MADRID, España.- El Tribunal Provincial de Mayabeque rechazó la apelación de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, condenados a 6 y 8 años de privación de libertad respectivamente por su participación en las manifestaciones del 11 de julio pasado en San José de las Lajas.

“Se hace evidente la parcialidad del tribunal al desacreditar los medios probatorios de defensa con argumentos superfluos sin confrontarlos con otras pruebas”, dijo el abogado Reynel Gustavo Brito López.

Según informó Radio Televisión Martí, el abogado alegó que las sanciones impuestas a los jóvenes, acusados de desórdenes públicos, desacato y atentado, “resultan severas” y “sin correspondencia con los adecuados antecedentes de conducta que les obran acreditados a los inculpados”.

Nadir, profesor de idiomas, y Jorge, cibernético, fueron juzgados el pasado 25 de enero, en un juicio “plagado de irregularidades y mentiras, con fiscales que no tuvieron consideración y cometieron perjurio”, dijo su madre, Marta Perdomo.

“El abogado desmanteló las ‘pruebas’ de la Fiscalía, pero ya esas sentencias estaban acordadas. (…) Estamos viendo las injustas sanciones para Nadir y Jorge y para todos los presos políticos del 11J. Pedimos libertad para todos”, expresó la señora.

Los hermanos fueron arrestados el 17 de julio de 2021. Tras 51 días en la “Prisión del Sida” fueron trasladados a la cárcel de Quivicán. Actualmente Nadir permanece en esta prisión y Jorge en Melena del Sur.

Ambas cárceles están a más de 30 kilómetros de distancia de la vivienda de su madre, quien explicó: “Para llegar hasta allá tengo que pagar un carro que me cuesta 1,500 pesos. El chofer, por consideración a nosotros, me deja el viaje en 1,200 o 1,300 pesos. Pero tengo que viajar dos veces, porque están separados”.

A mediados del mes en curso, la Embajada de Estados Unidos en Cuba denunció las sentencias contra Nadir y Jorge Martín Perdomo.

“Hermanos, ex educadores, respetados miembros de San José de las Lajas: Jorge y Nadir Perdomo, condenados a 8 y 6 años de prisión por protestar pacíficamente el 11J. Sin sentido. Todos los manifestantes del 11J merecen estar en casa con sus familias”, manifestó a través de Twitter la sede consular.

Hermanos, ex educadores, respetados miembros de San José de las Lajas: Jorge y Nadir Perdomo, condenados a 8 y 6 años de prisión por protestar pacíficamente el #11J. Sin sentido. Todos los manifestantes del #11J merecen estar en casa con sus familias. #PresosPorQué

— Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) April 12, 2022

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MADRID, España.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) desmintió la campaña difamatoria del régimen cubano contra los participantes en las protestas populares del pasado 11 de julio.

“Estamos condenando las sentencias que han emitido estos tribunales contra los manifestantes, que lo único que hicieron fue ejercer su derecho a la libertad de expresión y de manifestación, que no son unos delincuentes, son ciudadanos de bien que ahora la propaganda del régimen quiere presentar como delincuentes, cuando todos sabemos que se trata de personas de a pie, cansadas de la situación económica y social que vive el país”, dijo a Radio Televisión Martí el director de estrategia del OCDH, Yaxis Cires.

Un documento presentado este miércoles por la entidad con sede en Madrid reflejó que el 77% de los condenados no tenían antecedentes penales.

Las informaciones recogidas en cinco sentencias (8/2022, 6/2022, 10/2022, 5/2022 y 9/2022) del Tribunal Provincial Popular de La Habana, que involucran a 110 ciudadanos, desmienten la propaganda de difamación de las autoridades de Cuba, “sobre que los manifestantes son, en su gran mayoría, delincuentes comunes”, apunta el texto.

El director ejecutivo del OCDH, Alejandro González Raga, agregó que “incluso en los casos con antecedentes penales, hay que respetar el derecho a la libre manifestación y durante los procesos judiciales, la presunción de inocencia”.

El documento expone además que la mayoría de los encarcelados en estos procesos son personas de entre 16 y 30 años; el 9% de los condenados son mujeres y el 25% emprendedores.

Mientras que, en cuanto a las edades, el 26% son menores de 21 años, el 35% tiene entre 21 y 30 años, el 21% entre 31 y 40 años, el 10% entre 41 y 50, y el 6% entre 51 y 60 años. Casi el 2% tiene más de 61 años.

