LA HABANA, Cuba, abril -Con seguridad, la nueva Ley de Inversión Extranjera “aprobada” por la habitual unanimidad parlamentaria el pasado 29 de marzo de 2014, ha sido la comidilla fundamental del tema “Cuba”, tanto para la prensa oficial de la Isla como para la independiente y la extranjera. Con sus flexibilizaciones respecto de la vigente hasta ahora –promulgada en 1995–, la nueva regulación pretende lanzar el balón al lado contrario: si ahora los cubanos residentes en USA no pueden invertir en Cuba, ya no sería porque el régimen lo impide, sino por el grillete que les impone el embargo. Una habilidad del viejo cocodrilo verde olivo que, pese a todo el descalabro del sistema, mantiene sus mañas y acechanzas.
En medio de las expectativas del gobierno y de los aspirantes a inversores, se extiende el amplio diapasón de los prescindidos de siempre: los cubanos comunes o “de a pie”, de los cuales no se reflejan opiniones en los medios, lo que magnifica la exclusión. Esta vez, sin embargo, la anulación de los derechos naturales de los cubanos está multiplicando el malestar social, en un escenario en el que se está verificando un acelerado desabastecimiento en las redes comerciales y un pertinaz y creciente encarecimiento de los precios y de la vida.
Rechazo a la ley de inversiones
Las carencias, sumadas a la inflación, a los reajustes y prohibiciones para ciertos renglones del comercio privado que han ocasionado el cierre de numerosos negocios familiares desde enero de 2014, a la incertidumbre en torno a la anunciada –y nunca debidamente explicada– unificación monetaria, así como la falta de expectativas positivas, son factores que enrarecen el ambiente social y desembocan en opiniones generalmente desfavorables sobre la nueva Ley y su impacto al interior de Cuba.
Un sondeo informal que realicé en días recientes en el municipio Centro Habana, tras la sesión extraordinaria del parlamento del 29 de marzo, muestra un rechazo a la nueva Ley de Inversión Extrajera, casi tan unánime como la “aprobación” acontecida en dicha plenaria: de un total de 50 individuos encuestados 49 se manifestaron críticos a la Ley y solo uno se manifestó indiferente. De hecho, el tema ha estado presente con relativa frecuencia en numerosos corrillos no sometidos al sondeo directo –cuestión poco común en una población usualmente apática con respecto a legislaciones–, en los cuales resultaba dominante la tendencia a criticar diferentes aspectos de la Ley.
Los principales motivos de descontento de la población se resumen en varios puntos principales: la nueva Ley excluye arbitraria y despóticamente a los nacionales, lo que implica que se mantiene la falta de oportunidades para los cubanos de la Isla; los inversionistas extranjeros no solo tendrán grandes ventajas y consideraciones impositivas que nunca se han otorgado a los cuentapropistas, incluyendo las facilidades arancelarias por concepto de importaciones (algo que pedían los comerciantes de artículos importados y no se les concedió); el Estado seguirá siendo el empleador de quienes laborarán en empresas de capital extranjero, lo que implica la consiguiente sujeción de la contratación a la fidelidad –sea real o fingida– a la ideología oficial y los gravámenes sobre los salarios; se profundizarán las brechas sociales entre los sectores con mayor nivel de acceso al consumo y los sectores más desfavorecidos (estos últimos en crecimiento constante).
¿La nueva ley es una traición?
Colateralmente, muchos cubanos se cuestionan las veleidades de la política oficial que, sin sonrojos, privilegia el capital de los emigrados –otrora “siquitrillados, burgueses, apátridas, gusanos, traidores, escoria, etc. – por sobre los que permanecieron en Cuba. La reflexión lógica, incluso para los que se mantuvieron relativamente vinculados al proceso revolucionario, o al menos no han sido abiertamente opuestos al régimen, es que hubiera sido más sensato y oportuno emigrar para tener alguna posibilidad de invertir en la actual coyuntura. No faltan quienes perciben esta Ley como una traición del régimen a la “fidelidad” de los que eligieron quedarse, generalmente los cubanos más humildes.
Otro tópico que pone en entredicho la ya antes disminuida credibilidad del gobierno es el hecho mismo de apelar actualmente al capital extranjero como la tabla de salvación del sistema, cuando en 1959 se realizó todo un proceso de nacionalización que constituyó una de las medidas “más justas” y de mayor calado, a fin de “poner en manos del pueblo” lo que le había escamoteado el sucio capital burgués. Los cubanos se preguntan qué sentido tuvo expulsar el capital extranjero y 55 años después implorar por su retorno; es como desandar en reversa, pero sobre una vía más insegura y deteriorada. ¿No nos hubiésemos ahorrado más de medio siglo de carencias materiales y pérdidas espirituales de haberse conservado las empresas que ya estaban establecidas en el país? ¿Cuántos beneficios dejamos de recibir desde que el Estado, improductivo, ineficiente y pésimo administrador, se apropió de ellas?
¿De qué revolución tú estás hablando?
En todo caso, son mayoría los que tienen clara conciencia de que la revolución y sus alardes de justicia e igualdad social quedaron atrás, en algún recodo del retorcido camino. “¿Crees que esta nueva Ley va a salvar la revolución?”, le pregunto provocadoramente a un anciano que vende periódicos por mi barrio. “¡Muchacha!, ¿de qué revolución tú estás hablando?, ¿de la que hizo escapar a Batista o de la que está haciendo escapar a todos los cubanos? La revolución del 59 se acabó desde que ‘este’ le entregó el país a los rusos; ahora lo único que quiere el hermano es devolvérselo a los americanos, y quedarse con su buena tajá”.
Probablemente nunca antes escuché una síntesis tan exacta de lo que significa hoy para muchos cubanos la historia de la revolución.
