LA HABANA, Cuba.- La aprobación de Manuel Marrero como Primer Ministro en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), por designación de Miguel Díaz-Canel, sugiere la imposición de los militares a un presidente de la república con demasiado poder constitucional, que en abril de 2021 podría incrementarse al heredar también el cargo de Primer Secretario del Partido Comunista, según vaticinó Raúl Castro al entregarle los Consejos de Estado y de Ministros en 2018.
La mayoría de los diputados probablemente se sorprendió, aunque, como es usual, poco después votó con unanimidad en la sesión de la Asamblea Nacional del pasado 21 de diciembre. Hasta poco antes no se hablaba sobre el ministro de Turismo, pero alguna persona cercana al “presidente” Miguel Díaz-Canel, con el beneplácito de Raúl Castro y el Buró Político del Partido Comunista (PCC), debía ocupar el cargo inexistente desde 1976, cuando Fidel Castro fusionó todas las atribuciones del poder.
Manuel Marrero no integra el Comité Central del PCC, lo que debilita su capacidad de dirección en la excluyente nomenclatura cubana. Él tendrá subordinados a cuatro miembros del Buró Político, de ellos dos vicepresidentes, el ministro de las Fuerzas Armadas y el de Relaciones Exteriores, así como siete miembros del Comité Central (CC), incluidos dos vicepresidentes y el Ministro del Interior. Marrero también supervisará a los gobernadores provinciales, empresarios y otros ejecutivos probablemente integrantes del CC. Extraña que el ministro no haya sido ascendido en “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”, incluso poco antes de asumir el premierato, si “a lo largo de su trayectoria laboral y como cuadro se ha caracterizado por su modestia, honestidad, capacidad de trabajo, sensibilidad política y fidelidad al Partido y a la Revolución”, como dijo Díaz-Canel al presentar la designación a los diputados.
El General Raúl Castro ha dicho haber pasado más de un decenio “formando los cuadros jóvenes” para garantizar la continuidad, pero al sustituir a Fidel Castro en julio de 2006 comenzó a remplazar sus ejecutivos por militares, en calidad de civiles, en los organismos del Estado y el Gobierno, especialmente los económicos, las organizaciones devenidas sociedad civil revolucionarias, y las estructuras del Partido Comunista, donde entre 2018 y 2019 nombró nuevos primeros secretarios provinciales. Simultáneamente legó los Lineamientos Políticos, Económicos y Sociales, el Plan hasta 2030 y la Constitución de la República, que deberán ejecutar los continuadores para consolidar el “socialismo próspero y sostenible”.
El flamante Primer Ministro, de 56 años de edad, es arquitecto, posee un alto grado militar y tiene en común con Raúl Castro haber nacido de Holguín. En 1990 era inversionista del Grupo de Turismo Gaviota en la construcción de los hoteles Río de Luna y Río de Mares en la playa Esmeralda, y posteriormente Subdelegado del Grupo Turismo Gaviota para las provincias orientales. En 1996 fue designado Director General del Complejo Hotelero Varadero Azul, en 1999 fue Vicepresidente Primero del Grupo de Turismo Gaviota y en 2001 llegó a presidente. En 2004 se convirtió en Ministro de Turismo, hasta el pasado 21 de diciembre.
Al presentar la designación del primer ministro, los viceprimeros ministros y el Consejo de Ministros, Díaz-Canel expresó que la propuesta fue debidamente aprobada por el Buró Político del Comité Central del Partido. Sobre Marrero destacó su desempeño en el sector del Turismo, la interacción con los organismos de la administración central del Estado, el sistema empresarial y los gobiernos provinciales, la experiencia en negociaciones y la participación en eventos internacionales con habilidad, firmeza y dotes para la interlocución.
Raúl Castro convenció a Fidel sobre la necesidad de desarrollar el turismo para mitigar la crisis económica del llamado Período Especial que comenzaba, y en 1989 creó el Grupo de Turismo Gaviota S.A., que actualmente posee hoteles de categorías 3, 4, y 5 estrellas en playas y ciudades, senderismo, 5 marinas internacionales, una agencia de viajes, servicios de transportación aérea y terrestre, y renta de autos y ómnibus. Marrero empezó a laborar en el Grupo casi desde su formación. Este sector es considerado la locomotora de la economía cubana por la dirección del país, y es gestionado fundamentalmente por el Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias(GAESA), que a su vez controla la mayor parte de las divisas de Cuba.
El General Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, yerno de Raúl Castro y presidente de GAESA, estaba considerado como candidato a Primer Ministro, aunque resultaba improbable que dejara su alta posición e independencia, al no rendir cuentas a la Asamblea Nacional. Mediante Marrero los militares toman el puesto clave en el poder ejecutivo, que según la Constitución está subordinado al presidente, la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado. Igualmente podrían estar interesados en supervisar el proceso de ampliación de las prerrogativas de las empresas estatales, que continúa estancado. Desde 1998, mediante el Decreto-Ley No. 187 y otras legislaciones, se establecieron las bases para el Perfeccionamiento Empresarial siguiendo la organización vigente en las fuerzas armadas, pero la inexistencia de contabilidad, el descontrol, las deudas, los robos y muchos otros problemas han impedido su avance.
Además, los militares podrían estar respondiendo a la Administración Trump, que ha intensificado el embargo-bloqueo muy detalladamente hacia las entidades gestionadas por GAESA y todo lo que pueda incidir sobre el turismo, el ingreso de divisas, las inversiones extranjeras y la llegada de combustible.
En el discurso de clausura, Díaz-Canel mencionó que en 2019 Estados Unidos impuso prácticamente una medida por semana, lo que afectó todos los sectores de la economía, auguró la posible agudización de las dificultades, y planteó como primera prioridad la ideológica. También llamó a la unidad de resistencia popular desde los barrios y cuadras. Sin embargo, el gobierno tiene que resolver su incapacidad para lograr la producción y abrir la participación ciudadana, sin represión justificativa.
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