LA HABANA, Cuba. – La augurada flexibilidad de la agricultura ―aún controlada― finalmente comienza a desvelarse, tras el anuncio de un decreto y sus normas complementarias, un sistema de protección al consumidor y otro para informar los precios centralizados o por acuerdo entre los productores y las autoridades locales.
Podrán realizar la comercialización minorista de productos agropecuarios las empresas estatales, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, los propietarios de tierras, los vendedores minoristas de productos agropecuarios y los trabajadores por cuenta propia con licencia para vender productos agropecuarios en forma ambulatoria (carretilleros).
Por supuesto, será prioridad del Estado velar por el uso de la tierra, y jugar el papel regulador y de control de la producción, la contratación, el establecimiento de las prioridades de los destinos, los balances de los productos, el control de los precios y la comercialización en condiciones excepcionales, recalcó el ministro de la Agricultura, según los medios oficiales.
Durante su reciente reunión, el Consejo de Ministros abordó las políticas de Seguros y Reaseguros, y Comercialización de los Productos Agropecuarios, según reportaron los medios estatales el 6 de noviembre. Previamente el vicepremier Alejandro Gil y el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, explicaron la flexibilización para “dar respuesta a las opiniones de los productores y la población sobre las trabas que estorban la producción, el acopio y la comercialización”, en el programa Mesa Redonda.
La comercialización y el monopolio estatal de Acopio han estado entre las causas fundamentales de la desaparición de los productos agropecuarios en Cuba, junto a las empresas estatales corrompidas, la cooperativización compulsada, la imposición de los cultivos, la crianza de animales y los precios, la falta de instrumentos e insumos, el menosprecio de las profesiones universitarias, técnicos medios y obreros calificados, el éxodo hacia pueblos y ciudades, la mortandad de los bateyes al desactivar la mayor parte de los ingenios azucareros, así como la emigración.
El monopolio del sistema empresarial de Acopio fue abolido en 2010, cuando Raúl Castro declaró la agricultura como una cuestión estratégica dada la carencia de alimentos y la necesidad de sustituir las elevadas importaciones. Sin embargo, la permanencia de las prohibiciones no permitió aumentar la producción ni la consecuente oferta, de manera que quienes habían impuesto Acopio, volvieron a culpar a los intermediarios y lo restablecieron en 2016.
Actualmente no se elimina para no reconocer el fracaso. En su lugar, las autoridades del Gobierno anunciaron que se otorgarán prerrogativas a las distintas formas de producción para ir directamente al mercado, una vez cumplidos los contratos (en esencia, se trata del llamado encargo estatal). Los gobiernos en cada uno de sus niveles realizarán los balances de productos agrícolas y establecerán los estimados y ratificados en la actividad acopiadora y garantizarán los envíos de productos en correspondencia con los resultados del balance. En caso de que Acopio no disponga de medios para recogerlos, los productores pueden disponer de los productos.
En la Estrategia Económico-Social emitida en julio pasado se incluyen 24 medidas para la Agricultura, de las cuales se ha avanzado en unas 20, dijeron Gil y Rollero. Entre ellas se encuentran la flexibilización de la contratación de la fuerza de trabajo por productores agropecuarios individuales, los incentivos fiscales a las minindustrias, el inicio en tres regiones del país de la comercialización mayorista en moneda libremente convertible (dólares) a la base productiva, el diseño de acciones, medidas y políticas para la recuperación de la ganadería bovina (Cuba seguía a Argentina y Uruguay en cantidad de ganado en 1958) y los pasos para concretar la Banca de Fomento Agrícola.
Asimismo, se arrendarán equipos, medios de transporte, lugares de almacenamiento, mercados, instrumentos de medición, equipos de refrigeración, envases, montacargas, transpaletas y otros. Semanalmente se publicarán los precios para los productos agropecuarios, tanto centralizados como por acuerdo entre las autoridades locales y los productores. Las cooperativas, los usufructuarios, los propietarios de tierras y las empresas estatales podrán vender los productos agrícolas y cárnicos, frescos y procesados en la red de tiendas minoristas (estatales).
También se creará un Comité de Coordinación Agropecuaria, integrado por organismos de la Administración Central del Estado, para el uso racional de los recursos en función de las prioridades del país (Gobierno). Al parecer cada etapa requiere sus propias entidades burocráticas, controladoras y hasta ahora ineficientes.
El gobernante Miguel Díaz-Canel ha orientado a los directivos identificar las trabas en todos los sectores para eliminarlas. Pero los altos funcionarios no reconocen que durante 60 años las trabas fueron impuestas por los mandatarios precedentes, y ejecutadas por los actuales, según los intereses del momento. No se derogaron para el caso de que hiciera falta echarles mano, lo cual creó una vasta telaraña de prohibiciones, ineficiencia, irrentabilidad, impago, clientelismo político, temores a tomar decisiones, corrupción y desarraigo de los campos, actualmente carentes de fuerza de trabajo.
La ampliación de la oferta de los productos agropecuarios es imprescindible, cuando no hay liquidez para importar. Las tiendas recaudadoras de divisas están desabastecidas y la mayoría de los cubanos no pueden comprar en los establecimientos de venta en dólares u otras divisas por carecer de ellas o por sus altos precios. No obstante, la recuperación de la agricultura en Cuba es bochornosamente incierta.
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