LA HABANA, Cuba. – Trabajadores del sector privado en el municipio Habana Vieja denunciaron ante las cámaras de CubaNet estar sufriendo “asedio y hostigamiento” por parte de inspectores de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). 

“¿Hasta cuándo vamos a estar permitiendo estas cosas en este país, con la situación tan crítica que hay, con los problemas tan grandes que tiene este pueblo? Están trabajando para que este Gobierno se caiga porque cada día irritan más al pueblo”, denunció el chofer de bicitaxi Antonio Font Carreño, quien fue multado con 500 pesos.

El entrevistado consideró “injusta y arbitraria” la imposición de la multa por parte de una funcionaria de la Dirección Integral de Supervisión del municipio Habana Vieja, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley para prevenir indisciplinas e ilegalidades.

“La Policía también se está prestando para eso, para apoyar a los inspectores que están viniendo aquí a meterle multas a la gente, personas que tienen documentos y que pagan sus impuestos”, señaló Font Carreño, quien aseguró haber sido multado por detenerse unos minutos para saludar a una amiga.

“En ninguna parte del mundo tú ves este tipo de multas. Esta multa fue impuesta por parar a saludar a una persona; esto nada más se ve en Cuba y el Gobierno apoya eso”, denunció el agraviado.

Asimismo, el carretillero Guillermo Cabrera García, a quien en los últimos meses han multado en más de 10 ocasiones, se queja de que los inspectores “siempre encuentran la justificación para ponerte la multa”.

“Hay una inspectora que aunque te vea caminando, te para y te pega la multa; dondequiera que me ve es multa para arriba de uno”, apuntó García, multado con 1 500 pesos recientemente.

El anciano consideró que existe “represión” sobre los carretilleros que no entran en “negocio con los inspectores”, quienes, según García, exigen altas sumas de dinero a cambio de dejarlos trabajar en paz.

“A los que no tienen licencia los cogen y no pasa nada, y a los que tenemos (los inspectores) no dejan de ponernos multas”, precisó el anciano.

Por su parte, Oscar Macías Gómez calificó el actuar de la DIS como “una injusticia, porque no puede ser que todos los días pasen las mismas cosas cada vez que vienen los inspectores por aquí, y los únicos que le están brindando alimentos al pueblo de Cuba son los carretilleros, porque el Gobierno no da nada”, apuntó.

Sobre el tema, una funcionaria de la DIS del municipio Habana Vieja, que prefirió no ser identificada por miedo a represalias, explicó que los inspectores solo cumplen lo que está establecido en la legislación vigente.

“En el caso de los bicitaxistas, ellos saben que no pueden estar parados en lugares donde la ley lo prohíbe, y mucho menos hacer piquera; sin embargo, lo hacen. Con respecto a los carretilleros, su licencia especifica que deben estar moviéndose y que solo pueden detenerse cuando van a realizar una venta; no pueden estacionarse de forma fija en ningún lugar, y también lo hacen”, apuntó.

“Claro está, no quiere decir que nosotros los inspectores no podamos tener en cuenta, por ejemplo, la edad de la persona, y que hagan una paradita porque ya están cansados de arrastrar una carretilla todo el día. Pero eso ya es una valoración humana del inspector. Aunque reconozco que dentro de nuestras oficinas hay inspectores extremistas, te aseguro que son los menos”, concluyó.

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MIAMI, Estados Unidos.- Un video publicado en Youtube por Emilio Almaguer Cruz, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) muestra la situación de los vecinos de Baracoa (Guantánamo), quienes están indignados y han protestado frente a sus casas al ver cómo inspectores de Planificación Física en esta provincia recorren la ciudad en busca de escalones o muros que ocupan parte de la acera para echarlos abajo a martillazo limpio.

Los inspectores arremeten contra casas incluso donde viven ancianos o personas desprotegidas. “No se compadecen de nadie, ni de la gente vieja”, se quejó una damnificada.

“Están destrozando el concepto de Revolución, de justicia e igualdad. Ustedes no saben lo que es eso”, denunció otro vecino.

LA HABANA, Cuba.- Más sombras que luces arrojan los seminarios de capacitación para el reordenamiento del Trabajo por Cuenta Propia (TCP). Además de las disposiciones anunciadas, las administraciones municipales preparan paquetes de medidas que al margen de lo legislado, suponen un nuevo apretón de tuercas para los emprendedores cubanos.

Los seminarios transcurren en todo el país a nivel municipal, con el propósito de informar a autoridades y cuentapropistas sobre los cinco decretos-leyes, el decreto, las 14 resoluciones y demás medidas que dan cuerpo a la reforma que tendrá como punto de partida el próximo 10 de diciembre.

Desde hace tiempo los trabajadores independientes claman al gobierno la apertura de mercados mayoristas donde surtir sus negocios y la flexibilización de la política tributaria, entre otras exigencias necesarias para hacer progresar un sector que se mantiene a flote gracias al soporte que brinda el mercado subterráneo y las ‘vistas gordas’ que compran los sobornos.

Sin embargo, como reza el axioma, al que no quiere caldo se le dan tres tasas. Lejos de potenciar al sector, la respuesta gubernamental deja a más de un “pequeño empresario” con la soga al cuello.

En la capital, de acuerdo a la colaboración de diferentes fuentes seminariadas, las medidas ‘extras’ establecidas por los gobiernos municipales responden a “características o necesidades específicas de cada territorio”.

Caridad Ramos Calzado, especialista del Departamento Integral de Supervisión y Control (DISC), puntualizó que la fiscalización sanitaria de negocios dedicados a la gastronomía y de vendedores ambulantes de alimentos, unido al control de los comprobantes de compras de materias primas, tienen prioridad en la agenda de los cuerpos de inspectores.

