LA HABANA, Cuba.- El próximo 20 de septiembre vence el plazo para la reinscripción de todos los trabajadores por cuenta propia (TCP) en el país, con la única excepción de aquellos que sean trabajadores contratados por los propietarios de los negocios. Un proceso que marcha con lentitud, pues solo un tercio de los TCP que deben reinscribirse lo han hecho hasta el presente. Según han informado las autoridades, a los TCP que no acudan a la reinscripción, y en consecuencia no presenten su proyecto de negocio, les será retirada la licencia para ejercer como cuentapropista.

Una información aparecida en el periódico Trabajadores da cuenta que 463 mil TCP están obligados a oficializar su reinscripción al ser titulares de las licencias, al tiempo que unos 104 mil ofician como trabajadores contratados. Al cierre de abril, algo más de 567 mil personas ejercían el trabajo por cuenta propia en el país.

De acuerdo con el criterio oficialista, la reinscripción trae beneficios para el TCP al ampliar sus posibilidades para el ejercicio de nuevas actividades en cada negocio. Sin embargo, buena parte de los cuentapropistas consideran que este proceso de reinscripción lleva implícito el interés gubernamental por afianzar su control sobre el sector no estatal de la economía. Por otra parte, existen muchas dudas acerca de la manera en que deben de confeccionarse los nuevos proyectos de negocios. Al parecer, estas serían algunas de las razones que inciden en la lentitud del proceso.

Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio del Transporte (para el caso de los taxistas) insisten en que, a la hora de la presentación del proyecto de negocio, los TCP deberán efectuar una descripción detallada de las actividades que pretender realizar, dónde y con cuáles trabajadores contratados laborarán, en qué horario se desarrollará el trabajo, así como la contribución a la Seguridad Social a la que desean adscribirse. Esto último bajo el supuesto de que una escala mayor de aporte a la seguridad social posibilitará una pensión más elevada cuando llegue la hipotética jubilación.

Como se puede apreciar, esta reinscripción contiene una especie de cuéntame tu vida que les daría la razón a los cuentapropistas en el sentido de que las autoridades aspiran a incrementar el control sobre ellos. A todo eso hay que agregar otras obligaciones, como las cuentas fiscales que deben abrir en los bancos, las declaraciones juradas de ingresos personales al final de cada período fiscal, y el sistema de contabilidad ─similar al empresarial─ que deben habilitar los propietarios de los negocios considerados como más lucrativos.

Otro problema que afrontan los TCP con más de tres trabajadores contratados ─como, por ejemplo, las paladares y buena parte de las cafeterías─ es la definición que deben adoptar en el momento de la reinscripción. Tendrán que reconvertirse en MIPYME o en una cooperativa no agropecuaria. Una decisión que mantiene paralizados a muchos cuentapropistas debido al poco dominio que existe acerca de la legislación que norma el trabajo de estas nuevas formas de gestión no estatal.

Evidentemente, no es difícil advertir la presencia de un denominador común que también ha ralentizado el proceso de reinscripción de los TCP: la desconfianza. Aunque el discurso oficialista no se canse de proclamar el apoyo gubernamental a estos actores económicos no estatales, es inevitable que los propietarios privados sean presa de la incertidumbre. Han sido muchas las ocasiones en que, de un plumazo, la voluntad de la maquinaria del poder ha hecho añicos las disposiciones previamente adoptadas acerca del trabajo por cuenta propia.

Se trata de un resquemor que los cantos de sirena de Díaz-Canel y su tropa no lograrán hacer desaparecer con facilidad.

ARTÍCULO DE OPINIÓN
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LA HABANA, Cuba.- Entre las actividades prohibidas para ejercerse por cuenta propia en Cuba se encuentra la enseñanza. Es decir, que no habrá maestros ni profesores por cuenta propia en la isla, y tampoco veremos la posible asociación de varios de ellos en una especie de cooperativa que sea el germen de la educación privada en el país.

