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LA HABANA, Cuba, abril, 173.203.82.38 -Recientemente, el régimen ordenó cerrar todos los kioscos particulares que vendían carne, viandas, vegetales, frijoles, frutas y demás productos agropecuarios en las zonas más céntricas de La Habana. Aunque no todos han cerrado. Algunos permanecen funcionando y permanecerán mientras exista el soborno. Según comentarios extraoficiales, tampoco cerrarán los que pertenecen a familiares, amigos y protegidos de los burócratas con rango en el gobierno municipal. En mayo de 2011, estos kioscos, al igual que los vendedores ambulantes (carretilleros), debían tributar al Estado 262 pesos trimestrales por concepto de seguridad social, más un 5% de impuesto mensual sobre la venta. En julio de 2012, por súbito decreto estatal, los kiosqueros pasaron a un “régimen simplificado”. Les quitaron la categoría de “vendedores en puntos fijo” y los transformaron en “vendedores ambulantes”, es decir de kiosqueros a carretilleros, aunque solo fue en teoría. Luego, sin previa consulta con los interesados, les libraron del 5% de impuesto mensual sobre la venta y les impusieron una tarifa fija de 70 pesos mensuales, manteniéndoles la contribución para la seguridad social. Y un tiempo después, les elevaron la tarifa de 70 a 200 pesos mensuales. Así se mantuvieron las cosas hasta el lunes 15 de abril, fecha en que las autoridades de las respectivas Direcciones de Trabajo y Seguridad Social municipales pusieron finalmente término a las casetas. De nada valieron las reclamaciones de los kiosqueros y la de sus clientes naturales, los vecinos del barrio. A partir de ahora, los clientes deben lanzarse a la calle, a intentar adivinar dónde y cuándo se parquea la carretilla más cercana. Se acabó la modalidad de kiosquero, al tiempo que se reducen en gran número los carretilleros y la oferta. Porque, para mayor penuria de los desempleados y de los consumidores, desde hace casi un año tampoco se emiten nuevas licencias para el oficio de carretillero. Los que asentaron kioscos en sus viviendas, o arrendaron locales estatales para ejercer este oficio de cuentapropistas, perdieron la inversión. Y no serán compensados. Entre tanto, los kiosqueros –incluyendo muchas mujeres- tendrán que empujar sus carretillas, calle arriba y calle abajo, bajo el abrasador sol tropical. Una carretilla, para que atraiga y satisfaga a los clientes, debe tener la mayor variedad de alimentos frescos, lo que hace muy pesada la carga, que el carretillero debe empujar continuamente, pues se le prohíbe estacionarse por tiempo prolongado; solo les es permitido detenerse el tiempo justo que dure una venta. Asimismo, se le prohíbe aparcar en calles principales, frente a instituciones públicas. Tania, una residente en el municipio Diez de Octubre, narra sus últimas experiencias de kiosquera: “Me engañaron. Meses atrás vinieron unos inspectores de la Dirección de Investigación Superior y le tiraron fotos a mi kiosco. Me aseguraron que iban a admitir sólo los más lindos. Yo pinté y adorné el mío, y ahora me ordenan cerrarlo. Me advirtieron que me daban tres días de plazo para vender la mercancía y cerrar, pero al día siguiente me pusieron una multa de 250 pesos. Son unos mentirosos”. Luego de visitar la sede del Gobierno municipal de Diez de Octubre y la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), y de ser sometidos al peloteo de rigor, estos reporteros se presentaron en la Dirección de Trabajo y Seguridad Social. Allí vimos a una funcionaria encargada de la atención a los trabajadores por cuenta propia, a la que preguntamos sobre la controvertida medida: ¿Si los campesinos tienen que entregar el 80% de su producción al Estado, y el resto pueden comercializarla con quiénes quieran, ¿por qué no se otorgan licencias para carretilleros? La funcionaria respondió que la Ley “está bien concebida, pues tiene que existir un tope en el número de carretilleros en las calles”. Luego, remató con una interrogante que rebasa la capacidad de comprensión y el raciocinio de cualquiera: “¿Tú quieres que haya más carretilleros que guaguas?”. Sin palabras.

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