MIAMI, Estados Unidos. — El programa de parole humanitario para cubanos lanzado por Estados Unidos a inicios de 2023 ha sido la gran novedad del panorama migratorio entre ambos países. A través de la nueva medida, miles de cubanos han logrado arribar al país norteño de manera legal, segura y ordenada, mientras que otros miles esperan su momento para aplicar al “beneficio”.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para los aplicantes al parole humanitario y ya comienzan a reportarse estafas de falsos patrocinadores. A lo largo de la semana se han hecho públicas varias denuncias al respecto. Una de las estafadas fue una doctora cubana, de 28 años. La joven fue engañada por un usuario de Facebook que se quedó con su dinero.

“La mayoría dice que tiene familiares en Cuba que le devolverán el dinero si algo sale mal, pero todo son mentiras”, declaró la víctima a la cadena NBC News.

Un pariente de la doctora hizo una transferencia de 1 800 dólares al falso patrocinador. De esa cifra, 800 dólares serían supuestamente para el proceso de solicitud y los restantes 1 000 para contratar los servicios de un abogado, algo innecesario para el proceso de parole. Luego que se completó el envío del dinero, la persona bloqueó a la doctora en Facebook y jamás volvieron a saber de ella.

También se hizo público el caso de un cubano perdió 2 500 dólares en el intento de obtener un parole humanitario. El hombre se vio obligado a vender su motoneta para poder obtener el dinero.

“Al final me quedé sin motoneta, sin dinero y sin nada”, declaró el hombre en entrevista con el periodista Alexis Boentes, del canal Telemundo 51.

Las autoridades estadounidenses han advertido en varias ocasiones que el acceso al proceso de parole es gratuito y que ni los patrocinadores ni los beneficiarios están obligados a pagar una tarifa al gobierno de EE. UU. para presentar el Formulario I-134ª ni para ser considerado para autorización de viaje o permiso de permanencia temporal.

LAS TUNAS, Cuba. — La muerte del adolescente Darío Leyva Acosta, ocurrida el pasado día 13 en el poblado de Maniabón, municipio de Puerto Padre, todavía cursa con importantes interrogantes jurídicas para calificar el delito y el grado de participación de los presuntos autores. Se trata de cuestiones que la investigación criminal deberá esclarecer en el debido proceso penal, a pesar de que las autoridades ya han reportado al ciudadano Marcos Isaías Diéguez Torres, de 21 años de edad y vecino del fallecido, como autor confeso del crimen.

Primero que todo, debemos decir —para beneficio de los lectores que carecen de conocimientos jurídicos— que la confesión del autor de cualquier delito no constituye prueba por sí misma, sino que todo lo expresado por un acusado —en el caso de que desee declarar— debe y tiene que ser corroborado por todas las acciones de instrucción que sean precisas: declaraciones de testigos o de víctimas; experimentos de instrucción (que permitan comprobar o negar un dicho o una circunstancia o una hipótesis); reconstrucción de los hechos —en la que necesariamente no tiene que participar el acusado—, que posibilita, entre otros factores a tener en cuenta, las posiciones de los participantes en un hecho criminal con vistas a apreciar no sólo el suceso en su conjunto, sino también la participación individual de los implicados.

En la nota en que inicialmente reportamos este suceso, dijimos que el adolescente había sido “asesinado presuntamente para robarle el teléfono celular, entre otras hipótesis”. Ciertamente, la versión del robo de un celular de aceptable calidad y prestaciones que la víctima llevaba consigo en el momento de desaparecer, pero que no estaba junto al cadáver en el momento de su hallazgo, hicieron prevalecer inicialmente el móvil del robo en los comentarios de la opinión pública y en las versiones a corroborar por la investigación criminal.

No obstante, el móvil del robo fue descartado con el surgimiento de otra versión, que las autoridades debieron comprobar (aunque no lo han reportado), cuando en manos de una tercera persona ocuparon el teléfono celular que perteneció a la víctima, que, supuestamente, había tomado imágenes lujuriosas de personas del mismo sexo entregados a placeres carnales, imágenes que luego se habría negado a eliminar.

De ajustarse esas informaciones a la realidad —lo que un peritaje de informática forense puede autenticar coadyuvando al resultado de la necropsia—, puede que, en lugar de un asesinato, estemos en presencia de un homicidio, que se produce cuando una persona mata a otra sin premeditación, como desenlace de un conflicto, intempestivamente, sin alevosía ni ninguna de las otras circunstancias que califican el delito de asesinato, que se sanciona con penas mucho más severas.

También es posible que, aunque el autor principal diga ser el único responsable, haya otras personas implicadas en este delito como cómplices, o como autores de un delito de incumplimiento del deber de denunciar, que se produce cuando alguien, sin encontrarse en las excepciones del que no está obligado a denunciar (padre, madre, hermanos, hijos, cónyuge), conoce que un delito está por producirse o ya se produjo —y más cuando es un delito contra la vida— y no acude a las autoridades competentes, ya sea para evitarlo o para su enjuiciamiento.

