LA HABANA, Cuba. – El 2 de abril de 2003 un grupo de cubanos aborda la lancha Baraguá ―la lanchita de Regla, como se le conoce popularmente― y ordena cambiar su rumbo fuera de la rada habanera, con destino a Estados Unidos. A pocas millas de costas nacionales, la lancha queda sin combustible y, sitiada por fuerzas militares, tras horas de engaños y amenazas, quienes estaban al mando de la embarcación deciden rendirse.

Una semana más tarde, con el mismo propósito de huir del país, en la Isla de la Juventud un grupo de soldados intenta secuestrar un avión de pasajeros. Cinco de los reclutas implicados fueron capturados de camino al aeropuerto de Nueva Gerona. Otros tres ya estaban bajo custodia de las autoridades.

En ninguno de los casos los detenidos derramaron sangre en el desarrollo de los delitos que cometieron. Sin embargo, abril de 2003 llegaba precedido por la turbulencia de marzo, el mes de la cacería política conocida como Primavera Negra.

Además, en los últimos siete meses el régimen había sufrido el secuestro de seis aviones y embarcaciones. El 31 de marzo, un hombre que portaba una granada sin carga explosiva había intentado desviar hacia los Estados Unidos un avión AN-24 que también cubría la ruta Gerona-La Habana, con 46 pasajeros a bordo.

Los intentos de secuestro de la lancha Baraguá y, posteriormente del avión de la Isla de la Juventud, derivaron en procesos judiciales que el abogado independiente Edilio Hernández Herrera califica como “la mayor ignominia de la jurisprudencia en Cuba”.

Hernández Herrera ha representado a los familiares de varios de los condenados, primero como miembro de la Asociación Jurídica de Cuba y ahora formando parte del Grupo Jurídico de Ayuda Ciudadana.

“Han pasado 20 años y nadie ha querido corregir tamaña injusticia. Siguen presos porque con ellos dieron un escarmiento. Se llegó a decir, incluso, que esos muchachos podían provocar una invasión de Estados Unidos”, recordó Hernández Herrera en conversación con CubaNet.

Lancha Baraguá: el régimen se venga

Por el robo de la lancha de Regla, en solo ocho días fueron enjuiciados y fusilados los ciudadanos Lorenzo Enrique Copello, Bárbaro Leodán Sevilla y Jorge Luis Martínez.

Asimismo, recibieron cadena perpetua Maykel Delgado Aramburo, Yoanny Thomas González, Harold Alcalá Aramburo y Ramón Henry Grillo. A Wilmer Ledea Pérez le impusieron 30 años de cárcel; cinco a Ana Rosa Ledea Ríos, tres a Yolanda Pando Rizo y dos a Dania Rojas Góngora.

“Los juicios fueron una maraña para justificar los fusilamientos ordenados por la dirección del país, una transgresión que trascendió a la sentencia demostrándose un uso inadecuado del arbitrio judicial”, opinó el abogado independiente.

Las penas de muerte se dictaron en el amparo de los artículos 10 y 11 de la Ley 93/01 Contra Actos de Terrorismo, que se refería a “actos cometidos con artefactos explosivos o mortíferos, agentes químicos o biológicos u otros medios o sustancias en lugares de uso público, gubernamentales, militares, bosques, plantaciones”.

“En la calificación de los hechos declarados probados se cometió un error”, argumenta el abogado. “Se sancionaron como delitos hechos que no lo fueron; en el ordinal ocho del anexo de la sentencia se explica qué son artefactos explosivos y artefacto mortífero químico o biológico, los cuales no fueron utilizados por estos muchachos”, explicó el entrevistado.

Las cadenas perpetuas y demás sanciones ―amplía― también se aplicaron bajo la sombrilla de la Ley 93/01, cuando, específicamente, el delito cometido clasifica como “salida ilegal del territorio nacional”, el cual estaba tipificado en el Código Penal vigente entonces.

“En su figura agravada, el delito de ‘salida ilegal del territorio nacional’ tiene ocho años de privación de libertad”, explica Hernández Herrera. Las circunstancias desfavorables del actuar en grupo, de noche y con armas, podrían haber incrementado el marco sancionador hasta los 12 años. “Pero llevan 20 años presos”, dijo.

Un segundo escarmiento

Por los sucesos de la Isla de la Juventud fueron sancionados a cadena perpetua Leudis Arce Romero, Josi Ángel Díaz Ortiz, Francisco Reyes Rodríguez, Lázaro Ávila Sierra y Jorge Luis Pérez Puente. Mientras que Daviel Gamiza Leyva, Fidel Francisco Rangel Sánchez y Bodanis Zulueta Ramos recibieron penas de 20, 25 y 30 años de privación de la libertad.

