1

Régimen confisca tierras y ganado mayor a ciudadano cubano residente en EE.UU.

Tierra, Cubano, Ciudadano, Ganado,

MIAMI, Estados Unidos. – Un operativo llevado a cabo por fuerzas del Ministerio del Interior de Cuba (MININT) en la provincia de Cienfuegos terminó con la confiscación de tierras y ganado mayor a un ciudadano de la Isla residente en Estados Unidos.

Un reportaje sobre el caso transmitido por el Noticiero de Televisión señala que las cuatro fincas inspeccionadas fueron adquiridas de manera ilegal por el individuo, que inició un proceso de repatriación hace tres años.

Mailín Castillo, Asesora Jurídica de la Delegación Municipal de Agricultura del municipio de Cumanayagua, señaló que el ciudadano, además de comprar las propiedades ilegalmente, era participe de otras violaciones que se cometían en las fincas.

“Se viola el objeto social para el cual le dieron la tierra. Se le dio para para cultivos varios y estaba siendo utilizada para ganadería… estaban violando normas en cuanto a la masa ganadera que debían tenerse en cuenta”, explicó.

La funcionaria señaló que otra de las violaciones detectadas era la de no administrar de manera directa y personal la unidad de producción.

Según funcionarios del MININT y de la Delegación Municipal de Agricultura, dentro de la propiedad se encontraron un sinfín de irregularidades, que iban desde una cochiquera ilegal hasta 30 nacimientos sin reportar.

Además de la expropiación de las tierras, se decomisaron un total de 102 animales considerados ilegales por las autoridades. También fueron confiscados un tractor y dos carretas que se encontraban en la finca sin la pertinente documentación de traspaso.

El mayor Felipe Zúñiga Roque, primer oficial del Departamento Técnico de Investigaciones de Cumanayagua, destacó que el ciudadano residente en Estados Unidos no solo adquirió las tierras de forma ilegal, sino que tenía antecedentes penales y que había sido procesado anteriormente en la Isla por el delito de hurto y robo con fuerza.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.




EE.UU. recuerda las confiscaciones de empresas norteamericanas en Cuba

Cuba confiscaciones
Foto tomada de Internet

MIAMI, Estados Unidos.- La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Kimberly Breier, publicó este martes un tuit en el que recordó que hace 59 años Fidel Castro (1926-2016) confiscó ilegalmente 26 compañías norteamericanas en Cuba.

Utilizando la etiqueta #revoluciónfallida, la Subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental, se refirió una vez más al tema Cuba en su red social.

“Hace hoy 59 años #Castro ilegalmente confiscó 26 compañías de #EEUU. La #LeyLibertad responsabiliza al gobierno de #Cuba, y da a las familias la justicia largamente negada. Las propiedades robadas benefician a Díaz-Canel y a secuaces de Castro, no al pueblo cubano #RevoluciónFallida”, escribió.

En el post, cuando se refirió a la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, Breier hablaba de la conocida Helms-Burton, denominada así por los apellidos de los congresistas republicanos que la impulsaron, Jesse Helms y Dan Burton.

La diplomática estadounidense asegura que la ley responsabiliza al gobierno de Cuba por esta acción y otorga a las familias “la justicia largamente negada”, ya que permite demandar en tribunales estadounidenses a personas y compañías que hacen negocios con propiedades confiscadas en la isla sin compensación.

“Las propiedades robadas benefician a Díaz-Canel y los secuaces de Castro, no al pueblo cubano”, sentenció.

El entonces primer ministro cubano, Fidel Castro, anunció el 6 de agosto de 1960, en la clausura del Primer Congreso Latinoamericano de Juventudes, la confiscación de 26 compañías estadounidenses “de conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 851, del 6 de Julio de 1960”.

Castro proclamó: “Se dispone la nacionalización, mediante la expropiación forzosa, y por consiguiente se adjudican a favor del Estado cubano, en pleno dominio, todos los bienes y empresas ubicados en el territorio nacional, y los derechos y acciones de emergentes de la explotación de esos bienes y empresas, que son propiedad de las personas jurídicas nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica, u operadoras empresas en que tienen intereses predominantes nacionales de dicho país”.

Las empresas confiscadas fueron:

1.­ Compañía Cubana de Electricidad

2.- Compañía Cubana de Teléfonos

3.- Esso Standard Oil, S.A., División de Cuba

4.- Texas Company West Indian

5.- Sinclair Cuba Oil Company, S.A.

6.- Central Cunagua, S.A.

7.- Compañía Azucarera Atlántica del Golfo, S.A.

8.- Compañía Central Altagracia, S.A.

