LA HABANA, Cuba.- La Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno de Cuba, basamento de las decisiones del X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) efectuado del 13 al 15 de julio, continúa incógnita a la población cubana, quien conoció de su existencia al escuchar a Miguel Díaz-Canel en la clausura del evento, y a la cual solo se puede acceder a través de la web de Granma Internacional y algún otro sitio destinado al exterior, donde se mencionó muy resumida.

La ley y los reglamentos complementarios posiblemente lleguen antes de la publicación de la “política”, que se enmarca en la abarcadora legislación comenzada con el trabajo por cuenta propia, y con el que se ha iniciado un reemplazo suave que culminará con la nueva Constitución de la República con la que Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel se proponen grabar su impronta en la historia de Cuba.

Marino Murillo, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente del gobierno, aseguró que “esta no será una tarea fácil. Aún queda mucho por hacer, empezando por la confección de normas y la definición de cómo se implantarán. Ese es un reto de todos”. Joel Suárez, jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y Víctor Gaute, miembro del secretario del Comité Central, coincidieron en que la política de comunicación es la principal arma para lograr la transformación que queremos en nuestra sociedad, según el artículo Un Congreso de pelea: por un mejor periodismo y un mejor país, publicado por Granma Internacional.

Esto contrasta con los criterios de que “para alcanzar el periodismo que deseamos es imprescindible evitar los excesos de regulación, generar contenidos de alta noticiabilidad, elevar los salarios en el sector, y contrarrestar el éxodo de nuestros profesionales”, expresado por  Enrique Ojito, periodista del periódico provincial Escambray, que refleja planteamientos recurrentes en todos los medios y las ramas económico-productivas del país. No obstante, el presidente expresó en sus conclusiones que no olvida las demandas más fuertes que se han hecho: el salario, insuficiente y anclado en viejas resoluciones que es preciso desechar; la situación material precaria de los medios y de los periodistas, que al menos en provincias, han sido tomados en cuenta en el empleo del 1% de la contribución territorial de los ingresos locales, pero sí procuró justificar las dilaciones con que: “nadie mejor preparado que ustedes para entender que lo pendiente es mucho más que la necesidad de un gremio”.

Díaz-Canel señaló que la “Política de Comunicación Social define (…), por fin, como un derecho ciudadano y como bien público el acceso a la información, la comunicación y el conocimiento; que otorga la mayor autoridad a los directivos de la prensa; que transversaliza a la sociedad y establece obligaciones en ese sentido para instituciones, organismos, autoridades; que defiende los valores y símbolos de la nación y ordena el respeto a la diversidad que somos. Que declara a la comunicación como recurso estratégico de la dirección del Estado y el Gobierno y define el carácter público de los servicios de radiodifusión y comunicación y reconoce solo dos tipos de propiedad para los medios de comunicación masiva: la estatal y la social. (…) Hay entusiasmo en el Congreso por las puertas que abre a preocupaciones históricas y recientes del sector, como los sistemas de gestión que otorgan mayor autonomía a los medios y su fortalecimiento, ordenamiento, renovación tecnológica. Entiendo que rabien los que no están invitados al análisis porque no son parte de la UPEC, ni de la sociedad cubana que se ganó con sacrificio y esfuerzos el derecho exclusivo a discutir cómo diseñar el futuro”.

Una síntesis del contenido de la “política” realizó Ariel Terrero, director del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, y recién electo vicepresidente de la UPEC, en el artículo  ¿Qué modelo de prensa sueña Cuba?, publicado en Granma Internacional. Sobresale que la radio, la televisión, la prensa impresa y otros medios de comunicación masiva, así como las plataformas tecnológicas utilizadas por éstas son de la propiedad estatal o social, según las regulaciones que se establezcan, y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada”.