Salvo en hechos de connotación política en que las autoridades cuentan con todos los medios de prensa, el cine, la literatura y toda suerte de voceros para difamar y vilipendiar a su opositores, el régimen no da información sobre la criminalidad en Cuba, y cuando lo hace es con opacidad, como en el caso de la muerte de este adolescente, presuntamente, víctima de sus propios actos, al invadir la vida de otros y hacerse y poseer imágenes que no le pertenecían, desatando la acción criminal de una persona que, en lugar de acudir a las autoridades, actuó por sí mismo, cometiendo un delito más grave.

Este trágico suceso viene a confirmarnos que la sociedad cubana sufre una crisis de valores como nunca antes en su historia, y que la familia, quebrada y fragmentada por el totalitarismo castrocomunista, está urgida de componentes éticos más importantes que el escudo, la bandera y el himno nacional, porque si desde niños no respetamos lo tuyo, lo mío, lo de aquel, lo del otro, jamás tendremos patria, aunque nos creamos patriotas.

ARTÍCULO DE OPINIÓN
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MIAMI, Estados Unidos. – En 2021, el Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba sentenció a 12 personas acusadas por los delitos de trata, corrupción de menores y proxenetismo a penas de entre cinco y 20 años de cárcel, según un informe publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Isla. 

“Del total de las causas radicadas por los delitos de proxenetismo y trata de personas y por el de corrupción de menores en el Tribunal Supremo Popular (TSP), se observaron rasgos típicos de trata de personas en 10 casos, de ellos dos de proxenetismo y ocho de corrupción de menores”, precisa el informe.

De acuerdo con la información oficial, se identificaron 10 víctimas, todas ellas niñas.

Por su parte, las sanciones penales para los victimarios “oscilaron en el rango de cinco a 20 años de privación de libertad”. “De los 12 acusados identificados, cinco son hombres y siete son mujeres”. 

El informe también indica que la mayoría de las acciones delictivas detectadas se basan en “la captación de jóvenes, principalmente del sexo femenino por parte de empresarios extranjeros y cubanos, para brindar servicios de bares y centros nocturnos en Rusia, México, Nicaragua, Turquía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Japón, China y Chipre”. 

“Persiste la incidencia de extranjeros que interactúan con jóvenes prostitutas a cambio de dádivas y recargas telefónicas, así como la promoción y venta online de videos e imágenes con contenido sexual”, reza el informe.

El texto tambien indica que en 2021 tuvieron lugar “procesos y eventos con implicaciones importantes a nivel nacional, que permitieron reforzar aún más la prevención y enfrentamiento” de la trata de personas y delitos conexos. 

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CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado mes de mayo, el Parlamento cubano aprobó por unanimidad un nuevo Código Penal que fortalece el totalitarismo en Cuba. Esta reforma se enfocó en apuntar directamente contra la protesta social y el periodismo independiente. Incluso trasladó los férreos dispositivos de control del mundo físico a la virtualidad. Nada quiere el gobierno cubano que escape de su supervisión. Nada que tambalee su poder han dejado sin regular y criminalizar.

Por otra parte, el estado no incluyó en la norma el feminicidio como un delito de carácter especial; a pesar que observatorios independientes han monitoreado 16 asesinatos de mujeres por su género este año. Esto es apenas un subregistro, pues las autoridades se niegan a dar cifras oficiales al respecto. Además, se mantuvo la edad penal en 16 años y fue reiterada la pena de muerte, asociada principalmente a delitos contra la seguridad del estado.

“Cuba contará con una ley moderna, justa y atemperada a la realidad socioeconómica del país”, afirmó el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, al presentar el texto de la legislación que sustituye a la de 1987. Sin embargo, activistas, opositores y analistas han alertado que el nuevo texto legal está orientado a restringir aún más la libertad de expresión, y evitar a toda costa cualquier manifestación de disenso. CubaNet, en colaboración con la abogada Giselle Morfi, del centro de asesoría legal Cubalex, ha preparado este resumen sobre por qué el nuevo Código es un retroceso para la ciudadanía en Cuba.

1-Tipifica conductas penales, ambiguas, amplias y discrecionales

Los comportamientos delictivos deben estar en una ley clara, precisa y no discriminatoria. La ciudadanía tiene derecho a saber concretamente lo que está prohibido, para cuestionarlo, debatirlo, promover un cambio, o simplemente para poder cumplirlo. Y una vez más las leyes cubanas tipifican conductas demasiado amplias y abstractas para castigar desde la vía penal prácticamente cualquier acción que considere el estado. Además, quien interpreta la ley debe tener un límite claro en la propia legislación para evitar el abuso de poder. Sin embargo, y con toda la intención, el Código Penal cubano es una norma vaga y ambigua que da paso a la arbitrariedad.