Los controles higiénicos sobre el procesamiento y venta de alimentos, destaca Ramos, tendrán un rigor más fuerte en municipios de afluencia turística como Plaza de la Revolución, Playa, Habana Vieja y Centro Habana, donde la lupa hará zoom, además, sobre el porte y aspecto del personal en contacto con el público.

“No importa si es una paladar grande o un chinchal, no pueden usar utensilios desechables, fregar con cubos o latones o violar una serie de aspectos que conllevarían a multas de más de 1000 pesos, y en algunos casos, el cierre temporal o definitivo del negocio”, comentó Ramos.

De cumplirse lo establecido -fuera de las regulaciones- en cuanto a porte y aspecto, el perjuicio mayor caerá sobre los vendedores ambulantes de alimentos, cuyas filas en un alto por ciento se nutren de jubilados, discapacitados y otros segmentos poblacionales con problemas de acceso al mercado laboral.

“Para vender en la calle tienen que estar limpios y bien vestidos, relucientes. Se ven maniseros que en vez de comprar lo que dan es ganas de vomitar. Poco a poco vamos a visitar el domicilio de los vendedores y si allí no tienen una higiene adecuada no van a poder procesar alimentos, ni vender en las calles”, dijo.

En el marco de la gastronomía, el control del abastecimiento de cervezas mereció un punto y aparte en los seminarios de capacitación.

La cerveza, tanto nacional como importada, en el último trienio entró a la lista de productos con precios súper inflados en los puntos de venta privados.

Al respecto, Ariel Colomé Suárez, en representación de la Red Minorista del grupo CIMEX, anunció que las cadenas de tiendas que expenden cerveza, una vez puestas en marcha las regulaciones, no podrán vender más de 20 unidades por cliente.

Para adquirir el producto, de mucha demanda en Cuba, Colomé dijo que los cuentapropistas deben recurrir a las dos tiendas mayoristas habilitadas por el gobierno para dicha gestión, aunque en ellas habitualmente también escasea y cuando entra la venta se raciona a pocas cajas.

La medida buscaría reducir el desabasto en las tiendas destinadas al consumo minoritario del cliente común, así como los hechos de corrupción vinculados a la especulación que genera la escasez.

“Los almaceneros y los dependientes venden unas pocas cajas por el mostrador y el resto sale por la puerta de atrás para los cuentapropistas, a uno o dos pesos por encima del precio de la caja”, señaló Colomé. “Ahora quien incurra en ese tipo de hechos automáticamente pierde el trabajo y pasa a manos de la justicia”.

Al racionamiento de la cerveza se añade la imposición de metro contadores para medir el gasto de electricidad y agua potable en los establecimientos, con tarifas especiales -no divulgadas aún- para esos servicios, más la obligación de crear una cuenta bancaria y depositar un porciento de los ingresos mensuales como muestreo para el monitoreo tributario.

Para Juan Echavarría Portales, propietario de una cafetería que tiene en las pastas y cervezas su principal línea de ventas, en consecuencia, la rentabilidad de los negocios caerá en picada y forzará el cierre de los establecimientos con pocas ventas.

De acuerdo con Echavarría: “Casi todos los productos lo que dejan son centavos para cubrir las inversiones y el pago de la mano de obra. La cerveza es la que más ganancias aporta -entre 10 y 15 pesos por unidad- y se vende mucho. Si no puedes abastecerte según la demanda y encima hay que pagar más cosas, tienes que cerrar porque lo que ganas solo te alcanza para pagarle al gobierno”.

Otros negocios que pudieran cerrar, por falta de espacio o pérdida de visibilidad, son aquellos que funcionan al pie de la calle y portales.

Hace dos años el Instituto de Planificación Física (IPF) prohibió la actividad comercial en la primera línea de fachada. Sin embargo, en la práctica, sólo retrocedieron hacia el interior de las viviendas u otros locales, los vendedores de CDs y las ‘mesitas’ dedicadas a la venta de bisuterías, artículos de plomería, útiles del hogar y artesanías.

“Dejamos pasar muchos negocios, en especial cafeterías al borde de las aceras porque era un abuso obligar a derrumbar estructuras que requirieron cierta inversión, o porque no tenían otro espacio hacia dónde mudarse. Eso se acabó, la orden es barrer con todo el mundo”, refirió una inspectora del IPF que solicitó anonimato.

No obstante, en medio de las malas expectativas, una parte del sector confía en que muy pocas regulaciones llegarán a cumplirse al pie de la letra.

“La vida va a seguir igual. Por dinero baila hasta el mono y a los inspectores le sobran necesidades”, aseguró Eliades Fonseca, dueño de un ‘carrito’ de fiambres.

LA HABANA, Cuba.- Yadira tenía una meta que cumplir. Si no lo hacía, su salario, que promediaba unos 16 dólares al mes, se vería afectado. De igual modo, si sobrecumplía lo normado, es decir, la imposición de una multa diaria, multiplicaba por dos, tres y hasta cinco veces su sueldo, sin embargo, por mucho que se esforzaba y hacía cuentas, el dinero no le alcanzaba para cubrir las necesidades básicas de ella y su hijo.

Yadira es joven y estudió finanzas. Hasta hace apenas un mes fue inspectora de un Consejo de la Administración en un municipio de la provincia de Matanzas, y aunque su trabajo, según sus propias palabras, consistía “en combatir las ilegalidades” y “poner orden dentro del caos”, admite que su labor como funcionaria del gobierno fue solo una fachada que le aseguraba una entrada de dinero extra y que es imposible negarse a la corrupción.