Nuevamente, se consideraron probados los hechos y declarados constitutivos de un delito de terrorismo, previsto en los artículos 10, 11, 13, 17, 198 y 25 de la Ley 93/01, más un delito de robo con violencia previsto en el artículo 327 del Código Penal vigente en ese momento.

“Con ellos se violó mucho más el debido proceso porque no se respetó el tema de la investigación, los mantuvieron muchos días detenidos sin asistencia letrada y les arrancaron declaraciones a través de violencia y torturas. Ni se acercaron a ese avión, por lo tanto, la acusación de terrorismo es especulativa”, argumenta Hernández Herrera.

Un discurso torcido

Acusar de terroristas a cubanos que intentaban escapar del país y cuyos delitos fueron de tipo penal forma parte del discurso hipócrita que sostiene el régimen en materia de intolerancia al terrorismo, considera el entrevistado.

“Si Cuba es receptora de elementos terroristas en el mundo, que sí cometieron actos de sangre, como son los etarras vascos, las Panteras Negras de Estados Unidos o los narcotraficantes de las guerrillas colombianas, entonces, ¿por qué no liberar a estos muchachos que son cubanos?”, se pregunta.

Hernández Herrera también alude a los atentados con bombas cometidos en 1997 en hoteles cubanos. El autor fue un ciudadano ecuatoriano también sancionado a pena de muerte, una condena que finalmente fue conmutada a 30 años de prisión.

En tres ocasiones ―2013, 2019 y 2020― el abogado ha pedido el indulto para los condenados a cadena perpetua por el secuestro de la lancha Baraguá, recibiendo siempre un silencio por respuesta. Desde 2021 también prepara una solicitud para los sancionados a cadena perpetua por el caso del avión.

Recientemente, formuló una solicitud de Indulto o Amnistía dirigida al Arzobispado de La Habana, la cual fue entregada el pasado día 8 en las oficinas de esa sede religiosa.

Para justificar las exageradas condenas, el régimen siempre alegó la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano y su política de “pies secos-pies mojados” como estimulantes de unos hechos que, supuestamente, incentivaban la escalada migratoria de entonces y habían sido cometidos “con violencia”. El régimen llegó a sugerir, incluso, que los hechos podrían desencadenar en una invasión militar estadounidense.

De acuerdo con Hernández Herrera, en los últimos años algunas de esas alegaciones desaparecieron o se modificaron, situación que lo ha llevado a pedir, en múltiples ocasiones, la revisión de los casos de cadena perpetua.

“Pies secos-pies mojados desapareció en 2017 y a la Ley de Ajuste Cubano le pusieron un freno a través de acuerdos migratorios y otras disposiciones para controlar el auge migratorio”, dijo.

Es más ―continúa explicando―, quien orientó y permitió aquellos fusilamientos y cadenas perpetuas fue Fidel Castro, que ya murió. También estuvo implicado, de forma esencial, el ya fallecido juez principal de la Sala del Tribunal de Delitos Contra la Seguridad del Estado, Tomás Fernández Tabares, brazo ejecutor de aquella manipulación.

“Entonces, pasa el tiempo y nadie reacciona, nadie hace justicia, nadie tiene valor ni profesionalidad para hacer respetar la ley, la Constitución de la República y poner en libertad a estos muchachos. De paso, el honor de la jurisprudencia cubana sigue por el piso”, concluyó.

MIAMI, Estados Unidos.- El jueves 10 de abril de 2003 los familiares de Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodan Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac pudieron visitarlos brevemente en prisión, sin saber que esta sería la última vez que los verían. A pesar de la incertidumbre que reinaba en torno a un proceso judicial del que apenas se podía saber, excepto alguna que otra breve nota de la prensa oficialista de Cuba, jamás nadie pensó que el régimen comunista cubano llegaría tan lejos.

A solo unas horas de este brevísimo encuentro, los familiares fueron avisados para que se presentaran en el cementerio de Colón, en la capital cubana, donde ya estaban los cadáveres de los tres jóvenes, condenados a muerte por la dictadura cubana a pesar de no haber causado daño a ninguno de los pasajeros que se encontraban en la lancha Baraguá, una pequeña embarcación que traslada con regularidad a pequeños grupos de personas entre los municipios Regla y La Habana Vieja, en la capital cubana.