“Los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones tienen un carácter público, así como los medios de comunicación masiva en cualquier formato o soporte tecnológico, la información, la comunicación y el conocimiento; los medios de comunicación masiva se financiarán fundamentalmente por el presupuesto del Estado y en los casos que se aprueben, también se considerarán los ingresos por la venta de servicios y espacios de publicidad, la comercialización dentro y fuera del país de su producción y patrimonio comunicativos, los ingresos del patrocinio, donaciones y la cooperación nacional e internacional; los medios podrán asumir esquemas de gestión -presupuestado, presupuestado con tratamiento especial o empresarial-, según sus exigencias y características; la gestión, la producción y comercialización de contenidos de los medios de comunicación masiva podrán complementarse con producciones, aseguramientos y servicios a contratar con formas de gestión no estatales; se debe priorizar la infraestructura, conectividad y acceso a las TICs, e impulsar la convergencia digital en los medios de comunicación masiva; articular el uso de las TICs con los procesos de desarrollo e innovación del país, y potenciarlas como plataforma para propiciar la participación ciudadana.

La UPEC y la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana han sido parte activa de la elaboración de la política y de su ajuste y adecuación a los momentos actuales, expresó el mandatario. La política comunicacional y sus ejecutores han sido hechos a su medida por Díaz-Canel, quien desde 2012 como  vicepresidente del Consejo de Ministros atendió  los organismos vinculados a la educación, la ciencia, el deporte y la cultura, simultaneado con la atención de la esfera ideológica del Comité Central del Partido.

El gobierno, con la participación de la UPEC, crea los mecanismos legales y las estructuras para mantener atada a la prensa, obstruir la expresión, el intercambio de las opiniones ciudadanas mediante el control de las plataformas de Internet, y la descalificación y represión al periodismo independiente.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gJfUu1vZ7w0

MIAMI, Estados Unidos.- Ariel Terrero, el presidente del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, aseguró en el debate del X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba que no se aceptarán medios independientes en la Isla.

“La radio, la televisión, la prensa impresa y otros medios de comunicación masiva, así como las plataformas tecnológicas empleadas por estas, son de propiedad estatal o social, según las regulaciones que se establezcan, y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada”, dijo, según publicó el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.

Terrero dijo que “por razones históricas y políticas, nuestro modelo de prensa no saldrá a imagen y semejanza de ningún otro, sino de nuestras propias concepciones y necesidades, y de acuerdo con la dinámica de un socialismo también en renovación que nunca ha cerrado los ojos a la experiencia internacional.”

El tema del aumento salarial salió a debate por el periodista oficialista Joel Suárez que dijo que para lograr el trabajo que la UPEC propone necesitan un aumento salarial. “El paraguas que cobija para mejorar nuestra labor y nuestros ingresos monetarios no parece abrirse a corto plazo, cuando más a mediano plazo, que ni siquiera hoy se traduce en tiempo real: 2,3 o 4 años”, afirmó.

“Y no puede haber un divorcio ni desconectarse lo trascendente de la aprobación de esta Política con el periodista que representamos en estas sesiones y que al llegar a nuestros medios nos pregunten a quemarropa: ¿y qué dijeron del salario?, aunque a muchos les parezca una interrogante retórica y casi inexplicable desde el fundamento de que no habrá solución por el momento hasta que no llegue la reforma salarial integral de país”, agregó.

Cuba aprobó recientemente una nueva Política de Comunicación, la cual tiene como finalidad dotar a los medios estatales de mayor capacidad “para informar de noticias como lo hacen sus colegas en otros países”.

Durante el Congreso, los periodistas oficialistas se quejaron de la censura y la autocensura. Dijeron que debían mejorar su manera de enfocar las historias y lograr mayor inmediatez para que la gente prefiera sus contenidos. Asimismo, anunciaron nuevas facilidades para que los medios se sostengan, aunque aclararon que la mayor parte continuará financiándola el Estado.

“Los medios de comunicación masiva se financiarán fundamentalmente por el presupuesto del Estado. En los casos que se aprueben, también se considerarán los ingresos por la venta de servicios y espacios de publicidad, la comercialización dentro y fuera del país de su producción y patrimonio comunicativos, los ingresos del patrocinio, donaciones y la cooperación nacional e internacional”.