“Me hice inspectora muy conscientemente de lo que había pero nunca me gustó abusar”, dice Yadira aun dudando de nuestra promesa de proteger su identidad y quizás hasta intentando justificar las cosas que hizo y por las cuales estuvo a punto de ir a prisión.

Hoy tiene 32 años pero trabajó como inspectora desde los 28, después de un período breve como “trabajadora por cuenta propia”, que es como el gobierno categoriza y hasta cierto punto “estigmatiza” a los empleados del sector privado.

“Me gradué y me puse a llevar libros de cuentas, eso me daba poco dinero pero me enseñó algunos trucos que me sirvieron como inspectora (…). Primero me hice fiscal de la ONAT (Oficina Nacional de Administración Tributaria) pero al año pasé al CAM (Consejo de la Administración Municipal) a atender a los cuestapropistas (…). Ya yo sabía que era como una mafia porque siempre hay una multa que poner, por mucho que la gente se cuide (…), no sé, si una mosca se posa en un vaso, yo puedo decir que hay falta de higiene porque no puede haber moscas, vaya, es un ejemplo, pero siempre hay motivos para poner la multa, por eso no hay más remedio que estar en buenas con el inspector”, apunta Yadira.

Como cualquiera de los más de 5 mil inspectores estatales que existen hoy en Cuba, Yadira, quiera o no, debía sancionar con multas o con cierres tan solo porque “así está establecido”.

“Yo debía poner, tan solo para cumplir la norma, unas 30 multas al mes (…), había días donde había que hacer más (…), por ejemplo, el jefe nos decía que teníamos que cerrar los negocios de la calle tal, porque el gobierno quería hacer algo en ese lugar, un parque o recuperar un local arrendado que los mismos cuentapropistas habían arreglado, entonces usaban a los inspectores (…). ¿Por qué ellos (el gobierno) no iban y les decían “tienen que irse de aquí”? Porque para eso estábamos nosotros. Empezábamos a meter multas y más multas hasta que se cansaban, eso era criminal”, reconoce Yadira. 

Son una mafia

Frank tiene una cafetería en la misma ciudad de Matanzas. Como en los alrededores confluyen varios centros escolares, su negocio ha prosperado lo suficiente como para hacerle pagar 200 pesos (8 dólares) diarios a un inspector estatal tan solo para que, como él mismo dice, le “perdonen la existencia”.

“Hay días que sin vender nada yo tengo que pagarle los 200 pesos, si no me cierran (…), y no puedes quejarte, no puedes denunciarlos porque es una mafia (…). No es que yo tenga las cosas mal, ni que yo venda comida en mal estado, ni robada, nada de eso, es que estamos en Cuba y en una pelea entre el gobierno y cualquiera, siempre van a tener las de ganar (…), mejor pago y ya”, comenta Frank quien además se extiende en otros detalles de su situación de chantajeado.

“La primera vez vienen y empiezan a pedirte papeles y más papeles, declaraciones, recibos del banco, de la tienda, cosas que uno no tiene arriba, que uno las tiene en la casa (…). Vienen a la misma hora en que hay más venta y entonces tienes que parar, y están horas y horas en lo mismo hasta que ya tu sabes lo que quieren. (…) Tú estás desesperado por vender, son unos canallas, entonces muchos no quieren que les des el dinero en la mano sino que se lo pongas dentro de un pan o que se lo mandes con cualquier chiquito de estos que vienen a comer, a veces son hasta sus propios hijos que están en esa escuela (te dicen) ´oye, dice mi mamá que le mandes lo de ella´, eso da pena, educan a esos niños en el chantaje (…). Ya no, pero por aquí pasaban todos los días hasta diez inspectores. Son como buitres. Ahora solo vienen los mismos de siempre pero no pasa nada porque todos ellos saben, son una mafia”.

En una situación en apariencias similar se encuentra Mirta, la administradora de un centro recreativo en las afueras de Matanzas. Sin embargo, a diferencia de Frank, esta empleada estatal ha sabido manejar la situación de chantaje a su favor y hasta se jacta de su “astucia”.

Al no ser la dueña del local, perteneciente a la Empresa Provincial de Comercio y Gastronomía, la prosperidad personal de Mirta no obedece a su honestidad como asalariada estatal sino al hábil manejo de unos mecanismos de control diseñados por un sistema burocrático que estimula la corrupción porque depende de esta.

“No te digo que no lo sea (chantaje) pero en este país una mano lava la otra. No lo puedo ver como un chantaje porque yo también los uso. Es como un pago por protección, es una inversión (…). A mí siempre se me han dado los negocios, nací para eso y nunca he tenido problemas”, admite Mirta bajo nuestra promesa de no revelar su verdadera identidad: “Por aquí pasan muchos turistas, yo recibo todo tipo de comida, carne de res, camarones, pescado bueno, jamones, quesos, así que te imaginas la lluvia de inspectores, auditores, policías, de todo pasa por aquí y todo el mundo quiere lo suyo (…). Bueno, a cambio me dejan tranquila (…). Te digo, aquí al lado abrieron una paladar que me empezó a hacer la competencia, me robaba todos los clientes, hasta que me cansé, le dije a una inspectora ´desaparécelos´, ´ciérralos´ y eso no duró ni quince días (…), este es mi territorio y hay que contar conmigo”, dice Mirta.

Burocracia contra la corrupción

Los inspectores estatales son usados por el gobierno para asediar a los cuentapropistas. Son un mecanismo de extorsión. Área de trabajadores por cuenta propia en Centro Habana. Foto P. Chang

El cuentapropismo es centro de los ataques de los inspectores estatales. Estos se han convertido en un obstáculo para la prosperidad de la inciativa privada. Foto P. Chang

Aunque Daniel estudió Ingeniería Mecánica y se graduó hace ya unos quince años, actualmente no ejerce su profesión. Lo hizo durante un tiempo pero apenas sobrevivía con el salario estatal que cobraba. Fue un amigo de la universidad quien le habló de un “curso para inspectores” convocado por el gobierno provincial de La Habana hace ya seis años pero, además, le habló de las ventajas económicas que obtendría una vez graduado.

