MIAMI, Estados Unidos.- Las autoridades españolas han desarticulado una banda criminal cuyo jefe se hacía pasar por embajador de Cuba y por miembro del Cuerpo Diplomático Vaticano, informó El País.

La Policía Nacional de Fuengirola, en Málaga, arrestó a un ciudadano español de 30 años que poseía documentos falsificados como funcionario diplomático. Los arrestados habían incluso rotulado una oficina y varios vehículos con los logotipos y emblemas de la institución financiera de la Iglesia católica, con sede en Ciudad del Vaticano.

La banda estaba integrada por cuatro personas, tres de nacionalidad española y una colombiana. El grupo fue acusado por estafa, intrusismo, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Un comunicado de la Gendarmería Vaticana informando de la existencia de un grupo criminal que podía estar usurpando con fines desconocidos la imagen, símbolos e identidad del Banco Vaticano, inició la investigación.

Los criminales mantenían una actividad mercantil con multitud de empresas de todo el mundo con el fin de lograr supuestos acuerdos de relaciones comerciales y asesoramiento.

Las autoridades que investigan el caso todavía están tratando de determinar la cantidad de víctimas en todo el mundo de esta red, así como el monto total del importe conseguido con la estafa.

MIAMI, Estados Unidos.- Una mujer de 59 años acusada de orquestar una de las mayores operaciones de matrimonios falsos en la historia del sur de la Florida ha sido condenada a seis meses de prisión, informa El Nuevo Herald.

Larisa de Lima fue apoyada por familiares y reclutadores para arreglar al menos 20 matrimonios entre cubanoamericanas e inmigrantes indocumentados de origen ruso y de otros países exsoviéticos para que estos obtuvieran un estatus migratorio legal en EE.UU.

“Era una operación muy organizada y lucrativa. Ella ganaba 20 000 dólares por caso”, detalló el agente especial adjunto Anthony Salisbury, a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami.

En tanto, cada “esposa” cubana ganaba 5000 dólares por “marido”. En total, los hombres pagaban a De Lima unos 25 000 dólares cada uno.

De Lima fue detenida en mayo pasado junto a su esposo, Almir, y su hija, Milena Díaz. Estos últimos servían de notarios y se declararon culpables de confabulación y delitos relacionados.

Almir todavía aguarda su sentencia mientras Larisa de Lima continúa bajo custodia federal sin derecho a fianza.

Nacida en Ucrania, de Lima vivió en Brasil antes de naturalizarse estadounidense y llevó a cabo su trama de matrimonios falsos entre 2013 y 2015.

La red fue descubierta cuando algunas de las esposas comenzaron a cooperar con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU.

“Las mujeres dijeron a las autoridades que De Lima y sus familiares ‘ponían en escena’ las bodas en su casa de Miami —con fotografías de la ceremonia y la recepción— y capacitaban a los esposos en las entrevistas para que pudieran completar las revisiones del Gobierno ‘sin que sospecharan de fraude'”, explica una denuncia penal del caso.

LA HABANA, Cuba.- En días pasados la “analista política” Daisy Gómez —fiel entre los más fieles decanos de la prensa castrista— ofreció un comentario en el espacio noticioso estelar de la televisión cubana, cuestionando la legitimidad que tendrían los resultados de los controvertidos comicios hondureños a partir de las suspicacias que despierta el hecho de que “en ese país no hay separación de poderes”, razón por la cual el actual mandatario, Luis Orlando Hernández, podría manipular las cifras finales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Tan cínica declaración fue dicha con la envidiable compostura de quien se ha entrenado durante décadas en ese complicado ejercicio de prestidigitación (des)informativa, en  virtud del cual se asume que lo que es malo para otros países —en este caso, la no separación de los poderes— en el caso cubano constituye una fortaleza, ya que demuestra la sólida unidad entre el gobierno y los gobernados.

Por tanto, y a pesar de que en Cuba tampoco existe separación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial —ya que éstos están concentrados en la santísima trinidad Gobierno-Estado-Partido, representante legal de ese cuerpo ambiguo e intangible que han dado en llamar “pueblo”—, los cubanos no deberíamos tener ninguna razón para desconfiar de los resultados electorales que se nos informan desde la Comisión Electoral Nacional, por muy sorprendentes que puedan parecernos las cifras.

