MIAMI, Estados Unidos. — El Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desplegó 200 carteles en Buenos Aires (Argentina) en favor de la liberación de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela previo a la Cumbre Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC), que se desarrollará en el país suramericano.

Fernando Goldar, consultor legal de Raza e Igualdad, explicó a CubaNet que la iniciativa surgió de ante la posibilidad de que Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y Nicolás Maduro —anunció que no asistiría por razones de seguridad— asistieran a la Cumbre de CELAC en la capital de Argentina, que marcará el cierre de la presidencia pro tempore de ese país al frente del bloque regional.

Según Goldar, los carteles fueron distribuidos en las cercanías del Hotel Sheraton de Buenos Aires, que acogerá a las actividades centrales de la Cumbre.

“En Cuba, Nicaragua y Venezuela hay más de 1 000 presos políticos. Permanecen en prisión por defender sus derechos”, señala una de las vallas desplegadas en la ciudad.

El activista señaló que pasa a la indiferencia de algunas organizaciones de la sociedad civil argentina, existen iniciativas a destacar como la lanzada por Raza e Igualdad.

Goldar recordó que aunque la membresía de la CELAC permite que los gobernante de Cuba, Nicaragua y Venezuela asistan a la Cumbre, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, pudo haber tomado la decisión de no invitar a los dictadores.

Durante la pasada Cumbre de las Américas de Los Ángeles (Estados Unidos), Raza e Igualdad desplegó dos carteles denunciando la represión, el hostigamiento, las detenciones arbitrarias y las agresiones que sufren activistas, periodistas independientes, artistas y defensores de derechos humanos en Cuba.

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MIAMI, Estados Unidos.- El músico y activista cubano Luis Alberto Mariño habló con CubaNet sobre la significación que para él y el resto de los organizadores de la iniciativa tiene el stand privado Patria y Vida, en el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires, Argentina.

“La idea se me ocurrió para mostrar la colección que ya tenemos. Los libros los exponemos, no los vendemos”, dijo, y con ello “simplemente abrimos un canal para que se conozca otra Cuba”.

En los predios de la Feria Internacional de Libro de Buenos Aires, que fue inaugurada el pasado 28 de abril y se extiende hasta el 16 de mayo próximo, se alza un stand que expone libros y obras de artistas y escritores cubanos “malditos” para el régimen de La Habana.

La idea surgió, cuenta Mariño, porque “los cubanos no tenemos territorio, los cubanos del exilio principalmente estamos dispersos por el mundo, la literatura cubana está exponencialmente dispersa porque carece de un territorio y un lugar”.

“Estos 16 metros cuadrados son un lugar físico donde confluye creación cubana, testimonio cubano, literatura independiente, y por eso me interesaba, y más que nada en el contexto de una Feria Internacional. Que se conociera la Cuba que no entra dentro de la propaganda del régimen. Que se conozca ese otro país”, explicó Mariño.

El músico, que en 2020 se plantó frente a la sede diplomática de la Isla en Buenos Aires para pedir, mientras tocaba su violín, la libertad del rapero contestatario Denis Solís González, criticó que haya sido especialmente Cuba el invitado de honor a esta Feria. “Es algo muy cínico cómo a veces las democracias adornan a las dictaduras y les dan ciertos espacios”.

Sin embargo, aseguró, “lo que me interesa más que nada es proponer otra cosa, un país que no entra dentro de los stands oficiales por razones evidentemente políticas. Pero también esa Cuba que está dispersa. Proponer poesía, creación, testimonio, vida, y sobre todo una patria futura donde esa vida tenga lugar”, manifestó.

Asimismo, sobre la presencia de una delegación oficial cubana el también compositor, director de orquesta y profesor aseguró: “Mi interés aquí no es provocar, es proponer, y que la gente vea por una pequeña ventana esa Cuba, y se imagine cuánto mas hay que no está aquí, y que eso enriquezca el panorama”.

A los cubanos, “la cultura no está despegada del contexto político”, y parte de esta iniciativa, manifestó, es también en solidaridad con los más de 1 000 presos políticos que hay en Cuba. “Queremos que toda Cuba sea libre democráticamente y por eso vamos a seguir luchando”, sentenció.

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MIAMI, Estados Unidos. – La aerolínea Cubana de Aviación reanudará los vuelos hacia Argentina el próximo 20 de diciembre, confirmaron a la agencia oficialista Prensa Latina funcionarios de la empresa.

El restablecimiento de la ruta entre La Habana y Buenos Aires, suspendida por más de siete meses de interrupción a causa de la pandemia de COVID-19, obedece a la desescalada que se lleva a cabo en el país suramericano y que incluirá la apertura del tráfico aéreo internacional.

“Con la reapertura de todos los aeropuertos de la Isla recientemente y la progresiva apertura en Argentina, a partir del 20 de diciembre reanudamos las operaciones con vuelos directos a la capital cubana”, dijo a Prensa Latina Irina Plana, gerente general de la aerolínea en esa nación.

