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LA HABANA, Cuba.- Más allá de su carácter exploratorio, la inminente visita de 30 empresarios británicos a la Isla obliga a lecturas que superan la intención de pasearse por los predios de algunos centros industriales, y lanzar puntuales interrogantes a sus anfitriones, y vagas promesas, sobre la posibilidad de firmar importantes convenios, a corto plazo. A la luz de los hechos, es obvio que la activación del Título III de la ley Helms-Burton, que permite establecer querellas judiciales a estadounidenses y cubanos nacionalizados cuyas propiedades fueron confiscadas en los primeros años de la llegada al poder del actual régimen de partido único, no es un valladar infranqueable a los propósitos de colarse por las rendijas de la apertura económica, comenzada durante el mandato de Raúl Castro y actualmente en proceso de una posible ampliación, siempre sujeta a los intereses políticos de los mandamases en su afán de mantener el poder. Al margen del alcance real del periplo de los hombres de negocios procedentes del Reino Unido de concertar sendos acuerdos, o no, con la dictadura, es válido preguntarse: ¿Cuán efectiva será la Helms-Burton en lograr que los empresarios foráneos desestimen hacer transacciones con el monopolio estatal-militar y, por otro lado, forzar a los que actualmente tienen inversiones en propiedades robadas, a retribuir a los afectados o abandonarlas? En realidad, hasta el momento, no hay indicios de que cunda el pánico entre los empresarios que han traficado por años con esas propiedades, ni tampoco que se haya esfumado, por completo, el deseo y la determinación de invertir en Cuba, bien en el presente o en un futuro cercano. Más que la Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana, aplicada a rajatabla por Donald Trump y firmada por el expresidente Bill Clinton (1993-2001), el 12 de marzo de 1996, a raíz del derribo de dos avionetas civiles de la organización del exilio Hermanos al Rescate por cazas de la fuerza aérea del gobierno insular, los mayores obstáculos para un aumento de las inversiones extranjeras parecen estar dados por los límites impuestos al proceso reformista de parte de la élite compuesta por un reducido grupo de generales, cuadros del partido y miembros fundacionales de la fallida revolución socialista, y no por la existencia de tal disposición, ahora sin los sucesivos aplazamientos de los capítulos más controversiales. No fue en vano que, incluso el entonces presidente republicano George W. Bush (2001-2009) decidiera prorrogar los capítulos III y IV, por considerar que su implantación afectaría los intereses nacionales. Su antecesor, del partido demócrata, también había convenido en hacerlo cada 6 meses como establecía la norma. No debe ser tomado como un simple augurio que la conocida ley, repudiada internacionalmente por casi el mundo entero, incluyendo a todos los países de la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, se quede a mitad de camino entre la intención de convertirse en un instrumento democratizador y la parálisis definitiva a partir de las impugnaciones bilaterales y grupales de tradicionales adversarios ideológicos y gobiernos aliados, que ya han manifestado su rechazo sin medias tintas. Un análisis objetivo del tema obliga a considerar las altas probabilidades de un empantanamiento a partir del número y la intensidad de las controversias que podrían llegar hasta la Organización Mundial de Comercio (OMC). El director administrativo de la Iniciativa Cuba, Chris Bennett, la entidad británica que impulsa la visita a la mayor de las Antillas, fue enfático al declarar a la agencia oficial Prensa Latina, su entusiasmo por ver las oportunidades, y entender los cambios introducidos por la nueva Constitución, con las reuniones que tendrá a partir del 17 de junio con sus socios cubanos del gobierno y las empresas estatales. No sé qué le propondrán los funcionarios elegidos para seducirlo, y tampoco podría saber si al final, alguno de los empresarios morderá el cebo. A fin de cuentas, desde el punto de vista económico y financiero, al gobierno cubano le sirve cualquier cosa, por muy modesta que sea. Pienso que el objetivo cardinal consiste en añadir nuevas grietas al muro del embargo, con otros actores económicos, en este caso de un país de gran importancia en el concierto de naciones, y con significativos vínculos culturales, geoestratégicos, económicos y políticos con los Estados Unidos. Estarían de plácemes si lograran obtener tan siquiera “del lobo un pelo”. Le sobran artimañas para engatusar, y con tal de ganar un poco de dinero fácil, no pocos empresarios se han aventurado a poner parte de su capital en Cuba. Un ejemplo es la española Meliá, que gestiona más de 30 hoteles en la Isla, pertenecientes a la compañía Gaviota, del monopolio estatal-militar que controla la economía nacional. A principios de pasado mes, la compañía fue demandada por usar terrenos expropiados en 1959, donde hoy se ubican tres inmuebles usados para el hospedaje del turismo internacional. Sus voceros alegan que operan legítimamente en Cuba. Tienen el apoyo del gobierno español, y ninguna intención de abandonar sus inversiones, pese a las amenazas.

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