Vale recordar, de antemano, que es la propia Ley 72 (ley electoral) la que, al establecer las funciones de la Comisión Electoral Nacional (CEN), certifica la subordinación de ésta al Consejo de Estado por cuanto determina que es a éste —y no al “pueblo”— al que está obligada a informar los resultados del escrutinio nacional en los referendos y los cómputos correspondientes, así como a rendirle un “informe detallado del desenvolvimiento de cada proceso electoral” (Capítulo II, Artículo 22, incisos k y m).

De esta manera queda abierta la posibilidad de que sea (como es, de hecho) el poder totalitario quien determine en última instancia los resultados electorales y, eventualmente, manipule las cifras en función de sus propios intereses.

Una característica muy peculiar de la Ley electoral cubana que facilita las triquiñuelas de la clase gobernante es el hecho de que nunca se conozca públicamente y con antelación a los referendos la cantidad de electores registrados, a pesar de que cada ciudadano cubano desde su nacimiento es rigurosamente inscrito en los Registros de Dirección de cada municipio donde resida en la Isla. Registro éste que está controlado por quizás el único ministerio eficiente en Cuba, el del Interior, y que —a su vez— aparece duplicado en cada Comité de Defensa de la Revolución, por lo cual es relativamente sencillo monitorear la ubicación del elector y actualizar el padrón electoral cada vez que se requiera.

Así, la actualización del padrón debería resultar en la práctica una tarea casi automática, toda vez que el artículo 5 de la Ley electoral establece que el derecho al sufragio corresponde a todos los cubanos “que hayan cumplido los dieciséis (16) años de edad, que se encuentren en pleno goce de sus derechos políticos”…; mientras el Artículo 6 especifica los requisitos que deben cumplir para ejercer su derecho al sufragio activo, entre los cuales se cuenta “estar inscripto en el Registro de Electores del Municipio y en la relación correspondiente a la circunscripción electoral del lugar donde tiene fijado su domicilio…”.

Es por eso que no puede explicar de manera lógica cómo es posible que después de haberse actualizado los registros de electores en cada circunscripción y de haber tenido lugar una “exitosa prueba dinámica” el domingo 19 de noviembre, previo a las elecciones, en la cual supuestamente quedó demostrado que “todo estaba listo y a punto para una triunfante jornada electoral”, la CEN haya “actualizado” por primera vez el padrón electoral nacional precisamente en la jornada de los comicios. Y más inexplicable aún es que en los siguientes cinco días transcurridos desde las elecciones haya variado los números definitivos de ese padrón, no ya en algunas decenas de miles sino en centenares de miles de electores.

Repasemos los hechos: en la conferencia de prensa a puertas cerradas, ofrecida por la presidenta de la CEN, Alina Balseiro, en horas de la tarde del lunes 27 de noviembre a fin de informar sobre “los resultados preliminares” de los comicios, esta funcionaria declaró que la actualización del censo de electores había arrojado un total de 8,8 millones. Esto implica un colosal incremento con relación al 8,4 que —según datos oficiales revelados en esa ocasión— era el estimado inicial.

Como por arte de magia, en apenas los dos años y medio que transcurrieron desde las pasadas elecciones habían aparecido ni más ni menos que 410 mil 158 nuevos electores, casi medio millón más, en el padrón nacional. Esto, a despecho de las olas migratorias hacia el exterior —que han protagonizado en el mismo período decenas de miles de cubanos, en su mayoría con edad de votar—, y en franco desafío a las muchas deserciones, defunciones, disidencias y otros factores adversos. ¡Quién iba a imaginarlo!

Tan exagerado número permitió a las autoridades, no solo incrementar en apenas 24 horas hasta un 85,9% el vergonzoso 82% registrado a pie de urnas apenas una hora antes del cierre oficial de los colegios electorales, sino también declarar que la asistencia del electorado había superado la de los comicios celebrados en abril de 2015.

Sin embargo, ahí no se detuvieron los pasmosos avatares de los números del padrón electoral. Porque, obviamente, ni siquiera aquella sorpresiva y ya abultada asistencia a las urnas satisfizo las infladas expectativas oficiales. Dígase lo que se diga, la opinión pública suele interiorizar más las cifras porcentuales que los números de electores, así que la memoria colectiva habría archivado un 85,9% de votos: un resultado menor que el 88,30% alcanzado en 2015. Tan inaceptable papelazo no lo iban a permitir las autoridades, porque las llamadas “elecciones de Fidel” tenían que ser, cuando menos, superiores a las anteriores. Esa era la orden y era menester cumplirla.

