MIAMI, Estados Unidos.- El pelotero cubano Donal Duarte Hernández ha decidido recurrir a los abogados para apelar la sentencia de suspensión a jugar por un año que le impuso el Instituto Nacional de Deportes (INDER), debido a sus ausencias a la Serie Provincial de Béisbol.

La Dirección Provincial de Deportes de Pinar del Río anunció el pasado 20 de marzo la medida disciplinaria de suspensión a participar en eventos nacionales por un período de un año, debido a “no participar injustificadamente en la Serie Provincial de Béisbol”.

Una entrevista con el medio local Guerrillero fue aprovechada por  Duarte para criticar la medida. “Me parece que la sanción es bastante injusta”, afirmó el veterano jugador, también es conocido como “El Lobo”.

“No estoy diciendo que no sea sancionado (…) pero un año es mucho tiempo, todo el pueblo de Pinar del Río sabe que siempre que he venido de eventos internacionales me he incorporado a la provincial”, alegó.

“Tengo 35 años y 17 Series Nacionales, por lo que creo que jugar una Serie Provincial para después incorporarme a un entrenamiento de cuatro meses y jugar otros tres en la Serie Nacional es bastante fuerte, creo que es demasiado casi al cumplir 36 años, cuando he sido un atleta que ha jugado todas las temporadas completas”, añadió Duarte.

“Tuve una conversación con el director del equipo y él me dijo que tenía que jugar obligado la provincial pero la mayoría de las personas tienen conocimiento que en ese tiempo tuve un problema familiar, una prima mía estuvo hospitalizada durante 15 días y luego falleció, mi familia no es de aquí sino de San Luis, o sea, que todas las cosas se hacían aquí, tenía que hacer almuerzo y llevarle la comida. A otros juegos no fui porque estoy en construcción, como ves tuve que modificar el portal de mi casa, tampoco es que me haya ausentado completamente, jugué un partido. El director del equipo y el comisionado de San Luis tenían conocimiento que no iba a ir porque estaba haciendo varias cosas”, justificó.

“Un año sin jugar al béisbol va a ser duro para mí porque voy a cumplir 36 años, estoy gordo, ya el ánimo mío no es el mismo, quiero ver qué pasa en este tiempo”, declaró Duarte, quien asegura poseer un documento firmado por los dirigentes del organismo deportivo en el que se le exoneraba de jugar.

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MIAMI, Estados Unidos.- Autoridades cubanas impidieron el pasado lunes 26 de febrero que el médico cubano Manoreys Rojas, residente en EEUU, visitara a su hija de once años que sufrió “una emergencia médica”.

De acuerdo a información dada por Martí Noticias, el médico enfrenta una sanción de ocho años por abandonar una “misión médica” en 2016 en Ecuador.

El Gobierno cubano castiga de esta forma a los médicos que “desertan” durante sus contratos en el extranjero. La exportación de estos servicios constituye la principal entrada de divisas del Estado cubano.

LA HABANA, Cuba, octubre, 173.203.82.38 -No sé si fueron ahorcados o abatidos con un tiro de fusil, lo cierto es que tres ex vicealcaldes chinos son hoy cadáveres en descomposición.

Aceptar sobornos fue el delito por el cual la fiscalía pidió la pena de muerte. El pasado 19 de julio se llevó a cabo la sentencia. No obstante el rigor de los tribunales al juzgar a altos funcionarios del partido comunista descubiertos en actividades de corrupción, nada detiene el afán por enriquecerse con métodos deshonestos.

Los ajusticiamientos, lejos de disminuir, crecen en la medida que se acelera la marcha de las reformas capitalistas. La integridad moral y ética de la burocracia partidista cede, cada vez con mayor facilidad, ante las tentaciones de elevar el nivel de vida a través del cohecho y otras variantes de enriquecimiento ilícito.

En Cuba siempre se tendió a minimizar la incidencia de este flagelo en todos los estratos sociales,  fundamentalmente en las altas esferas del poder. La situación actual pudiera catalogarse de grave a partir de la cantidad de implicados, así como el tiempo que llevan ejercitándose un rosario de infracciones económicas, casi imposible de cuantificar.

Desde que Raúl Castro asumió el poder, en 2006, ha emprendido una cruzada contra este mal, agudizado a partir de la década del 90, cuando se entreabrió la puerta al capital extranjero y se legalizó la circulación del dólar.

Al cotejar la medidas anticorrupción y sus logros, hay que subrayar la escasa efectividad. Por ejemplo, es difícil que algún personaje de la vieja militancia partidista, vaya a la cárcel por su abierta participación o complicidad con alguna corruptela. Si acaso, es removido de su puesto, sin que por ello pierda todos sus privilegios.

