1

La Haya presentará conclusiones sobre Venezuela en “tiempo razonable”

Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional. Foto tomada de Caracol Radio

MIAMI, Estados Unidos.- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), liderada por la jurista Fatou Bensouda, dio a conocer este miércoles su informe anual sobre los exámenes preliminares abiertos en nueve países, y aseguró que el de Venezuela formulará conclusiones “en un período de tiempo razonable”, además, avisó a Colombia por una serie de cambios introducidos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Según la nota de la agencia de noticias EFE, la oficina de la Fiscalía dio a conocer el informe tras la primera jornada de la Asamblea de Estados Parte de la CPI, celebrada este miércoles en La Haya. Bensouda hizo hincapié en la situación de Venezuela, y explicó que sigue recibiendo información por diferentes fuentes sobre supuestos crímenes de lesa humanidad.

Esta aclaración viene dada después de que la fiscal haya recibido críticas de sectores de la oposición venezolana por no haber iniciado una investigación plena sobre el país caribeño, paso posterior al examen preliminar ya abierto.

De acuerdo a Efe, en el informe se constata que “se ha alegado que las fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia emplearon fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones” durante las protestas de abril de 2017 contra el régimen del dictador venezolano, Nicolás Maduro. Además, añade que, supuestamente, “se han detenido y encarcelado a miles de civiles, algunos de los cuales fueron presuntamente sometidos a graves abusos y maltratos durante su detención”.

La Fiscalía, por otro lado, especifica en el documento citado que ha recibido información sobre “algunos grupos de manifestantes” que “recurrieron a medios violentos, lo que provocó que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaran heridos o muertos”. También señaló que tiene bajo su escrutinio la colaboración entre autoridades y “civiles armados pro gobierno, incluyendo los grupos denominados ‘colectivos’, que también perpetraron presuntamente una serie de actos violentos contra manifestantes, miembros de la oposición -reales o percibidos como tales- y activistas, funcionarios elegidos y estudiantes”.

Colombia, por su parte, es el otro país que está bajo un examen preliminar, por lo cual se ha creado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un organismo de justicia creado para juzgar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado entre la guerrilla de las FARC-EP, paramilitares y el Ejército.

Al respecto, Bensouda expresó “sus preocupaciones” por una serie de cambios introducidos en la JEP recientemente y aprobados por la Corte Constitucional de este país, pues “podría interpretarse” con el sentido de “restringir el concepto de responsabilidad del mando en contraposición al derecho internacional consuetudinario”.

“Quedará en manos de los magistrados de la JEP interpretar la legislación nacional correspondiente, y en particular la definición de responsabilidad del mando”, añadió la fiscal de La Haya.

No obstante, la Fiscalía de la CPI valoró “positivamente” que la JEP esté en “pleno funcionamiento” y constató que desde noviembre de 2017 “las autoridades colombianas han llevado adelante varios procedimientos nacionales de relevancia”.

Los enjuiciamientos incluyen “falsos positivos” – homicidios de civiles cometidos por las fuerzas públicas para que pareciesen miembros de la guerrilla-, delitos sexuales y de género, y desplazamientos forzosos. Y en informes anteriores, la Fiscalía de la CPI había identificado cinco casos potenciales de estos “falsos positivos”, pero el dossier publicado este miércoles aseguró que “las autoridades colombianas están llevando a cabo varios procedimientos” relacionados con los mismos.

La Fiscal de La Haya, constató las condenas a 29 paramilitares durante el último año y las imputaciones a otros 341 por haber provocado desplazamientos forzosos de civiles. Así mismo, respecto a los supuestos crímenes sexuales, celebró las condenas contra tres líderes paramilitares y los procesos iniciados contra otros paramilitares, miembros de las FARC-EP y del Ejército.




La cúpula chavista es denunciada ante la Corte Penal Internacional

Figuras del chavismo denunciadas ante la CPI (elnuevoherald.com)

CARACAS, Venezuela.- El Tribunal Supremo de Justicia de  Venezuela (TSJ) en el exilio pidió este lunes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigue una denuncia por “violaciones sistemáticas” de derechos humanos que involucra al presidente Nicolás Maduro, ministros, políticos chavistas y generales.

Rodeado de varios de los magistrados del TSJ “legítimo” (como se autodenomina) incluido su presidente, Miguel Ángel Martín, el presidente de la Sala de Casación Penal, Pedro Troconis, leyó en una conferencia de prensa en Miami la decisión de ese órgano sobre una denuncia interpuesta por el exministro chavista Hebert García Plaza.  Los hechos denunciados en algunos casos “se corresponden con crímenes de lesa humanidad”, señala la ponencia.

La Sala de Casación Penal, formada, como el resto de las salas del TSJ en el exilio, por magistrados elegidos por la Asamblea Nacional de mayoría opositora surgida de las elecciones de 2015, decidió remitir la denuncia de García Plaza a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) dado que los fiscales del Estado venezolano están “subordinados” al ejecutivo que encabeza Maduro, indicó Troconis.