2- Hay alrededor de 32 delitos que amenazan la libertad de expresión

Hay límites legítimos para ejercer la libertad de expresión. Es decir, cualquier estado puede limitarla cuando se violan estándares internacionales de Derechos Humanos, pero no de modo arbitrario como sucede en Cuba. Para que un gobierno cercene este derecho debe pasar primero tres filtros. El número uno es legalidad. Lo anterior significa que debe estar en ley y debe ser clara, que no quepa duda de cuál es la conducta prohibida. En segundo lugar, debe haber un fin legítimo, es decir, que sea necesario. Por último, debe ser proporcional la medida que se tome para limitar la expresión.

Esas medidas, según establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no deberían estar reguladas desde lo penal, sino en el ámbito civil y administrativo. Antes de condenar a un ciudadano por ejercer su libertad de expresión, el estado debe agotar todas las medidas que sean lo menos lesivas posibles. Y en el caso de que sean requeridas sanciones, debe demostrarse que era real el daño que ocasionaba el ejercicio de este derecho. Por ejemplo, el influencer conocido como el Gato de Cuba está en prisión por burlarse en una directa del mandatario Miguel Díaz-Canel. Tal sanción es un abuso y contradice los estándares internacionales.

Con esta norma la dictadura de la isla no solo castiga lo que digas o escribas, sino también promueve la censura.

3- El uso del ciberespacio como agravante de la responsabilidad penal

Se introduce este agravante como manifestación de la política penal del Estado de tener el control de todas las personas también en el ciberespacio. Se le podría aplicar a delitos como Difamación De Las Instituciones Y Organizaciones Y De Los Héroes Y Mártires (Art. 270) y eso implicaría que los jueces se muevan a los límites máximos de la sanción que solicite la fiscalía. Esto es incompatible con la libertad de expresión y la facultad de difundir por cualquier medio de expresión, información y opiniones que regula el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humano. También es preocupante que su aplicación es discrecional. Corresponde al tribunal decidir si la utiliza o no.

Además, una circunstancia que es elemento constitutivo del delito no puede ser considerada agravante de la responsabilidad penal, por ejemplo, a los delitos de Actos En Ocasión Del Uso De Los Medios Y Técnicas Informáticas (Art 168), Delitos Contra La Integridad De Las Telecomunicaciones, Las Tecnologías De La Información Y La Comunicación Y Sus Servicios (Título IX) no se les puede poner este agravante.

4- El delito de hacer periodismo independiente en Cuba

En un país donde todos los medios de comunicación son controlados por el Comité Ideológico del Partido Comunista, la prensa independiente ha sido por décadas perseguida. Con el nuevo Código se criminaliza nuevamente el acceso a fondos internacionales y recursos para desarrollar estos proyectos. La norma ha venido a figurar como una actualización de la Lay Mordaza, bajo la que condenaron a 75 disidentes durante la primavera Negra de 2003.

Sobre lo estipulado en el texto penal, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) emitió la siguiente declaración:

“Nos alarma la aprobación del nuevo Código Penal cubano, que criminaliza aún más el trabajo de los periodistas independientes de la isla, pues prohíbe el financiamiento proveniente de fuentes extranjeras y así pone en grave riesgo la existencia y sostenibilidad de la labor de estos comunicadores”.

5- Se mantiene la pena de muerte

El Estado cubano mantienen esta sanción penal de carácter inquisitivo para los delitos contra la Seguridad del Estado. Hay alrededor de 24 delitos que sancionan con esta pena. Su aplicación es discrecional y al tribunal le corresponde decidir cuándo es excepcional después de valorar los casos más graves, sin que existan reglas claras sobre cómo valorar la gravedad del asunto.

La discusión acerca de la abolición de la pena de muerte es muy polémica a nivel doctrinal. En opinión de la abogada Giselle Morfi, “una sociedad democrática e inclusiva cuya prioridad sea la protección a los Derechos Humanos no puede otorgarle al poder punitivo del Estado la decisión de quitar la vida. Con la muerte de la persona muere el fin mismo de la pena, que debe ser la reeducación y reinserción social”.

6- El uso de las medidas de seguridad terapéuticas

Las medidas que se aplican después que una persona cometió el delito y se considera que el sujeto constituye un potencial delincuente, un peligro para la sociedad, para el orden público. Por ejemplo, a personas con enfermedades mentales (o que el aparato de salud estatal así lo dictamine) pueden aplicarle medidas terapéuticas que incluyen la reclusión en centros de atención psiquiátrica por tiempo ilimitado. Lo mismo ocurre con personas sancionadas que consumen alcohol o drogas. Con el código anterior los cubanos podían ser apresados sin haber cometido delito bajo los denominados índices de peligrosidad predelictiva. Las medidas terapéuticas son una especie de metamorfosis.

7- La responsabilidad penal se mantiene a partir de los 16 años

La edad penal mínima es 16 años, por tanto, Cuba seguirá juzgando y condenando a niños y niñas como ocurrió tras las protestas del 11 de julio. La mayoría de edad es a los 18 de acuerdo con la Convenció Sobre los Derechos del Niño, también de acuerdo con el Código Civil cubano.