El general Rogelio Acevedo, que dirigía las actividades relacionadas con la aviación civil, es un buen ejemplo para subrayar que la justicia no opera igual para todos. Amasar una inmensa fortuna, a cuenta de los desvíos de recursos del estado, inversiones fraudulentas, entre otras maniobras ilícitas, nada significó para que su destino cambiara. Al menos su nombre, ni el de ninguno de sus familiares, aparecieron entre los sancionados en un sonado caso de corrupción, que incluyó a un antiguo escolta del desaparecido presidente chileno Salvador Allende, otrora residente en Cuba y protegido del ex gobernante Fidel Castro.

La anunciada y mil veces repetida pureza moral y ética de los respectivos militantes de los partidos comunistas, chino y cubano, hay que ponerla entre comillas. No sé en China, pero en Cuba la corrupción es una enfermedad que poco a poco ha ido consumiendo las energías del socialismo.

Todos los cubanos estamos a merced de las fuerzas centrípetas de ese fenómeno con su estela de ilegalidades. Nadie escapa a eso, bien por razones de supervivencia o para vivir La Dolce Vita, sin el menor esfuerzo, en el caso de la élite política que suele disfrutar a tiempo completo las maravillas del primer mundo.

La reticencia para una apertura a los inversores foráneos, podría vincularse al temor de que se genere el “despelote”, un vocablo popular que significa un excesivo aumento del desorden, que a escala de un país significa el caos.

No creo que en Cuba impongan la pena de muerte como castigo contra la corrupción. Aunque nadie sabe. Por el momento solo, duras penas de cárcel para algunos, sanciones administrativas o discretos perdones para otros y llamados a tomar conciencia sobre la nocividad de esas prácticas. Mientras tanto los robos en fábricas y empresas continúan como de costumbre.

La enormidad del mercado negro y la licenciosa vida de la nomenclatura y sus más cercanos compinches, atestiguan que tanto el presente como el futuro de Cuba son grises, como las nubes cuando anuncian una tormenta en el cielo de La Habana.

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LA HABANA, Cuba, marzo (173.203.82.38) – La historia de la lucha clandestina contra la dictadura batistiana en el poblado costero Baracoa, en provincia Habana, no ha sido escrita todavía. Uno de sus héroes desconocidos fue Julio Caro, que en sus últimos años de vida intentó escribirla,  pero su muerte tronchó el proyecto, que se encuentra bajo el resguardo de la familia

De joven Julio Caro fue un tipo inquieto, se fue a estudiar a los Estados Unidos ingeniería naval, y regresó a Cuba cuando se graduó. Se incorporó a la lucha clandestina contra Batista, como jefe  de célula y, a finales de 1958, se fue a pelear a la Sierra Maestra. En enero de 1959 bajó con la tropa, y con grados de capitán. Conoció al comandante Ifigenio Ameijeiras en una fiesta la noche del primero de enero, y siguió con él y otros oficiales, construyendo a paso rápido la nueva sociedad.

“Fueron años convulsos -contaba Julio en su  apartamento del reparto militar de Baracoa-.  Un día Raúl  dijo que había que sacudir la mata, e inventaron la operación Dulce Vida, y fuimos confinados a granjas de trabajo muchos oficiales y varios capitanes y comandantes que pasábamos el tiempo en fiestas y jodiendo la pita.  La puerta del ómnibus donde íbamos  a trasladarnos  hasta la granja estaba custodiada por los jimaguas Patricio y Tony de la Guardia, militares procesados años después por traición a la patria. Ifigenio le preguntó a Tony: ¿Hasta cuándo es esto? Y, según él, los jimaguas  contestaron  al unísono:

-Hasta que nos acordemos que están aquí.

Julio Caro vivió  hasta su muerte buscando su rehabilitación como revolucionario,  La alcanzó de manera parcial. Luego de su estancia de castigo en la granja se incorporó a la marina mercante. Fue capitán de barcos durante diez años,  hizo un curso de navegación satelital  y fue profesor de la Escuela Naval,  pero se desgastó demasiado intentando revalidar sus grados militares. Lucho a brazo partido para conseguir que antiguos compañeros, oficiales del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, reconocieran sus méritos de antaño. Caro se fue del mundo con la amargura de no haber recuperado los galardones de ayer.

LA HABANA, Cuba, febrero (173.203.82.38) – En Cuba no se teme al dolor físico, sino a todas las armas del gobierno para reprimir. La más letal: la ley y sus castigos; el medio perfecto para privarte de todo, tu libertad, tu casa, tus bienes, el deseo de vivir y de inhibir a todo cuanto te rodea.