Es verdad que el anunciado Perfeccionamiento del Trabajo por Cuenta Propia permite la existencia de ciertas actividades relacionadas con la educación, como las de profesor de mecanografía, taquigrafía, idiomas, y los repasadores de las asignaturas impartidas en el sistema nacional de educación. Pero se trata de materias que no alteren el mensaje político-ideológico que la maquinaria del poder les inocula a los niños y jóvenes cubanos en las escuelas del país.

El castrismo no está dispuesto a tolerar que nuestros los niños asistan a una escuela donde no repitan como cotorras la cantaleta de “pioneros por el comunismo, seremos como el Che”; tampoco admitirá que se enseñe una historia en la que la interpretación del pasado deje de legitimar el triste presente de nuestra sociedad; o que la imagen y el legado de Fidel Castro desaparezcan de los planes de estudio.

Los gobernantes cubanos no van a aceptar que haya universidades en el país donde puedan estudiar jóvenes no identificados con la ideología oficial, y que rechacen ingresar en las Milicias de Tropas Territoriales (MTT) organizadas por el aparato militar del régimen. Aunque, claro, todos sabemos que muchos de los actuales estudiantes universitarios simulan esa adhesión al gobierno con tal de conservar sus matrículas. Las universidades cubanas son grandes fábricas de personas con doble moral.

Por supuesto que no abogamos por la privatización total de la enseñanza en el país. La escuela pública debe continuar, aun con sus imperfecciones docentes y materiales, y ese lastre ideológico que hoy la daña considerablemente. La instrucción a los estudiantes que no puedan pagar una escuela privada es una obligación que ningún estado puede soslayar.

Sin embargo, reclamamos el derecho que les asiste a las familias cubanas de optar por otra educación para sus hijos que se aleje del adoctrinamiento que el castrismo aplica en los actuales centros educacionales. Las escuelas privadas deberían coexistir con las escuelas públicas, tal y como sucede en la mayoría de las naciones.

Resulta risible escuchar la justificación que las autoridades han ofrecido para no aceptar el trabajo por cuenta propia en la Enseñanza. Por lo general aseveran que en la Constitución de la República queda establecido que esa es una función que únicamente le compete al Estado, según el inciso b del artículo 32 de ese cuerpo legal. Y es risible porque se trata de un argumento endosado en la Constitución por las propias autoridades, y no como consecuencia de un reclamo de la sociedad.

Además, es sabido que mucho antes de que se promulgara la actual Constitución, desde una fecha tan temprana como el año 1961, ya los gobernantes cubanos no admitían otra enseñanza que no fuera la dictada por ellos mismos. Resulta notoria la eliminación de los colegios católicos en el país, de tan significativa importancia en la formación de generaciones de cubanos, incluyendo al propio Fidel Castro en sus años mozos. Ni las repetidas peticiones de la jerarquía católica en pos de recuperar sus colegios, aun a raíz de la visita de tres Papas a la isla, han podido doblegar la tozudez del castrismo.

Queda muy claro que el objetivo que persiguen las autoridades al no permitir el trabajo por cuenta propia en la enseñanza va mucho más allá de cualquier afán filantrópico. Quieren mantener a toda costa su control totalitario sobre la sociedad.

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LA HABANA, Cuba.- El régimen cubano no quiere escuchar, ni siquiera de sus propios seguidores, los consejos acerca de las difíciles y complejas situaciones que ha creado en la economía tratando de tapar un parche con otro. El blog de Pedro Monreal ha criticado –bien fuerte– los debates sobre el trabajo por cuenta propia que se llevaron a cabo en la Comisión de Asuntos Económicos, en las recientes sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El economista ha calificado los mismos como “Trampa 22”, al parecer refiriéndose a la novela satírica del mismo nombre, de Joseph Heller (1961), en la que si haces algo, como solución a un problema, se te convierte en un boomerang, lo que implica que, en definitiva, no hay elección posible ni manera de salir del sistema. Llevada al lenguaje popular: “palos porque bogas y palos porque no bogas”.

Las críticas de Monreal respecto al futuro del trabajo por cuenta propia llegaron al extremo de que escribiera de forma textual: “Nos encontramos ante un razonamiento burocrático en pleno esplendor”.