Y fue así como la CEN volvió a aplicar su retorcido sentido de las matemáticas y obró el nuevo “milagro” de hacer crecer hasta un impresionante 89,02% la cifra de asistencia a las urnas, con un total de 7 millones 610 mil 183 electores. Así, la “compatibilización” final de los resultados con el Registro de Electores fue publicada el pasado viernes 1 de diciembre por la prensa oficial.

¿Cómo lograron este nuevo prodigio? Fácil, con la desfachatez propia de quienes se saben impunes, los amanuenses del palacio geriátrico volvieron a “actualizar” el padrón electoral, y como resultado éste volvió a contraerse, esta vez casi un cuarto de millón de electores. Otra nadería, cuyo único propósito era permitir elevar el resultado porcentual, si no se podía hasta la cifra soñada, al menos hasta alcanzar una superior a la de los comicios anteriores. Y así se consumó el que quizás constituya el más incuestionable fraude en los 40 años de práctica electorera castrista, hasta el momento.

Finalmente la CEN certificó que el padrón electoral definitivo para estas recién celebradas elecciones fue de 8 millones 548 mil 608 electores, lo que significa la friolera de 251 mil 392 menos que los declarados en el informe de resultados preliminares.

Con tanto inflar y desinflar el padrón y las urnas a lo largo de décadas, se justifica la abundancia de mejillas fláccidas entre los señores del Poder. No obstante, toda esta saga abrumadora de números y cifras porcentuales inverosímiles acusan sin lugar a dudas una grosera manipulación de los resultados electorales, aunque no tengamos la menor posibilidad de demostrarlo, lo cual es otra baza con la que contaban los conjurados.

Nada nuevo, por supuesto, solo que en esta ocasión las autoridades cubanas han hecho gala de un rampante desprecio hacia la opinión pública nacional e internacional. No por casualidad la nota periodística que informa de los “resultados oficiales” de la fiesta democrática cubana aparece, no en la portada, sino apenas en la tercera página del más oficial de los periódicos oficiales, el Granma. Ellos saben que incluso a las mayores mentiras hay que bajarles un poco el perfil, para facilitar su digestión.

Curiosamente, como dato adicional, estas minuciosas “compatibilizaciones” hacia atrás y hacia adelante que tanto favorecieron al régimen, no provocaron ninguna ventaja para el 4,12% de boletas en blanco ni en el 4,07% de las anuladas, de manera que debemos aceptar —porque así lo aseguran la CEN y sus jefes, quienes (sin ironías) son los únicos que saben la verdad— que en cuestión de pocos días no solo creció inexplicable (e inexplicadamente) el número de electores que engrosó las filas de quienes acudieron a los colegios electorales para ejercer su derecho al voto, sino que además todas sus boletas resultaron válidas.

Y puesto que en Cuba las decisiones “de arriba” son inapelables, la gerontocracia verde olivo y sus comparsas, con su proverbial triunfalismo, se habrán anotado esta farsa burlesca, no como la jugada desesperada que en realidad fue, sino como otra “victoria”. De ser así, serán ellos y no nosotros los verdaderos engañados.

MIAMI, Estados Unidos.- El Consejo Nacional de Artes Escénicas (CNAE) de Cuba habría entrado en un proceso fiscal en su contra luego de detectarse un negocio de visados fraudulentos en esa organización, informó el periodista Juan Juan Almeida en Martí Noticias.

Según una fuente cercana al proceso contra el CNAE, el fraude de visas es un negocio que “mueve cientos de miles de dólares”, y más de 5 mil cubanos habrían emigrado con trámites fraudulentos gestionados por funcionarios del CNAE.

Sin embargo, la acusación contra el CNAE no sería más que una cortina de humo para “restar responsabilidad a dirigentes cubanos que, de caer, harían demasiado ruido”, apunta Almeida.

“El proceso es una bola de nieve que crece”, dijo una fuente cercana a la Fiscalía General de la República de Cuba.