Los medios podrán asumir “esquemas de gestión presupuestado y presupuestado con tratamiento especial o empresarial”, según sus exigencias y características. “La gestión, la producción y comercialización de contenidos de los medios de comunicación masiva podrán complementarse con producciones, aseguramientos y servicios a contratar con formas de gestión no estatales”, concluyó.

VILLA CLARA.- La existencia de una Ley de Prensa en la isla ha sido un reclamo de los profesionales del sector por décadas. Sin embargo, han tenido que esperar hasta 2018 para ver algo de luz al final del túnel. Mas, el documento, que regulará el desempeño de comunicadores, periodistas, diseñadores, publicistas y cualquier especialidad afín, se aleja un tanto del ideal que muchos esperaban.

Esta propuesta de Ley de Prensa, aún por presentarse de forma pública, empezó a circular por el Consejo de Ministros, por los presidentes de gobiernos provinciales y otros dirigentes desde mediados de 2015. De todas las opiniones recogidas, un elevado por ciento ratificó su contenido y el otro hizo recomendaciones para “enriquecerla”, nunca para criticarla.

Su contenido fue redactado por un grupo de expertos de diversos sectores como Economía, Trabajo y Seguridad Social, Justicia, Periodismo y Comunicación, bajo la égida del Comité Ideológico del Partido Comunista y de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).

Basados en su trabajo y estudios se presentó lo que hoy ya se alista como “palabra sagrada” para todo lo relacionado con esta área y que han decidido oficialmente llamar “Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos”. Por estos días se ha compartido en múltiples colectivos de todo el país.

Funcionarios del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista, ente rector del proceso y de la prensa cubana en general, han presentado el documento. Según trascendió, este tipo de encuentros “no son para informar, sino para prepararnos. El documento ya está aprobado, pero igual podemos debatir y escuchar sus inquietudes”.

Esta práctica confirma lo que la web Cuba Posible había denunciado anteriormente. “No se ha creado un ambiente previo de discusión amplia y colectiva, de diálogo, disenso, cruce de ideas, confrontación de propuestas, que permita comprender dentro del gremio y en la sociedad en general, la necesidad, implicaciones, retos y también peligros que acompañan a una legislación en esta área, sea cual sea su alcance”.

Este mismo sitio indicó que “ni siquiera sabemos a estas alturas si será una regulación sometida a discusión popular antes de su aprobación, si solamente se debatirá y refrendará por la Asamblea Nacional del Poder Popular o si se le dará salida bajo la forma de Decreto-Ley firmado por el Consejo de Estado”. Todavía sigue siendo un misterio.

Un diagnóstico arrojado por el equipo redactor vino a descubrir “el agua tibia”, como se dice en buen cubano. Así quedó plasmado, entre otras cosas, la persistencia del secretismo, trabas institucionales para ofrecer la información y autocensura; producciones audiovisuales independientes que no están legalizadas y carencias materiales, así como retraso tecnológico, que afecta la producción comunicativa.

Dentro de ese dictamen, se mencionó además la “existencia de medios digitales privados, alojados fuera del país, que desarrollan una agenda de contenidos sobre nuestra realidad con intencionalidad hipercrítica y desmovilizadora”.

“En su gestión –continúa el informe- es común la participación de profesionales de la comunicación social dentro de Cuba, muchos de ellos jóvenes, que reciben pagos y otros atrayentes incentivos, suministrados desde el exterior. Ustedes conocerán El Estornudo, El Toque, Cuba Posible y todas esas que andan por ahí”, añadieron en tono despectivo.

Los funcionarios dejaron claro entonces que esas publicaciones nunca podrían ampararse en la naciente ley, ni mucho menos registrarse de forma legal, pese a que la Constitución de la República instituya a sus ciudadanos la libertad de palabra y prensa.