Coincido con este economista, pues la solución al futuro del trabajo por cuenta propia no está solo en “el control”, ya que el Estado debería tomar en consideración la necesidad de fuentes de trabajo que tiene la sociedad y la posibilidad de que estos pequeños empresarios creen nuevos empleos.

En estos momentos, la cifra de trabajadores en el sector privado sobrepasa los 600 mil. Solo en los primeros cinco meses de este año se aprobaron más de 185 mil licencias, informó de manera oficial la Ministra de Trabajo y Seguridad Social. La tendencia se ha mantenido, y las modalidades más solicitadas son: la elaboración y venta de alimentos, el transporte de pasajeros y el arrendamiento de viviendas.

Para nadie es un secreto que el trabajo por cuenta propia la dictadura lo ve como un mal necesario. En el quinquenio 2012/17 cancelaron unos 600 mil empleos, una tendencia que ha continuado a partir de esa fecha, pues el objetivo principal en esta reforma era reducir el número de trabajadores estatales que abultaban las plantillas.

Sin embargo, el “sector privado” ha ido creciendo desde hace 10 años, y en estos momentos agrupa el 13% de la fuerza laboral de la Isla.

Son 132 modalidades en las que está permitido del trabajo por cuenta propia, y ha habido algunas pequeñas concesiones entre las que se destaca la eliminación del límite de 50 capacidades en los restaurantes.

El Consejo de la Administración Provincial de La Habana ha establecido precios máximos, a partir del primero de agosto, a trabajadores por cuenta propia vinculados a las actividades de servicios gastronómicos, panaderos-dulceros, según plantean de manera oficial por las preocupaciones de la población. Los productos en cuestión son: refrescos, agua mineral, maltas, jugos y cervezas, los cuales solo se consiguen en estos momentos en los negocios privados.

Esto a quien afecta es al pueblo, porque ahora al menos tendrás un lugar donde adquirir estos productos, aunque bien caros, pero a veces tienes un niño enfermo en la casa, o algún viejito, y no puedes darle a tomar un jugo, una malta o un agua mineral porque el Estado no lo garantiza. Por lo cual, cuando al cuentapropista no le dé la cuenta costo-beneficio dejará de adquirirlos, lo que no quiere decir que el Estado recuperará la posibilidad de venta, pues es muy poca la producción y además hay problemas con el transporte para la distribución.

De todo este análisis, lo más preocupante es que la dictadura consiga que no aumente en número el sector privado, y si lo que se produce es una fuga de los cuentapropistas sería muy difícil poder reubicar estos trabajadores en puestos oficiales.

No obstante, la sociedad ha demostrado a los que la mal dirigen que es capaz –a través del sector privado– de ser productiva y tener ganancias.

Mientras el gobierno, por su parte, no toman lo bueno que se desarrolla entre estos pequeños empresarios, e incluso ni siquiera les hacen competencia, todo lo quieren resolver con el “control” y el hostigamiento a través de los inspectores. Pero muchas veces no les funciona, porque hay mucha corrupción y cualquiera de los que fiscaliza “se hace el loco” por unos cuantos pesos.

Se puede afirmar que en Cuba no hay solución para los actuales problemas del sector privado, porque no existe voluntad política –reflejada en la economía– para mejorar sus condiciones, por el contrario, siempre que pueden los afectan, es por eso que “Trampa 22” es el símil perfecto para esta actividad.

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LA HABANA, Cuba.- Elizabeth Zaldívar Ortiz, trabajadora por cuenta propia y miembro de la Asociación de Pequeños y Medianos empresarios en Cuba (Pememcub), denunció este fin de semana que fue arrestada por la policía nacional luego del allanamiento de su puesto laboral, y el decomiso de todos los productos que ofertaba.

“Aparecieron policías por todas partes. Empezaron a recogerme todo y me llevaron presa para la estación de policía del Capri ya que, según ellos, no se pueden vender productos importados, porque es ilícito”, denunció.

Elizabeth ofertaba a la población variados artículos útiles para el hogar en una mesa de venta enclavada en la zona de la Palma, del municipio Arroyo Naranjo.