Los vieron el jueves 10 de abril en la prisión, sin conocer que sería una despedida. Al amanecer del viernes fueron notificados telefónicamente para que fueran al Cementerio de Colón a ver los cadáveres, aunque, según relató la madre de Lorenzo Enrique Copello, Ramona Copello Castillo, las autoridades no permitieron abrir los féretros.

Cuba, democracia y vida.org, la página que, desde Estocolmo, Suecia, difunde el acontecer sociopolítico de Cuba, Latinoamérica y del mundo, ha localizado a Ramona Copello, madre de Lorenzo Enrique Copello Castillo, uno de los jóvenes asesinados, quien ofrece su testimonio en este vídeo que ponemos a consideración de nuestros lectores, precisamente hoy, cuando hemos de recordar en su décimo sexto aniversario uno de los más injustos crímenes de la dictadura cubana.

Ramona Copello vive actualmente en Jacksonville, Florida, Estados Unidos de América, tiene 66 años, está enferma y continúa inmersa en la tristeza luego de haber perdido a su hijo. Sus ingresos son limitados y solo recibe una modesta ayuda del gobierno estadounidense. Rogamos a todos aquellos que puedan, y estén dispuestos a colaborar con esta señora, de una u otra forma, que le ofrezcan su ayuda, no solo en el aspecto material, sino, además, tratando de establecer vínculos con ella y apoyarla emocionalmente para atenuar un tanto el sufrimiento de una madre a la que el régimen comunista de Cuba le arrebató su hijo.

Para comunicarse directamente con Ramona Copello Castillo ([email protected] / Teléfono: 01- 904 635 5319 / Dirección: Av. Jasper 7703, Jacksonville  Apto. 316 Código 32211. Florida EE.UU.

Se estima que fueron fusilados en la madrugada del viernes 11 de abril de 2003, según el abogado Jorge R. Betancourt Ortega, uno de los juristas que participó en el caso, y que fuera entrevistado por Diario de Cuba el 7 de octubre de 2014. Betancourt afirmó que lo supo a través del jefe del Bufete Colectivo de La Habana Vieja, a quien se quejó dadas las arbitrariedades que pudo percibir, toda vez que no creía que había pasado el tiempo necesario como para que el Consejo de Estado aprobara la pena de muerte para los tres principales autores del desvío de la pequeña embarcación –la apelación había sido rechazada previamente, tanto por el Tribunal Supremo como por el Consejo de Estado–. Ya la sentencia estaba dada y era irrevocable: PENA DE MUERTE para tres jóvenes que no cometieron ninguna acción terrorista, como dijeron las autoridades de la Isla.

A dieciséis años de tan terrible acto, el régimen castrista permanece sin responder y sin pagar por sus crímenes, y lo peor, presentándose ante el mundo como defensores de libertades, de derechos humanos, de sentido de humanidad y de justicia, y nada más distante de la realidad, de un sistema que solo ha separado y destruido a familias, ha frustrado el porvenir de miles de jóvenes, y hasta ha deformado el comportamiento ético y moral de los cubanos mediante un feroz adoctrinamiento progresivo y solapado.

Según afirmó la madre de Lorenzo Enrique Copello Castillo, no se les permitió ver el rostro de sus seres queridos por última vez. Un silencio sepulcral ante tan vil acto prevaleció en aquellos tristes días, exceptuando alguna escueta nota de la prensa oficialista. En tanto, la comunidad internacional se estremecía, y al propio tiempo se cuestionaba, con sobradas razones, el por qué fueron condenados a muerte estos jóvenes.

Como siempre las autoridades del castrismo, que para todo tienen respuestas y explicaciones, aunque siempre increíbles e incoherentes, expusieron su hipótesis acerca de un acto terrorista, en el que solo fue mostrada un arma blanca a modo de amenaza para lograr un objetivo único, desviar la pequeña embarcación rumbo a Estados Unidos para escapar de las adversidades del comunismo.

Si no hubo disparos, ni siquiera armas de fuego, si no se demostró que se agrediera a nadie, entonces ¿por qué se les acusó de terrorismo? El desgobierno cubano trató de dar un escarmiento con tan vil acción –lo que hizo el régimen con sus asesinatos si fue un acto verdaderamente terrorista–, con lo que pretendió frenar un tanto la posibilidad de que se pudieran repetir hechos similares, con la intención de salir rumbo a las costas del sur de la Florida.