En relación con este tema, una estudiante de periodismo en un foro convocado por La letra corta, reconocía la existencia de “un debate donde se presentan diferentes confrontaciones entre medios alternativos, sobre todo en Internet, y personas de alto rango en el gobierno, que afirman que estos dan una visión diferente a la de Juventud Rebelde y Granma. Dicen que estos medios atacan a la Revolución y realmente no es así”.

Más adelante, inquirió que “si existe el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, perfecto, lo respeto, quien sea del PCC que lea el Granma, quien sea de la Unión de Jóvenes Comunistas que lea Juventud Rebelde, pero por qué mi mamá o mi papá que son cuentapropistas solo tienen que leer eso”.

Durante los debates, un joven profesional se preocupó por la situación de estos proyectos mediáticos privados una vez implantada la ley. La respuesta fue simple y tajante: “De acuerdo con la Resolución 81 del Ministerio de Cultura, todas las publicaciones impresas y digitales para circular en el país tienen que estar inscritas en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas, si no, son ilegales”.

Los intercambios no han sido muy ricos, pues los miembros del gremio implicados en estas “reuniones informativas” no ven mucho sentido en criticar algo que ya está aprobado, a pesar de la repercusión que esta “ley” va a tener tanto en quienes hacen el periodismo y la comunicación, como en quienes lo consumen.

“Algo positivo –declaró un periodista en calidad de anonimato- es que ya con este cuerpo legal se protege el derecho a la información y podemos demandar a una fuente que no nos quiera dar una entrevista, sino, estaría violando una ley. Es algo que nos ampara en ese sentido”.

Algunos coincidieron con la política presentada y otros celebraron su llegada, aunque las mayores preocupaciones se centraron en temas tan antiguos como acuciantes: el salario, la estructura de dirección de los medios y la publicidad.

Sobre este último aspecto, se informó que será incluida en los medios, aunque no se precisaron detalles. Algo sí quedó claro: solo las empresas estatales podrán anunciarse, mientras que los cuentapropistas continuarán marginados.

Se indagó asimismo que, si una vez implantada la publicidad en los medios, el dinero recaudado podría permanecer en ellos o tendría que pasar a las arcas del Estado. La interrogante quedó sin responder, pues una funcionaria del Partido evadió la inquietud y solo se enfocó en contestar sobre las cuestiones salariales.

El décimo congreso de la UPEC, que se celebra por estos días en la capital cubana, terminará por perfilar los pormenores finales de esta ley. Al igual que la futura Constitución de la República, en la cual quedará estipulado por encima de todo el carácter socialista y el poder del Partido sobre toda la sociedad, se establecerá que esta misma organización será la rectora “de la comunicación social en el país, traza la política general para su desarrollo y ejerce su control”. Sencillamente, pintura nueva para la misma casa vieja.

LA HABANA, Cuba.- Con motivo del Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) que tendrá lugar durante los días 13 y 14 de julio, el Noticiero de la Televisión Cubana se hizo eco de una vehemente arenga de la periodista Thalía González. Entre elogios a la memoria de Fidel Castro y ratificaciones de la lealtad de la prensa oficial al Partido Comunista de Cuba, la reportera exhortó a sus colegas a comprometerse con los principios éticos del periodismo revolucionario y trabajar con más inmediatez, para evitar que la información llegue al pueblo a través de “otros medios de prensa financiados desde el extranjero, que publican medias verdades o exageraciones…”

Al día siguiente —10 de julio— el diario oficialista Granma publicó en primera plana las cifras destinadas por Estados Unidos a lo que el gobierno cubano denomina “programas de subversión”, que no son más que plataformas alternativas para socializar la información que el Poder oculta o manipula, impulsar proyectos que excluye por no ser “ideológicamente convenientes” y ofrecer perspectivas distintas sobre el presente y futuro de la nación.

La guerra contra los periodistas independientes que durante años han sido calificados de “mercenarios al servicio del imperialismo”, ha alcanzado otro nivel. Ello se debe, en parte, a que en los meses recientes ha crecido de manera notable la cantidad de cibernautas que prefieren conocer la realidad de Cuba a través de los medios de información alternativos, toda vez que la prensa estatal se mantiene ostensiblemente alejada de los complejos conflictos sociales agudizados en las últimas tres décadas.