Fue ese mismo amigo a quien debió pagar 100 dólares para la matrícula, más otros 100 dólares que se le fueron en obtener avales del Partido Comunista y de otras instancias del gobierno para poder aplicar al adestramiento. No obstante, valió la pena lo invertido, una cifra que fuera de la isla pareciera ser muy poca pero que en el contexto cubano supone un sacrificio descomunal.

En solo dos años como inspector, Daniel logró aquellas cosas materiales a las que jamás pudo aspirar desde su puesto como ingeniero y todo eso sin apenas salir de su casa.

“Los primeros meses sí, pero después fue sentarme a esperar por lo mío. Yo no tengo que salir de mi casa a nada. Un día salgo, pongo un par de multas a un par de infelices y ya”, cuenta Daniel: “Como inspector tú no atiendes casos en específico, supuestamente trabajas como al azar, pero la realidad es que eso no funciona así (…). Cada inspector tiene sus casos, estos son los casos de mengano, estos son los de fulano, y estos son los míos, si tu tocas (perjudicas) a uno mío, yo toco a uno tuyo, te doy donde más te duele, pero la cosa es que se llega a un acuerdo y todo el mundo sale ganando, todo el mundo tiene necesidades (…). Si alguien no quiere pagar, tiene que cerrar el negocio (…). A veces aunque sea un caso tuyo tienes que cerrarlo, entonces es cuando viene el problema (…). Porque es que el gobierno (se refiere a las autoridades del gobierno local) te pide que cierres tal negocio, porque el tipo les cae mal, porque la mujer de un dirigente está pegándole los tarros con el dueño de una paladar (restaurante no estatal) o porque existe un trato que el tipo no cumplió, por lo que sea, entonces eso se escapa de tus manos (…). Lo que hago yo es que aviso a los míos, les digo si está pasando algo y ellos hacen lo que tienen que hacer”.

En los últimos años pero con raíces en los inicios del régimen comunista, la palabra “inspector” en Cuba se ha convertido para muchos en sinónimo de chantaje y estafa pero, además, de injusticia y oportunismo debido al papel que este desempeña en la extensa y enredada cadena de corrupción que ha mantenido y profundizado la crisis que atraviesa la isla.

Las diversas fórmulas creadas por el aparato de gobierno desde 1959 hasta el presente para luchar contra las ilegalidades, todas basadas en la complejización del aparato burocrático, paradójicamente han servido para ampliar el abanico de contradicciones y esquivar las responsabilidades ante el desastre económico.

LA HABANA, Cuba.- “Yo no le tengo miedo a los inspectores”, dice uno de los pintores que venden en la esquina de San Miguel y Galiano. “Esto está aprobado por el director provincial del poder popular”, se reafirma, como si sus palabras fueran una garantía.

En Cuba hay dos grandes grupos de cuentapropistas frente a los inspectores: los que tienen los papeles en orden y los que pueden pagar un “gran soborno”.

El 27 de agosto, en el área de venta para los trabajadores por cuenta propia La Caridad, situada a un extremo de la calle Galiano, hubo un intento de decomiso masivo de la ropa que venden allí.

Según un exfuncionario del Poder Popular de Centro Habana, “eso fue un hecho totalmente ilegal porque esas no son funciones de la policía”, y explica: “Para realizar cualquier tipo de decomiso debe estar presente un cuerpo de inspectores, la científica —o sea, peritos— y, como apoyo, la policía. Además puede o debe de haber alguien de Fiscalía, pero nunca un camión de policías semiuniformados como dicen que pasó”.

Según testimonios de los vendedores, en la puerta “se paró” un hombre que suele ser “bukenke” en el parque “El Curita” y gritó: “Déjenme eso así mismo”, pero tras la gritería, los policías tirándose del camión y el cierre de las puertas, no pasó nada. Minutos después, vendedores y dueños se llevaba su mercancía por la puerta trasera.

La Caridad es uno de los primeros espacios creados después que el gobierno decidiera prohibir la venta de artículos importados y es el primero de lo que podría llamarse una cadena de establecimientos Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) situados a lo largo de toda la céntrica Galiano. Sin embargo, ninguno ha recibido un ataque similar y todos venden lo mismo.

“No sé si es resultado de una ley mal redactada o mal aplicada. Yo lo que sé es que esto está del carajo”, dice una desconocida que quiere comprar un par de zapatos marca Lacoste en la TCP Salón Galiano, “Pregunté allí y no supe, hasta que la dueña me aclaró que costaban 35 (CUC), porque lo que ellos llaman promotores me dieron como tres precios diferentes: 45, 40 y finalmente 35”.

Cataloga las TCP como “candongas controladas” porque “son los mismos sujetos de La Cuevita revendiendo cosas; pero si no es así, dónde y cómo”.

A la clasificación de “candonga” que da la desconocida se le podría agregar que todas las TCP padecen de lo mismo: hacinamiento, un calor que se convierte en vaho y en que ninguno vende artesanía.

Otro entrevistado que dice llamarse Luis se ha dado cuenta de otros detalles: “Solo los dos primeros puestos venden artesanía, el resto es baratija, ropa de afuera, y te tratan bien hasta que se dan cuenta de que no vas a comprar. Entonces eres mierda. ¿Qué se ha creído esta gente, eh? Es como si no le tuvieran miedo a nada ni a nadie”.

