CIUDAD DE MÉXICO.- Yeneisy no había estado pendiente de lo que sucedía en decenas de localidades de Cuba ese día. En algún momento escuchó de las protestas, pero no prestó atención y siguió reparando las filtraciones de su techo.
El 11 de julio sobre las 4 de la tarde, Yeneisy Hernández salió de su casa en el barrio de San Miguel del Padrón a comprar pan. Salió con la piel y ropas untadas de cemento, en los pies calzaba unas chancletas viejas. Su plan era no demorar. Solo necesitaba comprar una merienda para el obrero que había contratado.
“Al rato, unos conocidos me avisaron que la habían detenido en el parque Indio Naborí, y salí a buscarla a la delegación del municipio”, explica su hermana. A Dailín le dijeron que estaba recluida, pero que no podía verla, que regresara al día siguiente.
Y eso hizo, pero ya la habían trasladado en la mañana del 12 a la prisión de 100 y Aldabó. Allí le permitieron llevarle aseo.
La ley del Procedimiento Penal de Cuba establece que las autoridades deben facilitar a los detenidos la comunicación con sus familiares, pero tampoco pudo verla o hablarle. El régimen de incomunicación viola los estándares internacionales al colocar al detenido en una mayor situación de vulnerabilidad, pues las autoridades pueden ocultar así malos tratos y torturas. En su caso, tenía golpes en el cuerpo.
Dice Dailín que durante esa primera semana lo peor era la incertidumbre de no saber cómo estaba o por qué la detuvieron. ¿De qué manera podía haber terminado en la cárcel cuando ella ni siquiera había salido a la manifestación?
Nueve días después de las históricas protestas que sacudieron Cuba comenzaron los procesos sumarios contra algunos de los manifestantes, entre ellos Yeneisy. Hasta el pasado viernes se habían realizado al menos 19 juicios a 59 personas, confirmaron autoridades judiciales de la isla.
En los juicios colectivos, donde la minoría de los acusados tuvieron representación legal, condenaron a Anyelo (un año de cárcel), Alexander (10 meses) y Gabriela (8 meses). De inmediato, cuando se conocieron las condenas, usuarios compartieron breves perfiles, testimonios y fotos.
Enseguida los nombres de estos comenzaron a circular en redes sociales y medios de prensa. Anyelo Troya fue uno de los realizadores de Patria y Vida, Alexander Diego Gil es poeta y actor. Los amigos y seguidores de ambos comenzaron a visibilizar sus casos y a contar lo arbitrario de las condenas. Gabriela, si bien no era artista, impactó por su juventud. Con apenas 17 años, la BBC colocó su rostro en portada el 24 de julio y la identificó como una adolescente juzgada en Cuba.
EL 24 de julio Anyelo, Alexander y Gabriela pudieron regresar a sus casas a esperar, bajo prisión domiciliaria, el resultado de la apelación de sus sentencias. Sin embargo, la mayoría de los procesados no tuvieron la misma suerte.
El propio Anyelo ha sostenido que el hecho de que su caso se volviera viral a nivel internacional, ayudó a su salida de la cárcel, pero que había muchos desconocidos que sí continuaban presos.
La visibilidad de estos casos parece haber inclinado la balanza a su favor. Sacarlos momentáneamente de prisión calmaría un poco el estado de opinión en redes y los titulares ahora versarían sobre los liberados, la “rectificación”, y la justicia. Mientras, se desviaba el foco del resto, de los que siguen en la cárcel, y cuyos nombres se pierden en un listado de más de 600 denuncias.
Muchos no tienen amigos reconocidos que hablen por ellos o familiares decididos a declarar.
Yohan Curbelo, el hermano de una joven que se unió a las manifestaciones en La Habana y fue condenada a 10 meses de cárcel, denuncia que la Seguridad del Estado presionó a su familia en los primeros días de la detención.
La amenaza de los agentes fue clara, si ellos continuaban divulgando en redes que Magdelys había estado desaparecida e incomunicada le iría peor.
Ellos, por miedo, callaron, pero de nada sirvió. La muchacha de 22 años fue condenada a 10 meses de cárcel.
Entonces su hermano decidió que ya no podían hacer silencio y contó con detalles en Twitter de lo sucedido. Etiquetó a periodistas y tuiteros de influencia. Su publicación fue compartida 4.5 mil veces desde su perfil, entre otros por Agustin Antonetti, un tuitero argentino que el régimen ha acusado de ser instigador de las protestas. De igual modo se viralizó en Facebook.
Unas dos horas después, las autoridades llamaron a la familia de Magdelys. Podían ir a recoger a la muchacha. Esperaría en casa el resultado de la apelación, solo debían dejar de postear en redes.
Yohan está seguro de que fue la visibilidad del caso y el alcance de algunos de los que denunciaron lo que sacó a su hermana de la cárcel.
Yeneisy asegura que solo había ido por pan
El 22 de julio, 11 días después de su detención, Yeneisy Hernández fue procesada junto a otras 11 mujeres que habían detenido en distintos puntos de la ciudad, que no se conocían ni habían sido apresadas en las mismas circunstancias.
Aunque es común sancionar a varias personas en una audiencia pública, sí debe haber identidad en los hechos, es decir, los acusados deben haber cometido un hecho en el mismo lugar, momento y circunstancias.
La abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, explicó a CubaNet que ha tenido conocimiento de que han procesado a grupos de ciudadanos en contextos similares tras las protestas. En estas audiencias no se ha contemplado “la falta de identidad entre los casos y la responsabilidad penal es individual. Lo cual constituye una violación del debido proceso”.
Dailín se enteró un día antes del juicio y apenas logró conseguir un abogado con la premura. En el tribunal vio por primera vez a su hermana Yeneisy.
“Aún tenía hematomas en los brazos de la llave de inmovilización que le aplicaron y me repetía una y otra vez que era una injusticia, que los policías la metieron a la fuerza en la patrulla cuando iba por la calle. Al parecer ellos imaginaron que se dirigía a las protestas de la Virgen del Camino. Ella intentó explicar que solo buscaba por pan, pero no la escucharon”.
En el juicio declararon dos oficiales y una instructora penal. Ninguno de ellos pudo asegurar que Yeneisy era parte de la manifestación. Argumentaron que eran cientos de personas y no podían recordar todos los rostros. Cinco horas después anunciaron el veredicto: un año de cárcel, la pena máxima por el delito de desorden público.
“Allí no se dijo nada que probara que mi hermana era culpable, ni siquiera fue detenida en la manifestación. Ella tampoco tiene antecedentes, y aun así va a perder un año de su vida”.
Dailín sintió que cada minuto que estuvo en el tribunal era parte de una farsa. Algún tipo de ritual burocrático donde poco importaba qué dijeran los testigos, o que las pruebas de culpabilidad fueran inexistentes. Ya la orden estaba dada y las doce mujeres juzgadas ese día tenían sus condenas. La aplicación de la ley fue selectiva para ellas. Todas fueron condenadas, mientras los miembros de los grupos de respuesta rápida que salieron a la calle con palos no han sido procesados.
En el caso de Yeneisy no puede asegurarse siquiera que era una manifestante pacífica que ejercía un derecho constitucional, que hasta el mismo presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba reconoció. La cubana de 33 años sostiene que era solo una transeúnte en el lugar equivocado. Una guardia de seguridad desempleada que no tiene más familia que su hermana. Dos personas comunes, sin amigos famosos o llamativas historias que despierten el interés de medios internacionales. Yeneysi no tiene quien haga campaña por ella para darle visibilidad. Quizá por eso continúa en la cárcel, a pesar de que solo salió por pan.
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