1

Otra ley de expropiación a la vista (I)

Ley, Cuba

LAS TUNAS, Cuba. — Cuando todavía resuena en expropietarios de empresas fabriles, agrícolas, industriales, financieras, comerciales y de disímiles servicios las leyes que en 1960 los desposeyeron de sus bienes, una nueva legislación de expropiación está a la vista en Cuba. Se trata del anteproyecto de ley De la expropiación por razones de utilidad pública o interés social, que ya fue redactado por los legisladores del régimen. La iniciativa reitera en no pocos conceptos la misma letra y espíritu de las leyes castristas que le precedieron, de las que ahora, por razones de espacio, sólo nos referiremos a sus antecedentes históricos e indemnización.

El anteproyecto de ley De la expropiación por razones de utilidad pública o interés social tiene claros antecedentes: la Ley No. 851 (“Ley escudo”), a través de la cual fueron expropiadas numerosas empresas norteamericanas, y la Ley No. 890, del 13 de octubre de 1960, que despojo a ciudadanos cubanos de 105 centrales azucareros, 18 destilerías, seis fábricas de rones, cerveza e hielo, tres fábricas de jabones y perfumes, seis de derivados lácteos, dos de chocolate, un molino de harina, ocho fábricas de envases, cuatro de pinturas, tres de químicos, seis metalúrgicas, siete papelerías, una fábrica de lámparas, 61 de textiles y confecciones, 16 molinos de arroz, siete fábricas de productos alimenticios, dos de aceites y grasas, 47 almacenes de víveres, 11 tostaderos de café, tres droguerías, 13 tiendas por departamentos, ocho empresas de ferrocarriles, una imprenta, 11 circuitos cinematográficos y cines, 19 empresas de construcción, una de electricidad y 13 marítimas para un total de 383 empresas, a cuyos propietarios se imputó, entre otras causales de expropiación, “la utilización exagerada de los medios de financiamiento sin empleo del propio capital operativo con la ostensible finalidad de acumular efectivo y de invertirlo en el extranjero previa obtención clandestina de divisas”.

Concerniente a los medios y formas de pago de las indemnizaciones que correspondían a las personas naturales o jurídicas propietarias de esas empresas, el artículo 7 de la citada Ley No. 890 sólo expresaba: “serán reguladas mediante una ley posterior”.

En el caso de las empresas estadounidenses expropiadas de forma “forzosa” por causas “de necesidad y utilidad pública y de interés nacional” por la Ley No. 851 de 6 de julio de 1960 (“Ley escudo”), entre las que se encontraban centrales azucareros, la Compañía Cubana de Electricidad, la Compañía Cubana de Teléfonos y la División de Cuba de la Esso Standard Oil, S.A., la citada ley expresaba en el artículo 5 que, una vez hecha su tasación, “el pago se efectuará en bonos de la República”. Los bonos se nutrirían con el 25%  de las compras de azúcar que sobre los tres millones de toneladas y a precio no menor de 5.75 centavos de dólar la libra, anualmente los Estados Unidos hicieran a Cuba, que crearía el “Fondo para el pago de expropiaciones de bienes y empresas de nacionales de Estados Unidos de América”, y cuyos bonos “se amortizarían en un plazo no menor de 30 años”.

Del anteproyecto de ley De la expropiación por razones de utilidad pública o interés social redactado ahora por los legisladores del régimen traje al lector dos artículos. Uno de ellos, el 27.1, expresa: “La indemnización comprende el valor real del bien o derecho en el comercio según su destino cierto o posible en uso económico normal, a la fecha de la declaración de utilidad pública o interés social, teniendo en cuenta las circunstancias y las condiciones de hecho existentes en esa fecha”.

¿Qué es para el legislador gubernamental “en uso económico normal”, acaso sus precios fijos y no los de la oferta y la demanda? Siendo así, y por sólo citar este ejemplo: una finca rústica urbana (un solar) que por su ubicación geográfica en libre mercado puede ser vendido en miles de dólares, en caso de ser expropiado “por razones de utilidad pública o interés social” del Ministerio del Turismo (MINTUR) o de las Fuerzas Armadas (MINFAR), la indemnización que recibirá el propietario según los precios estatales será insignificante con respecto a su valor real, por lo que la expropiación, de hecho, pasará a ser una confiscación de bienes.

Otro artículo, el 29, dice: “El monto de la indemnización se calcula con referencia a la fecha de la declaración de utilidad pública, actualizándose a la fecha en que se realice efectivamente el pago, teniendo en cuenta los valores de depreciación de la moneda”.

