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Piden expulsar a Cuba de la OPS por explotación a los médicos en misión

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MADRID, España.- La Fundación de Derechos Humanos (HRF, por sus siglas en inglés) pidió a la Comunidad Internacional sacar a Cuba de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por la explotación laboral del régimen cubano a los médicos de la Isla. 

En su informe “Trata de Personas en la Misión Médica de Cuba”, presentado este martes, HRF expone de manera detallada los mecanismos coercitivos y de represalia del Gobierno cubano contra los galenos y las condiciones de esclavitud en que trabajan cuando son enviados al extranjero.  

En nombre de ayudar a los países a enfrentar las crisis de salud, el Gobierno cubano ha sometido a más de 400.000 trabajadores médicos a trabajos forzados, retención de pago, separación familiar y condiciones de trabajo deplorables; así como ha violado los derechos a la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de movimiento de cientos de miles de médicos cubanos a lo largo de los años, denuncia la organización con sede en Nueva York. 

“De acuerdo al programa estatal de misiones médicas, los trabajadores de la salud quedan atrapados en una relación laboral donde el Estado tiene un poder desproporcionado, dejando a los médicos con casi ninguna autoridad sobre las condiciones de su empleo. Se sienten presionados a unirse a misiones médicas para evitar perder sus trabajos o poner en peligro sus posibilidades de progreso profesional”, indica el texto. 

Además condena que el régimen totalitario ha utilizado su poder desproporcionado sobre los profesionales médicos, que reciben amenazas de separación familiar y exilio forzoso,  restricciones de movimiento y robo de salarios. 

La Fundación de Derechos Humanos también destacó que las misiones médicas de Cuba han servido para exportar la engañosa idea de que la Isla es una potencia médica y ha proporcionado al Gobierno miles de millones de dólares en ingresos por la venta de servicios médicos.

Tras demostrar que el régimen se ha involucrado con impunidad en la trata de personas y que viola las obligaciones de derecho internacional de Cuba, HRF pidió a la Comunidad Internacional, además de expulsar a Cuba de la OPS, adoptar medidas para poner fin a esta situación.

Mientras que a los países anfitriones pidió dejar de utilizar las misiones médicas de Cuba a menos que el gobierno ponga fin a la prohibición de regresar a Cuba durante ocho años si se abandona la misión, pague en su totalidad a los médicos cubanos y permita que realicen contratos laborales con el país anfitrión sin intermediarios. 

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Proyecto de Ley criminaliza envío de información de la Corea del Sur al norte

Proyecto de Ley Corea

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Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur. Foto K-Magazine

MIAMI, Estados Unidos.- La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó este lunes, con un total de 187 votos a favor de un total de 300, un controvertido Proyecto de Ley que criminaliza las actividades de envío de información vital a Corea del Norte, el estado policial más censurado y represivo del mundo, denunció la Fundación de Derechos Humanos (HRF, por sus siglas en inglés).

El Proyecto de Ley apunta a grupos como Luchadores por una Corea del Norte Libre, No Chain y el Centro de Estrategia de Corea del Norte, compuesto por desertores de Corea del Norte, que están enfocados en llevar información externa al régimen totalitario más estrictamente controlado y opresivo.

“Esta es una tragedia de proporciones catastróficas para el pueblo norcoreano. Los desertores son las únicas personas capaces de representar las voces de los 25 millones de norcoreanos que viven sin acceso a Internet, sin acceso a correo externo ni a información sin censura. Estos desertores norcoreanos, todos ciudadanos de Corea del Sur, están ejerciendo su derecho democrático a la libertad de expresión, también están ayudando al pueblo de Corea del Norte a reclamar su derecho fundamental a recibir información”, dijo el presidente de HRF, Thor Halvorssen.

“Este Proyecto de Ley es un regalo para el régimen de Corea del Norte porque silencia las voces y testigos de primera mano de los crímenes del régimen de Kim. Es un intento vergonzoso del gobierno de la República de Corea de discriminar sus derechos fundamentales y tratar a la comunidad de refugiados como ciudadanos de segunda clase”, agregó.

La Fundación de Derechos Humanos envió una carta a la Asamblea Nacional, el Comité de Relaciones Exteriores y Unificación, el gobernante Partido Democrático de Corea y el opositor Partido del Poder Popular antes del debate del proyecto el pasado 9 de diciembre, en la que los instó “a respetar los derechos a la libertad de expresión y la libertad de asociación de los ciudadanos surcoreanos que han optado por demostrar su descontento con el régimen totalitario de Corea del Norte”.

Según HRF, esta legislación constituye una grave violación de las libertades garantizadas por la constitución de la República de Corea, así como una violación por parte del gobierno coreano del derecho universal a recibir información, garantizado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR).

La organización no partidista sin fines de lucro, y que promueve y protege los derechos humanos a nivel mundial con un enfoque en sociedades cerradas, cree que la persecución de la libertad de asociación y expresión de las organizaciones norcoreanas dirigidas por desertores hará retroceder el historial de Corea del Sur como nación democrática, dado que se dirige estrechamente a un grupo específico de ciudadanos surcoreanos de origen norcoreano.

De acuerdo a un comunicado de HRF, “el Proyecto de Ley es discriminatorio y no equilibra adecuadamente el interés legítimo del gobierno de proteger su seguridad nacional con el interés democrático clave de proteger los derechos a la libertad de expresión y la libertad de asociación de todos los ciudadanos de Corea del Sur”.

Ji Seong-ho, miembro del Comité de Reunificación y Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, y uno de los primeros desertores norcoreanos elegidos recientemente en la asamblea nacional de Corea del Sur dijo que “esta legislación pasará a la historia como una herramienta para reprimir a los activistas de derechos humanos de Corea del Norte y como un caso histórico que viola el derecho al conocimiento de los ciudadanos norcoreanos”.

“Pedimos a la comunidad internacional que se pronuncie contra la injusticia de la entrada en vigor de este Proyecto de Ley”, sentenció.

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