8- No reconocimiento del feminicidio como un delito de carácter especial

Aunque la nueva norma incluye la agravante de la violencia de género y en el asesinato una de las circunstancias de cualificación es esa, no se reconoce el feminicidio como un tipo penal específico.

Esta es la manifestación más extrema de violencia hacia las mujeres y el Estado no la nombra en la norma penal. Así impiden que podamos tener datos estadísticos y conocer la realidad y los niveles de violencia contra la mujer en Cuba. Lo que no se nombra no existe y la política de quienes dirigen el país ha estado signada por la opacidad que es la base de sus discursos propagandísticos. “El no reconocimiento impide también que el Estado tome medidas para su prevención y que se investigue, busque y sancione de manera adecuada. De esta manera no habrá garantía de no repetición dentro de una sociedad machista como la cubana”, explica Morfi.

9- La criminalización de la difusión ilegal de señales satelitales, televisivas, radiales o similares

Esto es una forma clara de censura. Son formas de restringir la libertad de expresión a través de medios indirectos, desprotegiendo y criminalizando la libertad de expresión, contrario a los estándares internacionales y regionales de Derechos Humanos. Establecen como sanción máxima hasta ocho años de cárcel.

10- La permisibilidad de la vigilancia electrónica

Viola la privacidad de las personas y tienen un efecto disuasorio en la sociedad ya que las personas pueden inhibirse de ejercer derechos humanos como la libertad de movimiento, expresión, libertad artística, entre otras.

La vigilancia electrónica es admitida como una técnica especial de investigación, junto al colaborador eficaz que es una persona que espía y delata. La vigilancia incluye lo recopilado con las cámaras de la calle, pero también que graben tus declaraciones de voz. No hay razones concretas en la ley que dictaminen bajo qué circunstancias y bajo qué tipo de investigaciones pueden aplicarse.

11- Monopolio de la acción penal en conductas electorales que se deben tramitar por vía no penal.

Por último, incluimos este mecanismo que atenta contra la participación ciudadana. Los sujetos (al desconocer con precisión la conducta prohibida) pudieran inhibirse de denunciar a otros funcionarios, a fin de no caer las conductas como el “irrespetar”, “incitar al ilícito”, “manifestaciones contrarias al normal desarrollo de las elecciones”, contempladas en el texto.  Tienen un efecto disuasorio que pone freno a la posibilidad de denunciar fraudes electorales y abusos de autoridad. Es una norma plenamente antidemocrática.

Además, hay muchas conductas en esta área que se sancionan por la vía penal, y no debe ser así excepto casos muy particulares.

Desde el oficialismo el nuevo Código ha sido presentado por sus impulsores como “garantista” y mucho más actualizado al contemplar delitos medioambientales y la cibercriminalidad. Así lo han vendido al exterior en su habitual propaganda. Lo que omite ese discurso es que la norma, a todas luces, ha sido pensada para sepultar cualquier indicio de disidencia. El Código Penal ha venido a reforzar formas de control ya establecidas y a instaurar nuevas. El estado cubano desconfía de una sociedad que se le está enfrentando y ha legislado para atar cualquier aspiración de libertad.

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MIAMI, Estados Unidos. – La provincia de Matanzas no escapa a la ola de robos y violencia que atraviesa Cuba. Autoridades locales informaron que en lo que va de enero el territorio ha registrado una media de 40 delitos diarios, en su mayoría cometidos contra el patrimonio estatal e individual.

Según la Agencia Cubana de Noticias (ACN), la cifra salió a la luz en el encuentro del Consejo Provincial del Poder Popular (CPPP), donde se señaló el mal funcionamiento de los llamados  grupos de control de la legalidad, radicados en cada uno de los 13 municipios matanceros.

Un informe presentado en la reunión por el teniente coronel Frank Villalobos González, jefe del sistema de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en la provincia, indica que la tasa de delitos en 2021 creció en un 14 por ciento con respecto al 2020.

Entre los delitos más recurrentes en el territorio durante el pasado año estuvo el hurto y sacrificio de ganado mayor.

Las autoridades matanceras aseguraron que la atención a las zonas y grupos más vulnerables resulta clave para reducir el índice de delincuencia en la provincia.

“Resulta necesario ir a las causas del delito y la ilegalidad, creo que si atendemos mejor a vulnerables, nos preocupamos más por la población que no trabaja y ofrecemos mejoras en consejos populares más desfavorecidos, entonces eliminamos algunas de las raíces del problema”, apuntó Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Matanzas.

Durante el Consejo, las  autoridades se limitaron a puntualizar cuestiones vinculadas al control de las ilegalidades, sin ofrecer detalles sobre el accionar delictivo en la provincia.

Desde el pasado mes de diciembre la violencia en Cuba ha aumentado considerablemente, con reportes de asaltos, robos y asesinatos en varias provincias del país.