“Según nuestros documentos, hay varias investigaciones abiertas. Por un lado, los supuestos culpables tratan de guardar silencio por temor a sufrir represalias. Por el otro, las víctimas interrogadas, personas dispuestas a ayudar en la investigación o instrucción de estos actos, aseguran haber consentido el soborno a los funcionarios del CNAE para emigrar sin correr riesgos; no obstante todos señalan al gobierno, como único culpable, porque no ha sido capaz de brindarles la oportunidad de tener una vida digna ni un trabajo decoroso”, añadió.

“¿Cómo probar la culpabilidad de aquellos que alegan que esas prácticas, en todos los casos, fueron realizadas con el consentimiento de los afectados o favorecidos? ¿Tiene sentido seguir hurgando en las causas que genera el problema, cuando todos conocemos la solución? ¿A quién perjudica?”, se pregunta. “La ley tendrá que esperar, imagino que, en este caso, la resolución final será el sobreseimiento”.

El Consejo Nacional de las Artes Escénicas es económicamente independiente y posee personalidad jurídica propia. Se encarga de promover el desarrollo del teatro, la danza, el canto lírico, la pantomima, el humor y el circo.

Según el periodista de Martí Noticias, la tramitación de salidas por parte del CNAE está “en pausa”, y algunos de sus miembros “están suspendido temporalmente del trabajo”.

Las personas ajenas a la institución que compraron las visas habrían pagado entre 900 y 3000 CUC según el caso.

“Unos hablan de tráfico de personas y otros de labor social”, dijo un exempleado del Ministerio de Cultura no identificado.

MIAMI, Estados Unidos.- La Corte Federal de Miami ha registrado un nuevo caso de fraude migratorio a través de matrimonios falsos entre cubanos e inmigrantes indocumentados, reporta El Nuevo Herald.

De acuerdo al diario del sur de Florida, un jurado de instrucción emitió la acusación que implica por lo menos a 15 personas, la mayoría de origen cubano. De ellos, hay tres detenidos en el estado, mientras que el resto está en el vecino Georgia.

Los casos como este no son una rareza. En ocasiones anteriores, se ha descubierto que extranjeros indocumentados pagan miles de dólares cada uno a estadounidenses o residentes permanentes para casarse con ellos y así obtener residencia legal en el país.

De esos residentes permanentes, la preferencia por los indocumentados son los cubanos, dado que el cónyuge puede obtener la tarjeta verde luego de un año y el documento es no condicional.

En cambio, los extranjeros que se casan con estadounidenses que no son de origen cubano obtienen inicialmente una residencia condicional por dos años. Solo si la relación continúa, la residencia puede convertirse en permanente.

Dos casos similares fueron descubiertos el año pasado cuando varias personas, entre ellos cubanos, comparecieron ante un tribunal federal en Miami acusados de captar inmigrantes indocumentados para casarse con cubanos a cambio de dinero. Uno de los cubanos implicados recibió un pago de 10 000 dólares por casarse con una venezolana indocumentada.

En los registros también consta el caso de una acusada que tuvo al menos 10 “maridos” entre 2002 y 2012, a cambio de dinero de los cónyuges-clientes.

MIAMI, Estados Unidos.- Un cubano se ha declarado culpable este lunes de haberse involucrado en una trama para presentar más de 900 declaraciones de impuestos falsas en EE.UU. con el objetivo de obtener reembolsos por un total de 2,2 millones de dólares.

Reporta The Associated Press que Yoandy Pérez Llanes, de 33 años, compareció ante un juez federal de Pittsburgh y aceptó los cargos de asociación ilícita para lavado de dinero y robo de identidad.

Pérez Llanes utilizaba datos robados del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, como parte de una red internacional de delincuentes.

Según el fiscal Gregory Melucci, la función de Llanes era rastrear reembolsos de impuestos falsos que se iban a pagar como créditos del gigante Amazon de ventas en Internet a fin de recibir teléfonos celulares, computadoras y otros equipos electrónicos que terminaban enviados a Venezuela.

A través de un servicio del programa de impuestos por Internet Turbo Tax, el cubano era capaz de convertir los reembolsos fiscales en mercancía.

“Simplemente acepté un trabajo para ganar algo de dinero extra”, dijo Llanes al juez federal Mark Hornak, justificándose con que al principio no estaba al tanto de que los envíos eran parte de una operación ilegal.