Según explicó luego a Efe, concretamente lo que se le pide a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es que inicie “de oficio” una “investigación seria”, ya que eso no es posible en  Venezuela .

La sala de Casación Penal también decidió pedir al Consejo de Seguridad de la ONU, como “uno de los órganos que tiene legitimidad para plantear denuncias ante la CPI”, que dé seguimiento a la investigación que pueda hacer la Fiscalía del tribunal internacional, agregó.

Asimismo se pide al Consejo de Seguridad que considere reclamar a Interpol, la policía internacional, que emita “algún tipo de medidas o alertas” en relación con los involucrados en los hechos denunciados, que suman más de medio centenar.

“Maduro y los que lo siguen” se creían “protegidos” porque tienen “secuestrado” al poder judicial venezolano, pero se olvidaron de que  Venezuela  es parte desde el año 2000 del Estatuto de Roma y aceptó someterse a la jurisdicción de la CPI en delitos relativos a los derechos humanos, dijo Troconis.

“Pensaban que contaban con impunidad ante la justicia de  Venezuela , pero no existe la impunidad a nivel internacional”, como demuestran las condenas y enjuiciamientos de presidentes de estados parte de la CPI que ya ha habido, agregó.

Entre las personas denunciadas están, además de Maduro, “la mayoría del generalato” de  Venezuela , incluido Vladimir Padrino, general jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, miembros del Gobierno como el vicepresidente, Tarek El Aissimi, y el ministro del Interior, Andrés Reverol López, y líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela  (PSUV), como Diosdado Cabello, su vicepresidente.

El director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez Ampueda, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, y el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Gustavo Enrique Gónzalez López, están en la lista.

Desde octubre pasado los jueces del TSJ elegidos y juramentados por la Asamblea Nacional de  Venezuela  (Parlamento, de mayoría opositora) en julio pasado celebran sesiones en Washington en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según dijo a Efe Antonio Marval, vicepresidente del TSJ “legítimo”, como a su juicio debe denominarse, este alto tribunal consta de 33 magistrados, de los cuales 30 están exiliados.

Hoy “asistieron” a la conferencia de prensa en Miami vía internet una magistrada radicada en Chile y otro en Panamá.

Los jueces del alto tribunal que fueron nombrados por el régimen de Maduro “ilegalmente” cuando tras las elecciones legislativas de diciembre de 2015 el chavismo perdió el control del Parlamento no están dotados de “investidura”, según Marval.

Esos jueces fueron destituidos por la Asamblea Nacional derivada de esas elecciones, la cual nombró a los que actualmente están ejerciendo como tales desde el exilio, pero la Asamblea Nacional Constituyente ratificó después en sus puestos a los cesados.

Sin embargo, dijo Malvar, esa ratificación es ilegítima, como lo es la propia Asamblea Nacional Constituyente, pues fue constituida sin que el pueblo la convocara como manda la Constitución venezolana.

(EFE)




Ucrania: Parlamento votó que Yanukovich sea juzgado por crímenes contra la humanidad

Víctor Yanulovich y el ministro del interior Vitali Zajarchenko

A favor de la resolución contra Yanukóvich, actualmente con paradero desconocido, votaron 324 diputados de 450 en la Rada Suprema. El documento acusa a los ex altos cargos, incluido el presidente, de las “graves consecuencias” y el “asesinato masivo” de ciudadanos ucranianos registrados “durante las acciones de protesta masivas en el período comprendido entre el 21 de noviembre y el 22 de febrero de 2014”.

piden perdon
Represores ucranianos piden perdón arrodillados

La resolución destaca que, a lo largo de tres meses hasta la victoria de la rebelión, los órganos de poder en Ucrania, “por órdenes de los cargos del Estado, adoptaron de forma ilegal medidas de presión física, medios especiales y armamento contra los participantes en las acciones pacíficas en Kiev y otras ciudades ucranianas”.

“Dichas acciones llevaron a la muerte de más de 100 ciudadanos de Ucrania y de otros países, y más de 2.000 heridos, de los cuales más de 500 siguen actualmente en estado grave”, señala el documento, en contraste con las cifras oficiales de 82 muertos y 700 heridos durante los disturbios en Kiev.

Con estos números, el Parlamento pide al Tribunal de La Haya que abra un proceso por crímenes contra la humanidad contra los responsables, empezando por Víktor Yanukóvich, como encargado de dar las órdenes represivas.

La resolución sigue al anuncio hecho el lunes por el Ministerio del Interior de que se ha dictado orden de busca y captura contra Yanukóvich. El Legislativo también solicita que se abran sendos procesos penales contra el depuesto fiscal general de Ucrania, Víktor Pshonka, y el también destituido ministro del Interior, Vitali Zajárchenko.