La funcionaria aseguró además que, ante el inminente reinicio de las operaciones, el equipo de Cubana en Argentina se prepara para cumplir con los protocolos sanitarios establecidos para evitar la propagación del coronavirus.

Buenos Aires es uno de los principales destinos internacionales de Cubana de Aviación. De hecho, durante la suspensión del tráfico aéreo internacional la compañía realizó vuelos humanitarios al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, mejor conocido como Ezeiza.

De igual forma, Argentina es uno de los principales mercados del turismo en Cuba, por lo que se espera que la reanudación de los vuelos de Cubana a ese país incida en el aumento de viajeros hacia la Isla.

La reapertura de los vuelos regulares internacionales en Cuba ha traído consigo un aumento sostenido de los contagios por COVID-19 durante las últimas semanas.

El pasado 4 de diciembre, la Isla volvió a registrar más de cien contagios (104). De ellos, 42 presentaron fuente de infección en el extranjero.

Este domingo, las autoridades sanitarias reportaron otros 68 casos de coronavirus, 40 con fuente de infección en el extranjero.

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BUENOS AIRES, Argentina.- Un juez argentino elevó este viernes a juicio, en plena campaña electoral para las presidenciales de octubre, la conocida como “causa de los cuadernos”, en la que se acusa a la expresidenta Cristina Fernández y a miembros de su Gobierno de haber recibido millonarios sobornos por parte de importantes empresarios de la obra pública.

El magistrado Claudio Bonadio, que dirige la mayoría de casos de corrupción que afectan a la actual senadora, pidió también, una vez más, que la Cámara Alta apruebe quitarle sus fueros para que sea detenida y cumpla prisión preventiva, algo que, como en anteriores ocasiones, no se prevé que ocurra por el rechazo del peronismo, al que ella pertenece y que tiene un gran peso parlamentario.

Aún sin fecha de comienzo, será el Tribunal Oral Federal 7 el que siente por segunda vez en el banquillo a la viuda del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), que ya está siendo juzgada desde mayo pasado por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su mandato y está a la espera de que comiencen otras cuatro vistas orales más.

Sin embargo, la resolución de hoy cobra especial relevancia al ser la primera después de que el 11 de agosto pasado la lista que integra Fernández como candidata a la Vicepresidencia -encabezada por el también peronista Alberto Fernández- fuera la más votada en las elecciones primarias, 16 puntos por delante de la que lidera el actual mandatario, Mauricio Macri, y se ubicara como la clara favorita a vencer en las presidenciales del 27 de octubre.

Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli acusan a Fernández de ser la “jefa”, junto a su esposo -fallecido por un paro cardíaco en 2010-, de una asociación ilícita para recaudar sobornos de los más importantes empresarios del país, contratistas de obra pública, también procesados en la causa y entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra, primo hermano de Macri.

“En atención a los elementos de prueba colectados (…) es posible afirmar que los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron sumas de dinero por un monto aproximado de 100 millones de dólares en un sinnúmero de oportunidades entre 2003 y 2015”, asevera el juez en una resolución de 154 páginas.

El dinero recaudado era, según las pesquisas, entregado “alternativamente” a Cristina Fernández y Kirchner o sus secretarios privados en la residencia presidencial o en su apartamento particular de Buenos Aires, y parte de esos montos fue “redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios”.

Estas presuntas maniobras contaron, según el juez, con el entonces ministro del área de obras públicas, Julio de Vido -ya en prisión desde 2017- como “organizador” de la red, y el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa misma cartera, Roberto Baratta, con quien se encargaba de velar por que se realizaran esos cobros.

El escándalo se destapó el 1 de agosto de 2018, cuando por sorpresa varios empresarios y ex altos cargos kirchneristas fueron detenidos por orden del juez, a quien meses antes había llegado, en extrema reserva, una investigación comandada por Diego Cabot, prosecretario de redacción del diario La Nación.

En enero de ese año, llegaron a manos del periodista los cuadernos, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Centeno, chófer de De Vido y de Baratta. Un material en el que el conductor, que fue el primer arrestado el 31 de julio, plasmaba con detalle cómo durante una década trasladó supuestamente por todo Buenos Aires bolsas rebosantes de billetes de parte de empresarios a miembros del Ejecutivo.

Si bien la “causa de los cuadernos” tiene más de 170 procesados -la gran mayoría empresarios que declararon haber pagado los sobornos y fueron puestos en libertad-, Bonadio en esta ocasión envió a juicio a 53, incluida Fernández, y decidió sobreseer a algunos de los imputados, entre ellos Máximo Kirchner, hijo del matrimonio presidencial, y Oscar Parrilli, exsecretario General de la Presidencia y exjefe de Inteligencia del Ejecutivo de Cristina Fernández.

El juez elevó también a juicio dos ramificaciones de la causa: una por el presunto plan de lavado de dinero que organizó Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner y fallecido en 2016, con 15 acusados, y otra específica por la supuesta red de sobornos entre empresarios del transporte ferroviario, que afecta a seis.

