LA HABANA, Cuba.- Cosas extrañas están ocurriendo y nadie parece prestarles atención, salvo los interesados habituales. Con aparente reserva, la administración Biden ha sugerido que podrían realizarse pagos digitales como una vía apropiada para aumentar el envío de remesas a Cuba, algo que sigue siendo de la mayor importancia para la Casa Blanca a pesar de que una fracción considerable de la sociedad civil cubana le ha hecho saber, con argumentos fundamentados, que ello contribuiría al fortalecimiento de una dictadura que ahora mismo está mordiendo el polvo.
La conclusión de que los ataques sónicos no fueron provocados por una potencia extranjera en contubernio con el régimen, parece haber disminuido la tensión entre ambas naciones. Ya se habla de aumentar el personal en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, una medida oportuna que facilitaría los trámites de reunificación familiar; y en un tono, digamos, persuasivo, políticos estadounidenses le han sugerido al castrismo que liberar a los presos políticos sería un paso de avance en la normalización de las relaciones.
Lo curioso es que mientras el “imperio” insiste en la desescalada, la Seguridad del Estado continúa detrás de los juicios arbitrarios contra los manifestantes del 11 de julio y utilizando la deportación para deshacerse de los opositores más incómodos. Luis Manuel Otero sigue preso, presuntamente en huelga de hambre, deteriorado de salud y en paradero desconocido; la situación de Maykel Osorbo no ha cambiado a pesar de la “presión” ejercida por Naciones Unidas para que el “gobierno cubano resuelva su situación”; y las hostilidades entre los órganos represivos y la ciudadanía han empeorado.
La semana pasada, el padre de Andy García Lorenzo, uno de los manifestantes del 11 de julio, recibió dos puñaladas por defender la integridad moral de su hijo. El atacante, defensor del castrismo, está libre mientras el joven Andy se enfrenta a una petición fiscal de siete años de cárcel por haber gritado “Patria y Vida” durante las protestas.
Cuba se encamina a una guerra fratricida donde la dictadura mayorea con sus tropas de élite y sus esbirros vestidos de civil, a los que no ha dejado de engordar y abastecer en este período de escasez. Lo ha hecho casi sin dinero, por eso el grupo de trabajo designado por Joe Biden para estudiar el tema de las remesas, insiste en que hay que darle más.
Si los estudiosos elegidos por la Casa Blanca son realmente expertos en la materia, ya se habrán dado cuenta de que aunque utilicen pagos digitales y criptomonedas, el dinero irá a parar a manos del régimen, que controla las transacciones bancarias y la conexión a Internet. Todo ello sin hablar de que solo un reducido grupo de cubanos (muchos al servicio de la dictadura, por cierto) entiende el funcionamiento de las criptomonedas, un sistema inestable y nada práctico para un pueblo acostumbrado al dinero contante por una cuestión de seguridad y control sobre sus propias finanzas.
Es difícil descifrar a qué juega la Casa Blanca con estos anuncios y en un momento en que los cubanos han comprendido que ya no tienen nada que perder. Buena parte está vendiendo los bienes que posee para emigrar, otra está dispuesta a intentar sobrevivir con lo que gana o roba, y una tercera, la más triste, ya se resignó a esperar la muerte en una cola cualquiera.
Hay una cuarta parte, desde luego, que respalda al castrismo en su mendicidad, alegando que con remesas y sin bloqueo todo se va a resolver y los derechos lloverán a cántaros. Al parecer los demócratas prefieren escuchar a esa parte, donde se inscriben Carlos Lazo, Hugo Cancio y demás agentes que desde el propio suelo norteamericano violan las restricciones del embargo.
Una vez más Estados Unidos parece dispuesto a dar un paso decisivo en favor de la dictadura, sin que esta haga nada en favor del pueblo cubano. De hecho, mientras Biden habla de aumentar las remesas, los leguleyos castristas redactan el nuevo Código Penal que pondrá a Cuba casi al nivel de Corea del Norte, anulando toda posibilidad de cambio de sistema incluso por la vía pacífica, y proponiendo penas de cárcel de entre 4 y 10 años para periodistas independientes y activistas que defienden los derechos humanos.
La Casa Blanca no está prestando atención a la violencia que ahora mismo se ejerce sobre el pueblo cubano, y la que se está prometiendo para el futuro inmediato. “A menos libertades más dinero”, parece ser la filosofía que sigue el gobierno estadounidense en su camino a la normalización; de modo que la lista de presos políticos va en aumento, los más de 200 regulados siguen sin poder salir del país, y las golpizas a activistas ocurren con mayor frecuencia.
Es comprensible que a Estados Unidos le interese relajar tensiones en su zona de influencia geopolítica tras las insinuaciones de Vladimir Putin de mover tropas hacia Cuba y Venezuela, y de su reunión con el presidente argentino, Alberto Fernández, para demostrar que en América Latina hay más de un tonto dispuesto a negociar con el Kremlin.
Es comprensible que para Estados Unidos la seguridad nacional sea su prioridad; pero entonces deberían dejar de hablar del pueblo cubano como si les importara, cuando en realidad solo quieren aplacar al triunvirato esquizofrénico de Castro, Canel y López-Calleja para que no se entreguen en pelotas a los rusos por un menudito.
Las dictaduras no se derrotan inyectándoles dinero. El régimen de La Habana está en las últimas y la Casa Blanca lo sabe. Si no ha caído es por la inexplicable complacencia de la Unión Europea y ese puñado de senadores estadounidenses que insisten en ver algo bueno donde solo se ha sembrado dolor, resentimiento y muerte.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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