Hace un análisis más profundo mientras ve “joyas” de acero quirúrgico: “Los del problema no son ellos, no”, y se refiere a los vendedores. “Es que los han puesto a todos en la misma categoría. No puede ser que una persona que produzca lo que vende, que se esfuerce, esté en el mismo punto que estos que revenden. Es como si les intentaran bajar la autoestima a los que pueden crear, a los que están haciéndose con sus ideas de sus propias empresas”, comenta Luis, y deja claro que “emprendedores” no pueden ser todos.

Remata: con que “este es el resultado de una pila de cosas que pasan en este país y de las que nadie habla”.

Hay quienes dicen que en las TCP “no hay por qué temerle a los inspectores” porque “los vendedores lo tienen todo bajo control”, y aunque “nadie se vuelve rico allí, sí alcanza para pagar” lo que sea necesario.

En las TCP “nadie suelta prendas”, dice Odalys, quien alguna vez vendió en la esquina de Galiano y Neptuno, un espacio en remodelación para que cumpla las mismas funciones de antes.

“El sistema es lo que está jodido”, y parece una verdad de Perogrullo. “La palabra no es miedo, pero se vive con tremendo sobresalto porque en cualquier momento los quitan y nos jodemos todos, los que venden y los que compramos”, afirma Odalys

Los que temen

En “La Cancha”, otra TCP, el primer puesto es de anticuarios desplazados de la Plaza de Armas, pero esos sí parecen temerle a los inspectores porque cuando se les hace más de dos preguntas empiezan a hacerse señas entre ellos.

Otros con “pánico” son los bicitaxistas o los que tienen negocios de comida.

Oscar, por ejemplo, dice haber esperado dos meses para que le “devolvieran la licencia” de lo que él llama “el carro”, que no es más que un bicitaxi. Tuvo que ir a una oficina en el municipio Playa para ver cómo “se disputaban” su caso.

“Yo supongo que era para que soltara prenda, pero yo estoy pasmao”, añadió. “La calle está en candela, a veces (los inspectores) se te tiran de dos en dos, a veces es mejor ni salir”.

Elisa cuenta que hace un par de meses a un puesto de carne de puerco en la calle Consulado en Centro Habana “se le tiró” una inspectora. “Una tipa para cogerle miedo. Imagínate que le decía al carnicero: ‘Me voy a quedar aquí velándote, me oíste?’, y se paró en la acera de enfrente para amenazarlo con señas y todo porque en vez de vender por el frente, lo cogió vendiendo por el costado”.

Entonces se pregunta: “Si la carne es de él, si la está dando al precio que es, ¿a quién le importa?”, y describe la reacción del carnicero: “Se puso rojo de la impotencia, parecía que le iba a dar una cosa”.

Por las características, la misma inspectora fue vista “acosando” junto a otros tres inspectores a una brigada de albañiles en la remodelación de una casa en la calle Perseverancia, entre San Lázaro y Laguna. “Aunque estos parecían frescos”, comenta la fuente anónima, y se refiere a la tranquilidad con que uno de los constructores decía: “Por eso yo tengo todo en regla, ¿quiere ver?”.

Pero de mil, uno. La mayoría se aterra cuando un inspector de presenta porque el miedo, los sobornos, los malos tratos de los revendedores y hasta los inspectores son el resultado de políticas encaminadas a limitar el desarrollo económico individual a través, como el gobierno suele llamar, del “esfuerzo propio”.

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LA HABANA, Cuba.- El 2017 comenzó con la varilla bien alta para los cubanos que tienen un negocio propio. En especial, los emprendedores que comercian o prestan servicios ambulantes, son acosados por las instituciones estatales que organizan y controlan el quehacer del sector.

Cuentapropistas de la capital señalaron que en el transcurso de enero aumentaron las intervenciones policiales, las restricciones operativas, inspecciones, multas y, por consiguiente, la extorsión sobre los trabajadores autónomos.

En la isla el trabajo por cuenta propia nació sujeto a directrices —recogidas en el llamado objeto social de cada figura permitida— que niegan personalidad jurídica a los pequeños empresarios, limitando el crecimiento de los negocios.

La arista más impopular viene a ser los mecanismos internos que, de acuerdo a los intereses del gobierno en cada territorio, se emplean para controlar la actividad de la libre empresa.

Algunas de estas acciones no son leyes, sino políticas que contradicen los acápites establecidos en las licencias para determinar los rangos de movilidad comercial, tipos de productos y servicios que se pueden ofrecer.

El 2016 concluyó marcado por prohibiciones y decomisos realizados, fundamentalmente al segmento de trabajadores ambulantes.

Daniel Téllez, un vendedor de cebollas en el municipio Centro Habana, dijo que en las últimas dos semanas ha enfrentado seis inspecciones y recibido dos multas que ascienden, entre ambas, a 1 050 pesos.

Del mismo modo, señala Téllez que las autoridades “hacen un swing más grande”  a los dueños de carretillas (vendedores ambulantes de productos agrícolas) y bicitaxis, para quienes la situación de trabajo se vuelve cada vez más compleja en la ciudad.

“No sé a qué se debe, pero es notable. No los dejan ni respirar”, comentó.

Un carretillero que aceptó colaborar en condición de anónimo explicó que, a tenor de poseer o no licencia, tanto él como la mayoría de sus colegas pagan un “tributo” a los inspectores para que le permitan desplazarse con libertad por las calles de Centro Habana.

De acuerdo a su testimonio, al menos dos veces por semana entrega una bolsa con viandas o 10 CUC a miembros del cuerpo de Inspectores Generales Integrales.

“Es un chantaje. Llegan y te preguntan qué tienes para ellos”, destacó. “Si te haces el duro y no das nada te enganchan 700 pesos de multa, por cualquier cosa. Y luego te mandan más inspectores a cazarte la pelea, entonces sí que llueven las multas”.

