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LA HABANA, Cuba.- Durante el mes de junio la opinión pública estuvo muy animada con los sucesos ocurridos en el mercado del reparto Mónaco -municipio de Diez de Octubre-, donde tuvo lugar una inspección dirigida por la Fiscalía General de la República, con el apoyo del Ministerio del Interior (MININT). La pesquisa reveló numerosas irregularidades en las actividades comerciales del establecimiento, venta ilegal de especies endémicas y sostenidas violaciones al reglamento de Protección al Consumidor. El descuido y la falta de higiene en la elaboración de productos que allí se vendían a la población indignó a cada cubano que vio el reportaje realizado por la televisión oficialista. Varios medios de prensa extranjeros han calificado el desmantelamiento del mercado como una “arremetida contra el sector privado”, como si la gestión por cuenta propia exonerara a los comerciantes de cumplir con las regulaciones establecidas para preservar la salud de los clientes. Si bien es cierto que la complicidad no ayuda, las exageraciones tampoco. La protección al consumidor es un deber de cada establecimiento comercial, pertenezca o no a la red estatal. Lo acontecido en el mercado del Mónaco solo llamó la atención de las autoridades por el extremo de insalubridad y corrupción alcanzado. Otro tanto ocurrió en 2017 con el mercado de Egido en la Habana Vieja, hoy remozado y abierto al público sin otra novedad que la pintura reciente y coloridos carteles con los precios de los productos. En casi todos los agromercados, sean estatales o privados, se venden productos en liquidación y se violan las regulaciones higiénico-sanitarias. La mayor parte de las mercancías en mal estado que aparecen en las fotos pertenecen a cuentapropistas que las venden a la población al mismo precio de los productos frescos, sin que el Estado “arremeta” contra ellos. El mal está en todas partes porque el problema principal es de infraestructura. En tarimas sucias, mal acondicionadas, bajo un techo de zinc y a 32°C no hay hortaliza que llegue viva a las diez de la mañana. Los empleados no declaran merma comercial para evitar pérdidas, pero al final del día gran cantidad de vegetales queda reducida a comida para cerdos, imperdonable derroche en un país donde la alimentación es cara y de mala calidad. Si a ello se suman la mala presentación de la mercancía -abollada, agujereada, cubierta de tierra...- y el maltrato de algunos vendedores, es fácil comprender que no hay figura más desprotegida que la del consumidor, quien se ve en la penosa urgencia de decidir si se lleva un mazo de lechuga amarillento que vale 12 pesos para en casa despojarlo de las hojas muertas, o se retira con las manos vacías. Ese respeto al cliente que se ha convertido en la nueva “batalla” de las autoridades cubanas, depende de factores económicos básicos, desde mejorar los salarios y la calidad de la producción hasta el cuidado en la transportación de las mercancías. Quienes se ocupan de esto último, además de cobrar una miseria por su labor, no tienen consciencia de que ese es el alimento del pueblo y estiban los sacos como si su contenido no tuviera ningún valor. Proteger al consumidor es un deber de quienes integran la cadena producción-distribución-comercialización. Fiscalizar no basta; tampoco rehabilitar locales para vender en ellos menos mercancías que antes, como ha ocurrido con el mercado de Egido, que luce más acogedor pero sus tarimas están vacías. Desde hace años, con la aceleración del cambio climático y el paulatino aumento de las temperaturas, el gobierno cubano debía haber planificado una red de agromercados climatizados -al menos uno por municipio- para optimizar la conservación de los productos más vulnerables al calor y la humedad. Es una medida lógica y factible; por ende, incompatible con una administración acostumbrada al despilfarro y la centralización económica. Castigar las acciones de quienes ponen en riesgo la salud de la población no es la única vía de protección al consumidor. De hecho, las inspecciones se efectúan cuando ya la salud del cliente ha estado en peligro por un prolongado período de tiempo y, al menos en el caso del Mónaco, la penalidad aplicada consistió en el cierre del contrato y la disolución de la cooperativa. La inocuidad del castigo provoca que cuando se “refresca” la fiebre de las redadas todo vuelve a la normalidad; es decir, violaciones a los reglamentos, falta de higiene, corrupción, venta sin licencia y maltrato al cliente. Otras soluciones tendrían que ver con pensar y negociar sobre la base de la igualdad de beneficios, e invertir sabiamente. Mientras el gobierno continúe abusando de sus propios empleados y de los cuentapropistas no habrá manera de articular un mecanismo para proteger al pueblo de los riesgos que entraña la corrupción. Comerciantes que enfrentan irregularidades en el abastecimiento y la calidad de la producción, además de pagar altos impuestos sin tener la posibilidad de protestar y exigir, comúnmente eligen tensar la cuerda que siempre se quiebra por el lado más débil: el consumidor.

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Muchas redadas y cero soluciones