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LA HABANA, Cuba, febrero, 173.203.82.38 -Se ha hablado y seguirá discursándose sobre la implementación del cooperativismo en Cuba, sus resultados productivos y sus formas de organización, todas ellas constituidas y reglamentadas por el estado totalitario, que ha impedido la libertad de accionar de este tipo de sociedades económicas. Desde el “Programa del Moncada”, Fidel Castro expresó su convencimiento de que la parcela individual solucionaría el problema del campesino, pero no podría resolver el del pueblo, razón por la que trató de imponer un amañado plan de socialización de la tierra, con el contubernio de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). El régimen comunista dictó y aplicó las dos leyes de reforma agraria, convirtiendo en propietarios a los campesinos que ya poseían fincas en concepto de arrendatarios, aparceros o precaristas. El gobierno, a medida que ocupaba grandes extensiones de terreno como resultado de los procesos de nacionalización o expropiación, creaba entidades estatales que presentaba como asociaciones colectivas de productores agrícolas, con nombres diversos: granjas cañeras, del pueblo, etc. También constituyó unas pocas cooperativas integradas por los beneficiarios de las leyes de reforma agraria. El “Máximo Líder”, para evitar rasgar la credibilidad de su dictadura, de inicio no aplicó las formas socialistas de producción colectiva a la generalidad del campesinado. Estaba convencido de que este podía desilusionarse y sentirse engañado al recibir fincas en propiedad y tener que pasarlas después a uso colectivo. No obstante, en 1961, en la clausura de la Plenaria Nacional de Agricultores Pequeños, el mañoso dictador, dirigiéndose a los campesinos, les señaló: “La Revolución cree que la pequeña parcela no rinda bastante. Pero no pueden aspirar ustedes a aumentar la parcela para contratar obreros agrícolas y explotarlos haciéndolos trabajar para ustedes. Ellos deben trabajar únicamente para ellos y para la sociedad”. Y concluyó Fidel Castro: “La Revolución ve la solución en la cooperativa”. “La Cooperativa permite hacer con las parcelas pequeñas una gran finca de explotación rentable”. En 1962, en el Congreso Nacional de Cooperativas Cañeras Estatales, el obcecado líder expresó: “La verdadera cooperativa, para un proletariado sería un retroceso, y en cambio para un pequeño agricultor, sería un avance”. De esta manera, la dictadura, aun cuando entregó casi un millón y medio de hectáreas y otorgó 100 mil títulos de propiedad a campesinos individuales, siguió una política agraria dirigida a la estatalización de la tierra, con la creación de granjas ineficientes y mal administradas. El gobernante, al aplicar sus tesis sobre el cooperativismo privado, ocupó cerca de 3,5 millones de hectáreas de las mejores tierras del país y más del 77% de la superficie agrícola total. El Anuario Estadístico de Cuba del 2010 muestra la ocupación gradual que hizo el régimen castrista a las tierras de propiedad privada. Al cierre de 2007, el Estado cubano, de los menos de 11 millones de hectáreas de tierra explotable en el país, tenía en propiedad más de 8 millones. Sólo el 23% de la superficie cultivable de Cuba quedó en manos privadas. Del total, menos de 700 mil hectáreas correspondían a cooperativas de producción agropecuaria (CPA), y poco más de 1,4 millones a productores individuales. De modo que el dictador, en un inicio, echó por tierra las tesis reformadoras del cooperativismo, para imponer un nivel de estatalismo agrario nunca antes visto, causa fundamental por la que aún el pueblo no disfruta de una agroindustria provechosa y sufre un profundo estrangulamiento alimentario. Años más tarde, el mayor de los Castro sí cooperativizó, aunque de manera vergonzante, parte de los bienes y medios de producción estatales, al formar las UBPC (“unidades básicas de producción cooperativa”), modelo cuya ineficiencia fue reconocida hace unas semanas por las propias autoridades. Los actuales tecnócratas agrarios, a la par de su antiguo líder, aún no admiten los valores de la propiedad individual y siguen empecinados en reestructurar las socializadas e improductivas UBPC, en una simbiosis de factura social, organización no estatal y usufructo de la tierra, como una mezcla de agua, azúcar y sal.

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