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LA HABANA, Cuba, julio (173.203.82.38) - Hace tres meses pertenezco al gremio de trabajadores por cuenta propia de Cuba. Aproveché la coyuntura después que se autorizara el ejercicio de la actividad privada. La licencia ampara la actividad número 119: reparador de equipos eléctricos y electrónicos, y el otorgamiento de esos permisos llevaba “congelado” 8 años. Por ejercer el oficio tributo mensualmente 100 pesos a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), el equivalente a 5 dólares. Por concepto de servicios públicos, debo abonar el 10 % de mi ganancia mensual, además de 262 pesos (12 dólares) cada trimestre para la seguridad social. Además. al final de cada año viene el leñazo: redactar una declaración jurada con mis ingresos en 12 meses y de ahí pagar un estimado a la ONAT. Los 314 mil trabajadores por cuenta propia que tributan al Estado, cumplen requisitos similares a los míos, con mayor o menor tasa impositiva. Por supuesto, los cuentapropistas están sujetos a controles jurídicos y de calidad, para lo cual existen los inspectores, y éstos últimos que también tienen que “resolver” consiguen su dinerito adicional a costa de los inspeccionados. La ONAT, no es el único organismo controlador de la actividad privada, su función principal es la recaudación de impuestos y cobro de licencias. Funciona en conjunto con los ministerios de Salud Pública, Justicia, Comercio, e Interior. Curiosamente, la única visita gubernamental que he recibido hasta el momento en mi taller, fue de un oficial del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), el miércoles 15 de junio; y respondía, según dijo, a un “trabajo conjunto entre la ONAT y el Ministerio del Interior”. Según el oficial, se está llevando un libro de registro con los clientes que lleven equipos a reparar a los talleres privados. “Puede darse el caso –dijo- de que algún equipo sea robado de una escuela o centro laboral”. Le contesté que en mi caso llevó un registro de clientes, pero sólo para tener constancia de la garantía y los defectos de las reparaciones. También le comenté que es opcional para mis clientes darme el nombre y los apellidos. En algo coincidimos: nadie es adivino para saber si un receptor de radio o televisión que traigan a un taller particular es robado de una empresa u otro organismo estatal. Mi función es repararlo, cobrar por ello y tributar lo debido a la ONAT. Para aclarar dudas invité al oficial del Departamento Técnico a pasar a mi taller de reparaciones. La acumulación de obsoletos tarecos electrónicos lo convenció de que estaba en el lugar equivocado y con el cuentapropista erróneo. Le reiteré que llevo y llevaré la lista de mis clientes, pero sólo para registrar el tiempo de garantía y otra información necesaria en la relación comercial. Seguramente otras actividades por cuenta propia son también monitoreadas por la policía, además de por la ONAT, sobre todo aquellas que requieran el uso de materias primas comercializadas por el Estado: madera, pieles, pegamentos, esmaltes, combustibles, etc. Mientras no se habilite una red mayorista donde puedan abastecerse los que presten servicios o fabriquen artículos por cuenta propia, la economía informal continuará floreciendo y el desvío de recursos estatales será su principal fuente de abastecimiento. En mi opinión, llevar un libro de registro con el origen de todo lo que llegue a mi taller, para informárselo a la policía, es algo así como hacer un trabajo de informante por cuenta propia; una licencia que no pedí. Esta colaboración entre el DTI y la ONAT, que pretende involucrar a los trabajadores por cuenta propia tiene todas las características de un impuesto adicional en “información”. Nada para asombrarse; seguimos viviendo en Cuba, donde nunca han faltado los “chivatos por cuenta propia”. odelinalfonso@yahoo.com

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