9.- Miranda Sugar States

10.- Compañía Cubana, S.A.

11.- The Cuban American Sugar MilI

12.- Cuban Trading Company

13.- The New Tuinicú Sugar Company

14.- The Francisco Sugar Compay

15.- Compañía Azucarera Céspedes

16.- Manatí Sugar Company

17.- Punta Alegre Sugar Sales Company.

18.- Baraguá Industrial Corporation of New York

19.- Florida Industrial Corporation of New York

20.- Macareño Industrial Corporation of New York

21.- General Sugar States

22.- Compañía Azucarera Vertientes Camagüey de Cuba

23.- Guantánamo Sugar Company

24.­ United Fruit Company

25.- Compañía Azucarera Soledad S.A.

26.­ Central Ermita, S.A.

Recibe la información de Cubanet en tu teléfono a través de Telegram o WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 498 0236 y suscríbete a nuestro Boletín dando click aquí.




Meliá e Iberostar se preparan para posibles demandas en EE.UU. por confiscaciones en Cuba

Meliá Jardines del Rey. Foto Internet

MIAMI, Estados Unidos.- En caso de reclamaciones en EEUU de bienes confiscados por el castrismo, las compañías españolas Meliá e Iberostar ya han contratado los servicios de varios despachos de abogados para preparar su defensa, informó el suplemento Cinco Días del diario El País.

El título III de la Ley Helms Burton nunca se ha aplicado desde su promulgación hace 23 años, debido a que generaría una compleja maraña de litigios internacionales con empresas de diversos países que operan en Cuba, sin embargo, Washington estudia desde hace semanas la reactivación completa de dicho capítulo, congelado desde de la aprobación de la Ley en 1996.

El Gobierno de Donald Trump anunció el pasado 4 de marzo que prorrogaría un mes más su suspensión, con la salvedad de que sí se podrán interponer demandas contra compañías incluidas en una lista de entidades “bajo el control” de la Inteligencia y el Ejército cubanos, muchas de ellas administradas por el conglomerado empresarial de los militares, GAESA.

En esa lista figuran 205 entidades cubanas, y una de ellas en Gaviota, el grupo de turismo que posee 84 hoteles en la Isla en régimen de propiedad y cuya gestión cede a operadores extranjeros, entre ellos las compañías españolas.

Meliá explota seis de esos hoteles (dos en Varadero, tres en Villa Clara y otro en Jardines del Rey) e Iberostar otros seis (uno en la Habana, tres en Varadero, uno en Villa Clara y otro en Jardines del Rey).

Es por ello que las empresas españolas temen que se active un segundo escenario a partir del próximo 17 de abril, cuando particulares y empresas podrían demandar la recuperación de los bienes confiscados, siempre y cuando el Ejecutivo de EEUU active en pleno el capítulo III.

De acuerdo a la publicación española, existen cerca de 6.000 demandas certificadas ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras, una agencia dependiente del Gobierno, por importe estimado de 9.000 millones de dólares (7.959 millones de euros), pero se calcula que el importe global es muy superior.

Meliá e Iberostar son las dos empresas españolas más afectadas por ese endurecimiento del embargo, la primera tiene 32 hoteles operativos en la Isla, siete en construcción y unas 15.000 habitaciones, mientras que Iberostar tiene 21 hoteles y 6.300 habitaciones.

Despachos de abogados consultados por la edición de El País creen poco probable que se activen las expropiaciones, pero sí consideran más plausible que se aprueben otras medidas de presión económica.

“Veo altamente improbable que uno de los reclamantes certificados pueda iniciar el proceso de reclamación, pero si lo hiciera eso podría generar un deterioro de la calificación crediticia de las compañías y podría provocar un recorte de las líneas de crédito a las empresas españolas”, recalcó Altozano, que acaba de regresar de un viaje a Londres donde ha tratado de ese tema con inversores ingleses con intereses en la Isla.

Otra oficina, que prefirió guardar el anonimato, consideró más probable la posible interposición de recursos y presentaron una posible derivada. “El pulso podría intensificarse si se pasara de la amenaza a la realidad y el Ejecutivo estadounidense también podría optar por embargar flujos de caja o activos de la compañía en suelo estadounidense”.

Meliá cuenta con tres establecimientos en EEUU (Nueva York, Miami y Orlando) e Iberostar cuenta con otros dos (Nueva York y Miami).




