LA HABANA, Cuba, julio 2013, www.cubanet.org.- El preso político Ernesto Borges Pérez fue amenazado de muerte por un preso común, en presencia de un teniente del Ministerio del Interior (MININT), en la prisión Combinado del Este.
El pasado mes de junio, un preso común designado por las autoridades del penal como “Jefe del Consejo de Presos”, a pesar de estar cumpliendo una condena por asesinato, ser narcodependiente, por el consumo de pastillas que se comercian “clandestinamente” dentro de la prisión, y mantener una conducta violenta, dijo a Borges Pérez:
-Te voy a dar una puñalada que te entre por aquí (señaló al hígado), y te salga por detrás. Te van a tener que enterrar en los Estados Unidos-, declaró el prisionero político a esta periodista durante una visita privada.
El área de la visita es un comedor. Ningún periodista independiente cubano, ni de agencias de prensa extranjera, que no sirva a los intereses de propaganda del estado socialista cubano, ni los relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, han tenido acceso al sistema penitenciario cubano por dentro.
Después de recibir la amenaza, Borges Pérez le advirtió al recluso que haría una acusación formal de amenaza de muerte y tomaría por testigo al teniente Javier, conocido como “El Reeducador” -encargado de adoctrinar políticamente a presos comunes-, que había estado presente durante el altercado. Pero el oficial respondió a su vez:
-No voy a servirte de testigo, yo no estoy aquí.
Borges Pérez considera que semejante respuesta puede funcionar como incitación para que un reo con las características antes mencionadas agreda a un preso político.
En general, dice: “La población penal respeta a los presos políticos, a no ser que la Seguridad del Estado intervenga”. Y añade: “Mensualmente, se reúnen en una oficina con el preso que ellos designaron como jefe y que el resto conoce como “El Disciplina”, y le dan indicaciones precisas de cómo tratar con los presos políticos”.
Conmutada pena de muerte
Borges Pérez fue condenado a 30 años de cárcel por el Tribunal del Ejército Occidental, el 14 de enero de 1999, bajo el delito de Espionaje, en la causa No. 2 de dicho año. La pena de muerte por fusilamiento le fue conmutada.
El delito por el que fue juzgado consistió en haber reunido los expedientes de 26 “agentes carnadas” de los servicios secretos cubanos, para divulgarlos posteriormente. Fue detenido por esta acción el 17 de julio de 1998.
El fiscal del caso expresó a la familia, concluido el juicio, que solo cumpliría la tercera parte de la sanción, 10 años, para luego obtener libertad condicional, por tratarse de un militar de carrera sin antecedentes.
Pero Borges Pérez no se ha retractado ideológicamente. Ha continuado trabajando en la denuncia de violaciones de los derechos humanos de la población penal, ha ofrecido su testimonio escrito del caso contra Robert Vesco de 1996, del que participó como analista principal del departamento 1 de la Dirección General de la Contrainteligencia, en los interrogatorios.
A 15 años de los sucesos que le llevaron a la cárcel, Borges Pérez rememora las razones que tuvo para pasar de la oficialidad a la disidencia:
“Fueron un grupo de factores”, dice; “la Perestroika, la corrupción que vi dentro de la Seguridad del Estado, el tráfico de influencias, la constatación de que la única prioridad del aparato es perpetuar en el poder al clan Castro. La insensibilidad del Estado/ Partido ante la miseria de la población en los años de Período Especial, para mantener el control político y económico del país.
“La Seguridad del Estado del gobierno cubano”, agrega, “es un aparato sobredimensionado y corrupto, porque tiene un exceso de plantilla que no se corresponde con el tipo de resistencia, no violenta, que se hace en la Isla, y una educación en la violencia amparada por la ideología del castrismo. Desde el fin de la guerra civil, que abarcó el periodo del 61 al 66, con la llegada de los años 70, la oposición en Cuba se enfoca en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra las violaciones institucionalizadas por el sistema. Pero la Seguridad del Estado mantiene su estructura de represión idéntica a la utilizada durante la guerra civil. Al ser un aparato sobredimensionado en personal y en plantilla, los oficiales operativos (contrainteligencia) crean redes de informantes en todos los segmentos de la sociedad, y se constituye el Estado Policial”.
En huelga de hambre
En el año 2012, Borges Pérez sostuvo dos huelgas de hambre. La primera duró 9 días, en reclamo del derecho a hacer llamadas telefónicas regularmente -en especial para hablar con su hija en el extranjero-, así como la devolución de sus medicamentos, indicados para las enfermedades crónicas que padece, entre ellas asma bronquial, y el acceso a servicios médicos especializados. Finalizó la huelga al obtener la palabra del teniente coronel Vargas, en aquel momento Jefe de Prisiones de la Habana, de que cumplirían sus demandas.
Pero las autoridades no cumplieron. A menos de un mes de suspendida la primera, inició una segunda huelga de hambre, exigiendo libertad condicional.
El 28 de febrero de ese año, a los 18 días de inanición, se presentó en su celda el Cardenal Jaime Ortega Alamino y le prometió discutir su libertad con el General- Presidente de Cuba. “Durante 7 días valoré esta promesa del Cardenal y abandoné la huelga a los 25 días”, precisa.
Una comisión ministerial le visitó al cabo de un mes: “Revisaron por primera vez mi expediente de prisionero, y respondieron que habían propuesto a los tribunales mi libertad condicional, pero han pasado 14 meses desde esa visita”.
“Cuando un preso político inicia una huelga de hambre”, comenta Borges Pérez, “se crea un Puesto de Mando, que tiene que informar diariamente a la alta jefatura del MININT. La creación de un Puesto de Mando se traduce en más gasolina para los carros, café, cigarros, asignaciones especiales de comida, vacaciones en casas en la playa, certificados de reconocimiento, ascensos. Es una inercia burocrática represiva. Viven de eso”.
Tras haber denunciado telefónicamente esta última amenaza de muerte, las autoridades carcelarias tomaron la decisión de cambiar de piso a todo el destacamento, permaneciendo en él sólo Borges y su compañero de celda, con un nuevo grupo de presos. También, el reeducador Javier fue transferido de área.
Sobres lacrados
Pero el 29 de junio fue conducido, esposado, a una oficina del Combinado del Este, donde había un coronel, que se presentó como sustituto del director general de Cárceles y Prisiones, y le fue reiterada la amenaza en los términos de que, ante el preámbulo de un cambio democrático en Cuba, dijo el coronel, “nosotros estamos preparados para eso, y tú también te tienes que preparar. Tenemos instrucciones precisas en sobres lacrados, sobre el tratamiento que hay que darle a ustedes” (los presos políticos, se entiende).
Dicho coronel le expresó además que le sería retirado nuevamente el derecho a las llamadas telefónicas.
El 5 de julio, un militar con grados de Mayor le comunicó oficialmente que sus llamadas telefónicas deberá realizarlas, a partir de ahora, desde una oficina, y que solo tendrá derecho a una llamada de 10 minutos por semana, sin horario fijo y en presencia del reeducador Javier.
“Con esto, las autoridades del penal no solo están violando el derecho establecido internacionalmente sobre el trato a prisioneros, sino también están incumpliendo con lo acordado tras el cese de la huelga de hambre que realicé en 2012”, concluye Borges Pérez.