Añade la fuente citada que en la extorsión también participan agentes del orden, los que se valen de las regulaciones viales para presionar a los cuentapropistas y obtener una “tajada”.

Alexis Céspedes, bicitaxista (Foto: Alejandro Hernández)

Caminando por la calle Monserrate, en La Habana Vieja (Foto archivo)

Calle Prado, frente al Gran Teatro de La Habana (Foto: Alejandro Hernández)

Policía con bicitaxistas en una piquera (Foto: Alejandro Hernández)

Decomiso en el Parque de la Fraternidad (Foto: Alejandro Hernández)

“La carretilla tiene que estar en constante movimiento. Eso no hay quien lo aguante, en algún momento tienes que parar a descansar y es entonces que se aprovechan”, concluyó.

Si de vigilancia se trata, Carlos González, bicitaxista de Centro Habana, comunica que durante enero se duplicaron los operativos policiales contra los dueños de ese medio de transporte.

Según refleja González, en las redadas las autoridades decomisaron el “bicitaxi” a cinco compañeros de oficio.

“La gente ve pasar el camión de la Brigada Especializada (de la Policía Nacional Revolucionaria) y sale corriendo. Con ellos no hay multas ni soborno, te cogen junto con el ‘bicitaxi’ y te zumban para arriba del camión. Y si chistas, agarras una metida de leña”, ilustró.

González dijo que el año pasado entraron en vigor una serie de modificaciones que, entre otras reformas, limitaron las arterias por donde pueden transitar. En enero 2017 se incrementó el número de calles “prohibidas”.

Asimismo, amplió que se mantiene detenido el otorgamiento de nuevas licencias operativas, motivo por el cual se mueven decenas de bicitaxis ilegales.

Por su parte Andrés Madera Ravelo, también propietario de uno de esos triciclos de pasaje, comentó que los miembros del gremio se resisten a acatar las restricciones de movimiento dado que pagan una licencia certificada para trabajar en cualquier sitio del país.

Puntualiza Madera que las restricciones se convirtieron en caldo de cultivo para el acoso de autoridades locales, quienes ahora tienen  nuevos móviles para pedir pagos subterráneos.

“Lo que hacemos es que en la piquera recolectamos 300 pesos semanales por cada uno, para ‘mojar’ (sobornar) a los inspectores, a la policía y hasta al delegado (de la circunscripción o comunidad)”, dio a conocer Madera, alegando que “es la única manera de trabajar con un poco de tranquilidad. Si no lo hago, ¿con qué voy a mantener a mis hijos?”

LA HABANA, Cuba–  Los vendedores ambulantes no son nuevos, siempre los hubo, a pesar de las prohibiciones. Pero en los últimos diez años, han sobrepasado los pronósticos. Son muchos, cada vez más, son una epidemia. Hombres y mujeres, de todas las edades, que eligen vender en las calles, como un recurso emergente para paliar sus necesidades económicas.

Lo realmente sorprendente, no es la cantidad de personas incorporadas a esta modalidad de trabajo ambulante, sino el elevado número de carretilleros ilegales que circulan por toda la ciudad.

Orestes, un albañil de 63 años –prefirió reservarse sus apellidos para “evitarse complicaciones”– decidió vender en las calles productos agrícolas, porque “me dediqué a la albañilería durante 30 años. Ya mi rendimiento no era el mismo; además, hay muchos jóvenes incorporados a ese oficio, lo que hace la competencia muy desigual”.

Según explicó Orestes, “recorro todos los días la ciudad vendiendo viandas y frutas; es verdad que paso mis sofocones (sustos), ya que yo no tengo licencia para vender, pero malo que bueno voy sacando mi ganancia diaria”.

El albañil, como tantos carretilleros ilegales, alegan que la licencia no los libra del acoso de los inspectores estatales, quienes por cualquier detalle que les parezca una irregularidad les imponen multas de hasta 1500.00 pesos moneda nacional (70.00 dólares); sin embargo, “por vender sin Licencia la multa es sólo de 100.00 pesos MN” (5.00 dólares).

“¿Qué le parece, mi amigo?” –agregó– “Es más negocio estar de ilegal que dentro de la ley; porque total, no tienen la más mínima consideración; no les importa que pagues tu Licencia y trates de ganarte la vida honradamente”.

Otro carretillero de 38 años, dedicado a la venta de útiles para el hogar, confeccionados con aluminio, a quien todos llaman “Pipo”, se refirió a los inspectores llamándolos “sanguijuelas”.

“Oye, esa gente son unos abusadores. No te pueden ver parado en una esquina, ni a media calle o en un portal público, ni siquiera para tomar un descanso –a menos que los “toques” (darles algún dinero)–. Imagínate, quieren que vendamos la mercancía caminando, como si no fuera suficiente todo lo que tenemos que andar bajo el sol, subiendo y bajando lomas y teniendo que lidiar con las irregularidades y roturas de las calles, que parece que las han bombardeado. Es cierto que somos ambulantes, pero también somos humanos”, –concluyó.

Coincidiendo con los criterios anteriores, Mabel (la china), una robusta joven de 30 años que tiraba de su carretón cargado de frutas y verduras, parecía tener sus cuentas muy bien sacadas:

“Mira brother –me dijo sonriente–, es cierto que la Licencia de Vendedor de productos agrícolas en forma ambulatoria (como también se titula este tipo de Licencia) es una cuota consolidada mínima de 70.00 pesos MN (unos 3 dólares aproximadamente), pero nadie parece reparar en la inversión que tenemos que hacer, ni en lo difícil que resulta vender, ya que la competencia es mucha”.

