LA HABANA, Cuba -Al cabo de quince días del brutal asesinato del diputado chavista Robert Serra y su compañera, el presidente Nicolás Maduro formuló declaraciones al respecto. El plato fuerte de su comparecencia fue la exhibición de una cinta de video en la que aparecen los presuntos autores materiales del crimen llegando al domicilio del parlamentario.
En realidad, uno no entiende por qué esas imágenes, que con seguridad se encuentran en poder de las autoridades desde el mismo día de los hechos, sólo han sido dadas a la publicidad al cabo de dos semanas. A lo anterior se une la sospechosa publicación en Internet, hace unos días, de fotos del cadáver de Serra en la morgue caraqueña. Esta divulgación indica, o bien una implicación en los hechos de personas vinculadas al régimen chavista, o bien el alto grado de descomposición que impera dentro de éste.
En sus declaraciones, Maduro implica nada menos que a Edwin Torres Camacho, jefe de los escoltas del diputado y uno de los detenidos por estos hechos. El Jefe de Estado afirmó que el cabecilla de una pandilla, conocido como El Colombia, “compró con dinero en efectivo” al custodio. Mencionó a otros cuatro sujetos —todos con alias delincuenciales— que están siendo buscados.
De entrada, los más encumbrados dirigentes de la bandería del occiso atribuyeron su muerte a los enemigos políticos comunes. Al día siguiente de los hechos, Maduro afirmó que en éstos estaban involucrados el ex presidente colombiano Álvaro Uribe y personas radicadas en Miami. Fidel Castro dejó pasar más tiempo antes de pronunciarse, pero al hacerlo, empleó para caracterizar el crimen la frase siguiente: “de tal modo ajustado a la práctica de los peores organismos yankis de inteligencia…”.
Todas esas afirmaciones son, cuando menos, discutibles. No hago imputaciones, pero sí evoco un hecho anterior que los “socialistas del siglo XXI” no desean recordar ahora. Ese sucedido presenta grandes similitudes con el que nos ocupa. Se trata del atroz asesinato de Mélida Anaya Montes, acaecido el 6 de abril de 1983 en la Nicaragua sandinista.
La mencionada señora, que era conocida como “Comandante Ana María” del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, fue víctima también del arma blanca. Aunque con ella se ensañaron todavía más que con Serra: ¡recibió más de ochenta puñaladas!, el doble que el diputado chavista.
También en aquella oportunidad las acusaciones del crimen recayeron de inicio en el receptivo y complaciente “totí” al que los rojos de este mundo achacan todos los males habidos y por haber: “el imperialismo yanqui”. Horas después del hecho, el gobierno sandinista y el FMLN responsabilizaron del mismo a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA). El ministro del Interior nicaragüense, Tomás Borge, hizo en forma pública una pregunta retórica: “¿Quién podría estar interesado en asesinar a Ana María?”. Él mismo se contestó: “Obviamente, sólo el imperialismo norteamericano”.
Sin embargo, muy poco tiempo después se puso de manifiesto que las culpas debían buscarse muchísimo más cerca: nada menos que entre los mismos “hermanos de luchas” de la occisa. Los móviles del crimen habrían sido las querellas internas en las filas de la citada organización subversiva, convertida ahora en respetable partido político gobiernista.
La autoría intelectual de aquel hecho se le atribuyó a Salvador Cayetano Carpio (el “Comandante Marcial”), entonces jefe supremo del FMLN. Hay que recordar que este personaje “se suicidó” de modo muy conveniente seis días después de ultimada Ana María. Para más inri, él mismo había sido el orador principal en el sepelio de la dama…
Por supuesto que en este momento no se puede afirmar que con Serra y su compañera haya sucedido algo parecido. Pero de entrada tampoco puede excluirse esa variante. Esperemos las explicaciones que brindarán en su momento el mismo presidente Maduro o los flamantes investigadores especiales del macabro suceso. Y estemos listos —sobre todo— a analizar las pruebas objetivas que ellos aporten —en su caso— como justificación para imputarle a determinadas personas la autoría intelectual del hecho.
En el ínterin, no perdamos de vista que las investigaciones del asesinato son llevadas a cabo no por un equipo técnico, sino por personas altamente politizadas e identificadas de lleno con el chavismo y el castrismo, como son los corchetes de Maduro y sus omnipotentes asesores cubanos.
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Maduro acusa a banda paramilitar “El Colombiano” del asesinato
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