De cualquier modo, el éxodo cubano hacia todas partes del mundo es indetenible, y de una forma u otra la retirada masiva de miles de cubanos se ha mantenido como uno de los más graves conflictos generados por el régimen de La Habana. Ya sea atravesando el mar entre el litoral norte de Cuba y las costas del sur de Florida, en Estados Unidos, o mediante una difícil y peligrosa travesía por tierra a través del paso por las selvas suramericanas, hasta llegar a Centroamérica y a México, y una vez allí pasar rumbo a Estados Unidos, el conflicto migratorio se ha mantenido a través de todos estos años. El cruel asesinato de los jóvenes solo sirvió para destrozar los corazones de sus familiares, los que aún tienen esperanzas de que se haga justicia a un sistema terrorista y sanguinario que se los arrebató en la plenitud de su juventud.

A dieciséis años de esta terrible acción criminal cometida contra tres jóvenes, los cubanos han tenido que buscar otras vías y medios para poder escapar de la difícil situación de Cuba, no solamente en el aspecto económico –no se vive, sino que se sobrevive en medio de una escases generalizada de los productos y los alimentos más elementales–, sino por la marcada represión policial y de los agentes encubiertos de la Seguridad del Estado y del Ministerio del Interior, por la ausencia de las libertades mínimas como la de expresión, de reunión, de pensamiento y de acción, entre otros tantos aspectos que laceran día a día a miles de cubanos.

Además de los tres jóvenes asesinados, fueron sentenciados a cadena perpetua: Maikel Delgado Aramburo, Yoanny Thomas González, Harold Alcalá Aramburo y Ramón Henry Grillo, quienes también participaron del intento de desvío de la lancha de Regla.

Texto y video publicados originalmente en Cuba, Democracia y Vida, por Guillermo Milán y Alberto Roteta Dorado.

LA HABANA.- Nunca sabremos lo qué recordaron, frente al pelotón de fusilamiento, Lorenzo Enrique, Bárbaro Leodanis y Jorge Luís. Ya pasaron quince años desde aquel día en el que fueron espiados por las mirillas de unos fusiles y que los pusieron al alcance de las balas. Bastarían las órdenes de apuntar y disparar para que desaparecieran los últimos recuerdos, para que se esfumaran los deseos.

Solo once días transcurrieron desde que aquellos muchachos secuestraron la lancha Baraguá y ya la pena de muerte era cumplida. Vertiginoso el proceso que acabó con la vida de tres jóvenes de los que nada se dice en Cuba, a quienes únicamente se les menciona en voz muy baja y todavía con miedo. Once días que se convertirían en un infierno para los familiares de esos hombres que quisieron abandonar el país, y para conseguirlo secuestraron una lancha que debía llevarlos luego hasta las costas de Florida.

No se habían completado los diez años de aquel horror que terminó con la vida de cuarenta y una personas, entre ellos diez niños, tras el hundimiento del trasbordador “13 de marzo”, cuando se condenó a muerte a esos tres jóvenes, por querer vivir en otro sitio, por secuestrar una lancha para conseguirlo. Dos días después de que el gobierno recordara, y con mucho respeto, a los caídos en la huelga general del 9 de abril de 1958, serían fusilados esos tres jóvenes cubanos a quienes jamás mencionan los medios oficiales, esos medios que alaban “la noche de las cien bombas” en La Habana.

Casi cincuenta años antes de que estos tres muchachos fueran condenados a muerte, un grupo de jóvenes cubanos, con armas en sus manos, asaltaba el Cuartel Moncada en Santiago de Cuba; algunos murieron en el enfrentamiento, otros serían ajusticiados luego, pero unos cuantos salieron con vida tras una prisión muy breve. Cincuenta años después las cosas para estos tres cubanos serían diferentes, y las condenas no fueron trasformadas, no habría “perdón”, no habría piedad para ellos.

No sé dónde estará hoy la hija de Lorenzo Enrique, aquella niña que quedó huérfana cuando solo tenía once años. No sé nada de esa muchacha que vivió sus años más importantes sabiendo que su padre estaba muerto, por secuestrar una lancha que lo ayudara a conseguir luego las costas de la Florida.

Ella miró a su padre, por última vez, tras las rejas, y puedo imaginar lo que debió pensar cuando en las clases de historia le hablaron de la rebeldía cubana, de sus ansias libertarias, y de lo que se hizo para conseguirla. ¿Qué habrá pensado cuando su maestra relató la llegada del Granma, cuando le explicaron de Alegría de Pío, del Asalto al Palacio Presidencial? ¿Qué pensará está mujer cada vez que se cumple un año de la muerte de su padre? ¿En manos de quien pondrá la razón la hija de Lorenzo? ¿Se habrá casado? ¿Extrañará la ausencia de su padre en sus últimas fotos? ¿Qué dirá a sus hijos si los tiene?