Confiscación de propiedades en Cuba: pasado, presente y futuro

Foto tomada de Internet

LA HABANA, Cuba.- El tema de la propiedad vuelve a estar sobre la mesa. La falsa constitución, impuesta por el régimen, trata de darle nuevos matices dentro del control totalitario pero quedan muy por debajo de los estándares de las democracias modernas. El anuncio por parte de la actual administración norteamericana, de la aplicación parcial del capítulo III de la Ley Helms-Burton, también ha puesto más reflectores sobre el tema. Como nos tiene acostumbrados el castrismo, se encuentran ahora en una campaña de desinformación. Entre otras cosas ha mencionado que dicha ley buscaría expulsar de sus casas a los actuales residentes en favor de los antiguos propietarios.

Es importante hacer un recuento de toda problemática asociada a la propiedad en Cuba después de enero de 1959. El tiempo ha transcurrido, la información deja de estar a la mano y el régimen utiliza su aparato de propaganda para ocultar y tergiversar todas las violaciones que han ocurrido a lo largo de estos 60 años.

Antecedentes y cronología de las medidas que llevaron a la confiscaciones y concentración de la propiedad en manos del régimen:

En la Constitución de 1940 se enunciaba que cualquier expropiación debía ser precedida por el pago inmediato del precio de lo expropiado. Tal como se conoce, este texto constitucional nunca fue restituido, a pesar de la promesa de restitución inmediata contenida en el “programa político” de los asaltantes al Cuartel Moncada.

En su lugar se promulgó en 1959, la llamada “Ley Fundamental” que contenía en cuanto al derecho de propiedad un nuevo precepto. En su artículo 24 prohibía teóricamente la confiscación de bienes, pero autorizaba la de los bienes del dictador depuesto el 31 de diciembre de 1958 y de sus colaboradores, personas naturales o jurídicas responsables de delitos cometidos contra la economía nacional o la hacienda pública y de las que se enriquezcan o se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del poder público.

Ninguna otra persona podría ser privada de su propiedad a no ser por autoridad judicial competente, por causa justificada de utilidad o interés social, y siempre previo el pago de la correspondiente indemnización en efectivo, fijado judicialmente. La falta de formalidades podía motivar el derecho del expropiado a ser amparado por los Tribunales de Justicia y, en su caso, reintegrado en su propiedad.

Se trataba de la presunta recuperación de los bienes malversados y de la determinación limitada, vía judicial de posibles expropiaciones, previa justa indemnización. Ambos casos que fueron degenerando progresivamente en otros “cuerpos legales”.

A la “Ley Fundamental” se añadieron también, con el carácter de fundamentales, las dos “leyes de Reforma Agraria”. La reforma agraria, según se expuso, tenía por propósito establecer un máximo de extensión de tierra agrícola a poseer y la adquisición estatal del exceso por la vía de la expropiación. Ya en este tipo de expropiaciones forzosas, no sería imprescindible que el pago de las indemnizaciones fuera en efectivo:

La primera “Ley de Reforma agraria” del 17 de mayo de 1959, estableció un máximo de tierra a poseer por persona natural o jurídica: 30 caballerías. Lo que excediere sería expropiado. La indemnización se establecería a través de los llamados bonos de la Reforma agraria, serían considerados valores públicos y sus emisiones se harían por un término de 20 años.

La segunda “Ley de Reforma Agraria” del 3 de octubre de 1963, redujo el límite a 5 caballerías mediante nacionalización y adjudicación al Estado de todas las fincas rústicas superior a esta cuantía. La indemnización sería solo a los que mantenían las tierras en explotación, mediante una arbitraria e irrisoria renta mensual de 15 pesos por caballería expropiada, con un máximo de 250 mensuales. Ello incluía el pago total de los bienes expropiados (con inclusión de ganado, equipos e instalaciones. El dinero en efectivo en bancos que tuvieran esas personas, sería también expropiado en lo necesario para el pago de las deudas)

En torno a las expropiaciones, resultaron afectadas no solo las grandes empresas norteamericanas, sino entidades nacionales privadas y nacionales que en su gran mayoría marcharon al exilio sin recibir una indemnización justa del precio real de sus tierras, pues como es obvio no aceptaron la solución arbitraria y unilateral impuesta por el nuevo régimen.

Confiscaciones.

La “Ley 851” del 6 de julio de 1960, expropió los bienes y las empresas de personas naturales o jurídicas norteamericanas. “Nacionalización” de grandes empresas norteamericanas de servicios públicos, petroleras y azucareras.

Luego, mediante “Resolución Conjunta No. 1 del Presidente y Primer Ministro”, de fecha 6 de agosto de 1960 se “nacionalizaron” las empresas bancarias norteamericanas que operaban en el país.