Sin embargo, en algún momento cayó en la cuenta de que los envíos y los reembolsos recibidos ocurrían gracias al robo de datos, dijo Thomas Livingston, abogado defensor.

La operación consistía en utilizar los datos del personal del hospital para cobrar reembolsos fiscales falsos. Luego de utilizar los créditos para comprar los artículos electrónicos, éstos eran enviados por individuos en Miami a gente en diversas ciudades venezolanas como Maracay y Maracaibo.

Los productos eran reenviados a fin de dificultar su detección.

La parte de la red que trabajaba en Venezuela entonces vendía los dispositivos por Internet o los guardaba para su uso personal. Llanes recibió una cantidad de dinero no especificada por su papel en ese proceso, según el fiscal.

Las computadoras del hospital fueron infiltradas en enero del 2014, y en los dos meses siguientes se enviaron por lo menos 939 declaraciones falsas de impuestos.

El mecanismo fue descubierto después de que 1,5 millones de los 2,2 millones de dólares en reembolsos fueron cobrados. Aproximadamente 885 000 dólares de esos reembolsos se lograron mediante el sistema de Turbo Tax/Amazon.com, dijo el fiscal Melucci al juez.

MIAMI, Estados Unidos.- Un empresario cubano que ha sido acusado de lavar 238 millones de dólares en pagos mal habidos de Medicare, solicitó este miércoles a un juez federal estadounidense que desestimara el encausamiento en su contra.

Jorge Emilio Pérez de Morales, de 52 años, alegó que dirige una compañía legítima de remesas fuera de EE.UU. y que le hubiese resultado imposible cometer el crimen, reporta El Nuevo Herald.

Sin embargo, el acusado no estaba en el juzgado, sino que hizo la petición a través de su abogado defensor.

La audiencia judicial de este miércoles duró casi dos horas. En ella el juez y los abogados tanto defensor como fiscal debatieron si Pérez se consideraba o no fugitivo de la justicia.

“Él no se encuentra presente”, había dicho el juez magistrado Patrick Hunt de Fort Lauderdale al abogado defensor de Perez, Stephen Golembe. “No me queda más remedio que notarlo”.

El juez Hunt afirmó que decidirá pronto qué hacer con respecto al estatus del acusado (si es fugitivo o no), así como con su moción de desestimación de cargos.

Este ha sido el primer caso federal que se conoce de una pandilla dedicada al lavado de dinero resultante de fraude de Medicare entre Estados Unidos y Cuba. El medio hermano de Jorge Emilio Pérez ya se ha declarado culpable, pero este sí se hallaba en EE.UU.

Desde que fuera encausado hace cinco años, Pérez ha estado viviendo en España con su esposa e hijos. No ha recibido la extradición por parte del gobierno de ese país.

La defensa alegó que su cliente no se hallaba en Estados Unidos en el momento que se cometió el delito. Jorge Emilio Pérez de Morales fue encausado desde 2012, pero ya desde entonces no se hallaba en EE.UU., donde no ha vuelto a poner un pie.

Por su parte, el fiscal dijo que autoridades federales de Estados Unidos han tratado de conseguir que Pérez fuera arrestado en España, pero que al parecer sus solicitudes han sido ignoradas.

Pese a que, según el juez, la posición asumida por el acusado de permanecer en el extranjero no lo hace un fugitivo de la justicia, puede descalificarlo para alegar jurisdicción estadounidense con objeto de presentar una moción para la desestimación” del cargo de conspiración para lavado de dinero presentado en contra suya.

A Pérez se le acusa oficialmente de usar su compañía de remesas Caribbean Transfers, con licencia de Cuba, para suministrar cuantiosas sumas de dinero a personas acusadas de fraude al Medicare en Estados Unidos a cambio de transferir el dinero sucio obtenido por ellos de Medicare a través de las compañías-fachada de Pérez en Canadá, pasando por Trinidad, a Cuba.

Caribbean Transfers suministró dinero limpio —el de los exiliados cubanos que enviaban remesas a sus familiares en la isla— a operadores corruptos de servicios de salud en la Florida, Michigan, Tennessee y Nueva York, de acuerdo con los documentos del caso. El papel jugado por Pérez fue descubierto luego que el propietario convicto de un negocio de cobro de cheques en Naples, Oscar L. Sánchez, lo señalara con el hombre que financiaba su negocio de la Florida y otras agencias de envíos de remesas.

