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LA HABANA, Cuba.- A principios de abril de 2017, Rosa María, vecina de La Habana Vieja, recibió una factura por consumo de electricidad -correspondiente al mes de marzo- con la exorbitante suma de 3482 pesos (140 USD aprox.). Acudió de inmediato a la Oficina Comercial de la Empresa Eléctrica de su municipio, donde fue atendida por el administrador, Karel Leyva, quien le explicó que lo elevado de la cifra se debía a un error de lectura, equivalente a treinta meses, que había sido detectado en su metro-contador. La señora explicó que raramente había pagado más de 10 pesos (0.50 USD) mensuales por la electricidad, y para apoyar su argumento llevó consigo todos los recibos desde enero de 2014 hasta enero de 2017. El funcionario le explicó que el encargado de la lectura de los relojes en el edificio de Rosa no había encontrado el nuevo metro-contador correspondiente al apartamento de ella, instalado hace apenas un año. Al no poder leer y calcular el consumo real, la computadora ingresaba una cifra por defecto; por tal motivo Rosa recibía todos los meses una tarifa mínima, con diferencia de centavos. No convencida con la explicación del administrador, le pidió que contrastara con otros recibos suyos anteriores al año 2014; pero él se negó, alegando que esas facturas estaban archivadas y que los metro-contadores antiguos eran imprecisos. Esa misma tarde, un inspector fue al edificio donde vive Rosa María para realizar la lectura de su metro-contador, al cual accedió sin la menor dificultad, y no percibió ninguna actividad anormal. El administrador aconsejó a Rosa esperar algunos días para ver si su caso clasificaba para un “ajuste”, que consiste en rebajar el monto adeudado considerando la situación del reclamante. Dos semanas después, Rosa supo que a pesar de ser jubilada y cobrar una pensión de 240 pesos mensuales (8 USD), no había resultado idónea para el ajuste. Entonces el administrador le sugirió acogerse a una moratoria que le permitiría saldar la deuda en 6 meses. “De lo contrario —puntualizó—, se le retirará el servicio eléctrico”. Rosa sabía que ni siquiera entregando la totalidad de su pensión durante un año podría pagar los 3482 pesos; así que decidió presentar la queja en la Oficina Matriz de la Empresa Eléctrica, donde fue atendida por el administrador, de apellido Michelena. Allí la señora se enteró de que sí clasificaba para el ajuste, el cual se realizó haciendo un cálculo de lo que hipotéticamente ella había consumido durante dos años y medio de errores de lectura. La cifra se redujo hasta 453 pesos, que debía abonar lo antes posible en la filial de la Habana Vieja. Aunque la drástica disminución del monto original constituyó un alivio, Rosa no entendió por qué la Oficina Matriz le concedió el ajuste sin mayores trámites, luego de que el funcionario de Habana Vieja se lo negara tan categóricamente. Tampoco entendió por qué motivo ella debía pagar por la negligencia o la mala fe del técnico que no leyó su metro-contador. Al igual que la mayoría de los ciudadanos, ella ignora que las leyes cubanas no protegen a los consumidores. El ladrón tras el buró pone al Estado por delante para intimidar al cliente, convencido de que la trama de ilegalidades es tan densa y profunda que no hay autoridad capaz de desmantelarla. Mientras Daniel Rosales Guillot -el empleado culpable de lo sucedido- permanece en libertad, los ciudadanos perjudicados por su incapacidad hacen fila en la Empresa Eléctrica, defendiéndose como pueden ante una burocracia corrupta, cuya premisa es maltratar al cliente y obligarlo a pagar un consumo sobrefacturado. La cantidad de ancianos que acuden a la filial de Habana Vieja en calidad de reclamantes, denota un patrón de abuso. Siendo las personas mayores el sector más desprotegido de la sociedad, menos propenso a contravenir la ley, comportarse de forma agresiva o proferir amenazas, no es de extrañar que se hayan convertido en el público meta de la delincuencia burocrática que inunda este país. Los ardides de los empleados de la Empresa Eléctrica son bien conocidos. Desde aceptar sobornos para no declarar el consumo real de viviendas que poseen varios equipos de aire acondicionado y una cantidad notable de electrodomésticos, hasta cargar la diferencia a vecinos cuyo consumo es mínimo. A cada reclamante se le ofrece la misma explicación: “hubo un error de lectura y ahora usted debe pagar al Estado la suma omitida”. La realidad es que los salarios de la Empresa Eléctrica son tan bajos que los trabajadores no pierden nada cuando se les sanciona con la expulsión. Al contrario, como las irregularidades no se penalizan con cárcel, se arriesgan a delinquir hasta que “exploten”, y en el intervalo acumulan dineros suficientes para cubrir el tiempo muerto. No es raro que todos los empleados de la filial de Habana Vieja tengan prendas y smartphones. Eso los distingue, además de su grosería, displicencia y actitud desafiante, como quien no tiene nada que perder. Durante los dos últimos meses Rosa obtuvo la evidencia de que la Empresa Eléctrica la había estafado. El consumo del mes de abril marcó $8.35, y el de mayo $13.20, un ligero aumento que se explica con el avance del verano. Ahora que el metro-contador es nuevo y un técnico capaz realiza la lectura, ¿cuál es la excusa para que la mujer reciba facturas con un monto que, según el administrador Karel Leyva, era falso? ¿A qué bolsillo fueron a parar los 453 pesos de Rosa y otros miles de pesos obtenidos por cuenta de “errores de lectura”? Poco faltó para que la señora presentara una denuncia ante Fiscalía; pero solo de imaginar el interminable papeleo que le robaría tiempo y fuerzas, desistió. Es la solución que muchos eligen para ahorrarse dolores de cabeza, mientras crecen el delito y la impunidad.

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