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¡No al “Día del Trabajador Jurídico” castrista! ¡Sí al “Día del Abogado”!

Guantánamo, 11J, Presos, “Día del Trabajador Jurídico”

LA HABANA, Cuba. — Pese a la condición de graduado en leyes de quien esto escribe, no tenía pensado escribir sobre la efeméride que se conmemora este 8 de junio. Se trata de lo que antaño se denominaba Día del Abogado, pero que ahora, al conjuro de las manipulaciones comunistas, ha pasado a llamarse “del Trabajador Jurídico”. Son precisamente estas andanzas del castrismo las que me han animado a sentarme a mi ordenador.

Como se sabe, nuestros colegas de la república democrática escogieron la fecha por tratarse de la misma en que, en el lejano 1865, realizó sus ejercicios de grado un estudiante camagüeyano que poco después se convertiría en ejemplo a seguir no sólo para sus compañeros de profesión, sino para los patriotas cubanos en general: Ignacio Agramonte y Loynaz.

Y ya que he mencionado este asunto, conviene aclarar que nada tiene que ver con ese examen final de su carrera el agudo escrito —recordado y citado con toda justicia— en el cual el joven Ignacio arremetía contra las perniciosas ideas del comunismo. Ese otro texto fue presentado en los marcos de uno de los seminarios que tenían lugar los jueves y sábados, y del cual se desconoce la fecha de celebración.

El ejercicio de grado de Agramonte versó sobre un tema mucho más especializado, histórico y árido: “Estudio, bajo el punto de vista del principio racional, sobre el derecho reformado por Justiniano en comparación con el anterior a su época”. Fue el tema que le tocó en suerte desarrollar al joven graduando. Como la exposición era oral, nada quedó de ella. Sólo sabemos la nota que obtuvo —sobresaliente— y la fecha: 8 de junio de 1865.

Pocos años después, los juristas de la Cuba democrática valoraron altamente el papel desempeñado por el ilustre camagüeyano en la redacción de la primera Constitución cubana que tuvo cierta vigencia (la de Guáimaro de 10 de abril de 1869, que rigió al menos en la manigua redentora). También su defensa de la vigencia que, incluso en las precarias condiciones de la insurgencia, debían tener los principios del derecho. Fue por esas razones que la fecha de su graduación en la carrera fue escogida para la celebración del Día del Abogado.

Pero, como diría Martí, “pasó el tiempo y pasó un águila sobre el mar”… Un mal día tuvo lugar la trepa al poder del castrismo. El fundador de la dinastía entonces instaurada, era graduado en leyes él mismo. Pero pertenecía a una subespecie muy específica dentro de la clase togada: la de los abogados sin pleitos. La misma a la que, a escala mundial, pertenecieron personajes tan perniciosos como Maximiliano Robespierre, Carlos Marx y Vladímir Ilich Uliánov (que prefirió ser conocido en la historia por su alias delincuencial de “Lenin”).

Como reza el refrán (y dice bien), “no hay peor cuña que la del mismo palo”. Fue nada menos que a Fidel Castro a quien se le ocurrió una frase que sorprende (y de modo especialísimo en un graduado en Leyes): “Abogados, ¿para qué!”. Bajo su prolongado reinado, la tirria contra sus compañeros del Derecho constituyó una práctica constante del régimen.

Fue el menosprecio por sus colegas juristas lo que lo condujo a adoptar otra decisión pasmosa: Nombrar como Jefe del Departamento de Órganos Estatales y Judiciales del único partido (y encargado, por ende, de dirigir a todos los graduados en Leyes del país)… ¡a un médico!: el doctor José Ramón Machado Ventura. Fue ese mismo rechazo el que presidió la transformación del “Día del Abogado” de antaño en el “Día del Trabajador Jurídico” de hogaño.

Aquí conviene subrayar, ante todo, algo vidente: Este último concepto es mucho más amplio que el primero. Dentro de él tienen cabida, entre otros, las secretarias, mecanógrafos, auxiliares, alguaciles y limpiapisos que laboran en los organismos encabezados por personas que han terminado sus estudios universitarios de Derecho.