El lavado de dinero duró desde 2005 a 2011 y marcó el primer caso en EE.UU. que vinculó el fraude organizado de Medicare en el sur de Florida con el Banco Nacional de Cuba.

MIAMI, Estados Unidos.- Cuatro cubanos residentes en EE.UU. han sido identificados como sospechosos de una estafa y de fraude con tarjetas de crédito, informa una nota de la oficina del Sheriff del condado de Louisa en Virginia reproducida por The Central Virginian.

Los sospechosos son Breisys Martínez, de 23 años; Yesenia Rodríguez López, de 21 años; Braya Hernández, de 32 años; y Julio Márquez Franco, de 29 años. Cada uno de enfrenta a más de una docena de cargos, si bien las autoridades no han descartado que aparezcan más víctimas.

Los acusados enfrentan siete cargos por fraude con tarjeta de crédito para obtener efectivo o bienes, además de seis cargos por tener en su poder el número de tarjeta de crédito de otra persona sin su consentimiento, así como un cargo por falsificación de tarjeta de crédito.

Cada uno de ellos podría ser condenado hasta con 20 años de cárcel por los mencionados delitos.

La oficina del Sheriff dice que los cuatro están pendientes de extradición de la Florida a Virginia. Se sospecha que la clonación de tarjetas tuvo lugar a mediados de diciembre de 2016, en las localidades de Fredericksburg, Richmond, el condado de Fairfax y Maryland.

“Durante un período de cuatro días los sospechosos fueron capaces de obtener las identidades de otras personas, falsificarlas y estafar aproximadamente 18 000 dólares”, dijo un funcionario policial.

El agente detalló que hasta el momento ha habido entre seis y ocho individuos que han puesto denuncias en este caso.

MIAMI, Estados Unidos.- La empresa Cuballama, una de las que provee servicio de llamadas y sms entre Cuba y EE.UU., ha vuelto este fin de semana a ser blanco de los ataques del periódico oficialista cubano Juventud Rebelde, que acusa a la compañía de fraude en un artículo ahora titulado “Las falsedades de Cuballama”.

El citado trabajo comienza describiendo que hace alrededor de dos años, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) bloqueó 238 tarjetas SIM prepago que habían sido contratadas “por personas naturales para su uso en territorio nacional”.

“Su desactivación se debió a que formaban parte de una red telefónica de carácter ilegal, montada en una casa particular del municipio de Guanabacoa, en La Habana”, escribe el periodista Yurisander Guevara en Juventud Rebelde.

Según Guevara, citando a ETECSA, un tal Ariel Lores Báez se encargó de utilizar la red clandestina “para enviar y recibir mensajes de texto y llamadas de voz entre nuestro país y el resto del mundo, obviando las tarifas oficiales vigentes”.

Lores Báez ya habría sido requerido por ETECSA en una ocasión anterior, debido a que “entre enero de 2010 y abril de 2011 este ciudadano había operado una red similar para llamadas de voz, en la que empleó líneas de telefonía fija y redes Wi-fi, según consta en los archivos del Departamento Antifraudes de ETECSA”.

Por otra parte, Lores Báez es “amigo personal” de Víctor Castro Vaquero, presidente de Cuballama.

Hace tres semanas, el mismo periódico oficialista, “órgano oficial de la juventud comunista”, dio a conocer que ETECSA había acusado a Cuballama por prestar servicios ilegales de comunicación. El reportaje estaba firmado también por Yurisander Guevara.

“El método más extendido y empleado por Cuballama, según investigaciones de ETECSA, es el que utiliza unos dispositivos llamados Simbox, los cuales se introducen en el paí­s de forma subrepticia. Estos se emplean para un tipo de fraude que se conoce como IBF, siglas en inglés de Interconnect Bypass Fraud”, mencionaba el artículo.

Daniel Ramos Fernández, director de Operaciones de Seguridad de ETECSA, dijo entonces que “aprovechando la inocencia de las personas, sus necesidades económicas, la falta de valores o baja percepción del riesgo que asumen, los organizadores de la actividad ilegal los convencen para que adquieran sus servicios”.

