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Manifestante del 11J de La Güinera denuncia amenazas e injusta condena

Carlos Paul Michelena Valdés, manifestante

LA HABANA, Cuba. – Desde el centro penitenciario de máximo rigor Combinado del Este, Carlos Paul Michelena Valdés, manifestante del 12 de julio de 2021 en La Güinera, denuncia la injusta condena recibida, así como las múltiples amenazas de que han sido objeto tanto él como sus familiares por parte de militares de ese penal.

Michelena Valdés fue apresado durante la manifestación del 12 de julio en La Güinera mientras regresaba a su casa en Párraga, después de visitar a su novia en ese reparto. 

En anterior llamada telefónica destacó que los Boinas Negras se abalanzaron sobre él y lo golpearon en la cabeza de tal manera que perdió el conocimiento y volvió en sí mientras le suturaban la herida en el Hospital Miguel Enríquez, también conocido como Benéfica. 

Ahora, también mediante llamada telefónica desde la cárcel, el prisionero político denunció que fue condenado sin pruebas, apenas con la declaración de un fiscal que alegó que él “se encontraba en el área de la manifestación”. 

Michelena Valdés denunció asimismo que se encuentra bajo amenaza de las autoridades del penal, las cuales le han advertido que si comete alguna indisciplina, si hace alguna denuncia o siquiera algún comentario, lo “desaparecen para cualquier provincia” o incluso encierran a sus familiares. 

Añadió que hace dos meses en el Combinado del Este recibió la noticia del fallecimiento de su madre, y subrayó que las amenazas de los militares incluían encarcelarla a ella también mientras aún vivía, por lo que él debía mantenerse “tranquilo, sin hacer nada ni hablar nada”. 

Carlos Paul Michelena Valdés fue juzgado con un grupo de otros manifestantes durante la semana del 20 al 26 de diciembre de 2021 en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre, en una vista plagada de violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con testimonios de familiares presentes. El manifestante especificó que en un primer momento lo acusaban de desórdenes públicos, delito que luego fue sustituido por el de sedición, y la sentencia definitiva recibida fue de 10 años de privación de libertad. 

Recalcó además que lleva un año preso “sin derecho a nada”, pues en la cárcel le niegan todos los derechos estipulados en el Reglamento de Cárceles y Prisiones, como el de trabajar para poder ayudar económicamente a la familia, o la rebaja de sanción; y puntualizó que otros manifestantes cautivos se encuentran en la misma situación. Según apuntó, en septiembre llegaron a la prisión unos fiscales, con los cuales él solicitó entrevistarse, pero no se lo permitieron, a pesar de que el motivo de la inspección era precisamente visitar a los reclusos. 

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