El pasado sábado un joven identificado como Osvaldo Morales fue ultimado en la localidad de Bahía Honda, municipio de Artemisa. Personas cercanas a la víctima revelaron en redes sociales que los atacantes asesinaron a Morales para quitarle el teléfono y la billetera, en la que tenía menos de 500 pesos cubanos (CUP).

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MIAMI, Estados Unidos. – Al menos 16 robos con fuerza se llevaron a cabo entre los meses de agosto y septiembre en el reparto de Alamar, municipio de Habana del Este.

Los ladrones, todos detenidos por la policía, operaban sobre pequeños negocios privados, como quioscos y cafeterías, para apropiarse de bienes y alimentos.

“Estos sujetos tenían participación en 16 robos con fuerza ocurridos en agosto y septiembre… actuaban en quioscos del sector particular”, declaró a la televisión estatal un primer teniente del Ministerio del Interior (MININT).

Un capitán de la policía a cargo de la investigación señaló que los implicados en los delitos salían en la madrugada y forzaban la seguridad de los pequeños negocios, en ocasiones rompiendo puertas, ventanas y techos para entrar a los locales.

“El modo de operar de estos ciudadanos es en el horario de madrugada… extraían equipos electrodomésticos, productos y utensilios de cocina”, precisó.

Los autores de los hechos fueron identificados “a partir del trabajo pericial y del levantamiento de un grupo de huellas en el lugar de los hechos”.

Aunque los ladrones fueron cuestionados por un delito puntual, sus confesiones llevaron al esclarecimiento de una amplia serie de robos en los que también estuvieron involucrados.

De acuerdo con el Código Penal vigente en Cuba, el delito de robo con fuerza en las cosas puede conllevar hasta ocho años de prisión.

“Se sanciona con privación de libertad de tres a ocho años al que sustraiga una cosa mueble de ajena pertenencia, con ánimo de lucro…”.

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LA HABANA, Cuba. – Abraham pensó que había hecho el gran negocio de su vida. Apenas arribó a La Habana desde Holguín y ya tenía entre sus manos tres cadenas y una sortija de oro por las que ganaría en total poco más de 2000 dólares. Cuando bajó del ómnibus y pisó por primera vez en su vida las calles del Vedado solo llevaba en el bolsillo el celular Samsung casi nuevo que le había ganado en una apuesta a un amigo del barrio, más unos 40 dólares regalados por su abuelo para que no se instalara con las manos vacías en casa de los tíos, en la capital.

Le habían dicho que en La Habana se hacía dinero con cualquier cosa y que hasta el más bobo podía “darle la patada a la lata” ya sea “empatándose” con una “yuma” (una extranjera), enrolándose en cualquier “negocito” o hasta por casualidad —“la suerte es loca”, dice el joven Abraham— y, por tanto, no desconfió del anciano de apariencia noble que dijo haberse encontrado las prendas de oro envueltas en una bolsa de nailon, debajo del mismo banco del Parque Central donde los dos, “por azar”, se habían sentado a descansar.

“Yo vi al viejo, con cara de noblón, sin maldad. Se sentó, me pidió candela para prender un cigarro y sacó el periódico. Pensé que era un gay que venía a lo que tú sabes, como pasa aquí a veces, pero no. Como al rato vi que se agachó a buscar algo y recogió una jabita, la abrió delante de mí y sacó las cadenas y la sortija, parecían de oro de verdad”, cuenta el chico, todavía con evidente malestar a pesar de que ha pasado más de un año de aquel suceso.

“Fue el viejo el que me pidió que le cambiara el teléfono y 30 pesos (dólares) por las cadenas y la sortija. A mí me pareció raro pero de verdad parecía noble, un pobrecito. Me dijo que él lo que necesitaba era el dinero para comprar comida y pagar la luz y que no sabía cuánto podía costar todo eso, y yo pensé ‘¡Contra, estoy hecho!’ y le ‘partí el brazo’ (me aproveché). Para que tú veas, me dio hasta lástima. Cuando fui al joyero y me dijo que aquello era latón, que no valía ni diez fulas (dólares), lo que quería era salir y matar al viejo ese, jamás lo volví a ver”, se lamenta Abraham, que no quiso denunciar la estafa por ser considerado un “inmigrante ilegal” en la capital del país donde nació y vive.

“Esa es la estafa más vieja del mundo”, opina Daniel, otro joven que ha conocido de casos similares al de Abraham. Según él, el Parque Central es frecuentado por chicos y chicas recién llegados del interior del país en “busca de suerte”, lo cual los hace vulnerables frente a los estafadores.

“Eso de la jabita con las cadenas de oro es un clásico en La Habana, más viejo que la chapita”, afirma entre risas: “Lo que es aquí y por la Terminal de Trenes, en el Parque de la Fraternidad, siempre hay dos o tres cazando a los que llegan fresquitos y hasta con olor a tierra. El guajirito se ve a la legua y aquí les caen como buitres, y más ahora que el estafador está que da al pecho con esto de que no hay nada. Ayer mismo le enmarañaron un reloj a un chamaco. Como (los estafadores) saben que están ilegal casi nadie dice nada, la Policía ni se mete en eso, vaya, es que si te pones, hasta el policía se moja con la jugada, porque aquí todo el mundo está puesto para coger lo que le den”, asegura Daniel, quien dice no advertir a las víctimas cuando ha presenciado algún caso pues hacerlo pudiera atraerle represalias. 