Mientras Cristina Fernández, que retornó hoy viernes de Cuba tras visitar a su hija Florencia, que es tratada allí por diversas dolencias, atribuye las acusaciones contra ella a una “persecución judicial”, otro juez investiga una presunta red de espionaje político-judicial en la que Stornelli está imputado.

“Bonadio está terminando de causar el daño que pueda causar en mérito a que está acabado. Ha sido un hombre arbitrario, acompañado por un fiscal que ha extorsionado a empresarios y funcionarios”, expresó a EFE Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la exmandataria, que se mostró convencido de que “no hay ninguna prueba” que la involucre con la recepción del dinero.

El letrado aseveró que la decisión de Bonadio busca “difamar a Cristina” y advirtió que si el próximo es un gobierno que no lo protege -como asegura hace el Ejecutivo de Macri-, el Consejo de la Magistratura lo destituirá por “mal desempeño y la arbitrariedad”.

EFE

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BUENOS AIRES, Argentina.- Manuel Cuesta Morua, historiador y activista político socialdemócrata cubano, es uno de los panelistas de la Conferencia en el Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo que tuvo lugar este 23 de agosto en Buenos Aires, Argentina.

A esta séptima edición del evento, el también Portavoz del Partido Arco Progresista ha presentado una nueva perspectiva sobre los Derechos Humanos en Cuba. Aunque la Isla sea el único país que no reconoce desde el Estado todos estos Derechos aprobados en 1948 por la ONU, Manuel explica que en la nueva Constitución cubana se han recogido algunos como: libertad de movimiento, de asociación, reunión, expresión y manifestación pacífica.

Este contexto, revela Cuesta Morúa, los cubanos debemos utilizarlo a nuestro favor porque existe un amparo legal que no teníamos antes: “Yo creo que esto abre un espacio interesante para darle un nuevo impulso al tema de los derechos humanos en el país desde la política”.

Aunque continúen las violaciones y arbitrariedades por parte del régimen cubano, con lo cual violan también la Constitución de la República, Manuel opina que se debe seguir exigiendo su respeto y apelando a la Carta Magna, porque entonces se podría declarar igualmente la ilegitimidad del gobierno. Se trata de utilizar sus propias leyes para defendernos, o al menos intentarlo.

Si bien un punto clave en este ejercicio de derecho es la creación de los Tribunales Constitucionales, Cuesta Morúa considera que se debe ir trabajando en la educación y empoderamiento de la ciudadanía para así lograr masividad en estas exigencias.

“Estamos frente a una Constitución contradictoria –continúa argumentando– porque por un lado reconoce derechos y por el otro defiende la supremacía de un estado totalitario”. Refiere que en el artículo 3 se declara que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, lo cual se contradice en el artículo 5 al plantearse que el Partido Comunista es quien define las líneas y rige al Estado. Para él, hay que explotar contradicciones como estas para tratar de cambiar la Constitución.

Por otro lado, “si la soberanía reside en el pueblo hay que reconocer la heterogeneidad del pueblo y que todos tenemos derecho a conformar la voluntad política”. O sea, no hay espacio para la exclusión ni por creencias religiosas, ni políticas, ni de ningún tipo.

Para la mejor comprensión de estos detalles, los socialdemócratas del Partido Arco Progresista han establecido espacios denominados Mesas de Iniciativa Constitucional, en donde tratan de educarse, empoderarse con la ley cubana y conocer sus derechos dentro y fuera de Cuba. De esta manera, preparan a los ciudadanos para lograr una movilización de acción cívica masiva.

Arco Progresista fue fundado en 2002 y reúne a varios cubanos residentes en Cuba. Su propósito es, al decir de Manuel Cuesta, “conjugar las libertades individuales con la equidad social”.

Además de esta iniciativa presentada por su Portavoz en el evento de Buenos Aires, han trabajado para impulsar propuestas constitucionales y legales tales como Plataforma Otro 18, de conjunto con diversos actores de la oposición dentro y fuera de Cuba.

No obstante, aunque defienden el diálogo como herramienta importante para resolver la situación cubana, Cuesta Morúa reconoce que con el régimen cubano no se puede dialogar, fundamentalmente porque ellos no están dispuestos a hacerlo, porque “hay demasiada arrogancia de poder, y es imposible tratar nosotros de conversar con gente que te humilla, no respeta su propia ley, que excluye, que tiene una visión estrecha de país y que además no tiene cultura. Pero tenemos el recurso legal y debemos aferrarnos a él para tratar de defendernos”.

Manuel Cuesta Morúa se inició en la oposición política desde inicios de la década del 90 en el grupo Corriente Socialista Democrática Cubana. En el año 2016 obtuvo el Premio Ion Ratiu, del Woodrow Wilson Center. Es además autor de los libros Los futuros de la Isla (2002) y Ensayos Progresistas desde Cuba (2014). Su ideario ha sido, según declara, tratar de tener una visión política de Estado que conjugue y defienda los derechos, libertades, la justicia, la equidad y las minorías.

La Conferencia en el Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo organizada por CADAL (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina), le ha dado la oportunidad de exponer y debatir, junto a importantes especialistas de varias partes del mundo, el contexto y el futuro de Cuba.

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