El modo de indemnización propuesto, mediante bonos que se formarían de un fondo que “se nutriría de las divisas extranjeras que corresponderían al exceso de las compras de azúcares que en cada año calendario realizara EE.UU.” Si no pudiera pagarse así por carecer de tal fondo, los bonos se amortizarían en un plazo de 30 años, en la forma y la proporción que determinase el presidente del Banco Nacional de Cuba.

Este modo de indemnización, impuesto unilateralmente, constituyó toda una burla, pues tres días antes el presidente de EE.UU. redujo la cuota azucarera cubana a ingresar en ese mercado. Entonces, cómo formar un fondo con el exceso de las compras de aúucares si ya se conocía que tal compra tenía un límite preestablecido. En su defecto, un pago en 30 años resultó más que irrisorio y obviamente no fue aceptado.

La “Ley 890” del 13 de octubre de 1960 nacionalizó el resto de las principales industrias del país, de los sectores más importantes de la economía nacional. Luego, por Resolución Conjunta No. 3 del 14 de octubre de 1960, las medidas nacionalizadoras se extendieron al resto de las empresas privadas cubanas y a las norteamericanas que no habían sido nacionalizadas. Tal nacionalización resultó ser una confiscación debido a que no se efectuó la correspondiente indemnización.

La “Ley 891”, de igual fecha, declaró pública la función bancaria y estableció que solo el Estado podría ejercerla. Nacionalización de todas las empresas bancarias cubanas.

La “Ley de Reforma Urbana” del 14 de octubre de 1960, determinó que los inmuebles destinados a vivienda que no ocuparan los propietarios (el 78% del total) pasaron a ser propiedad de los ocupantes. Se eliminó el arrendamiento de inmuebles urbanos y se determinó el traspaso obligatorio de las viviendas a favor de sus ocupantes; así como que ninguna persona podría tener, en lo adelante, más de una vivienda, salvo otra para descanso o vacaciones en zona de descanso.

Esto constituyó una total violación, pues privó de la propiedad a sus legítimos titulares, así como de su derecho a arrendar de acuerdo a la ley oferta-demanda, tal como opera en la gran mayoría del mundo contemporáneo. A ello se añade la falta de indemnización justa.

La “Ley No. 989” de fecha 5 de diciembre de 1961, dispuso la nacionalización mediante confiscación a favor del régimen imperante, de todos sus bienes muebles, inmuebles o de cualquier otra clase, derechos, acciones y valores de cualquier tipo de los que se ausenten con carácter definido del país.

Esta nefasta ley, aún vigente, era complementada con otras regulaciones que impedían, a la persona que pretendía salir del país por tiempo indefinido, disponer libremente de sus bienes. Ello ocurrió hasta la promulgación del Decreto Ley No. 288 del 28 de octubre de 2011, modificativo de la Ley general de la Vivienda, que permitió al titular disponer del inmueble antes de salir del país. No obstante, toda persona que es considerado emigrante continúa perdiendo sus bienes y derechos, incluso los hereditarios (artículo 470 del Código Civil)

Las tipificaciones, “salida definitiva del país” o de “residente”, son utilizadas por el ordenamiento jurídico espurio, que tiene dentro de sus efectos confiscar los bienes del propietario y su derecho a heredar. Tal arbitrariedad es incompatible con el artículo 13.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que expresa: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país”.

Sin lugar a dudas, esta forma de confiscación constituyó por años la principal fuente del fondo habitacional del país. Una práctica de despojo e injusticia, propia solo de un régimen totalitario ocupado en llevar a cabo el control absoluto de la sociedad.

Finalmente, la eliminación total de la propiedad privada y de las formas de gestión independientes, culminó cuando en marzo de 1968, mediante la llamada “Ofensiva Revolucionaria”, quedó exterminada la pequeña y mediana propiedad con la intervención de más 50 mil establecimientos de producción y de servicios. Todos ellos mediante el despojo, sin compensación.

Toma de postura en torno a las expropiaciones sin indemnizar y confiscaciones arbitrarias:

Antes de proseguir, resulta conveniente aludir a los conceptos generales de expropiación y nacionalización, en el marco del derecho internacional. Ambas constituyen actos de trasferencia coactiva de propiedad privada, desde su titular al Estado, mediante indemnización. Han de constituir excepciones preestablecidas, solo para casos interés público o general.

En el caso de la nacionalización, se trata de una expropiación especial que opera cuando la propiedad expropiada es explotada por un ente extranjero. El derecho a la nacionalización es reconocido como un atributo de soberanía de los Estados y es definido en la Resolución de 21 de diciembre de la ONU como “el derecho de los pueblos a usar y explotar sus recursos naturales”.

