MIAMI, Estados Unidos.- Los cubanos residentes en el exterior pueden participar como inversores en su país en las mismas condiciones que un extranjero, eso dijo este viernes el Gobierno de la Isla a través de la prensa oficialista.

La directora general de Inversión del Ministerio de Inversión Extranjera (Mincex), Deborah Rivas, declaró en una entrevista a Cubadebate que la posibilidad de que los cubanos emigrados puedan invertir en Cuba se contempla en la Ley 118 de la Inversión Extranjera, aprobada en 2014.

En ese sentido Rivas señaló que la definición de inversionista extranjero en esa legislación “no señala en ningún lugar la ciudadanía u origen, pero sí queda claro que el inversionista tiene el domicilio y capital fuera de Cuba”.

Asimismo, aclaró que los ciudadanos nacidos en la isla que viven en otros países tienen que acogerse a la Ley de Inversión Extranjera porque “no son residentes permanentes en Cuba. Su capital y sus negocios radican fuera del país y la entrada de esos recursos que aportarán para el negocio es un flujo de inversión que no tiene su origen aquí”.

“Como hemos explicado, no hay distinción en el trato a los inversionistas extranjeros que sean cubanos residentes en el exterior. Igual que para el resto de los inversionistas, el tipo de establecimiento responderá al proyecto que se proponen realizar”, dijo la funcionaria del régimen.

El pasado 31 de mayo el ministro de Comercio Exterior y para la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, escribió en su cuenta de Twitter que “la ley 118 de Inversión Extranjera no establece ninguna limitación respecto al origen del capital. En ese sentido los ciudadanos de origen cubano no están limitados para invertir en #Cuba”.

Sobre las condiciones que deberá cumplir un cubano emigrado para convertirse en inversionista extranjero en el país caribeño, Rivas recalcó que son las que establece la legislación, y para presentar un proyecto al Mincex deben hacerlo a través de un órgano, organismo o entidad nacional patrocinador.

En ese sentido, explicó que los patrocinadores son las instituciones cubanas encargadas de presentar al Mincex los proyectos del inversionista extranjero que se correspondan con los sectores de prioridad que se encuentran en la Cartera de Oportunidades de Negocios publicada cada año desde 2014.

LA HABANA, Cuba.- En declaraciones formuladas al periódico oficialista Trabajadores (“La economía cubana tiene potencial”, edición del pasado 14 de enero), el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, reconoció que el incumplimiento del plan de inversiones no solo aconteció en el 2018, apuntó que “se trata de una situación crónica, no coyuntural”.

En efecto, las inversiones en la economía cubana llevan más de quince años quedándose por debajo de lo programado en los planes anuales. En ocasiones la diferencia entre el plan y la realidad ha sido alarmante, como sucedió en el año 2006 -el último bajo la dirección de Fidel Castro-, cuando de un plan de 8 mil millones de pesos a ejecutar, únicamente se llegó a los 4 mil millones, para un escaso 50%.

A lo anterior se agrega que la tasa de inversión de Cuba no rebasa el 11% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que estudios académicos indican que se precisa de una tasa de alrededor del 20% del PIB para garantizar el crecimiento sostenido de la economía nacional.

Ante la pregunta de “¿cómo podría revertirse semejante comportamiento de las inversiones?”, el ministro respondió con evasivas. Se limitó a expresar que “El tema es complejo, y es una prioridad de trabajo del ministerio, del país, y es parte central de la batalla económica”.

Lo cierto es que el gobierno cubano carece de los recursos materiales y financieros necesarios para llevar adelante un proceso inversionista que satisfaga los requerimientos de la economía. Por otra parte, las deficiencias de todo tipo que se aprecian en los programas constructivos impiden la terminación en tiempo, y con la calidad adecuada, de obras clave para sectores como el turismo y la industria.

La Ley de Inversión Extranjera de 2014 pretende atraer capital, materias primas y tecnologías foráneas, con vistas a suplir las limitaciones antes mencionadas. Sin embargo, la respuesta de los inversionistas extranjeros ha sido sumamente lenta, pues hasta el momento han participado con menos del 10% de la inversión total del país.

En medio de tal descalabro, los gobernantes de la isla continúan negando la posibilidad de que los ciudadanos residentes en el país puedan invertir a título personal. Cuando en alguna que otra ocasión ha salido a la palestra esa negativa, los funcionarios, con tal de eludir el problema se han referido al trabajo por cuenta propia como la vía que tienen los cubanos de la isla para participar en la vida económica de la nación.

Pero para nadie es un secreto que las trabas que afronta ese sector no estatal de la economía le impiden clasificar como un ente inversionista. Porque, ¿de qué inversión se podría hablar cuando se contempla con recelo la riqueza lícita que puedan obtener, o si se aprueban políticas fiscales que tienden a desestimular una contratación creciente de fuerza de trabajo?

No hay dudas de que una apertura a que los nacionales puedan invertir, lo mismo mediante fuentes propias que por vía de las remesas que reciban del exterior, sería una notable inyección de recursos a nuestra economía. Mas, una vez más, los mandamases de la isla anteponen las razones políticas a la lógica económica.

Incluso, esa discriminación que sufren los cubanos de Cuba es violatoria de la propia Constitución de la República, la misma que mediante el monopolio que ejercen sobre los medios de comunicación, se esfuerzan por hacer que los ciudadanos aprueben el próximo 24 de febrero.

No hay que olvidar que el artículo 42 de ese texto legal establece que “Todas las personas gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel,  creencia religiosa, discapacidad u origen nacional”.