Respecto a ese precepto es útil cuestionar en tanto la economía cubana se encuentra dolarizada y el valor de la propiedades en Cuba entre particulares se tasan en dólares y no en pesos cubanos: ¿A cuáles “valores de depreciación de la moneda” se refiere el legislador, a la tasa oficial de cambio ficticia en que ya a 24 pesos por dólar estadounidense el peso cubano está depreciado, o a la espiral inflacionaria que vivimos hoy los cubanos en la que un peso cubano acaso representa un centavo de dólar americano?

Este tema es de profusas aristas y a él volveremos, pero ahora baste recordar que, en derecho penal, donde no cabe la expropiación por razones de utilidad pública, la sanción de confiscación de bienes consiste en desposeer al sancionado de sus bienes, total o parcialmente, transfiriéndolos al Estado, y en eso se convierte un propietario cuando sus bienes son expropiados sin la debida indemnización, en un sancionado sin haber cometido ningún crimen.

ARTÍCULO DE OPINIÓN
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.




El régimen cubano expropia a una familia con dos menores de edad

GRANMA, Cuba.- La familia de Omar Rosabal, un preso político del régimen cubano, fue desalojada de su vivienda violentamente en días pasados en Pilón, municipio de la provincia Granma. Su esposa, desde el incidente, se encuentra vigilada, incluso en el hospital donde su hija de 14 años está hospitalizada bajo cuidados psiquiátricos, según publicó el portal PanAm Post.

Luego de más de dos años de continuas amenazas, finalmente irrumpieron en la vivienda de la familia a las 4 de la mañana del 22 de junio, narró la suegra de Omar, ““Me arrebataron a mi nieto de los brazos, y me golpearon, lastimándome la herida de una operación que me realizaron recientemente”.

Desde el baño de la unidad hospitalaria donde se encuentra su hija, Yanet Orasma grabó un video en el que denuncia el propósito de haber sido expulsadas a la fuerza de su casa y tiradas, como criminales, dentro de una patrulla. Para ella el gobierno quiere apoderarse de su casa, la cual ha estado en la familia por tres generaciones, y cuando una casa está deshabitada, el Estado tiene la potestad de expropiarla.

La única que resistió con fuerza fue Yanet Rosabal, la hija de 14 años de Omar y Yanet, “a la niña cuatro policías la sujetaron cada uno por una extremidad, ‘como a un animalito’, dijo su madre. “La sacaron de la casa semidesnuda, con bata y descalza”.

Ahora en el hospital, la esposa de Omar, con su otro hijo menor de edad, espera que le den el alta a su hija Yanet, pero por ahora el informe psiquiátrico revela que aún tiene pensamientos y actitudes suicidas.

“Por este medio damos constancia que la paciente nombrada Yanet Rosabal Orasma de 14 años de edad, y con antecedentes de haber realizado 4 intentos suicidas, motivo por el cual tiene seguimiento médico psiquiátrico con tratamiento… ahora fue ingresada en nuestro hospital por presentar ideas suicidas, tristeza marcada y dificultad para dormir… Según expresa la madre, todo comenzó cuando fueron sacados de la casa”, indica el informe psiquiátrico.

Carta de la psiquiatra indicando que Yanet Rosabal Orasma todavía presenta ideas suicidas, agravadas por la expulsión de su casa. (Foto tomada del sitio PanAm Post)

La madre de la menor dice que su hija insiste que cuando salga volverá a la casa donde nació. Pero la policía ya sacó todas sus pertenencias y ella puedo corroborarlo al volver a buscar algo de ropa para llevar al hospital. Yanet Orasma teme que la salud de su hija cuando sepa que la casa por la que arriesgó su vida ya no les pertenece.

“La Casa de Omar”, como se le conocía, era además de un hogar familiar, el negocio que les ponía un plato de comida diariamente en la mesa, pues alquilaban habitaciones para turistas.

Esta casa, según cuenta la familia, es un regalo que el propio régimen obsequió al padre de Omar, el pastor adventista Argelio Rosabal, quien arriesgó su vida para salvar la de un grupo de expedicionarios del Yate Granma que fueron dispersados durante el combate de Alegría de Pío, entre ellos los comandantes Che Guevara, Ramiro Valdés y Juan Almeida Bosque.

Pero ni siquiera la memoria del pastor ha sido respetada. En el mes de mayo, como parte de la campaña para atemorizar a su familia, su sepulcro fue destrozado en pleno cementerio, el cual está bajo vigilancia constante, por lo cual se cree que la acción fue autorizada.