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Fiscalía investiga a ciudadanos que se manifestaron en las calles tras el paso del huracán Ian

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MIAMI, Estados Unidos. – La Fiscalía General de la República anunció este viernes que “controla procesos penales en los que se investigan hechos que perturbaron el orden público y la tranquilidad ciudadana” tras el paso del huracán Ian por el territorio nacional, en alusión a las protestas populares que ocurrieron fundamentalmente en La Habana a finales de septiembre.

Luego del impacto del meteoro en la parte occidental de la Isla y el apagón total que le sobrevino, numerosos cubanos protagonizaron cacerolazos y cierres de vías para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico, así como libertad.

En un comunicado, la Fiscalía señaló que tales hechos “estuvieron relacionados con el incendio de instalaciones, la ejecución de actos vandálicos, el cierre de vías públicas con la finalidad de impedir la circulación de vehículos y personas, las agresiones y ofensas a funcionarios y fuerzas del orden, y la incitación a la violencia”.

Además, la Fiscalía advirtió que se realizaban “acciones de prevención con los padres que utilizaron a hijos menores de edad, colocándolos en escenarios de riesgo, descuidando sus deberes de protección, asistencia, educación y cuidado hacia ellos”.

“Los hechos en investigación recibirán la respuesta jurídico penal que corresponda. A los imputados se les asegura el respeto de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso”, reza la nota.

No es la primera vez que el régimen advierte a los manifestantes. A inicios de este mes el presentador oficialista Humberto López advirtió a quienes protestaran en las calles que tendrían que responder ante los tribunales por participar en supuestos delitos de desorden público.

En ese sentido, López indicó que el nuevo Código Penal “es muy claro” respecto al tratamiento que deben recibir quienes incurran en ese tipo de delitos. Señaló, además, que la Revolución posee legitimidad y fuerza moral para contener las protestas antigubernamentales.

“¿Anarquía en Cuba? ¿Carece este país de fuerza moral para contener estos hechos? Además de la fuerza moral que emana de la unidad y del apoyo mayoritario del pueblo a su revolución, además de eso, que es suficiente, aquí existen leyes, existe un Código penal que es muy claro”, advirtió López.

El vocero del régimen también calificó de “indignante” el uso de menores de edad en los cordones humanos. Según el jurista, se trata de un hecho delictivo contenido en el artículo 402.1, que regula los “Delitos contra el desarrollo integral de las personas menores de edad”.

Poco antes, el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, advirtió que las personas que incurrieron en delitos tipificados en el Código Penal durante las protestas serían procesadas acorde a lo dispuesto en la ley.

“Es imperdonable que estos reclamos se realicen cometiendo indisciplinas sociales y desorden público”, dijo el dirigente, quien también hizo énfasis en las barricadas y en la utilización de niños en los cordones para bloquear la vía pública.

“Eso es un delito que se analizará en su momento con todas las madres que cogieron a sus hijos y los utilizaron de barrera para contener la vialidad”, expresó el gobernador de La Habana durante su intervención en el espacio “Mesa Redonda”.

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Juicios 11J: sentencias de hasta 18 años de cárcel contra 56 manifestantes

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MIAMI, Estados Unidos. — El régimen cubano sigue sancionando a manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J) en varias provincias de la Isla. Este miércoles trascendió que 74 acusados recibieron condenas por “atentar contra el orden constitucional y la estabilidad del Estado socialista”.

Un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR) indica que 56 de las personas procesadas recibieron sentencias de cárcel de entre 10 y 18 años. De ese total, 22 terminaron con penas de hasta diez años, 30 con condenas de entre 11 y 15 años, y cuatro con sanciones de entre 16 y 18 años de privación de libertad.

“Entre los días 16 y 21 de junio se notificaron sentencias firmes dictadas por los Tribunales en procesos de La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, por delitos de sedición, desórdenes públicos, atentado y desacato”, señala la nota de la FGR.

Otros 18 acusados, 12 de ellos jóvenes de entre 16 y 18 años,  recibieron sanciones de trabajo correccional —con y sin internamiento— y limitación de libertad.

En el caso de los 18 manifestantes que recibieron sanciones subsidiarias, las autoridades advirtieron que estas podrían ser revocadas si se comete “un nuevo hecho delictivo”.

“Reiteramos que el quebrantamiento de las obligaciones impuestas por los Tribunales en sus sentencias o la comisión de un nuevo hecho delictivo, conlleva a la revocación de la sanción subsidiaria y el cumplimiento del resto de la pena originalmente fijada, en privación de libertad”, añade el comunicado.

La Fiscalía destacó, además, que los sancionados tienen “la responsabilidad civil de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas, como consecuencia de los hechos cometidos, y la reparación de los daños ocasionados a las entidades”.

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