“Aquí cada cual tiene que cuidarse, y también la gente tiene que aprender dándose golpes. Yo he visto policías que pasan y ni se acercan; la estafa es algo ya muy normal en La Habana, es como el bautizo del novato. Si te metes, te buscas una puñalada de gratis, y aquí se trata de sobrevivir no de poner el muerto”, concluye el joven después de insistir en que la situación ha empeorado en los últimos meses, de acuerdo con su experiencia cotidiana.

Una de las estafas más recurrentes es la adulteración de pinturas. (Denuncia en redes sociales / Captura de pantalla)

Una denuncia en redes sociales. Cada vez son más abundantes en el contexto cubano (Captura de pantalla)

Otra denuncia de estafa, abundantes por estos días (Captura de pantalla)

Las calles desoladas, el toque de queda, el ejército en las calles no han podido contra decenas, quizás cientos, de maleantes que aprovechan las circunstancias y ocultan su verdadero rostro tras las mascarillas, haciendo fácil que los confundan con cualquiera. También conspiran el desempleo creciente, la falta de dinero a causa de la paralización del turismo, el desabastecimiento y el hambre que traen aparejados tantos problemas acumulados durante más de medio siglo y que se han agudizado en menos de medio año. El crimen callejero no ha cesado en la Isla. Por el contrario, pudiera estar escalando a niveles mayores.  

“Se vuelven a ver cosas que ya no se veían desde los años 90, y eso que La Habana aún no la han abierto. Todos los días me entero de una estafa distinta. Siempre ha habido estafadores; es La Habana. Pero desde hace un tiempo para acá es como si hubiéramos vuelto a los años 90”, comenta un vecino de la calle Monte, en La Habana Vieja, cuando le preguntamos al respecto.

“Hacía rato que yo no veía arrebatar una cadena, y los otros días, como a las 6:00 de la tarde, tiraron a una chiquita al piso para quitarle una cadenita de basura, la semana pasada le estafaron 20 dólares a uno que pagó por un turno y cuando fue a meterse en la cola resulta que le habían vendido un pedazo de cartón con un numerito y ya. Ha pasado todo este tiempo, ¿y a quién uno va a acusar? Pero es que el nasobuco (mascarilla) no te deja ver bien con quién estás hablando”, afirma una señora que vive en las cercanías del Parque de la Fraternidad.

El encierro y las limitaciones de movimiento en las ciudades cubanas no ha sido obstáculo para las estafas y los estafadores. Las redes sociales en este momento están abarrotadas de advertencias y denuncias de víctimas que no encuentran otra vía mejor para dar caza a los malhechores, lo cual pudiera indicar la falta de confianza de las personas ante los organismos estatales encargados de administrar justicia y establecer el orden. 

De acuerdo con lo que puede leerse en los comentarios a publicaciones de este tipo, la percepción que prima en las redes sociales es que la Policía apenas sirve para organizar filas frente a los comercios y, sobre todo, para sofocar disturbios populares evitando un estallido social que pueda empañar aún más la imagen de estabilidad social que el régimen intenta proyectar hacia el exterior a toda costa. 

“¿Ir a la Policía? ¿A qué? Te dicen a la cara que ellos no están para eso pero, además, se limpian diciéndote que la culpa es de uno mismo porque no tenía que comprar en Revolico o en la calle. Cuando vienes a ver, el que va preso es el estafado. Mejor lo pongo en Facebook y por todos lados y que se le acabe el jueguito”, comenta alguien ante la denuncia de una estafa con joyas falsas, un episodio similar al que narramos al inicio de este reportaje pero sucedido en Santiago de Cuba.

Se han revelado en tal abundancia las estafas y estafadores que incluso algunos grupos de compraventa en Internet se han visto obligados a colocar advertencias en sus portadas para evitar que los hagan responsables directos o indirectos del delito.

Una de estas notas llama la atención sobre las estafas relacionadas con la venta de pinturas, quizás de las más frecuentes hoy en Cuba junto con la fabricación de colchones que no llevan guata y espuma como relleno sino pasto seco, tierra y hasta basura.

“Decían que eran colchones importados de Panamá y antialérgicos. Lo trajeron envuelto en nailon, parecía de verdad que era nuevo, pero cuando le quité el nailon salía tremendo mal olor. Aquello no tenía guata ni muelles, eran trapos sucios y hierba con tierra por todos lados, hasta bichos muertos”, así describe su experiencia una de las víctimas después de publicar los teléfonos y las fotos del estafador, a quien quizás jamás ha vuelto a ver.