Jeovany Giménez, especialista de primer grado en Medicina General, tal vez se negó a sentir ese temor, cuando decidió enviar un escrito, el 31 de marzo del 2006, al Comité Central del Partido Comunista de Cuba, explicando a camisa quitada, como decimos los cubanos, los problemas neurálgicos del sector de la salud.

Su escrito fue calificado de subversivo y su conducta contraria a los principios de carácter social, moral o humano que genera la “sociedad justa y socialista”. Su actitud era un peligro para el crédito y prestación que ofrecía al pueblo, el Ministerio de Salud Pública. Mucho más, incluso, que la muerte por inanición de más de veinte enfermos mentales.

Giménez esperó cualquier cosa, reuniones, consejo disciplinarios, amonestación pública, etc., menos que lo inhabilitaran para ejercer como médico por tiempo indefinido. Debía pagar la insolencia de cuestionar la política económica del país, las decisiones que se adoptan sobre la colaboración médica en el exterior, y el atrevimiento de demandar, para los trabajadores del sector, un diseño de vida distante a  los “principios de la sociedad revolucionaria”.

Jeovany dijo lo que pensaba, pero su escrito no contenía el mensaje deseado por las autoridades y lo envió al lugar equivocado. Ya lo dijo Raúl Castro en su último discurso, aceptan “las diferencias de opiniones expresadas preferiblemente en tiempo, forma y lugar, o sea, en el lugar adecuado, en el momento oportuno y de forma correcta”.

No le perdonaron la sinceridad y el atrevimiento de decir, sin adornos, que el salario de los profesionales y técnicos de la salud, es “evanescente” y los lleva a una existencia de agobio, agonía, urgencias a expensas de pacientes agradecidos, conduciéndolos a una vida sin apego a la ética médica. Tampoco que la misiva fuera rubricada por 300 trabajadores del sector.

Tenían el juez perfecto, José Ramón Balaguer Cabrera, el destituido ministro de Salud Pública, cuya impune incompetencia llevó a la muerte a decenas de pacientes enajenados. Tal vez el ex ministro se concentró demasiado en castigar a los inconformes. Si hubiese escuchado los reclamos de Jeovany, a lo mejor el sistema de salud cubano, no cargara hoy con tan fea mancha.

Las autoridades apelaron al arma ideal, la ambigua Resolución no 8 del 7 de febrero de 1977, que pone en vigor el procedimiento para la suspensión e inhabilitación de profesionales o técnicos de la salud, por  infringir “las disposiciones legales y reglamentarias vigentes al respecto, o que actúen con manifiesto desconocimiento del valor social, moral y humano que la medicina debe tener en nuestra sociedad”.

Balaguer, amparado en la referida norma, dictó la suya, la Ministerial No 248 de 2006. No le importo que la actitud de Giménez Vega no constituyera una infracción en la disciplina laboral  ni que tampoco tuviera relación con el desempeño de sus funciones como médico. Le prohibió el ejercicio de la medicina de por vida y en todo el territorio nacional. No por dejar morir incapacitados mentales de hambre, sino por decir lo que pensaba.

Si Jeovany  hubiese estado involucrado en el caso Mazorra, tal vez la justicia revolucionaria no hubiese sido tan severa. Sólo a dos de los profesionales de la salud enjuiciados, le aplicaron como sanción accesoria, la prohibición del ejercicio de la profesión, pero por igual tiempo que la pena principal fijada. Incluso, los sancionados disfrutan de la posibilidad de recurrir la decisión del tribunal.

De igual forma, la justicia socialista, cuando quiere, es lenta. Los sucesos del hospital Mazorra tardaron más de un año para enjuiciarse. La sentencia dictada por Balaguer juzgando a Giménez Vega demoró menos de seis meses.

No le dieron la posibilidad de recurrir su decisión, sólo pudo quejarse ante la Fiscalía, que no apreció en su caso violación alguna de la ley, a pesar de que el ministro no alegó precepto legal alguno, que tipificara la infracción cometida por el joven. En la inhabilitación de Jeovany como médico, nada tuvo que ver la mala praxis. Más bien fue una advertencia  a los 300 que se sumaron a sus reclamos.

A eso se teme en Cuba: a la ley que legitima la represión y justifica cada una de las acciones gubernamentales por arbitrarias que sean, y al castigo ejemplarizante. Los inconformes, los disidentes y todos aquellos que osen desobedecer, saben a qué se enfrentan: un poder capaz de hacerlos nada, de enterrarlos para que nunca vuelvan a levantar la cabeza; el arma letal de revolución cubana.

Documentos relacionados:

Resolución Decanal 14-06

Resolución Ministerial 8 de 1977

Resolución Ministerial 248

Respuesta de la Fiscalía General