Sin embargo, si bien ambos conceptos tienen un rango coactivo determinado de forma unilateral por el poder público, tal facultad cuenta con dos límites fundamentales. El primero, la probanza y justificación de la causa. El segundo es el derecho del expropiado, mediante justo proceso, a recibir a cambio una indemnización equivalente al valor económico del objeto expropiado.

El tema de la indemnización, a falta de acuerdo puede devenir en conflicto de intereses que no puede ser resuelto de forma impositiva y unilateral por una de las partes en conflicto. Su solución corresponde a un órgano imparcial que actúe sin presiones del poder público o el expropiado.

Las expropiaciones sin indemnización o sin vía de solución imparcial, constituyen confiscaciones arbitrarias o actos de despojo. Ello es lo que ha acontecido durante años en el caso del régimen que impera en Cuba y hasta la fecha ha resultado un conflicto irresuelto.

De acuerdo al Derecho Internacional, el gobierno sucesor asume las responsabilidades propias de su predecesor, tanto en sus relaciones internacionales como en sus obligaciones y responsabilidades.

Debido a ello, la posible solución del conflicto, vías de indemnización, compensación u otras alternativas, deberá estar en la agenda del futuro gobierno de transición, a fin de lograr una armonización de sus relaciones y desembarazarse de las arbitrariedades del régimen anterior.

Restablecimiento del derecho de propiedad

El restablecimiento del derecho de propiedad durante un proceso de transición a la democracia en Cuba pasa por el resarcimiento de los daños ocasionados a todos los propietarios despojados. Paralelamente debe ponerse fin al control totalitario de la propiedad en manos del Estado y liberalizarla.

Dentro de los métodos más utilizados se encuentran: restitución o compensación, venta pública directa, venta a empleados, ventas en masa. Analicemos con más detalles cada uno de ellos y veamos cómo podrían operar en nuestro caso.

Resulta importante separar las reclamaciones en dos grupos. La primera, referida a las propiedades que actualmente están habitadas por familias, y la segunda el de las propiedades que permanecen en manos del Estado o sus jerarcas.

En relación a los inmuebles que sirven de morada o residencia habitual de múltiples familias, viviendas expropiadas o confiscadas por el Estado a sus legítimos titulares; compartimos el criterio de que, debido a la general falta de culpa de los beneficiados, el prolongado tiempo transcurrido, el escaso poder adquisitivo del cubano promedio, su consecuente precariedad y déficit habitacional; no sería justo la restitución física a sus antiguos dueños o herederos en disfavor de sus ocupantes.

1) Restituciones o compensaciones

La posesión, propiedad u otras formas de derechos adquiridos sobre los inmuebles deben mantenerse. Sin embargo, sus antiguos titulares o herederos deberán ser compensados.

En el caso de los bienes residenciales o espacios en ruinas que están en posesión del Estado, se deberá determinar su valor real y condiciones, para proceder, previa reclamación, tanto a su restitución en los casos de titulares que tengan la voluntad; como a una compensación adecuada cuando por razones especificas ello no sea posible.

La compensación es un método útil, mediante el cual el gobierno puede resarcir el daño a muchos de los propietarios originales. Es evidente que en nuestro país este método no podrá ser ejecutado con brevedad dada la seria limitación económica en que vivimos. Sin embargo, a medida que la economía cubana comience un período de apertura existirán mayores oportunidades para realizar dichas compensaciones. No obstante, existen métodos como la exención de impuestos, pago con bonos u otros, que pueden ser efectivos en algunos casos, en especial en aquellos donde el inversionista sea un antiguo propietario despojado de sus bienes.

2) Ventas públicas directas

La venta directa busca dos objetivos fundamentales. Primero, incrementar los ingresos estatales que en la actualidad están fuertemente deprimidos. Segundo, obtener de manera inmediata inversionistas que posean el interés de echar a andar estos bienes subutilizados.

Es importante valorar que los cubanos que viven en la Isla no poseen el capital suficiente para comprar propiedades al precio real. Por lo tanto, se deben estudiar mecanismos para que estos puedan convertirse en propietarios de nuevos espacios o empresas.

En esta modalidad es fundamental contemplar el tema de la corrupción. En el antiguo bloque comunista los extranjeros y otros compradores de capital dudoso, como oficiales corruptos, organizaciones criminales y nuevos “hombres de negocios”, poseían las mayores sumas de dinero para participar en dichas ventas.

3) Ventas a empleados

La venta de espacios comerciales y de servicios a empleados, a precios preferenciales, es una opción que resulta a priori atractiva. Sin embargo, puede crear serios problemas de corrupción, en especial cuando los gerentes o directivos estuvieron asociados a grupos de poder.