Jesús, administrador de un grupo en Facebook dedicado a la comercialización y que cuenta con cerca de 20 000 miembros y más de 200 publicaciones diarias, dice tener prohibida la promoción de pinturas porque “todas, absolutamente todas, son estafas”.

“Yo elimino más de 20 publicaciones todos los días de gente vendiendo pinturas, latas de pintura. ¿De dónde va a sacar alguien tanta pintura en este país? Pero lo más terrible es que están a la cara, con teléfono y todo, llevan años en eso y la Policía ni se mete. No he visto ni un solo caso en la televisión, son latas de fango y agua, eso no es pintura. Eso es viejo en Cuba pero nadie dice nada. Esos descarados tienen que estar ‘mojando’ (sobornando) a alguien para que estén a lo descarado”, opina Jesús.

No se hace difícil encontrar testimonios sobre el problema de las estafas en la calle. La abundancia de anécdotas nos hace sospechar que se ha convertido en parte del día a día de los cubanos pero, sobre todo, de los habaneros.

Apenas se toca el asunto con cualquier desconocido y brotan las historias, las denuncias y las advertencias acerca del empeoramiento del fenómeno debido a una crisis económica cada vez más profunda pero, además, a la indiferencia institucional. 

De hecho, casi todos los oficiales de la Policía con los que conseguimos conversar sobre el tema de manera informal, ya que no se les permite dar entrevistas a la prensa independiente, señalan que se percibe un incremento de los casos pero igual dudan de que logre hacerse justicia teniendo en cuenta que tanto la víctima como el victimario son conscientes de que muchos de estos delitos se efectúan en el contexto de lo ilegal, el espacio en que transcurre buena parte de la vida de cualquier persona en la Isla que pretenda llevar “una vida normal”.

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MIAMI, Estados Unidos. – Autoridades judiciales de Suiza condenaron a seis años y medio de prisión a una ciudadana cubana residente en ese país que había apuñalado a su vecino hace casi dos años.

De acuerdo con el diario suizo 20 minutos, los hechos ocurrieron el 16 de junio de 2017 en la municipalidad de Oberglatt, cuando el hijo de la acusada regresó a casa y le contó que el hijo del vecino lo acosaba.

Según relata el medio, la mujer agarró un cuchillo de cocina y fue a confrontar al vecino en su propia casa y, al calor de la pelea, terminó apuñalándolo, primero en el estómago y luego en el pecho y los brazos.

Aunque en principio la cubana alegó que infligió lesiones a la víctima en defensa propia, finalmente, el Tribunal de Apelación del Cantón de Zurich estimó que su reacción fue exagerada y que podía haber infligido lesiones mortales a sabiendas.

Ahora, la mujer no solo deberá cumplir la sentencia en prisión, sino también indemnizar a la víctima con 8 mil francos suizos, unos 7 900 dólares estadounidenses al cambio actual.

A raíz de la condena, el hijo de la cubana tuvo que regresar a la Isla, donde permanece con su abuela.

MIAMI, Estados Unidos. – La Fiscalía Departamental de la ciudad de Pando, en Uruguay, acusó a cuatro cubanos por su presunto vínculo en hechos relacionados con tráfico de personas, explotación sexual de adolescentes y venta de estupefacientes, informó este martes el diario uruguayo El País.

Según la fiscal del caso, Alicia Ghione Core, los imputados se relacionaban con adolescentes, los llevaban a su casa y allí les daban alcohol y cocaína. Además, al menos dos de los cubanos acusados mantenían relaciones sexuales con menores de entre 15 y 17 años.

El informe de Ghione Core refiere que las actividades llevadas a cabo tanto en la casa como en las discotecas que frecuentaban quedaron registradas en varios celulares, por lo que existen pruebas del consumo de cocaína.

Asimismo, se estableció que los dos ciudadanos cubanos acusados de mantener relaciones sexuales con menores también fueron acusados por un delito de tráfico ilícito de personas desde Cuba a Uruguay, hecho que consta gracias a registros en los celulares.

Uno de los acusados ya había sido condenado por varios delitos de tráfico de personas tras una investigación realizada por la Fiscalía de Delitos Sexuales en Montevideo y, en estos momentos, se encuentra en prisión.

Como parte de la investigación se realizó un allanamiento donde fueron incautados $ 5000, 5,1 gramos de marihuana, varias pastillas, preservativos y recibos de giros a Western Union, Abitab, y Red Pagos a nombre de los dos acusados.

PUERTO PADRE.- “El criminal siempre regresa al lugar del crimen”, reza un dicho popular. Y esta vez, la afirmación empírica tuvo carácter de axioma.

San Manuel es un aburrido villorrio con entorno rural, situado a unos cinco o seis kilómetros de la ciudad tunera de Puerto Padre, en el Oriente cubano. Pero en la madrugada de este 9 de febrero, la modorra nocturna se transformó en barahúnda cuando no pocos vecinos despertaron con los alborotadores gritos de “¡ladrones!”

