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EE.UU. insta a quienes pretendan entrar al país ilegalmente: “quédense en casa”

cubanos deportados estados unidos deportaciones deportado cubano cuba EEUU

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Foto archivo

MIAMI, Estados Unidos.- Robert E. Perez, Comisionado Adjunto de la agencia federal de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) aseguró que la seguridad fronteriza es esencial para la seguridad nacional y económica del país, por lo que insta a todas aquellas personas que planean ingresar ilegalmente a EEUU “a quedarse en sus casas y en sus comunidades”.

En una conferencia de prensa telefónica este jueves, el funcionario estadounidense aseguró que para el gobierno es importante alertar de los peligros que enfrentan aquellos que intentan llegar a la frontera sur con el objetivo de ingresar al país.

“Tratar de cruzar la frontera de Estados Unidos ilegalmente es una propuesta peligrosa, es un viaje peligroso por las miles de millas a las que se enfrentan los migrantes antes de llegar, además de los riesgos a los que se ven expuestos en la travesía, explotados por delincuentes que a menudo los asaltan, secuestran y extorsionan”.

Es por ello que, aseguró Perez, “hemos reforzado nuestra frontera con el muro, para protegerla de la inmigración ilegal, además de alianzas que hemos creado con el Gobierno de México y algunos otros de América Central. Las alianzas con México y los países del triángulo norte nunca han sido más fuertes”.

El Comisionado Adjunto señaló que los agentes de CBP han descubierto este año cerca a la frontera casi 400 casas clandestinas superpobladas, donde las personas estaban en condiciones infrahumanas.

“Nuestra agencia ha rescatado a mas de 5 000 personas que se encontraban corriendo peligro en ríos, desiertos remotos, montañas o encerrados dentro de remolques, otros, por su parte, perdieron sus vidas tratando de subir peligrosamente el muro de 30 pies”.

Aunque anteriormente era conocida la práctica de capturar y soltar (catch and release) bajo la cual los extranjeros ilegales podían entrar a EEUU, pedir asilo y desaparecer al interior del país mientras esperaban una audiencia, que podía demorar semanas, meses o años, el Gobierno —aseguró Perez— ha utilizado nuevas iniciativas y medidas, adoptadas en los últimos dos años, para decir: “capturar y soltar ya terminó, los inmigrantes ilegales no serán liberados dentro de nuestro país, ya no van a poder llegar sin consecuencias, ahora se les devolverá a su país de origen”.

Por su parte, aquellos que esperan una audiencia lo harán en México, advirtió el funcionario, quien explicó que “los jueces de EEUU hallaron que más de 99% de los que llegan ni siquiera cumplen los requisitos para lograr el asilo”.

“Hemos tomado medidas extraordinarias para hacer que nuestra frontera sea más segura, desde enero de 2017 hemos añadido casi 480 millas del nuevo sistema de muro fronterizo, una barrera real, que funciona, y que nos ha permitido crear una zona en la que el cumplimiento de la ley es efectivo, y nos posibilita responder inmediatamente a las entradas ilegales”, dijo.

Según sus declaraciones, los métodos para frenar la inmigración ilegal “han dado como resultado que los incidentes en la frontera sur del país bajaran de casi 1 millón en 2019, a menos 458 000 en lo que va de año, una reducción del 53 %”.

Entretanto, también en la conferencia de prensa telefónica, Tae D. Johnson, alto funcionario que desempeña las funciones de subdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés), aseguró que la principal responsabilidad de esta agencia federal es “proteger la nación, las comunidades y al pueblo estadounidense, incluso durante la pandemia el objetivo es el mismo”.

El alto funcionario advirtió que una reciente operación, en la que sacaron de las calles a más de 300 fugitivos, solo reafirma que el mensaje del gobierno es claro: “estamos para velar y para hacer cumplir las leyes de inmigración, y estés en una ciudad santuario o no, no vamos a parar. Vamos a sacar de las calles a aquellos que infrinjan las leyes, y los vamos a sacar de Estados Unidos”.

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La cuna de la ilegalidad

LA HABANA, Cuba, diciembre (173.203.82.38) – A pocos se les ocurriría pensar que un francés puede estar ilegal en París o un británico, en Londres. Sin embargo, los agentes de la policía cubana no dudan a la hora de detener  a un santiaguero, tunero o guantanamero, porque los consideran ilegales en Ciudad de La Habana.

Para las autoridades es ilegal el ciudadano que traslade su domicilio por más de 30 días, sin efectuar el cambio de dirección y su inscripción en el Registro de Direcciones. Si esa persona se encuentra en la capital y proviene de otro territorio del país el asunto se complica.

El castigo es severo: multa de 300 pesos si el presidente del gobierno del municipio donde reside no le reconoce el derecho, o de 200 si está  reconocido pero no oficializado en la correspondiente oficina del Carné de Identidad. Luego le sigue la detención, y por último la deportación hacia su lugar de origen. La pena es la misma para los que permanezcan en la capital luego de vencida la autorización de permiso de residencia transitoria expedida por el Registro de Direcciones.

Así lo ordena el Decreto-Ley 217 de 22 de abril de 1997, que establece las “regulaciones migratorias internas para Ciudad de La Habana”. Una disposición que, supuestamente, para  asegurar el derecho a la higiene de los habaneros, prohíbe a los cubanos provenientes de otras provincias, residir con carácter permanente en la capital sin autorización.

Sin embargo, es un principio internacionalmente reconocido que ningún Estado puede limitar los derechos de un grupo de sus gobernados, para supuestamente garantizar el de otros ¿Acaso todos no disfrutan de los mismos derechos y son iguales ante la ley?

No obstante, el decreto emitido por Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, tiene más de 13 años de vigencia. Más de 25 sesiones parlamentarias y la Asamblea Nacional, ignoran la inconstitucionalidad de una disposición legal que afecta las relaciones familiares.

Se multa a las personas que residan en la capital sin tener domicilio reconocido por la oficina del Registro de Direcciones. No importa si hay lazos familiares o conyugales entre el “ilegal” y el propietario de la vivienda donde reside. Ambos son castigados.

Esta disposición también lesiona el derecho de propiedad. El ciudadano necesita para arrendar su inmueble un dictamen sobre el cumplimento de la disposición. Los trámites que impone deben ser cumplidos por las personas que permuten, se adjudiquen por herencia, legado, o donación, una vivienda ubicada en la capital.
Frente a estas restricciones los cubanos carecen de medios para defender sus derechos por vía judicial. Ningún tribunal tiene facultad para sancionar una norma jurídica del sistema legal, como inconstitucional.

Esa atribución es exclusiva de la Asamblea Nacional, que hasta hoy no ha hecho nada frente a la violación de un derecho, que implica la vulneración de otros. Los centros laborales no contratan, las escuelas no matriculan, si el ciudadano, sea niño o adulto, no tiene la dirección que le corresponde. Esta norma ha convertido la capital de los cubanos en una ciudad prohibida y la cuna de la ilegalidad.