MIAMI, Estados Unidos.- El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó este miércoles a EEUU de estar detrás de la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, convocada por la plataforma cívica Archipiélago para el próximo 15 de noviembre.

En una comparecencia ante el cuerpo diplomático extranjero en Cuba, Rodríguez Parrilla nunca mencionó directamente la marcha ni presentó pruebas de las acusaciones que hizo, pero sí amenazó con demandar a Facebook por favorecer a “grupos privados”, una referencia indirecta a Archipiélago.

Según sus palabras, el Gobierno de Cuba no permitirá “de ninguna manera que la agresión persistente del Gobierno de los EEUU, sus intentos intensos y constantes, agudizados en los últimos seis y ocho meses de generar condiciones de desestabilización interna, de alterar la tranquilidad y seguridad ciudadana, de alterar la paz social, vayan a aguarnos esta fiesta”.

Para Rodríguez y su Gobierno la Marcha es una “agresión organizada desde el exterior con el empleo de agentes internos reclutados, entrenados, financiados, organizados, incluso a veces transportados directamente en vehículos diplomáticos de la Embajada de EEUU acreditada en La Habana”.

“No hay acciones autóctonas de desestabilización en Cuba, de oposición a nuestro Gobierno”, aseguró el funcionario castrista en su presentación de casi una hora.

“El eje central de esta operación organizada desde centros de poder en Estados Unidos, en ejercicio de la política oficial del Gobierno de EEUU, con intervención de altos funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y otras agencias, con la intervención permanente de senadores y congresistas anticubanos (…) conducen a consecuencias que en otros países han provocado conflictos y guerras, han estado seguidas por intervenciones incluso militares, y ocupaciones”, comentó.

Bruno Rodríguez dijo que los activistas cubanos del 15N “alientan acciones violentas de vandalismo”, y que en Facebook existen “grupos privados que realizan actividades ilegales”. “Facebook podría ser perfectamente, con estricto apego a la ley, demandada por estas prácticas contra Cuba”, amenazó.

“En estos acontecimientos se dirime el derecho de un Estado soberano, de un pueblo en ejercicio de la libre determinación, frente al intento de una superpotencia de intervenir en sus asuntos internos, forzar un cambio de régimen, destruir el orden constitucional, por motivaciones estrictamente políticas”, expresó, agregó que “el pueblo defenderá el orden constitucional por el que votó recientemente de manera masiva y entusiasta”.

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LA HABANA, Cuba, junio, 173.203.82.38 -El régimen cubano asume, al pie de la letra, la máxima de Antolín El Pichón, el popular comediante, quien nos hacía reír en un programa de la televisión con su frase: “El que me haga sombra, se va”. Tal máxima fue aplicada por el régimen hace poco a la cadena de noticias Al Jazeera, que decidió cerrar su oficina en La Habana, debido al constante acoso por parte del gobierno que sufría su corresponsal, Moutaz Al Qaissia.

El caso expone una obvia tendencia de la dictadura a mantener la censura. Las agencias de prensa que no acaten las reglas, deben trabajar en perpetua zozobra. Algunas de estas reglas no están escritas pero sí sobreentendidas, y acatarlas evita  a los corresponsales la expulsión del país, o el hostigamiento y represalias tales como amenazas anónimas, insultos, descalificaciones y robos.

En varias oportunidades, debido a las presiones y el hostigamiento, los corresponsales han optado por abandonar el país sin haber sido oficialmente expulsados. De esta manera el gobierno se ha desembarazado de periodistas incómodos, sin tener que pagar el costo político de expulsarlos.

Entre las causas de la partida de este periodista jordano-palestino, que cursó estudios de Telecomunicaciones en La Habana, entre el 2000 y 2004, aparecen las obstrucciones del gobierno para permitirle la importación de un automóvil y la negativa a otorgarle una autorización para abrir una cuenta bancaria.

Nada indica que la situación vaya a cambiar en el futuro cercano. Salvo puntuales permisividades, los corresponsales de las agencias de prensa acreditadas continuarán bajo la estricta supervisión de los departamentos encargados de esas labores, tanto en el partido comunista como en la contrainteligencia. Los límites de la tolerancia seguirán tan borrosos como siempre.

Pero en el colimador del régimen no solo están los periodistas extranjeros, los tentáculos llegan al cuerpo diplomático. Los diplomáticos que se atreven a saltar las barreras impuestas por el poder, también se arriesgan a ser blanco de operaciones sucias, que vulneran la Convención de Viena, pero que no dejan de aplicarse.

Cualquier muestra de acercamiento a opositores o disidentes por parte de un diplomático, se paga caro. Que un diplomático observe un acto de repudio contra un opositor, aunque no se involucre en lo más mínimo, basta para que el gobierno le aplique los correctivos, sin medias tintas.  Abucheos “del pueblo enardecido” en plena calle, campañas difamatorias en la prensa oficial, neumáticos pinchados, cortes del servicio de electricidad y de agua en sus domicilios, son parte de los efectos que las represalias communes que los diplomáticos “conflictivos” deben soportar.

En última instancia, el reportero de Al Jazeera podría considerarse un privilegiado, porque con un pasaje de avión se libró de su calvario. A los periodistas independientes el gobierno nos reserva destinos menos gratos que frecuentemente incluyen vacaciones en la cárcel.

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