Según destaca, luego del arresto, permaneció por más de cuatro horas en un pequeño salón de la unidad policial, y conducida más tarde a un calabozo, lugar que calificó como “espantoso”, por las condiciones infrahumanas que enfrentan los detenidos en dichas mazmorras, según advirtió.

“No hay calificativo para este lugar, ese no es un lugar ni para animales. Hay tremenda peste, no hay agua potable y los colchones de dormir para que te cuento. Fueron las peores 24 horas de mi vida”, lamentó.

Zaldívar Ortiz declara que las autoridades incluso le negaron la atención médica, a pesar de sufrir un ataque epiléptico, pues las autoridades no le creyeron, confesó.

“Ellos decían que todo era fingido, hasta que me puse muy mal y entonces me llevaron con toda su calma para el médico. Incluso me auto agredí producto de esto mismo, porque en varias ocasiones les expliqué que tenía a mi nieto de 10 años solo en la casa, y como no me hicieron caso, me puse muy mal, pero a ellos no les importó nada de eso”, insistió.

Elizabeth denuncia que no le fue entregada una copia del documento donde se reflejan los productos confiscados, y que, para su liberación, 24 horas después de su arresto, tuvo que pagar una multa instantánea de 3000 pesos, conocida popularmente como 8.3, ya que está amparada en el artículo 8, apartado número 3, del código penal cubano.

“Tuve que pedir el dinero prestado, porque mi mesita no daba esa cantidad de dinero de ganancia, malamente me alcanzaba para comer, pero para salir tenía que pagar obligatoriamente esa cantidad”.

“Me trataron como si fuera una delincuente y yo soy una trabajadora”, especificó.

En tanto su nieto Ángelo Maceo, de 10 años de edad, dijo a este medio que durante la estancia de su abuela en la estación policial pasó hambre y tuvo miedo porque estuvo solo por 24 horas.

“Abrí el refrigerador y no había nada de comer, entonces me acosté a dormir, pero tuve mucho miedo de noche”, dijo el niño.

Por su parte, Juan Rodolfo Meriño, presidente de Pememcub, asociación independiente de emprendedores cubanos de la cual Elizabeth es miembro, alega que en cuanto supo la noticia se presentó en la estación policial pero no obtuvo logro alguno.

“Estuve hablando con un oficial al cual le exigí su liberación y me dijo que estaba acusada de actividad económica ilícita, a pesar de que disponía de una licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia, pero que estaba vendiendo productos importados y eso era ilegal”, refirió Meriño.

Pememcub es una organización que alberga a trabajadores de diferentes actividades del sector privado, que se organizaron para defender sus derechos, y aunque no es una organización política, no es tolerada por el gobierno de la Isla, motivo por el cual sus miembros son víctimas de acoso y persecución por parte de la inteligencia cubana.

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MIAMI, Estados Unidos.- El Gobierno cubano reforzará el transporte público con 400 microbuses y 90 nuevos autobuses en La Habana, informó hoy el ministro de Transporte, Adel Yzquierdo, mientras taxistas autónomos han mostrado su rechazo a la nueva normativa del Régimen para regular el sector.

Los microbuses de 12 plazas cada uno y los 90 autobuses -60 de ellos articulados- se sumarán a los 700 vehículos que circulan actualmente en las redes de transporte urbano de la capital, indicó el ministro.

El anuncio llega en un momento en que se ha agravado el crónico déficit de transporte de pasajeros en La Habana, tras el “experimento” de la nueva regulación, puesta en marcha en octubre y que pasará a ser oficial este viernes.

Según las nuevas disposiciones, los llamados “boteros” o taxistas autónomos, que antes trabajaban casi sin restricciones, ahora deben acogerse a una de las tres opciones de licencia: libre (con limitaciones), en ruta y auto de alto confort o clásico.

Además, deberán someter su vehículo a una inspección técnica y aprobarla para poder prestar servicio de pasajeros.

Muchos conductores por cuenta propia -también los hay contratados por el Estado- han mostrado su descontento con las nuevas normas al considerar que recortan sus beneficios, e incluso han amenazado con movilizaciones desde el mismo viernes.