Llegado a este punto, y para evitar suspicacias, conviene que yo, para empezar, haga una salvedad: Nada tengo en contra de esos empleados, que realizan labores que son dignas en la medida en que (como reza la veraz frase hecha) todos los trabajos honrados lo son. Lo que sucede es que esa mescolanza, ¡perpetrada nada menos que por comunistas!, no obedece a ninguna idea sana o buena.

La demagógica involucración de los graduados en Derecho con trabajadores administrativos de todo tipo, no es inocente ni bienintencionada. Ella sólo persigue el propósito de ningunear y diluir el papel del jurista como defensor —incluso frente al todopoderoso Estado— del interés individual que le corresponda representar en determinado momento, en virtud de la solicitud hecha por el particular que lo haya escogido.

Por esa razón, me parece que lo correcto es que, este 8 de junio, proclamemos la consigna antigua, que no se ajusta a la que, desde hace decenios (y para reemplazarla) los castristas lanzaron con las peores intenciones: ¡Viva el Día del Abogado!

ARTÍCULO DE OPINIÓN
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Juristas del régimen: “Por cada colega amenazado, lo multiplicaremos por decenas de miles”

juristas, Cuba, manifestaciones

MADRID, España.- Miembros de la Unión de Juristas de Cuba (UNJC) amenazaron con dejar “caer todo el peso de la ley” contra quienes “difamen” sobre sus colegas a cargo de los juicios contra los manifestantes de las protestas antigubernamentales de Cuba el 11 y 12 de julio 2021.

De acuerdo a un reporte del oficialista Cubadebate, durante la asamblea de balance realizada este domingo, juristas de La Habana presentaron una declaración en la que se refirieron a una “campaña de descrédito y amenazas contra especialistas del sector por su participación en estos procesos legales”.

“Los juristas de Cuba, en especial los de la capital, rechazamos categóricamente y enfrentamos cualquier intento de manipulación mediática y advertimos que, contra todo aquel que intente subvertir la justicia que en nombre del pueblo de Cuba se imparte, mediante amenazas o el descrédito, o simplemente facilitando la información, caerá todo el peso de la ley”, se lee en la declaración.

Así como advierte: “Por cada colega amenazado, lo multiplicaremos por decenas de miles a todo lo largo y ancho, dispuestos a cambiar la toga y el estrado si fuera necesario por el fusil y la trinchera”.

“En estos días hemos estado observando cómo se articulan algoritmos y matrices de opinión subversivas que intentan desacreditar la actuación de fiscales y jueces, mayoritariamente jóvenes, que enfrentan con profesionalidad el más estricto principio procesal de la tutela judicial efectiva y del debido proceso tras los hechos vandálicos que tuvieron lugar el pasado 11 de julio de 2021”, dijo Osmín Álvarez Bencomo, presidente de la Junta Directiva Provincial de la organización en La Habana.

Por su parte, la vicepresidenta del Tribunal Provincial Popular de La Habana, Ludmila Collazo Rodríguez, manifestó que “tanto los jueces como los fiscales han cumplido cada una de las fases del procedimiento establecido, en las cuales se garantizan los principios básicos que postula la Constitución de la República de Cuba, que tienen que ver con el debido proceso y la tutela judicial efectiva”.

Mientras que Guillermo Rodríguez Gutiérrez, abogado del bufete colectivo de La Lisa, dijo que se ha cumplido con el debido proceso y aseguró que los acusados “tuvieron derecho a la representación letrada, se les dieron a conocer las acusaciones que se les imputaban y pudieron presentar todas las pruebas necesarias para su defensa. Además, pudieron expresarse libremente durante la vista oral”.

Desde finales de 2021, gracias a la información compartida en redes sociales y en los medios independientes, se ha podido conocer quiénes son los responsables de las condenas a los manifestantes del 11J.

En enero pasado, el periodista de YucaByte, Norges Rodríguez, reveló algunos de ellos, como es el caso de Yerandy Calzadilla Dávalos, del Departamento de Procesos Penales de Mayabeque; Fernando Sera Planas, quien pidió condenas de hasta 30 años para 21 manifestantes en la provincia de Holguín; Mabel Palacios Aties, que pidió sentencias de entre 15 y 27 años y Dagmaris Jaca Seco, quien pidió condenas de hasta 15 años de cárcel para manifestantes de San Antonio de los Baños, Artemisa.

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