El OCDH precisó también que entre los abusos cometidos “aparece el sitio de viviendas (87), los hostigamientos (69), multas (36), citaciones (30) y amenazas (28), entre otros”.

Ante esta situación, Alejandro González Raga pidió “urgentemente la aplicación de las sanciones individuales contra los violadores de Derechos Humanos en Cuba, tal y como aprobó el Parlamento Europeo en septiembre de 2021” e instó “a los Estados miembros de la Unión Europea a solicitar dichas sanciones al Consejo”.

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MADRID, España.- El régimen cubano dictó sentencias contra 128 manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021 en la Esquina de Toyo, en el municipio de Diez de Octubre, y en el reparto La Güinera, municipio de Arroyo Naranjo. 

Más de 30 de los acusados recibieron las excesivas condenas de entre 20 y 30 años de privación de libertad por los supuestos delitos de Sedición y Hurto. 

De las 129 personas juzgadas entre el 14 de diciembre de 2021 y 3 de febrero de 2022 solo fue absuelto Nayn Luis Marco Molinet, por no demostrarse su participación en los hechos.

Las mayores condenas fueron para Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven, sentenciados a 30 años de privación de libertad. 

Según una nota de prensa publicada por el Tribunal Supremo Popular, los acusados provocaron “graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana”.

Con respecto a los manifestantes de Toyo, las autoridades del régimen consideraron que “obedeciendo instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior, intentaron subvertir el orden constitucional, de forma violenta”.

Mientras que sobre los acusados de La Güinera, manifestaron: “Salieron a las calles de ese territorio y convocaron a los transeúntes y vecinos a que se les unieran; lanzaron piedras, palos, botellas y cocteles molotov contra agentes del Ministerio del Interior y otros trabajadores de instituciones estatales presentes en el lugar”.

En las manifestaciones de La Güinera murió el joven Diubis Laurencio Tejeda, debido a un disparo del subteniente de la Policía Yoennis Pelegrín Hernández. 

Entre los sentenciados este 16 de marzo se encuentran 6 menores de edad, para quienes se ignoró la reducción de condena pedida por el fiscal. 

Son los casos de: Brandon Becerra (13 años de prisión), Kendry Miranda Cárdenas (19 años de prisión), Lázaro Noel Urgellés Fajardo (14 años de prisión), Rowland Jesús Castillo Castro  (18 años de prisión), Giuseppe Belaunzarán Guada (10 años de prisión) y Brayan Piloto Pupo (13 años de prisión).

De igual forma, el tribunal dispuso en su sentencia, “como responsabilidad civil de los acusados, la obligación de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas a consecuencia de los hechos cometidos y reparar los daños ocasionados a las entidades”. 

El grupo de trabajo sobre desapariciones y detenciones arbitrarias Justicia 11J ha registrado hasta la fecha la detención de 1 442 personas relacionadas con las manifestaciones del 11J. De ellas, 756 continúan en centros de reclusión, 14 de las cuales son menores de 18 años y 77 son mujeres.

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MADRID, España.- El gobierno de Estados Unidos volvió a condenar la violación de los Derechos Humanos por parte del régimen cubano y su incapacidad para proteger las necesidades más básicas del pueblo.

Durante conferencia de prensa desarrollada este martes, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, al referirse a las protestas populares de julio de 2021 ocurridas en Cuba, señaló que el Gobierno cubano respondió “con su marca registrada de represión a sus propios ciudadanos”.

“Una vez más, en lugar de centrarse en su propia prestación de servicios, su propia gobernanza, la protección de los derechos dentro de la sociedad, el régimen ha respondido con represión”, agregó.

Price destacó que su país apoya los derechos de los cubanos a ejercer su libertad de expresión y reunión pacífica y reiteró el llamado a las autoridades en la isla a respetar estos derechos y liberar a los injustamente detenidos por protestar pacíficamente.

“Nadie debería ser juzgado, nadie debería ser encarcelado, por ejercer un derecho que es tan universal en Cuba como lo sería en cualquier otro lugar”, manifestó el portavoz.

El funcionario se refirió además a las medidas impuestas por Estados Unidos al Gobierno de Cuba desde el 11 de julio del año pasado, para “promover la rendición de cuentas contra aquellas personas y entidades responsables de las violentas represiones contra manifestantes pacíficos el verano pasado y en las siguientes semanas”.

