LA HABANA, Cuba. ─ Desde agosto de 2020 ha venido funcionando en Cuba el denominado modelo Malmierca de fomento de la exportación para los agentes privados. Hasta la fecha, no se han facilitado datos oficiales del impacto de este en el sector exterior. Tan solo aparecen informaciones fragmentarias relativas a contratos y ventas.
Conviene recordar que el modelo surgió por dos motivos. En primer lugar, para paliar la escasez de divisas en la economía como consecuencia de la parálisis del turismo. En segundo, situar al Estado como agente de control de las actividades del comercio exterior de los agentes privados, una vía para limitar el enriquecimiento.
El modelo Malmierca establece unos procedimientos para la exportación e importación por parte de las denominadas “formas de gestión no estatal”, a partir de la obligatoria prestación de servicios de comercio exterior por medio de empresas especializadas dependientes del Estado.
Este método tiene como referentes una serie de resoluciones, entre ellas la 315 del Ministerio de Comercio Exterior, que publicó el reglamento de las relaciones comerciales entre las entidades autorizadas a ejecutar actividades de comercio exterior y las formas de gestión no estatal, así como la resolución 112 del Banco Central de Cuba, que estableció el procedimiento para la apertura y operatoria de las cuentas corrientes en moneda libremente convertible (MLC).
El modelo establece una distribución en el negocio del comercio exterior donde el 80% del ingreso en divisas pase a manos del exportador, mientras el 20% restante el Estado lo entrega en moneda nacional. El mismo se abrió desde el primer momento a todo tipo de entidades privadas, cooperativas y trabajadores por cuenta propia; también para todas las formas de gestión no estatal, en sentido amplio, como pequeños agricultores que no son cooperativistas o usufructuarios de tierras estatales, artesanos o creadores. Cualquiera puede exportar con este modelo siempre que se respete la mediación estatal y el reparto de los beneficios del negocio.
La experiencia transcurrida desde entonces, en ausencia de datos oficiales, no permite constatar que se haya incrementado el comercio exterior del sector no estatal, y mucho menos que se diversifiquen los servicios y bienes a exportar. Y ello, a pesar de la sustanciosa devaluación de la moneda (en un 2 300%) como consecuencia de la Tarea Ordenamiento.
El modelo Malmierca fue rápidamente integrado en lo que se denomina plan de desarrollo nacional 2030 y en la estrategia económica para la recuperación post COVID-19. Sin embargo, al igual que las tiendas en MLC, parece el tipo de medida que desaparecerá tan pronto se normalice la captación de divisas en la economía.
No obstante, el régimen trata de hacer ver las cosas de forma distinta. Así, por ejemplo, Granma destaca las 42 las empresas estatales que han surgido (empezaron siendo 36) para mediar en los negocios de exportación e importación en Cuba. Según la versión oficial, estas agencias estatales ayudan a “no dejar desamparados a los agentes privados, y menos en cuando al apoyo para su conexión con contratos en el exterior”, cuando es justo lo contrario que estos demandan.
Para justificar el supuesto éxito citan los 2 457 contratos firmados con las empresas estatales destinadas a facilitar la exportación e importación de sus bienes y servicios, una cifra que, a todas luces, parece ridícula si se compara con el número de trabajadores por cuenta propia que existen en el país, más de 600 000 según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). De hecho, son muchos más los que acuden a informarse de las condiciones del modelo para exportar, y cuando son conocidas, más de la mitad se retira y aparca su deseo de abrirse al comercio exterior.
En cambio, lo que sí ha funcionado en el conjunto de contratos antes citado han sido las importaciones, ya que el 95% de los contratos han sido firmados para traer productos a Cuba del exterior. Justo lo que no quieren las autoridades, pero, al menos, reciben la comisión por la intermediación y las divisas correspondientes.
El control de las exportaciones e importaciones de los agentes privados del modelo Malmierca ha ido acompañado de sucesivas normas cuyo objetivo era facilitar el acceso al comercio exterior al sector no estatal, viendo que el plan no daba los resultados previstos en materia de promoción y diversificación de las exportaciones, sustitución efectiva de importaciones y obtención de recursos a través de créditos comerciales. Un buen ejemplo de la escasa atención del sector privado al modelo Malmierca se encuentra en el frente de las cooperativas no agropecuarias, que apenas se ha interesado por esta fórmula a fecha de hoy.
Una de las normas que más han llamado la atención por su voluntad de control ha sido el denominado “mapa territorial de las formas de gestión no estatal” identificadas con potencial para las exportaciones, en el que han ido trabajando los funcionarios del ministerio, y sobre el que existen dudas técnicas, pero, sobre todo, políticas, a la hora de constatar quien puede entrar a formar parte de ese mapa de oferta exportable. Observando los resultados del mapa en provincias como Pinar del Río, Granma y Las Tunas se ve que no están todos los que son, ni son todos los que están.