La Caprichosa, una tienda de productos normados por la cartilla de racionamiento, estaba siendo saqueada, y aunque con mucho sigilo iba desarrollándose el atraco, vecinos cercanos despertaron, y a las voces de alarma, los malhechores emprendieron la fuga.

Parecía que los ladrones habían escapado; mientras, al grupo de vecinos que animadamente comentaban pormenores del robo, se sumó un individuo conocido, visiblemente sofocado; según él, también había corrido tras los asaltantes.

Pero según el recién llegado contaba sus peripecias tras los ladrones, la atención de los vecinos, en silencio sospechoso, iba prestando mayor interés al relato: puntos cardinales de aquella historia no guardaban relación con los hechos.

Aunque incrédulos, nada alegaron los vecinos; el intríngulis vino a desenredarlo un sereno poco después: quien decía haber corrido tras los forajidos, en realidad era uno de los ladrones que poco antes habían pasado a escape bajo el alumbrado público, a pocos pasos del guardián.

“¿Quiénes roban las tiendas en Cuba, si las TRD (Tiendas Recaudadoras de Divisas) se encuentran protegidas con alarmas y rondas de guardias armados?”, se preguntará el lector menos enterado.

La respuesta es: cualquiera, el menos pensado; pueden delinquir desde un administrador simulando un robo con fuerza para encubrir una malversación, hasta un ladrón principiante para hacerse de ron, cigarros, café, azúcar, leche o arroz.

Los robos en las TRD son acontecimientos raros, no así en las tiendas de barrios, otrora comercios privados estatizados, donde comercializan los productos de la cartilla de racionamiento desde su instauración en 1962, que son a fin de cuentas mercancías de inferior calidad pero situadas en tenduchos deteriorados por el tiempo y sin protección.

Sólo en el municipio de Puerto Padre, una fuente conocedora asegura que en 2017 se dio el caso de una misma tienda ser robada en dos ocasiones, sumando decenas los atracos, “y ya en estos días de 2018 suman cuatro los robos”, dijo.

Según me cuenta un antiguo comerciante, en Cuba antes de 1959 los robos en tiendas eran poco menos que desconocidos. “Los dueños eran dependientes, administradores y vigilantes, compartían la casa con el comercio, vivían al lado o encima. ¿Así quién va a robar?”, dice.

Parece ser una historia cierta las quejas entre pequeños comerciantes de víveres. Según ellos, quienes los ponían en aprietos no eran los ladrones, sino sus propios familiares y amigos, quienes llevando mercancías al fiado, demoraban en pagar o simplemente no pagaban.

Las murmuraciones no carecen de fundamento. El mismo Fidel Castro confesó que en 1955 debía dinero a su tendero. La deuda resultó ser de 50 pesos, cifra estimable para la época.

Pero ya siendo Primer Ministro, mediante la Ley No. 1076 del 4 de diciembre de 1962, Fidel Castro expropió los comercios privados dedicados a la venta de ropa, calzado, ferretería y poco después, se “invitaría” a los bodegueros (comerciantes de víveres) a traspasar sus propiedades al Estado.

De un plumazo nacía el ladrón de tiendas en Cuba. La carencia de mercancías en los comercios, o su racionamiento, se encargaría de desarrollar una tipicidad delincuencial que, por el modus operandi y los objetos robados, poca o ninguna similitud guarda con otros delitos contra la propiedad.

Un septuagenario que fuera un muy competente investigador policial me hizo la historia de cómo, allá por el ya lejano 1977, debió investigar e instruir de cargos a un grupo de personas que, de forma organizada, habían cometido una cadena de robos con fuerza en tiendas rurales.

Según el viejo policía, cuando fue a practicar registro en el domicilio del jefe de la banda de ladrones —sin informar a sus propios jefes, pues sabía que éstos, aunque con la debida orden judicial, sin autorización política superior se opondrían a operar contra ese individuo—, dijo al investigado: “Vengo a hacerle un registro”, pero éste, tocándose un carné rojo en el bolsillo dijo:

“Usted no puede registrarme, yo soy militante del PCC (Partido Comunista de Cuba).

“¡Eras!”, me cuenta el policía dijo al militante en aquella ocasión, diciéndome ahora: “Imagínate… Las mercancías de todas las tiendas robadas las tenía él y sus compinches. ¡Un almacén tenía el tipo aquel con su carné del PCC…! ¡Con un carné igual al mío!”, dijo, con mirada triste, el viejo investigador de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), recordando lo dicho por un antiguo vigilante de la Policía Nacional (vigente hasta el 5 de enero de 1959): “No recuerdo que nosotros investigáramos robos en tiendas, ese delito no existía en Cuba; había desfalcadores del erario público como los hay ahora, pero no ladrones de vacas ni de tiendas”.

Y pensar que ahora en Cuba, por ineficacia policial, son los vecinos quienes deben ir tras los ladrones, porque en no pocas ocasiones los ladrones se hacen pasar por vecinos o militantes comunistas.