Con respecto a tales sanciones, Price aseguró: “Continuaremos buscando formas de promover la rendición de cuentas y defender, proteger y promover lo que deberían ser los derechos universales del pueblo”.

En julio pasado, la administración estadounidense sancionó a la policía cubana y a dos de sus líderes por sus acciones para reprimir las protestas pacíficas.

Posteriormente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT) por la represión desatada contra los participantes del 11J.

Por las mismas razones, en enero de este año el Gobierno de EE. UU. impuso restricciones de visa a ocho funcionarios del régimen.

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MADRID, España.- La Fiscalía General de la República de Cuba (FGR) informó este 25 de enero, por primera vez, sobre los juicios que el régimen cubano está desarrollando contra los participantes en las protestas populares de julio del pasado año.

Aunque el Gobierno de Cuba se ha mantenido haciendo “mutis” al respecto, a pesar de las demandas de información, la entidad manifestó que “constituye un deber continuar informando al pueblo y a la opinión pública internacional sobre la respuesta legal dada a los hechos ocurridos el 11 de julio de 2021”.

A través de un comunicado publicado por el medio oficialista Cubadebate, la FGR consideró las manifestaciones como “graves” y “que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad del Estado socialista”.

Según el documento, la Fiscalía General “recibió 117 expedientes de fase preparatoria correspondientes a los hechos de mayor connotación, con 790 personas instruidas de cargo por actos vandálicos”.

De ellos, se han presentado 110 expedientes a los tribunales, con 710 acusados para ser juzgados.

Sobre 115 acusados que tienen entre 16 y 20 años de edad, la FGR expresó que se determinó ejercer la acción penal “por la gravedad de los hechos cometidos”.

Sobre 55 acusados, entre 16 y 18 años de edad, indicó que 28 de ellos están “asegurados con la medida cautelar de prisión provisional”. Mientras que a un total de 18 se les modificó la solicitud de sanción, por otras de menor severidad.

De los 60 que tienen entre 19 y 20 años de edad, 41 están “asegurados con prisión provisional”, apunta la información.

En su declaración la Fiscalía expuso que “sostener la acusación ante los tribunales, en todos los casos estuvo basada en los medios de prueba aportados, entre ellos las declaraciones de testigos y víctimas, peritación de videos publicados en diferentes medios y otros ocupados, que permitieron la identificación de los imputados en hechos que tipifican delitos de desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robos con fuerza y violencia, atentado, sabotaje y sedición”.

De acuerdo a la entidad, se atendieron a 508 ciudadanos que solicitaron información sobre estos procesos penales y se tramitaron 238 quejas o peticiones.

“La Fiscalía General de la República reitera que actuará de conformidad con el encargo constitucional, en el marco de la legalidad, con apego al debido proceso, la protección de los intereses del Estado y el respeto al derecho de todos los ciudadanos”, concluye el documento.

Organizaciones nacionales e internacionales muestran una realidad diferente

La falta de visibilidad en los juicios, la violación de las leyes del derecho penal, la escasez de pruebas contra los acusados y lo excesivo de las medidas ha sido denunciado durante meses por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y los propios familiares de los detenidos.

Este mismo lunes el Centro para una Cuba Libre aseguró que los juicios contra los manifestantes del 11 de julio de 2021 forman parte de “una campaña de terror del gobierno cubano para silenciar la disidencia en Cuba”.

Mientras que plataformas como Justicia 11J y Cubalex se han mantenido reportando las detenciones arbitrarias, el acoso a los familiares de los presos políticos y el desarrollo de los procesos a “puertas cerradas”.

Por su parte, Estados Unidos también les ha dado visibilidad internacional a través de su campaña #PresosPorQué? (Jailed For What, en inglés).

A principios de este mes el grupo Prisoners Defenders exigió que los medios de prensa y diplomáticos dieran cobertura a estos juicios, y manifestó que “la prisión arbitraria de miles de personas por motivos de conciencia es un crimen de lesa humanidad”.

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MADRID, España.- Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, hizo un llamado a la comunidad internacional para unirse en la denuncia de los juicios que el régimen cubano desarrolla contra los participantes en las manifestaciones populares del pasado 11 de julio.

“No ignoraremos estas injusticias e instaremos a la comunidad internacional a unirse a nosotros”, escribió el funcionario en Twitter este jueves.