Desde el punto de vista político esta variante resulta popular entre la población. Sin embargo, existen también algunas desventajas, pues las empresas suelen presentar una dirección deficiente, ya que las nuevas condiciones de una economía de mercado difieren radicalmente de las de una economía centralizada y planificada. Los derechos de propiedad se pueden volver difusos y pueden ser usurpados por los directivos.

En algunos países este fue administrativamente un método rápido de venta, pues de lo contrario los trabajadores y directivos bloqueaban el proceso.

4) Ventas en masa

Este método se implementa a través de la repartición de bonos o “vouchers”, de forma gratuita o con un precio nominal, que pueden ser canjeados por acciones de las empresas y propiedades vendidas. Permite ventas de forma rápida, no solo de medianas sino también de grandes empresas, y ofrece la posibilidad a los ciudadanos de convertirse en nuevos propietarios, por lo cual tuvo gran aceptación.

Esta forma de liberación logra una mayor distribución que la venta directa. Sin embargo, debido a lo disperso de la propiedad aparecieron obstáculos en la dirección y manejo de las empresas.

En algunos países se crearon fondos de inversión que permanecieron aún muy ligados a los bancos propiedad del Estado, haciendo nulo, en buena medida, el resultado final del proceso. La corrupción también es un elemento a seguir muy de cerca en esta modalidad.

Como puede verse, existen diversas posibilidades para recuperar la propiedad como elemento vital de una futura economía en la Isla.

En el caso de las propiedades de personas o compañías extranjeras la situación no es distinta. El nuevo gobierno de transición o democrático deberá dar solución a todas las confiscaciones realizadas. Este proceso debe llevarse a cabo con un entendimiento de gobierno a gobierno para darle mayor viabilidad y formalidad. Los mecanismos concretos para solucionar los conflictos deberán igualmente estar dentro de las opciones antes explicadas.

El objetivo de la Ley Helms-Burton es el de arrinconar a un régimen tiránico y despótico y no el de sancionar a un gobierno de transición hacia la democracia, o de castigar al pueblo cubano. Respecto a su Capítulo III, se deja establecido con claridad en la Sección 4, inciso 12 b), que las reclamaciones no van dirigidas a propiedades de uso residencial.

Conclusiones

El restablecimiento de la propiedad, con los plenos derechos concebidos, es un tema fundamental a resolver durante una transición a la democracia en Cuba. No solo compete al ámbito legal, sino también al económico. Sin restablecer a plenitud los derechos de propiedad no es posible imaginar la libertad y pujanza económica.

Los cubanos deben saber que en las democracias el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos son un deber de los gobiernos. Es un absurdo creer que un gobierno de transición actuará irresponsablemente contra los intereses de miles y miles de sus ciudadanos.

La solución de cualquier conflicto pasa por el balance entre los precedentes legales y el escenario in situ. Nuestro caso no será una excepción.

El objetivo de las sanciones al castrismo no es moverse en la dirección de despojar a los cubanos de sus bienes, todo lo contrario. Las presiones políticas y económicas van encaminadas a apoyar la democratización de la Isla para que sean respetados los derechos de todos los cubanos.




Álbum de la boda de sus padres confiscado en Cuba ahora está a la venta en Miami

Álbum de bodas de Margarita Pedroso y Aróstegui y Raúl Valdés-Fauli y Juncadella (Miami Herald)

MIAMI, Florida.- José Valdés-Fauli, descendiente de una de las familias más poderosas de Cuba, ha encontrado en Miami el álbum de boda de sus padres en Cuba a la venta por 1500 dólares y que fue confiscado en 1960 luego de que la familia emigrase a EEUU.

Según recuerda un reportaje aparecido en el Miami Herald, miles de cubanos perdieron sus propiedades y objetos de valor cuando huyeron de la revolución de Fidel Castro. A los cubanos que llegaron a EEUU en aquellos años les fue confiscado todo en la Isla.

Décadas más tarde, varios de esos objetos están apareciendo en Miami a un alto precio.

Valdés-Fauli cuenta que el álbum de boda de sus padres, Margarita Pedroso y Aróstegui y Raúl Valdés-Fauli y Juncadella, se presentó a la venta en Miami por un anticuario, casi 60 años después de que fuera “robado” en Cuba. “Están tratando de vendernos nuestras propias cosas. Es muy triste”.

“No sabía que ese libro existía”, dijo Valdés-Fauli, quien dejó su país natal cuando tenía ocho años y de adulto se convirtió en banquero. Su hermano, Raúl, es alcalde de Coral Gables.

Tras llegar al poder en enero de 1959, Fidel Castro se movilizó rápidamente para castigar a quienes habían apoyado a Fulgencio Batista y más tarde a todos los que huyeron del caos de la revolución.