¿Esta joven mujer será miembro de esa “sociedad civil” cubana que por estos días hizo el viaje desde Rancho Boyeros hasta Lima? ¿Qué diría si le permitieran subir al podio? Hoy esa prensa oficial cubana está muy ocupada en la Cumbre de Las Américas y en las tribunas a las que tendrá acceso su “sociedad civil”, cuyos miembros decide el Partido Comunista, y entre los que no habrá nadie capaz de destacar los nombres de Lorenzo Enrique, Bárbaro Leodánis, y Jorge Luis, ni sus vidas truncadas.

Esos tres jóvenes vieron como se les venía encima la muerte definitiva. Quizá la reconocieron en una bala, en una inyección letal, en…, sabrá Dios cómo les llegó, porque nosotros no. Ellos no tuvieron un periodista que se interesara en sus suertes, en sus últimos anhelos. Ellos no tuvieron, como Aureliano Buendía, quien relatara esos recuerdos que aparecen en la última de todas las horas, y que en el caso de estos muchachos pudo ser la familia o la escapada definitiva, aunque tuvieran la certeza de que ya no iban a conseguirla, a menos que fuera con la muerte.

LA HABANA, Cuba.- El 12 de abril de 2003, medios de todo el mundo daban la noticia del fusilamiento de tres jóvenes cubanos por su participación en el secuestro de la “lancha de Regla” Baraguá. Intentaban huir del país y llegar a los Estados Unidos.

Periódicos de izquierda, simpatizantes del régimen cubano, pretendiendo justificar el hecho, escribían: “el gobierno ha querido cortar de cuajo el rosario de secuestros de aviones y embarcaciones”. Admitían que se trataba de un castigo ejemplarizante, lo cual significaba que ninguno de los acusados tuvo derecho a un proceso justo.

Algunos iban más lejos. Heinz Dieterich Steffan (quién después se convirtió en el ideólogo del “Socialismo del siglo XXI”), en su página de internet expresaba cómo el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro, estaría enviando un mensaje a la Casa Blanca: “Ustedes han declarado la guerra y sus primeros soldados han caído”. Y más adelante agregaba: “Ojalá que sepan descifrar el trágico mensaje de los fusilamientos, para que no haya más derramamiento de sangre”.

Poco más de una semana había transcurrido entre los fusilamientos y el día en que el grupo de 11 jóvenes armados de una pistola y un cuchillo había desviado el ferry unas 30 millas de la costa.

¿Cómo ocurrió todo?

Los secuestradores, al abordar la lancha, efectuaron un disparo al aire y seguidamente se escuchó el grito: “¡Esto se jodió. Nos vamos para el yuma!”. A 30 millas se acabó el combustible y la embarcación quedó a la deriva. El mar estaba muy picado, por lo que en un acto de trágica ingenuidad accedieron a ser remolcados hasta el puerto de Mariel con la promesa de que allí las autoridades les darían combustible.
No ataron a nadie (como- según familiares de los sancionados- dijeron la fiscalía y al Órgano de Instrucción). Si así hubiera sido, ¿cómo se explica que al llegar a Mariel, a una señal de los agentes de seguridad, algunos pasajeros se lanzaran al agua? Enrique Copello Castillo, quien trató de impedir que una de las extranjeras a bordo escapara, tenía el arma. Pero no la usó ni siquiera cuando la situación se fue de su control. Lo que demuestra que no era un criminal, y sí un joven desesperado por llegar a los Estados Unidos en busca de libertad y oportunidades de desarrollo individual.

El 8 de abril de 2003, después de un juicio sumarísimo, fue dictada la sentencia: Enrique Copello Castillo, Bárbaro L. Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac, fueron condenados a muerte. Los restantes implicados en el intento de secuestrar la lancha fueron condenados  a: prisión perpetua para Harold Alcalá Aramburo, Maykel Delgado Aramburo, Ramón Henry Grillo y Yoanny Thomas González; 30 años para Wilmer Ledea Pérez; y entre 5 y 2 años para las mujeres que viajaban con ellos.