Nichols señaló que durante esta semana 45 cubanos se han enfrentado a juicios falsos.

“Más de 260 han sido juzgados desde el 13 de diciembre, incluidos adolescentes amenazados con sentencias de prisión más largas de lo que han estado vivos”, agregó el diplomático. 

Brian A. Nichols, acompañó su publicación de un mapa en el que grafica la cantidad de personas juzgadas por provincia.

 

Este mismo 20 de enero, la Embajada de Estados Unidos en Cuba también se pronunció contra los procesos judiciales y exigió la liberación de los manifestantes.

La sede diplomática se refirió al caso específico de Emiyoslan Román Rodríguez, quien cumplió sus 18 años de en prisión y se enfrenta a juicio el supuesto delito de sedición.

 

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MADRID, España.- Comienza este jueves, en el Tribunal Provincial de Mayabeque, el juicio contra las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, y otros 5 participantes de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba. 

Las hermanas Garrido fueron detenidas el 12 de julio en Quivicán cuando se disponían a ir a la estación policial de su localidad para obtener información sobre sus amigos arrestados en las manifestaciones. 

Según explicó a Radio y Televisión Martí, Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido, “a las dos las arrastraron y las proyectaron contra el suelo. Luego las cargaron, por las manos y por los pies, y las introdujeron con las cabezas hacia el suelo y las piernas hacia arriba dentro del auto del jefe de la policía”.  

Tras la detención, las trasladaron a la Prisión de Mujeres de Occidente, en el Guatao, La Habana, donde permanecen separadas.

Acusadas por los supuestos delitos de atentado, desorden público y desacato, la Fiscalía pide para ellas entre 10 y 15 años de privación de libertad.

Según explicó Luis Rodríguez, en la noche del 11 de julio “un grupo de muchachos, muy pasados de tragos, se fajaron con la policía”, y “según un agente, María Cristina estuvo en esa bronca y había golpeado a un policía por atrás y se había ido”.

“Entonces, según los instructores, había quedado pendiente ese arresto, cuando esa noche se había ido la luz y todo el mundo salió para los portales por el calor y los mosquitos que hay dentro de las casas, y el mismo delegado de la circunscripción es testigo de que ella estaba aquí (en la casa)”, agregó Rodríguez. 

También serán procesados este 20 de enero Giorbis Pardo del Toro, Alexis Pedro Acosta Hernández, Osmany Hernández Rodríguez, Yanet Sánchez Cocho y Patricia Lázara Acosta Sánchez. Para ellos las autoridades represivas cubanas piden entre 7 y 18 años de prisión. 

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MIAMI, Estados Unidos. – Amnistía Internacional (AI) condenó este miércoles los juicios celebrados en Cuba contra los ciudadanos que se manifestaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de esa organización, aseguró en Twitter que con los juicios contra los manifestantes del 11J el régimen cubano intenta dar un escarmiento a la sociedad civil, cada vez más activa contra las violaciones de derechos humanos en la Isla.

“Esta semana inician juicios contra personas detenidas por ejercer sus derechos humanos en Cuba. Estos juicios, que carecen de garantías de juicio justo, son un castigo y un nefasto mensaje que envía el gobierno a la población que ejerció su derecho a protestar”, aseguró la jurista mexicoamericana.

Los juicios contra los manifestantes del 11J se han caracterizado por el hermetismo gubernamental, por la falta de garantías de los acusados y por las severas condenas emitidas contra muchos de los implicados en las protestas.

A finales de diciembre, más de 30 ciudadanos de la localidad habanera de La Güinera recibieron sentencias de entre  12 y 30 años, según pudo comprobar CubaNet.

El pasado viernes 7 de enero trece de los manifestantes que participaron en las protestas del 11J en el municipio de Artemisa, en la provincia del mismo nombre, recibieron sus sentencias que oscilaron entre cuatro años de limitación de libertad bajo supervisión hasta 12 años de cárcel.

El portal digital Diario de Cuba refiere que otros 66 presos del 11J enfrentan a juicios esta semana. De este total, 16 corresponden a un juicio en Villa Clara, a cargo de la fiscal Dayli Carrazana Rodríguez; 20 en La Habana, incluidos jóvenes acusados del delito de sedición, a cargo del fiscal Susdinay Acosta Traba; 21 personas en Holguín, también acusados de sedición, a cargo fiscal Fernando Sera Planas; y nueve detenidos en Güines, Mayabeque.

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