La resolución 454, emitida en septiembre de 1961, establecía que cualquiera que dejara el país, especialmente para los Estados Unidos, se oponía al gobierno y se deberían confiscar sus bienes a menos que la persona regresara dentro de los 29 días.

“El Gobierno Revolucionario se ha estado dando cuenta de que las personas que abandonan el territorio nacional abandonan sus propiedades, como bienes muebles e inmuebles, dejándolos en manos de familiares, amigos o integrantes del frente, con la intención deliberada de violar las directivas del revolución”, decía la resolución.

Aquellos que cometían este “crimen” eran considerados “elementos que se oponen a los principios y directrices de la revolución socialista”.

José Valdés-Fauli (Facebook)

“Si no regresan, se dictaminará que abandonen el territorio nacional de forma permanente y, como consecuencia, el Gobierno decidirá sobre la asignación de bienes muebles e inmuebles y otros objetos de valor que sean propiedad de esas personas”, agregaba el documento.

La resolución también establecía el requisito de un permiso de salida para cualquier persona que viajase al exterior. La medida se hizo permanente en virtud de la Ley 989, emitida en diciembre de 1961 y vigente hasta enero de 2013.

Gracias a esas leyes, el Gobierno Revolucionario decomisó casas, muebles, joyas, pinturas y todo lo demás que dejaban los cubanos, incluyendo posesiones íntimas.

Muchos de esos artículos fueron luego vendidos por el Gobierno en subastas. La casa de Valdés-Fauli, en el rico barrio del Vedado de La Habana, fue utilizada como sede de organizaciones políticas y más tarde se convirtió en una guardería.

En 2015, Valdés-Fauli también denunció que la tumba de su abuelo, Jacinto Pedroso, en el cementerio Colón de La Habana, fue vendida ilegalmente.




Cubano demanda en EEUU a empresa China por construir en Cuba

Vista del Puerto de Santiago de Cuba (cubadebate.cu)

MIAMI, Estados Unidos.- El neurocirujano cubano-estadounidense Javier García-Bengochea presentó en una corte federal de EE.UU. una demanda contra una empresa china por construir en una propiedad que dice le fue expropiada a su familia por el Gobierno de la isla en 1959.

La demanda civil, por cerca de 7 millones de dólares, fue presentada el viernes pasado en una corte federal de Jacksonville, en el norte de Florida, contra la compañía extranjera China Communications Construction Company Ltd., con sede en Pekín, según documentos judiciales a los que Efe tuvo hoy acceso.

El demandante alega que heredó la propiedad, en el puerto de Santiago, en el oriente de Cuba, de su primo en 1972, a pesar de que fue allanada por el Gobierno cubano en 1959.

El Gobierno de Cuba tiene pendiente resolver 5 913 reclamaciones certificadas en Estados Unidos de propiedades confiscadas en la isla, por un monto total de 1 900 millones de dólares.

Un primer paso para avanzar en estos procesos sería activar el Título III, de la Ley Libertad (Helms-Burton), de 1996, pero desde su creación en 1996 ha estado suspendido, cada seis meses, por orden de los presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama.

Dicha cláusula permite a estadounidenses, así no lo fueran en el momento de la expropiación, presentar en cortes de Estados Unidos reclamos de bienes en Cuba y prohíbe a empresas extranjeras “traficar” con estas propiedades confiscadas.

La demanda de García-Bengochea reclama compensación económica a la empresa china por “traficar” con su propiedad en Cuba.

John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, que reúne a compañías estadounidenses interesadas en aumentar el comercio con la isla, señaló a Efe que el presidente Obama suspendió la cláusula de nuevo, por seis meses más, el pasado 5 de enero, 15 días antes de terminar su mandato.

(EFE)




El mayor fondo documental gallego

LA HABANA, Cuba, noviembre (173.203.82.38) – El mayor fondo documental gallego fuera de España está en Cuba, en posesión del Departamento de Literatura y Lingüística, según especialistas de esa institución, creada en 1965, cuya sede comparte con la Sociedad Económica de Amigos del País, otro importante asiento de conservación de documentos antiguos, fundada el 9 de enero1793, y calificada por el prócer José Martí como “la más alta y meritoria de las sociedades cubanas”; mérito mayor si se tiene en cuenta  que entonces existían muchas y bien estructuradas sociedades.

La colección incluye infinidad de escritos que datan de siglos, testimonios de la gestación de la nación cubana y su interrelación con Galicia y demás pueblos ibéricos. Galicia estuvo entre las zonas de España que más naturales aportaron a la isla, desde la colonización. Todavía, por comodín lingüístico, en Cuba se acostumbra llamar gallego al natural de cualquier parte de la Península.