Sin embargo, existen evidencias del fracaso del modelo que van más allá de las consideraciones políticas. No se difunden datos oficiales, pero parece evidente que el objetivo de promover desde el Estado servicios con calidad exportable ─y que el proceso se haga rápido y se implemente con eficiencia─ no se ha cumplido, como tampoco que las importaciones sean más racionales y que se logren los encadenamientos con el tejido productivo.
La obligatoriedad en la firma de contratos para la prestación de los servicios ha sido otro factor que no ha funcionado por los costes asociados a las operaciones y los retrasos burocráticos. Y otro tanto se puede afirmar de la exigencia de que los agentes privados dispongan de cuentas corrientes en moneda libremente convertible, así como de cuentas en pesos cubanos. A ello hay que añadir el reducido número de bancos que ofrecen estos servicios.
Consultados algunos agentes privados que se han interesado por operar con este modelo, señalan como principal obstáculo la necesidad de llegar a acuerdos entre las partes; es decir, de un lado el Estado comunista con su agente intermediario, de otro, el operador privado interesado en comerciar con el exterior. La diferencia de poder entre ambos es tan grande que condiciona el resultado del acuerdo entre las partes, de antemano, con un lo tomas o lo dejas. La referencia que se exige para fijar el valor con respecto a los precios de la competencia internacional tampoco sirve por cuanto es ajena a la realidad de la economía cubana.
Cierto que Malmierca dijo allá por el mes de agosto del año pasado, cuando lanzó su modelo, que del ingreso percibido por la exportación solamente se descontaría “un pequeño margen comercial por la empresa estatal” y que habría que restar los gastos asociados a la operación. Según algunos informantes, en determinados casos esta “pequeño margen” se acerca al 40% de la operación, lo que deja al operador privado sin interés por el negocio. Cabe señalar que tras la deducción de comisiones y gastos, además, solo se permite retener un 80% en divisas, siendo obligatorio el depósito en la cuenta de la forma no estatal (quedado sometido a la situación de escasez de divisas y los certificados de depósito que inmovilizan los fondos), mientras que el resto iría a las cuentas en CUP. Con las importaciones viene a suceder algo parecido.
De modo que los ingresos en divisas de la operación que pasan al agente privado para su financiación o desarrollo son tan reducidos que no vale la pena el negocio. De hecho, para adquirir divisas el modelo indica que solo se pueden obtener con la propia exportación y el porcentaje que se retiene, mediante transferencias bancarias en moneda libremente convertible desde el exterior o desde bancos cubanos, donde haya cuentas con liquidez, incluidas Visa y MasterCard. A lo largo del tiempo se han reducido también los márgenes de aranceles para las mercancías importadas, pero la medida todavía resulta insuficiente.
Además, las tarjetas magnéticas que se expiden a los operadores privados con referencia a las cuentas en MLC tan solo se pueden utilizar para hacer extracciones de moneda nacional en efectivo, pero no para extraer moneda libremente convertible, pues se quiere bancarizar lo más posible el proceso y que no circule la divisa en efectivo.
Finalmente, otro ejemplo del fracaso del modelo Malmierca tiene que ver con su escasa relación con las inversiones extranjeras en Cuba. Para empezar, hay problemas conceptuales claros a la hora de tratar el comercio exterior como una actividad independiente de la entrada de capital foráneo en la economía nacional. Tratar de afrontar cada proceso yendo por sitios distintos, y con políticas poco coordinadas, es un grave error. Y esto es más o menos lo que sucede en Cuba.
La atracción de capital foráneo para el desarrollo nacional se ha visto frenada por la crisis del COVID-19. Algunas informaciones no oficiales cifran en más de un 40% la caída de las inversiones extranjeras durante 2020. El hecho de que la inversión extranjera que llega a Cuba no pueda formalizar de manera directa operaciones con los agentes privados es un factor que condiciona la relación entre capital extranjero y relaciones comerciales. Basta contemplar la denominada “cartera de oportunidades” que el régimen ofrece a los inversores extranjeros para constatar la ausencia de operaciones con agentes privados. El modelo Malmierca ha fracasado en el estímulo al capital extranjero. Y ello porque las entidades no estatales cubanas, pese a su deseo de involucrarse en la creación o el diseño de proyectos de inversión extranjera, no son autorizadas por el régimen a participar, tratando de drenar cualquier proceso de enriquecimiento privado.
Por otra parte, las empresas de capital extranjero que operan en la Isla desde hace tiempo no se han visto beneficiadas por la Tarea Ordenamiento, ya que su actividad no solo depende de una posible eliminación de las distorsiones presentes en la economía, sino de que se facilite realmente su negocio con la libre contratación de trabajadores cualificados o la repatriación automática de beneficios a las casas matrices. Es el caso de las importaciones que realizan estas empresas extranjeras procedentes de sus sedes centrales, que tendrán que asumir un tipo de cambio mucho más complicado tras la devaluación del peso.
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