Mabel se refirió a los que ella calificó como los “ambulantes estacionarios”, quienes “se pasan todo el día vendiendo en un lugar fijo sin que nadie los moleste”, y explicó que “estos personajes son informantes de la policía, a quienes los inspectores no pueden tocar; y claro, como venden en puntos fijos que, además, son los lugares más concurridos, pues obtienen grandes ganancias con mucho menos esfuerzo. ¿Dime algo, brother?”

No fue posible obtener información de los cuentapropistas ambulantes con Licencia para vender. Los pocos entrevistados que aceptaron responder alguna pregunta, alegaban que no querían tener “nada que ver con periodistas independientes”.

La crísis económica que afecta a las familias cubanas, asociada con los bajos salarios y el alza de los precios de los productos de primera necesidad, ha agudizado el problema de la corrupción y las ilegalidades; pero como dijera uno de los entrevistados, que prefirió guardar absoluto anonimato, “ya de por sí, los negocios privados –que el Estado autoriza bajo el nombre de cuentapropismo- son una violación constitucional; porque en el socialismo todos los medios de producción están en poder del Estado, que es el único que “garantiza el sistema económico socialista”, como lo establece –entre otros- el segundo párrafo del Artículo 45, en su Capítulo VII”

“De manera –concluyó el entrevistado anónimo– que los trabajadores por cuenta propia que ejercen su trabajo al margen de la ley (como los carretilleros y otros) sólo son el reflejo de un sistema de gobierno que corrompe la legalidad violando sus propias leyes.

CIENFUEGOS, Cuba, noviembre, 173.203.82.38 -Nadie pudo profetizar que en Cuba, los coches tirados por caballos estarían de regreso en pleno siglo XXI, no como curiosidad histórica, sino como alternativa de inevitable aplicación.

Luego de miles de años en uso, esta forma de locomoción fue declinando hasta ceder el paso, al parecer definitivamente, a las máquinas de vapor, eléctricas y de combustión.

Los coches tirados por caballos fueron desapareciendo, primero, de las grandes urbes, y de las rurales, con posterioridad. Adentrándonos en el siglo XX, se fue haciendo difícil ver a los equinos tirando de alguna diligencia, calesa, quitrín, o simple carreta. Nuestras calles perdieron el eco de los herrados cascos y comenzaron ahuecarse por el peso de automóviles, guaguas y camiones.

Durante los años 90, con el arribo del llamado “Periodo Especial”, a algún iluminado del castrismo se le ocurrió, ante la falta de combustible y de piezas de repuesto para ómnibus, la “revolucionaria” idea de fomentar el traslado poblacional por medio de coches tirados por caballos. Desde entonces, los cocheros han venido sacándole las castañas del fuego al ministro de transporte de turno.

Poco a poco, fueron apareciendo, traídos de los campos más remotos, caballos moros, alazanes, o caretos, grandes y pequeños, sanguíneos o flemáticos. Y junto a ellos, un ejército de improvisados cocheros, que sin más maña que el afán por ganarse el sustento, amaestraban a las desdichadas bestias, la mayoría de las veces a golpes de garrote o chasqueando látigos de desflecado cuero.

Conozco de alguien que, allá por el año 1993, sintió el llamado, no de Dios, sino de la barriga, y quiso probar. Vendió su motocicleta soviética, marca Bejovina, y con el dinero de la transacción adquirió un penco y un coche. Nunca logró un estatus de cochero legal, la respuesta que siempre le daban era: “se encuentra retenida la emisión de patentes”. Su condición de paria le impedía bregar por las rutas más concurridas de la ciudad de Cienfuegos, así que el costo del herraje, la hierba, los piensos y mieles para la calórica dieta del rocinante, así como el gasto en medicinas y veterinario, le hicieron fracasar.

La experiencia de mi amigo no es excepcional. A diario, recorren nuestras calles cocheros clandestinos, hacedores de los trucos más creativos, en busca de burlar a esa leyenda negra que en la Isla llaman “inspectores integrales”.

El inspector es una suerte de funcionario robotizado, con delirios de policía, generalmente un ser abyecto e insensible. Aunque su función es velar porque se cumplan las reglas del juego que imponen disímiles entidades a los cocheros, la verdad es que sólo sirven para hostigar, extorsinar y lucrar con el esfuerzo ajeno. Cochear ilegalmente supone enfrentarlos, exponerse a ser penado con severas multas o al decomiso del coche y el animal.

Por estos días, en Cienfuegos, ciudad donde resido, fuerzas combinadas de la Policía Nacional Revolucionaria, Inspectores integrales y funcionarios de la oficina del Registro Pecuario, están imbuidos en un mega operativo dirigido a “confrontar la actividad del cocheo illegal”. Desde ya, les auguro una batalla perdida. Los cocheros cienfuegueros están muy bien entrenados en tácticas de resistencia, conforman una suerte de hermandad cuyo denominador común que les une es la necesidad.

LA HABANA, Cuba, mayo, 173.203.82.38 -Unido a la nueva política económica del gobierno para salvar al socialismo, comenzó la capacitación de los llamados Inspectores Integrales. Aunque ya existía un buen número de estos funcionarios en las calles, las novedades requirieron nuevas instrucciones.

Los medios informativos del gobierno anunciaron la graduación de miles de Inspectores Integrales que combatirían la corrupción y las ilegalidades. Una semana después de divulgada la noticia, estos funcionarios aparecieron en las calles.

Equipos conformados por un policía, dos inspectores integrales y uno de transporte, comenzaron a patrullar  las zonas comerciales en busca de infracciones. El resultado de la ofensiva fue tal que los vendedores ambulantes y choferes de bicitaxi se escabullen en desbandada, sin importar si tienen o no el negocio en regla, pues saben que la soga siempre se rompe por el punto más débil.

