato y quieren que continúe en la Casa Blanca, haciendo América grandiosa otra vez.

Los entusiastas de Biden dan el triunfo por sentado y celebran como si hubieran extirpado un tumor maligno, porque esa fue la idea que los canales de noticias hundieron profundamente en el cráneo de los televidentes: de Trump había que salir como fuera. Más allá de la consternación de un bando y el júbilo del otro, el verdadero ganador de las elecciones fueron las grandes cadenas de televisión, que lograron un éxito aplastante haciendo que la gente viera justo lo que sus ejecutivos querían.

La manipulación, la componenda y el sesgo mediático sobre todas las declaraciones de Donald Trump alcanzaron un nivel que podría calificarse de conspiración, y en dependencia de cómo se resuelva el espinoso asunto del fraude electoral, incluso de criminal. Cualquier desagrado que generara la incuestionablemente pésima actitud de Trump, fue exacerbado hasta el odio por los medios de comunicación; en especial la prensa hispana que tergiversó, omitió y exageró a gusto las palabras del mandatario para inclinar las tornas en favor de un candidato demócrata que necesitó toda la ayuda posible para competir con el republicano.

A pesar del empuje de la prensa, el dinero de los magnates de izquierda y los actos de campaña con Barack Obama como plato fuerte, medio Estados Unidos se mantuvo con Trump y aún queda por comprobarse si el apoyo a Biden fue tan decisivo como se apresuraron a cantar los periodistas de toda la nación. Millones de estadounidenses se dejaron ganar por la antipatía hacia Trump para dar paso a un radicalismo político que ahora amenaza con la muerte o el ostracismo a toda figura influyente que apoyó su campaña, desde el senador Marco Rubio hasta la agrupación Los Tres de La Habana.

Esa conducta de intimidación y cacería de brujas es propia de las dictaduras. Por más que intenten legitimarla en nombre de la democracia, su objetivo parece encaminado a reducir la presencia republicana en los altos escaños del gobierno, donde el avance del pensamiento político de extrema izquierda es una peligrosa realidad.

Una vez disipada la cortina de humo que crearon los medios, los intereses de los diversos grupos sociales entrarán en pugna y a Biden le será muy complicado ser “el presidente de todos los estadounidenses”, no obstante sus buenas intenciones. Ya los medios se han dado a la tarea de recabar opiniones sobre qué esperan los votantes hispanos de su gestión, y el demócrata va a tenerla muy difícil, empeñado hasta el cuello por sus promesas de campaña.

Biden está obligado con DACA, los indocumentados y los tepesianos (aspirantes a TPS). No podrá deportar a un solo inmigrante sin que sus seguidores se lo echen en cara, y cuando le toque poner orden es muy probable que la delincuencia anarquista le obsequie una ola de destrucción que nadie podrá justificar como consecuencia de “los comentarios incendiarios y divisionistas del presidente Trump”.

Como nunca en la historia de Estados Unidos las elecciones estuvieron influidas por una prensa acomplejada que se propuso hacer tierra al mandatario de turno. Varios medios aseguran que el peor rival de Trump fue él mismo, una idea que vienen manejando desde que comenzó la carrera por la presidencia. Sin embargo, cualquier ciudadano listo entiende que cuando se tienen 71 millones de votantes a favor, el problema no puede ser exclusivamente de personalidad.

Cierto es que el ego y la prepotencia, no exentos de grosería, le pasaron factura a Trump. Joe Biden, por el contrario, empleó todos los recursos disponibles para transmitir un mensaje de empatía a sus electores, desde brindarle apapachos a las minorías hasta visitar la tumba de su hijo Beau el día mismo de las elecciones. Mientras el republicano despotricaba, Biden fue todo sentimentalismo para deleite de la prensa, que tuvo buen cuidado en resaltar el abrumador contraste entre los afectuosos abrazos del demócrata con su esposa Jill, y las palmaditas en la espalda que prodigaba Trump a Melania.

Sin embargo, y a pesar de sus fallas de carácter, el republicano arrasó con la mitad del país. Es inevitable proyectar cómo habrían ocurrido las cosas si hubiera mostrado un mínimo de afinidad; pero en ese aspecto obviamente sus asesores no pudieron con él.

La prensa, en cambio, tuvo vía libre para minimizar sus aciertos y exagerar sus defectos. Trump fue vendido como el responsable de las muertes por COVID-19 en su país, y el mandatario antiinmigrante por excelencia. En sus críticas los periodistas jamás precisaron que Trump estaba contra la “inmigración ilegal”, algo que el presidente dejó claro en sus discursos. Era más conveniente presentarlo como enemigo de todos los inmigrantes para crear un clima de opinión desfavorable, especialmente entre los hispanos.

Queda por ver cómo se las arreglarían los mass media para no culpar a Biden por las miles de muertes que puedan seguir ocurriendo a causa del coronavirus y que no dependerían de quien se siente en el Despacho Oval, asumiendo que el triunfo finalmente caiga en manos del demócrata de 78 años. Es de suponer que durante algún tiempo se escuden tras “las secuelas de la administración Trump”; pero tanto la mentira como las burdas justificaciones tienen patas cortas.