La preponderancia gallega, sin desdorar la participación de otras regiones, originó multitud de escritos únicos en esa lengua incluidas cartas íntimas, correspondencia consular, protocolar, actas, pliegos públicos y privados, títulos, diplomas y libros a disposición hoy de curiosos e investigadores.

No obstante, penoso es recordar, tras la hecatombe social de 1959, que una importante parte del acervo cultural en gallego y otras lenguas y dialectos están extraviados o se perdieron para siempre. La picota pública hizo de las suyas con infinidad de documentos únicos y montones de libros de sociedades y  bibliotecas particulares de familias adineradas que se marcharon de Cuba. Arrasó por ignorancia o desprecio con el caudal de bienes culturales e inmuebles patrimoniales, basándose en el concepto de las clases desplazadas.

Los regios palacios del Centro Gallego y el Centro Asturiano, en La  Habana, sedes de esas sociedades, fueron confiscados. Con rumbo incierto desaparecieron sus papelerías y bibliotecas que permanecían abiertas al público.

Algunas sociedades españolas, aunque restringidas y en locales más modestos se mantienen activas contra viento y marea, sorteando de vez en cuando las tempestades políticas entre La Habana y Madrid, como aquella que  despojó a España del Centro Cultural Español en La Habana. No gustó al régimen la programación cultural del Centro, ni la entrada de disidentes; tampoco el acceso gratuito a Internet que allí se ofrecía.

El escándalo alcanzó su punto más candente cuando varios diplomáticos españoles salieron a la calle disfrazados de Reyes Magos repartiendo juguetes a los niños durante la fiesta del 6 de enero. Reabierto tiempo después, el Centro Cultural Español permanece ahora bajo control estatal.

No obstante las dificultades. la disminuida colonia de gallegos y también las de otras comarcas, desarrollan encuentros culturales, como el acostumbrado Día de la Cultura Gallega, paradójicamente tolerado en la mansión que les perteneció, el Centro Gallego de La Habana, con representaciones teatrales, cantos y danzas, sin faltar gaitas, castañuelas y el repique de tacones en recuerdo de la patria ausente.




Oro para los dioses

LA HABANA, Cuba, junio (173.203.82.38) – Jamás olvidaré  aquellos ojos azules de mi tía Elia, llenos de lágrimas, cuando decidió llevar a Recuperación de Valores del Estado, en la Habana Vieja, su cadena de oro con la medalla de la Virgen de la Caridad, sus aretes y su anillo de matrimonio, para recibir a cambio un refrigerador norteamericano marca Admiral, con veinte años de uso.

-He vendido mis recuerdos -dijo.

No fue ella la única, muchos en Cuba también vendieron sus recuerdos. Ocurrió en las décadas del sesenta y setenta, cuando el régimen de Fidel Castro necesitaba con urgencia más oro. El pueblo se quedó sin las joyas que había heredado de generaciones pasadas, recuerdos cargados de valor sentimental y espiritual, no sólo material.

La historia es triste. Aquellos refrigeradores viejos cambiados por oro, habían pertenecieron a familias que abandonaron el país. Ni siquiera los restantes familiares que se quedaban en Cuba, podían reclamar los objetos familiares; el régimen confiscaba todo lo que pertenecía a los que se marchaban, lo tomaba como si le perteneciera.

Parece que Recuperación de Valores del Estado ya dejó de existir, o le ha cambiado el nombre. Nadie sabe. De todas formas su historia es larga y muy bochornosa.

Con esos trueques de oro por cacharros viejos, el gobierno tomó todo el oro que pudo del pueblo. Obviamente no fue suficiente, porque hoy somos uno de los países más pobres y endeudados del mundo.

La última noticia que se tuvo sobre tasación y compra de joyas a la población por parte del Estado fue publicada en el periódico Granma el 5 de diciembre de 2002, donde se dice que a partir de esa fecha, la corporación CIMEX reiniciaría el servicio de tasado y compra de joyas, metales -oro, platino y otros- y piedras preciosas, en el Centro Gerencial Almendares, situado en 5ta. Avenida y calle 6, en Miramar.

Dicen las malas lenguas que los dioses soviéticos se llevaron todo el oro que el gobierno nos quitó, el caso es que nuestro oro desapareció del mapa. Ahora el régimen castrista planea retomar la producción de este valioso metal explotando la mina Oro-Barita, en el pueblo de El Cobre, al oriente de la isla, proyecto que llevará a cabo con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América -ALBA-.

Quizás esta vez el oro de los cubanos termine en manos de los nuevos dioses bolivarianos.