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LA HABANA, Cuba.- La catarsis de los cubanos para relajar la tensión social y conocer las opiniones por el incremento de las restricciones políticas y económicas, se promueve con el largo proceso de divulgación de una nueva Constitución, destinada a recrudecer el gobierno de 60 años bajo la simulación de modernidad del presidente Miguel Díaz-Canel. Este procedimiento de manipulación fue utilizado por Fidel y Raúl Castro en varios momentos complicados desde 1959, y contribuyó a crear una imagen agradable para la comunidad internacional. ¿Por qué las reuniones? El socialismo y el sistema político-social revolucionario seguirá irrevocable, y los cubanos no podrán reformarlo en la Constitución que aprobarán. Cualquier opinión discordante se considera traición a la patria socialista punible con las más severas sanciones, ¿pena de muerte? Las asambleas para que la población exprese sus opiniones son antecedidas y seguidas por las argumentaciones oficiales enfocadas a desviar la atención del reforzamiento de los dictados de la pequeña cúpula de poder, ante la profundización de la crisis económica, debido a la ineficiencia del monopolio estatal y la insolvencia doméstica, la cual crece según se encoje la economía y colapsa el chavismo en Venezuela. La solución de los problemas económicos, incluidos los ínfimos salarios y las viviendas, quedará como aspiración, pero a muy largo plazo. La inevitable unificación monetaria y cambiaria, con la devaluación del mísero peso cubano-moneda nacional (CUP) y el aumento de los ya altos precios, impactará en la mayor parte de los cubanos, que sufren la caída de su calidad de vida desde el inicio del Período Especial a inicios de la década de 1990. El gobierno no puede esgrimir las ventajas sociales de la revolución resultantes, en realidad, de los sacrificios del pueblo, a fin de alcanzar las promesas de bienestar para todos. Tampoco puede llamar a las asiduas marchas por la incertidumbre sobre la asistencia, ni culpar al embargo-bloqueo de Washington para encubrir todos sus fracasos. El éxodo, por tierra latinoamericana, hacia Estados Unidos fue posiblemente la última salida en masas estimulada por las autoridades cubanas, y finalizada de zarpazo por el presidente Obama al eliminar la política de pies seco-pies mojados y los programas para médicos. La restricción del servicio consular de la Embajada en La Habana por el presidente Trump ha ralentizado la unificación familiar, y disminuido las visas temporales. Sin embargo, los cubanos continúan añorando escapar al extranjero, pues las autoridades cercenan las más mínimas posibilidades de progreso personal y familiar, y con ello se pierde la renovación poblacional y el talento, en detrimento del desarrollo de la Patria. El Código Penal es uno de los instrumentos legales que, se ha anunciado, será reformado para adecuarlo a los dictámenes de la nueva Constitución, aun más endurecida. Actualmente, todos los cubanos pueden ser acusados de contrarrevolucionarios al servicio de un Estado extranjero (Estados Unidos) por expresar sus opiniones, y de acuerdo al Artículo 91 pueden recibir condenas de entre 10 y 20 años de cárcel, o pena de muerte, y según el Artículo 103 referido a la propaganda enemiga pueden cumplir hasta 15 años. También está vigente la Ley 88, la cual fue utilizada contra los 75 prisioneros de conciencia apresados durante la Primavera Negra de marzo de 2003, a quienes se les dictaron sentencias de hasta 28 años. La apatía de una parte considerable de los ciudadanos, convencidos de que no se puede modificar lo que ya está decidido, ha primado especialmente entre los jóvenes. La concentración de opiniones sobre asuntos agradables a las autoridades, como la conveniencia de ampliar la edad y los dos períodos de cinco años del presidente, el matrimonio entre dos personas en igualdad absoluta de derechos y deberes (…), y la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común (…), promovido por Mariela Castro Espín, se repiten en los reportes de los medios nacionales. Los salarios y los precios se han reiterado, con comentarios sobre la imposibilidad de resolverlo a corto plazo y las intervenciones de Díaz-Canel en igual sentido. Sin embargo, no se han reportado cuestionamientos por la concentración de poderes que tiene el presidente, la eliminación de las Asambleas Provinciales del Poder Popular y la sustitución de éstas por gobernadores “designados, a propuesta del presidente, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, o el Consejo de Estado”; y el nombramiento del vicegobernador por el primer ministro, a propuesta del gobernador. Todos los cargos políticos en Cuba han sido determinados siempre por Fidel y Raúl Castro, en un estrecho entorno y mediante el Partido Comunista de Cuba en farsas electorales, lo cual podría ser el motivo de las falta de motivación popular. Esto también estaría en correspondencia con los cambios en las funciones de la Asamblea Nacional y sus ejecutivos, vinculados al Consejo de Estado, mientras las funciones ejecutivas se dictan y ejecutan por el presidente y su amplio equipo encabezado por el primer ministro. La eliminación del proceso de elecciones a nivel provincial sugiere además la intención de eliminar alguna sorpresa con la nominación de un candidato independiente. La Carta Magna enunciará los preceptos básicos del régimen político, que adaptará las opiniones de la población según convenga a sus redactores. Pero las duras leyes complementarias solo serán conocidas por la población cuando se publiquen en la Gaceta Oficial. El referendo se reportará, como es usual, en las elecciones, con una votación por encima del 90%.

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