Lo más perentorio, a la fecha, es que los políticos decentes de ambos partidos reconozcan que los grandes medios de comunicación jugaron sucio, actuaron de forma deshonesta y aprovecharon cada cobertura para hacer campaña en contra de Trump, alentando la persecución de sus partidarios y dinamitando la base ética de una profesión que se sustenta en la credibilidad y la imparcialidad.

Esa circunstancia podría repetirse en el futuro con cualquier candidato que disguste a la gran prensa, no importa si como político es altamente efectivo. Por eso cada hombre y mujer de gobierno que ama los Estados Unidos debe reconocer el problema. No solo está en juego la estabilidad política de la nación, sino el bienestar de los ciudadanos y, más importante aún, la solidez de la Democracia.

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LA HABANA, Cuba. – El 24 de octubre de 1790, domingo, salió a la luz el primer número del semanario Papel Periódico de La Havana.

“En las ciudades populosas son de muy grande utilidad los papeles públicos en que se anuncia a los vecinos cuánto ha de hacerse en la semana…”. Con esas dos líneas, las primeras de una simple explicación en portada, dio inicio el camino de la prensa en Cuba.

Esa senda, que se convirtió en una calle de varias vías, estuvo llena de luces y de sombras. Con el advenimiento de la República, 20 de mayo de 1902, las luces fueron muchas, las sombras pocas.

Cerca de seis decenios después, la prensa cubana fue herida de muerte, la grandeza dio paso a un corto periodo de servidumbre, hasta que el régimen comunista se apodera de todos los medios de comunicación, todos pasan a ser órganos de propaganda política, la prensa nacional muere, pero no ha podido ser sepultada, lo han evitado los periodistas independientes.

Los periodistas independientes han salvado, para estos tiempos muy difíciles y para la historia, la naturaleza, el carácter de la prensa cubana.

Durante décadas el 24 de octubre fue el día de los periodistas cubanos y se honró al primer periódico, al mismo tiempo que se anulaba cualquier etiqueta política.

La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP), cree firmemente que el 24 de octubre es la fecha idónea para la prensa y los periodistas de nuestro país, y está convencida que en un futuro, no muy lejano, ese día volverá a tener todo su significado, cerrando el círculo de la recuperación de la prensa nacional.

(Comunicado de la Asociación Pro Libertad de Prensa APLP)

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MIAMI, Estados Unidos. – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este viernes a los Gobiernos de Argentina, Chile, Cuba, Nicaragua y Panamá que dejen de lado normativas y proyectos de ley sobre el control en medios y redes sociales, ya que suponen barreras para la libertad de prensa y libertad de expresión.

Durante la jornada de clausura de su 76 Asamblea, celebrada de manera virtual, la organización con sede en Miami aprobó una resolución en la que pide a los Gobiernos de los cinco países que abandonen decretos, leyes y disposiciones administrativas con los que crean “reglas éticas para los medios o detener el sensacionalismo o la desinformación a través de las redes sociales”.

Las iniciativas, dice el documento, “instauran barreras para los espacios de libertad de prensa y libertad de expresión”, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La resolución pide a dichos estados que hagan suya la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, que exhorta a desistir de la censura y sanciones penales, así como “de mecanismos de vigilancia digital”, y en su lugar propone mas bien una “alfabetización noticiosa y digital”.

El documento enumeró algunos ejemplos de proyectos de reforma penal y de medidas que a la larga “restringen distintos aspectos de la libertad de prensa y de expresión”.

En Cuba, por ejemplo, el Decreto 370 permite al Gobierno censurar y sancionar las opiniones contrarias a la información oficial en internet, donde se ha registrado un “incremento de cuentas que suplantan la identidad de opositores y periodistas independientes”.

La resolución pide a Cuba, y también a El Salvador, “abandonar los repulsivos mecanismos de propaganda y acoso a los periodistas en las redes sociales y plataformas digitales a través de trolles y bots manejados por sistemas de seguridad o inteligencia del gobierno”.

Expone también el proyecto de la Ley Especial de Ciberdelitos, en Nicaragua, que castiga entre dos y cuatro años de cárcel a quien difunda información falsa en internet, los proyectos de reforma al Código Electoral en Panamá para sancionar las noticias falsas y la desinformación, y las circulares generales de Ecuador sobre información falsa en torno a la pandemia del coronavirus.

Destacó también la creación en Argentina del oficial “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio)”, “con la aparente intención de ‘proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias'”.

Y en Chile, el documento expresa su preocupación por un plebiscito de reforma constitucional que “contiene ideas sobre regulación de medios y se sugiere que se reconozca el ‘derecho a la comunicación’ con limitaciones a la propiedad de los medios y regulaciones sobre los contenidos”.

En Colombia, donde se ha denunciado la vigilancia por parte del Ejército a más de 130 personas, 52 de ellas periodistas nacionales e internacionales, la SIP advierte sobre un proyecto de ley para proteger el derecho fundamental a la honra que “crearía reglas que colisionarían con la libertad de opinión”.

La SIP concluyó este viernes una Asamblea General en la que participaron los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo, y República Dominicana, Luis Abinader, y durante la cual se hizo evidente que la libertad de prensa está amenazada en el continente.

(EFE)

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