¨Siempre encuentran algo para poner la multa¨, comenta un vendedor ambulante de dulces. ¨Yo no les doy ni un centavo como soborno, si quieren poner la multa, que la pongan¨, agrega.

Los equipos de inspección, dispersados por la ciudad, han causado tensión tanto en el sector privado como el estatal. Catalogados popularmente como corruptos y extremistas, el mayor lucro lo encuentran en los establecimientos estatales que operan en dólares. Según un dependiente de la empresa Habaguanex (que, por razones obvias, pidió que no revelara su nombre), en estos establecimientos se paga caro para mantener las ilegalidades ocultas.

¨Al menos una vez al mes hay que aflojarles algo a los inspectores, para que se estén tranquilos¨. Aún así, siempre tratan de ponerte la multa para cumplir la norma¨, confiesa el dependiente.

El abuso de poder que desarrollan los inspectores ha provocado la protesta pública, al menos en el sector privado. El tema de conversación sobre sus excesos es una constante entre cuentapropistas. Defenderse del extremismo y la extorsión de estos funcionarios propicia una fraternidad entre ellos.

El gobierno no está ajeno al malestar  causado  por los inspectores, y se dice que planifica suspenderlos. Según revelan los propios funcionarios, las autoridades anunciaron la desaparición del cargo para los próximos meses. Aún no sé conoce quiénes cumplirían las funciones de inspección, pero la realidad apunta hacia la policía.

En las últimas semanas, grupos del Departamento Técnico de Investigaciones  (D.T.I.), conocidos como ¨Lacras¨, actúan contra las ilegalidades en las calles. Vestidos de civil, primero estudian la zona. Luego, arrestan a quienes consideran sospechosos. Por lo general, las sanciones de los detenidos oscilan entre el decomiso de la mercancía y multas.

¨Cuando me llevan preso, vendo teléfonos en la estación de policía¨. Me comenta un negociante de celulares, arrestado en varias ocasiones.

La prevaricación de quienes deberían velar por el buen desarrollo de la nueva política económica, pone en un dilema al gobierno. Por un lado, el desarrollo del sector privado dentro de una economía socialista centralizada, exige control estatal. Por otro, el aumento de la corrupción genera ineficiencia económica y malestar en el sector privado, al encarecerse su gestión.

Eliminar  a los inspectores integrales no va a resolver la situación. El verdadero remedio no lo vislumbro, porque el modelo social destruyó todos los valores que podrían sustentar la solución.

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LA HABANA, Cuba, abril, 173.203.82.38 -Eran aproximadamente las 4 pm, del 27 de marzo, día en que el Papa Benedicto XVI viajó de Santiago de Cuba a La Habana, para oficiar una misa a la mañana siguiente. Dos inspectoras intentaban ponerle una multa a Humberto González, un joven vecino, que, junto a su esposa, embarazada, vendía un cerdo troceado en la esquina de la calzada de Managua y avenida de Las Flores, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo.

Al percatarme del hecho, me acerqué y pregunté a las mujeres si no tenían un mínimo de justicia, ya que el cerdo había sido criado por la pareja y las ganancias de la venta eran para comprar la canastilla del futuro bebé. “Lo siento, yo cumplo con mi deber”, dijo una de las inspectoras, una rubia alta de pelo corto, entrada en los cincuenta años. Los ánimos se caldearon, y Humberto, renuente a mostrar su identificación y la licencia de vendedor ambulante, me pidió que lo ayudara a cargar la mesa y el cerdo troceado hasta su casa.

Antes pregunté a las inspectoras por qué no llevaban el uniforme, pantalón y chaqueta desmangada, azul oscuro, con la identificación en la espalda de Inspectores Estatales. La rubia alta replicó que no era necesario, porque ella gozaba de prestigio en el gremio, y además, era hija del embajador de Cuba en España.

“Eso no me dice nada, la corrupción no tiene rostro ni cargo, y en 53 años de Revolución, los mayores escándalos se han dado en las esferas administrativas y del poder político”, contesté. Inmediatamente, la “hija del embajador” sacó un teléfono móvil y dijo que había grabado toda la conversación.

“Adelante, si van a acusarnos por algo, no esperen más. ¿O será usted busca dinero y me quiere chantajear? Si es así, yo se lo puedo dar, y no se me ofenda, señora”, fueron mis últimas palabras.

Sin más intercambio de palabras, ayudé a Humberto a cargar el cerdo, la mesa y la  balanza hasta su casa, a unos cincuenta metros de la calzada de Managua y la avenida de Las Flores. La “hija del embajador” y su compañera se alejaron. Aunque desde el primer momento se presentaron como tales, nunca supimos si realmente eran inspectoras.

Unas horas después, Humberto colocó la mesa y el cerdo troceado en el mismo lugar. Esta vez fue su esposa embarazada quien lo vendió, mientras él se mantuvo alerta a unos metros para no levantar sospecha.

Y una semana más tarde, supe, por el propio Humberto, que éste no tenía licencia de vendedor ambulante. No tenía sentido sacar una licencia para vender un solo cerdo, criado a base de sacrificios y con un solo propósito: comprar la canastilla de su primogénito.

Estas multas impuestas por debajo de la mesa, chantajes o estafas autorizadas, da igual el nombre, son cada vez más frecuentes y generalmente quedan impunes. La “hija del embajador” y su cómplice, que posiblemente sí eran inspectoras, hacían de las suyas, actuando por su cuenta, sin el uniforme correspondiente y chantajeando a un inocente con una supuesta grabación que tal vez nunca hicieron, para sacarle algún dinero al infeliz.

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