“Mucha gente no tiene valor de decirlo, pero el nuevo sistema no les funciona. No puedes invertir 5 pesos para ganarte 3. Tienes al menos que recuperar los 5, y si puedes, ganar 5 más”, declaró a EFE un taxista en La Habana.

Por su parte, el ministro achaca las quejas de los autónomos al desconocimiento de las nuevas normas, y aseguró que un taxista en el modo de ruta puede ganar más de 2.000 pesos (80 dólares) al mes, mientras el salario medio de un trabajador estatal es de algo más de 30 dólares.

El titular de Transporte también lamentó que solo aprobaron el 32 por ciento de los vehículos que se presentaron a la inspección por primera vez, aunque más del 60 % lo lograron en las sucesivas.

El parque móvil en Cuba es uno de los más envejecidos del mundo, con numerosos vehículos de más de 20 años de edad y muchos fabricados en la década de 1950.

Además, en los últimos meses se revocó la licencia a más de 2.000 transportistas por deficiencias técnicas, lo que ha contribuido a la aparente escasez de vehículos de pasajeros disponibles.

Solo en La Habana se desplazan todos los días 1.4 millones de personas, de ellas más de 1 millón en vehículos estatales, indicó el ministro.

El Gobierno cubano, que mañana pondrá en vigor una nueva normativa para el medio millón de trabajadores por cuenta propia del país, cedió en los pasados días a las demandas de sectores como el hostelero, suavizando algunas restricciones que afectaban a sus negocios.

Sin embargo, en el caso del transporte no se ha abierto la posibilidad de modificar las normas a aplicar, lo que podría influir especialmente en los desplazamientos urbanos si los taxistas particulares deciden iniciar un paro o tirar la toalla y devolver su licencia.

EFE

LA HABANA, Cuba.-Los televidentes en Cuba tienen pocas opciones y también están limitados los canales de televisión; pero de forma general -lo que más molesta- es lo politizada que es la programación y además poco variada. Los que más gustan son las novelas brasileñas y Pánfilo (Vivir del Cuento).

La novela de turno, por un lado, se hace popular por sacar a las personas del ambiente de miseria en el que viven y un poco que las pone a soñar, tiene asiduos hombres y mujeres. Entretanto Pánfilo, porque de manera desafortunada el cubano se ríe de sus propias desgracias, y los temas que aquí se tocan están vinculados con los muchos problemas que existen en la cotidianidad.

En medio de este panorama, este verano comenzó la segunda temporada de una serie de factura nacional que habían transmitido dos o tres años atrás nombrada “De Amores y Esperanzas”, está en un horario estelar, después del Noticiero Nacional de Televisión de las 8 de la noche los sábados, la cual repiten los martes también en la noche. La serie tiene bastantes seguidores.

La trama televisiva se basa en las relaciones entre abogados de una de las unidades de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), quienes viven en muy buenas casas, se visten bien y no tienen problemas como el de hacer colas, situaciones con la comida, el transporte entre otros muchos que enfrenta el cubano de a pie. ¡Ah! Pero tampoco durante las secuencias van a reuniones del Partido Comunista de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución, o cualquier otra organización de masas.

En el desarrollo del drama, una de las abogadas, interpretada por la actriz Irela Bravo, tiene una hija medio “hippie” que se dedica a hacer tatuajes en un salón compartido con un amigo; pero el hecho es que el tatuador no tiene permiso legal para ejercer dicha actividad, pues no está aprobada la licencia para ello dentro del trabajo por cuenta propia, no se consideró en la reciente reorganización.

Esto implica que, en la trama de la serie, “mamá abogada”, representante de los intereses del Estado, está consciente de que su hija comete una ilegalidad y se muestra como algo normal, parte de la vida diaria, Incluso la joven habla de “su negocio”.

En este sentido, hace ya más de una década que el tatuaje se ha convertido para los jóvenes (y algunos no tan jóvenes) en algo parecido a una muestra de belleza en el cuerpo y se ha separado bastante del esteriotipo de “eso es cosa de presos”.