La publicación de ese primer artículo suscitó una respuesta inmediata de Cuballama, acusando al periodista Yurisander Guevara de haber mentido cuando dijo que la empresa no había respondido a un email que le había enviado el reportero. “Para los periodistas de ‘Juventud Rebelde’ parece ser más sencillo desarrollar teorías de la conspiración que ceñirse a hechos que se pueden constatar fácilmente”, escribió el propio presidente de la compañía.

El CEO de Cuballama alegaba que “no existe ninguna legislación o normativa internacional que nos obligue a firmar un contrato con un país específico para ofrecer servicios de telecomunicación al mismo, por lo que no estamos obligados a tener contrato directo con ETECSA para ofrecer servicios de comunicación a Cuba. Para Yurisander Guevara, parece algo imposible de concebir una industria de telecomunicaciones internacionales fuera del control de ETECSA o un universo comercial fuera de la Isla”.

“No participamos, ni hemos participado de ninguno de los esquemas que el autor (del artículo de Juventud Rebelde) describe. Que prepagamos por todos los servicios que ofrecemos a nuestros proveedores y que a lo largo de nuestra existencia, no hemos provocado a ETECSA pérdidas, sino cuantiosos ingresos”, concluyó Vaquero.

El periodista de Juventud Rebelde respondió en este nuevo artículo a las acusaciones de Cuballama sobre el establecimiento de un canal de comunicación entre él y la empresa. Sostuvo que “jamás” había recibido respuesta alguna de Cuballama y sugiere que aquella se habría “perdido en el ciberespacio”, además de considerar que la propia Cuballama habría manipulado las pruebas de que sí le respondió al periodista antes de que este publicara su primer trabajo.

Guevara citó además a Jorge Mario Sacre, jefe del Departamento Antifraudes de ETECSA, quien afirma que “las declaraciones de Vaquero son totalmente falsas”.

“Cuba recibe el tráfico internacional de llamadas y mensajes de texto a través de dos centrales telefónicas internacionales dentro del país, que se encargan de distribuir el contenido a centrales de tránsito, las cuales lo dirigen luego al usuario final mediante centrales correspondientes”, explicó el funcionario.

Sin embargo, “Cuballama viola este proceso” debido a que “la llamada o mensaje de texto procedente del exterior que usa los servicios de esa empresa no transita por las centrales internacionales de ETECSA”.

Lejos de ello, Cuballama “dirige el tráfico vía internet directamente a una pasarela que forma parte de una estructura fraudulenta, de esta forma lo introduce directamente a una central local” ubicada en una casa particular, explica Sacre, por lo que ETECSA no tiene un control sobre las comunicaciones.

La publicación de ambos artículos por Juventud Rebelde ha levantado una ola de críticas en los lectores del periódico y usuarios habituales de Cuballama, quienes acusan a ETECSA de ser un monopolio que eleva los precios indiscriminadamente y provee un servicio de pésima calidad.

MIAMI, Estados Unidos.- Dos cubanos residentes en Houston, Texas, se han declarado culpables de poseer 15 números de cuentas bancarias robadas así como por un robo de identidad agravado, de acuerdo a la Fiscalía de los EE.UU. del Distrito Sur de Illinois.

Un comunicado del Departamento de Justicia de EE.UU. informó que Eirberto Ricardo Gómez, de 42 años, y Yasmanis L. Oduardo Fonseco, de 27, fueron capturados teniendo en su poder más de 100 tarjetas de regalo.

De esas tarjetas, había 19 cuyas tiras magnéticas habían sido recodificadas con números de cuenta registrados a clientes de una institución financiera en Pennsylvania.

Los números de cuenta robados fueron descubiertos el 8 de octubre de 2015 por la Policía de Caseyville, Illinois, durante una parada de tráfico en la I-70 a la altura del condado de Madison, de acuerdo a la información oficial del Departamento de Justicia.

Los acusados reconocieron que habían utilizado las tarjetas para hacer compras fraudulentas en tiendas de Arkansas y Manchester.

La audiencia de sentencia para los cubanos está programada para el 2 de marzo de 2017. El cargo de posesión de 15 o más números de cuenta robados supone una condena de hasta 10 años de prisión, una multa de 250 mil dólares y tres años de libertad supervisada.

Mientras, el robo de identidad agravado se castiga con dos años de cárcel obligatoriamente. Esta pena debe ser cumplida a continuación de cualquier sentencia a prisión impuesta por el cargo de número de cuenta robado.