En el mes de marzo de ese mismo año, el gobierno había encarcelado a 75 activistas de derechos humanos, periodistas independientes y opositores políticos. Éstos  estaban en “Villa Maristas” cuando los secuestradores fueron conducidos a la aterradora sede de la policía política cubana. Ricardo González Alfonso, periodista independiente y uno de los 75, ha dejado un testimonio perturbador de las últimas horas de Enrique Copello Castillo, con quien compartió la celda.

El mismo día del juicio, un capitán de la Seguridad del Estado lo llevó a una oficina, para explicarles que aunque a Copello Castillo le pedían la pena capital, existía la posibilidad de que no lo fusilaran. Con esto le solicitó su cooperación para preservar la vida del condenado a muerte, en el caso de que intentara suicidarse. A la luz de lo ocurrido el 11 de abril, en que fueron llevados al paredón de fusilamiento sin avisar a sus familiares, se puede interpretar que aquel capitán era el encargado del “abastecimiento”: no podía suceder que las víctimas propiciatorias no asistieran a su propio sacrificio. ¿Cómo dar un escarmiento si Copello Castillo no hubiera asistido a su propio fusilamiento?

Zona de peligro

En la calle San Francisco entre Jesús Peregrino y Salud, en La Habana, está el edificio donde vivía Bárbaro L. Sevilla García con su madre, Rosa María. Algunos vecinos recuerdan por lo bajo lo que ocurrió el 11 de abril de 2003. La calle se llenó de carros con placa militar desde las 6:00 am; se formó un cerco policial. Unas mujeres del Ministerio del Interior tocaron a la puerta de Rosa María para decirle que su hijo de 22 años había sido fusilado durante la madrugada. La mujer empezó a gritar y salió a la calle desnuda. -Gritaba de todo: “¡Abajo Fidel!” y “Asesinos”. Después la obligaron a irse del país-, dicen los vecinos, que no quisieron dar sus nombres por razones de seguridad.
Al poco tiempo empezaron a mudarse policías al edificio de la esquina, en la calle Salud. Todavía hoy la zona es considerada “de peligro”. Los vecinos también advierten a esta reportera de que no tome fotos del balcón medio derruido donde vivieron la madre y su hijo, porque el edificio pintado de verde, en la esquina de Jesús Peregrino, es del DTI (Departamento Técnico de Investigaciones), una dependencia del Ministerio del Interior.

 

No usaron explosivos, pero la figura delictiva se utilizó en el tribunal

¿Por qué tanta severidad y celeridad en la ejecución del castigo si no hubo que lamentar heridos ni la pérdida de vidas humanas durante el secuestro? El abogado Edilio Hernández Herrera, de la Asociación Jurídica Cubana (AJC, independiente), ha elaborado un dictamen basado en leyes que revela cuánto se quebrantó la legalidad en la Causa 17 de 2003.

Lo encausados fueron juzgados por el delito de Actos de Terrorismo. La ley No. 93 “Contra actos de terrorismo” fue publicada el 24 de diciembre de 2001 en la Gaceta Oficial.
Según el dictamen de Hernández Herrera, los artículos de dicha ley que tipifican el delito cometido serían el 14.1 y 16.1ª, referidos a la toma de rehenes y a actos contra la seguridad de la navegación marítima. Pero el tribunal condenó a los muchachos por hechos que ciertamente no ocurrieron. Como el otro delito imputado, de los artículos 10 y 11-c, referidos a “actos cometidos con artefactos explosivos, agentes químicos, biológicos u otras sustancias”. Con ello se pretendió justificar las penas de muerte y las cadenas perpetuas.

Martha Beatriz Roque Cabello, economista y periodista independiente, prisionera política de la Causa de los 75, compartió celda en “Villa Maristas” con Dania Rojas Góngora, de 17 años,  que iba en la lancha. Era la novia de Jorge Luis Martínez Isaac,  fusilado. La muchacha le contó cómo otra de las madres se enteró de que habían fusilado a su hijo el día en que fue a llevarle artículos de aseo. La última vez que Dania vio a su novio con vida, uno de los guardias dijo con sarcasmo: “Planifiquen ahora cuántos hijos van a tener.”

Roque Cabello no duda al señalar:

-El dictador Fidel Castro quería sangre. Estaba furioso también porque en medio de todo eso estaba el fracaso que le constituyó llevar a 75 opositores políticos a prisión. Lo que le ganó el repudio mundial. Esa fue su decisión: que se fusilara y se condenara a cadena perpetua a estos jóvenes. Por eso, los que ahora continúan en cadena perpetua son presos de Fidel Castro.