Hace ya algunos días, el periódico Juventud Rebelde publicó en su sección Acuse de Recibo una queja de un avileño, de nombre Johny Álvarez Morgado, al que hace tres meses no le permiten ejercer su profesión de tatuador.

Algunas veces, a nivel territorial, se preparan operativos policiales sobre actividades ilegales y se llevan a cabo solo en el lugar donde fueron planificados. Este es el caso de Johny, al que pusieron una multa de 500 pesos por contravenir el Decreto Ley 308, artículo 119, inciso A. Sin embargo, los inspectores no le explicaron la razón ni lo que estaba ahí legislado, aunque sí que le exigieron firmar la multa.

El referido Decreto Ley establece en este artículo e inciso: “No estar inscrito o no actualizar los datos del registro del contribuyente en el término establecido. Se sanciona con multa de 200 pesos a 500 pesos para las personas naturales y de 1000 a 1500 para las personas jurídicas”. Lo que implica que le aplicaron la sanción máxima.

Al parecer, el operativo de los inspectores se tornó tan intenso que se unieron 35 tatuadores afectados y decidieron presentarse en la Oficina Municipal de la Administración Tributaria (ONAT). La respuesta fue que desconocían de las acciones adoptadas por los inspectores y no pudieron explicar por qué la actividad del tatuaje, que hace tantos años se lleva practicando en el país de forma ilegal, no está en el listado de especialidades aprobadas a trabajadores por cuenta propia.

El grupo también asistió a la Dirección de Trabajo y a la Asociación Hermanos Saínz en la provincia de Ciego de Ávila, allí tampoco obtuvieron respuesta y mucho menos solución. También contactaron a abogados que desde el punto de vista legal les aconsejaron esperar; lo que no les dijeron fue a qué y cuánto tiempo.

Si bien desde lo legal la actividad no es permitida, en Cuba se sigue haciendo, porque, además, cada vez son más los jóvenes que quieren llevar sobre sí un tatuaje. No obstante, al otro lado del problema están los riesgos sanitarios que quedan sin supervisión, pues al no existir control de la ejecución los requisitos que deben exigirse para hacer algo que implica posibles problemas de salud para la persona, permanecen a la deriva, ya que el proceso es inyectar tinta, o algún otro pigmento, bajo la epidermis.

Si el material del tatuador no es estéril y de un solo uso, existe la posibilidad de contraer enfermedades infecciosas, e incluso el VIH/Sida; también reacciones alérgicas debido a los pigmentos utilizados, algunos de ellos derivados de plantas.

El Ministerio de Salud Pública no se ha proyectado de forma oficial sobre esta situación, a pesar –incluso- de la alta posibilidad de contaminación de Hepatitis C.

Todo parece indicar que los que hicieron el libreto y los que aprobaron su puesta en escena de la nueva serie televisiva cubana no están en conocimiento de la ilegalidad que muestran, o a lo mejor sí lo saben y quieren trasladar parte de la verdad que se vive en Cuba a la pequeña pantalla. A algunos les ha dado por llamarle doble moral, pero en realidad es solo inmoralidad generalizada.

LA HABANA, Cuba.- Problemas hay muchos, y se incrementan cada día a pesar de que a Miguel Díaz Canel le haya dado por recorrer el país para conocer cómo funcionan las cosas. Cualquiera le podría decir sin moverse de la sala de su casa: mal, muy mal.

Pero en estos momentos, a partir de que se hicieron los anuncios del Decreto Ley No.356 sobre el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia, y demás disposiciones al respecto, se puede decir que la que más ha sufrido perjuicios es el transporte en la ciudad capital.

Cifras oficiales señalan que hay un total de 57 289 personas inscritas como trabajadores por cuenta propia en el área del transporte de carga y pasajeros. En el caso particular del traslado de pasajeros, los porteadores tendrán que elegir el próximo mes de octubre entre tres posibles caminos a seguir: servicio de taxi de alto confort o clásico, servicio de taxi rutero o servicio de taxi libre.

