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LA HABANA, Cuba.- En declaraciones formuladas al periódico oficialista Trabajadores (“La economía cubana tiene potencial”, edición del pasado 14 de enero), el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, reconoció que el incumplimiento del plan de inversiones no solo aconteció en el 2018, apuntó que “se trata de una situación crónica, no coyuntural”. En efecto, las inversiones en la economía cubana llevan más de quince años quedándose por debajo de lo programado en los planes anuales. En ocasiones la diferencia entre el plan y la realidad ha sido alarmante, como sucedió en el año 2006 -el último bajo la dirección de Fidel Castro-, cuando de un plan de 8 mil millones de pesos a ejecutar, únicamente se llegó a los 4 mil millones, para un escaso 50%. A lo anterior se agrega que la tasa de inversión de Cuba no rebasa el 11% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que estudios académicos indican que se precisa de una tasa de alrededor del 20% del PIB para garantizar el crecimiento sostenido de la economía nacional. Ante la pregunta de “¿cómo podría revertirse semejante comportamiento de las inversiones?”, el ministro respondió con evasivas. Se limitó a expresar que “El tema es complejo, y es una prioridad de trabajo del ministerio, del país, y es parte central de la batalla económica”. Lo cierto es que el gobierno cubano carece de los recursos materiales y financieros necesarios para llevar adelante un proceso inversionista que satisfaga los requerimientos de la economía. Por otra parte, las deficiencias de todo tipo que se aprecian en los programas constructivos impiden la terminación en tiempo, y con la calidad adecuada, de obras clave para sectores como el turismo y la industria. La Ley de Inversión Extranjera de 2014 pretende atraer capital, materias primas y tecnologías foráneas, con vistas a suplir las limitaciones antes mencionadas. Sin embargo, la respuesta de los inversionistas extranjeros ha sido sumamente lenta, pues hasta el momento han participado con menos del 10% de la inversión total del país. En medio de tal descalabro, los gobernantes de la isla continúan negando la posibilidad de que los ciudadanos residentes en el país puedan invertir a título personal. Cuando en alguna que otra ocasión ha salido a la palestra esa negativa, los funcionarios, con tal de eludir el problema se han referido al trabajo por cuenta propia como la vía que tienen los cubanos de la isla para participar en la vida económica de la nación. Pero para nadie es un secreto que las trabas que afronta ese sector no estatal de la economía le impiden clasificar como un ente inversionista. Porque, ¿de qué inversión se podría hablar cuando se contempla con recelo la riqueza lícita que puedan obtener, o si se aprueban políticas fiscales que tienden a desestimular una contratación creciente de fuerza de trabajo? No hay dudas de que una apertura a que los nacionales puedan invertir, lo mismo mediante fuentes propias que por vía de las remesas que reciban del exterior, sería una notable inyección de recursos a nuestra economía. Mas, una vez más, los mandamases de la isla anteponen las razones políticas a la lógica económica. Incluso, esa discriminación que sufren los cubanos de Cuba es violatoria de la propia Constitución de la República, la misma que mediante el monopolio que ejercen sobre los medios de comunicación, se esfuerzan por hacer que los ciudadanos aprueben el próximo 24 de febrero. No hay que olvidar que el artículo 42 de ese texto legal establece que “Todas las personas gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad u origen nacional”.

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