LA HABANA, Cuba. – El ministro de la Agricultura de Cuba mandó a rescatar 3203 cooperativas agrícolas con una situación económica desfavorable, el 66% de las existentes, según expuso en videoconferencia con los delegados provinciales y municipales del sector este 1 de marzo. Gustavo Rodríguez Rollero pretende revertir 62 años de asfixia agraria en 60 días.
El Decreto-Ley No. 365 del 22 de octubre de 2018 y su reglamento complementario confieren amplias potestades al titular, que corre el peligro de pasar a la historia de Cuba por consolidar la destrucción del campo cubano, antecedido por el desmontaje de la agroindustria azucarera.
La participación de los cooperativistas en el proceso no se mencionó en la nota publicada en el sitio web del MINAG, lo cual demuestra que la voluntariedad y la autonomía no existen. Tampoco están contemplados el fin de la determinación de los cultivos, el encargo estatal, las empresas de acopio ni los precios topados, que han ocasionado el desestimulo a la producción en todas las formas de la agricultura pero especialmente en las empresas estatales a las que están atadas las cooperativas. Con esas condiciones no se frena el éxodo ni se contrarresta la escasez de alimentos.
Por supuesto, se creó un Grupo Temporal de Trabajo (GTT), se involucrarán las universidades y los centros de investigaciones, se utilizará la informatización y el proceso contará desde el inicio con un expediente para el monitoreo, evaluación y auditoría sistemática. La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), usual supervisora de las directivas gubernamentales, no apareció reflejada.
En los 60 días, Rollero, al frente del GTT integrado por los correspondientes grupos y subgrupos provinciales y municipales, así como por representantes de organizaciones e instituciones involucradas en el funcionamiento de esas estructuras productivas, determinará las medidas para rescatar, fortalecer y consolidar los resultados de trabajo de 3203 cooperativas agropecuarias. Las situaciones más complejas están en los miembros de las Juntas Directivas y cooperativistas del 74% de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), el 67% de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y el 54% de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), expone la información.
El doctor en Ciencias Económicas Alcides Labrada López, director de la Escuela Ramal del MINAG (ERMA), expresó que la tarea parte del presupuesto de que solo una “integración verdadera” entre todos los actores implicados permitirá revertir la situación actual de las cooperativas agropecuarias y realizar las proyecciones futuras. El objetivo supremo es lograr cooperativas de éxito, mejorando los aspectos organizativos y teniendo en cuenta su ubicación geográfica y características propias. Se trata de diagnosticar, estudiar, proponer y aprobar a cada nivel (a través del empleo de técnicas participativas) las medidas que se requieran para “salvar” las organizaciones que garantizan un alto porcentaje de la producción de alimentos en Cuba. El escenario más importante es el municipio, por tanto, el delegado municipal es clave para garantizar el éxito deseado, según el reporte del MINAG.
A comienzos de la década de 1960 se crearon las primeras 87 cooperativas en Pinar del Río, promovidas por Fidel Castro para agrupar a los campesinos individuales beneficiados por las leyes de reforma agraria. Las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) surgieron por la necesidad de los cultivadores de tabaco en esa provincia de obtener créditos bancarios, tecnologías de punta y favorecer las gestiones de mercadeo y precios, entre otras gestiones de las que entonces se hacía cargo el Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba (BANFAIC), la compañía estadounidense Cuban Land y otras entidades.
En las CCS los agricultores pequeños mantienen la propiedad o usufructo de sus tierras y demás bienes mientras la cooperativa gestiona el acceso a los créditos bancarios, los insumos y los servicios que completan los ciclos tecnológicos. Cada nuevo usufructuario tiene que vincularse a una cooperativa.
Al finalizar la zafra de 1960 también se crearon las cooperativas cañeras, muchas en las tierras recién nacionalizadas. Las primeras de ellas estuvieron integradas principalmente por obreros agrícolas que no poseían tierras.
Por su parte, las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) se constituyeron por agricultores pequeños que aportaron sus tierras u otros bienes al patrimonio de la cooperativa. Las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) surgieron en 1993 de las quebradas granjas estatales, cuyos trabajadores se convirtieron en cooperativistas. Ellas heredaron todas las deformaciones y han pasado por varias reorganizaciones y liquidaciones, sin lograr despegar, sobre todo las cañeras.
El Decreto-Ley 365 derogó la Ley de Cooperativas de Producción Agropecuaria y de Créditos y Servicios del 2 de noviembre de 2002, y el Decreto-Ley 142 “Sobre las Unidades Básicas de Producción Cooperativa” del 20 de septiembre de 1993.
Aunque desde su llegada al poder en julio de 2006 Raúl Castro declaró estratégica la agricultura y entregó tierras estatales ociosas en usufructo, hoy ni siquiera se producen la yuca, la malanga y el boniato.
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