Sin embargo, en estos momentos la decisión, acompañada de la escasez de recursos para el transporte estatal, ya ha puesto en crisis el traslado de pasajeros en la ciudad. El propio presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Reynaldo García Zapata, informó en una reciente reunión del Grupo Gubernamental de Apoyo a la capital que, dado el déficit de ómnibus, no es posible cumplir con la programación diaria de viajes, por lo cual se están dejando de transportar en la actualidad un total de 227 mil pasajeros en el día.

No es difícil de imaginar lo que significa esto en La Habana, con una cifra cercana al cuarto de millón de personas, donde algunos de ellos no tienen otra forma de moverse, pues no es lo mismo pagar 40 centavos en moneda nacional (CUP) en un transporte estatal (léase guagua), que 10 ó 20 CUP en autos colectivos, conocidos nacionalmente como almendrones.

No obstante, la explicación que se dio al respecto no lleva implícita la falta de petróleo, suministrado por la “hermana” República Bolivariana de Venezuela. El dirigente manifestó que los motivos que inciden en esta situación, además de la carencia de ómnibus, son: problemas organizativos y de indisciplina laboral y tecnológica, y déficit de choferes, directivos, y técnicos en diferentes terminales.

Como puede concluirse de esta información, continúa reinando la falta de gobernabilidad, en particular en la capital del país, que se hace incontrolable para sus principales dirigentes.

Si echáramos un vistazo a la legislación que entrará en vigor el próximo 3 de octubre, resultaría fácil comprender que está hecha para ahogar al sector privado del transporte. Por ejemplo, los llamados “boteros”, que trabajan como taxistas particulares, deben presentar comprobantes para justificar todos sus gastos deducibles. Además, según el tipo de actividad a la que se dedican, así como la capacidad del vehículo, deben tener un consumo mínimo de combustible que, como es natural, tendrá que ser justificado con documentos de las gasolineras cubanas o “CUPET”.

En el caso de los autos que brindan servicio de taxis de alto confort o clásicos, deberán estar vinculados contractualmente con una entidad jurídica autorizada por el Ministerio del Transporte (MITRANS). Lo que implica que no podrán esperar a las salidas de los hoteles e incluso en los muelles, cuando arriban cruceros, si no tienen la autorización de la correspondiente empresa del MITRANS.

Aquellos que daban en alquiler sus carros, por diferentes motivos, están obligados ahora a tener una Licencia de Conducción y, además, un permiso de arrendamiento como Trabajador por Cuenta Propia. Las nuevas disposiciones exigen que, para los trámites relacionados con la entrega de la Licencia, en el caso de las personas naturales se requiere acreditar la suscripción de una póliza de seguro por responsabilidad civil para los medios de transporte.

Algo que no podría faltar, entre las muchas particularidades que tiene la ley, es la parte política, en la que se plantea que también el transportista privado está obligado a participar en las actividades de la defensa, cuando sea convocado por el órgano, organismo o autoridad facultada.

Para aumentar los controles, cada actividad autorizada queda bajo la supervisión de un ministerio estatal, además de los órganos municipales y provinciales del Poder Popular, los que pueden intervenir para fijar precios.

Solo habría que preguntarse: ¿Si los ministerios no pueden controlar las empresas que tienen subordinadas, ni el Poder Popular tampoco, cómo le asignan ahora el control de los Trabajadores por Cuenta Propia?

Aunque solo se han analizado algunos aspectos de los numerosos que están recogidos en la legislación, incluyendo las disposiciones suplementarias (Resoluciones) por los diferentes Ministerios, es factible pensar que la lucha contra los transportistas privados, como parte de los Trabajadores por Cuenta Propia, se ha convertido en “mortal”. El fin es terminar con ellos.

No obstante, pienso que, dado el cuello de botella que tiene el Estado en estos momentos con el transporte en la ciudad, se tomen algunas medidas provisionales como la de alargar el plazo del comienzo de las regulaciones, e incluso disminuir el nivel de intensidad que tienen algunas.

Pero como la dictadura es tan arrogante, y le cuesta tanto trabajo reconocer cuando se equivoca -de ser posible no lo admite nunca-, ese momento en el que el pueblo salga a protestar a la calle puede estar cerca.