Muchos corresponsales freelancer, a riesgo de ser detenidos, arrestados y desvalijados por parte de la policía política, salen a las calles para reportar a partir de los criterios y experiencias de la gente. Esos mismos periodistas —algunos empíricos— no tienen acceso a la información, viéndose obligados a trabajar con escasas fuentes que solo acceden a colaborar con la condición de que su identidad no sea revelada.

En esa brega difícil se han sacado a la luz historias terribles que la prensa oficialista jamás contaría. Por eso cabe preguntarse qué verdad defienden Thalía y los demás periodistas normados, que solo se acuerdan de los derechos humanos cuando les prohíben bañarse en ciertas playas de Varadero.

La reportera no precisa de qué forma se puede honrar el compromiso ético del periodismo cuando los medios de prensa son leales a un sistema mundialmente conocido, entre otras cosas, por ejercer una feroz censura sobre cualquier expresión artística o intelectual que no comulgue con la ideología del PCC. Es más fácil acusar a los independientes de responder a intereses anti-soberanos o anexionistas, que reconocer la hipocresía y el servilismo de una prensa que prefiere concentrarse en pequeños episodios de corrupción social e institucional, tan antiguos e irremediables que ya la población no sabe vivir sin ellos.

Thalía González habla de verdad, critica y denuncia como si tuviera la intención de poner fin al silencio cómplice para escarbar hasta el fondo en la corrupción político-administrativa de este país; en los entuertos del emporio GAESA y las malversaciones que llevan la firma de altos funcionarios cubanos, sus hijos y nietos, a quienes no toca la ley.

Al contrario de la prensa independiente, el interés de los medios estatales nunca será la escasez de alimentos; ni la tragedia de madres que pierden su vivienda en un derrumbe y son enviadas con sus niños al hacinamiento de los albergues, mientras el gobierno destina buenas casas a cuadros políticos traídos desde provincia para endurecer la mordaza en la capital.

La verdad de Thalía nunca será mostrar a madres con hijos cuadripléjicos a causa de errores médicos, sin que el gobierno socialista les haya procurado más que una mísera pensión para luego desentenderse de ellos. Tampoco denunciará las condiciones de abandono y peligrosidad en que viven jubilados y enfermos mentales; un panorama inconcebible en la revolución que reconoció constitucionalmente el derecho de cada cubano a una vivienda confortable, y prometió no dejar a nadie desamparado.

El Congreso de la UPEC volverá sobre las viejas promesas incumplidas y la verdad seguirá siendo conveniada, pues la lealtad al PCC se paga con privilegios que van desde el servicio de roaming en el celular, hasta viajes al extranjero. Visto así, el concepto de “mercenario” va muy bien con el lado rojo. Esos colegas que prometen fidelidad al sistema luego confiesan, en los convites del gremio, estar desesperados por un “viajecito” al “imperio” para comprar televisores en las suculentas rebajas de BrandSmart USA.

Es sencillo acusar a los reporteros freelancer de publicar medias verdades y exageraciones; pero habría que preguntarle al pueblo cuál periodismo siente más cerca de su propia realidad: los reportajes alternativos que circulan en las redes sociales, o el noticiero que dedica su tiempo a decir que todo va bien y otros treinta minutos al horrísono discurso de ese dictador semianalfabeto que es Daniel Ortega; como si en Cuba no hubiese suficientes problemas para una emisión que dure la noche entera.

Si verdaderamente los periodistas oficiales quieren competir, esperamos que al menos lo hagan en igualdad de condiciones, sin enviar a la Seguridad del Estado por delante para que les desbroce el camino a golpe de represión.

Cuando tantos cubanos intentan acceder a la información que el gobierno comunista bloquea con saña, algo deben estar haciendo bien esos independientes que se atreven a salir sin credenciales a las calles, con el propósito de ayudar a mucha gente que luego tiene demasiado miedo para reconocerlo y agradecérselo.