MIAMI, Estados Unidos.- Las fuertes protestas escenificadas en Barcelona, Madrid y otras ciudades españolas por la condena al rapero Pablo Hasél abren una vez más el debate acerca del polémico tema sobre la libertad de expresión, hasta dónde pueden llegar sus límites y si deben existir consecuencias para la desmesura en su usufructo. Sobre todo, cuando este ejercicio legítimo del derecho ciudadano es expuesto ante la falsedad del libertinaje, agravado por el vandalismo y la violencia, en algunos casos lindante con acciones de corte terrorista. Es el caso de las manifestaciones en la que los participantes encapuchados la emprendieron contra propiedades públicas y privadas, destruyendo, robando y agrediendo a los agentes del orden, mientras abogaban contra el encarcelamiento del rimero catalán.
Los defensores del rapero afirman que rapear o tuitear no constituye un delito y que expresarse libremente es un derecho humano. Es el argumento esgrimido como estandarte por los miembros del grupo parlamentario Unidas Podemos, cogobernante con el PSOE. Coinciden en este punto las peticiones hechas por intelectuales, artistas y organizaciones mundiales como Amnistía Internacional. Solo cuando se entra en los detalles de lo rapeado y lo tuiteado es donde la segunda parte de la afirmación se vuelve insostenible.
La detención de Pablo Rivadulla Duró (verdadero nombre del rapero) fue ampliamente divulgada en los medios españoles y europeos, desde la óptica de la libertad de expresión reprimida por la vía judicial, algo inadmisible en un estado democrático. De hecho, la detención y condena de Pablo Hasél hace de España el primer país europeo en castigar jurídicamente a un artista por comentarios en Twitter. Mientras noticias y tertulianos ponían énfasis en la sanción de nueve meses de cárcel impuesta al “artista”, apenas explicaban que la misma se fundamenta en el incumplimiento del pago de una multa y cargos por intento de asalto a la Subdelegación del Gobierno de Lleida, así como agresiones contra un periodista y un testigo en un juicio. A lo anterior se suma delitos por enaltecimiento del terrorismo y difamación a la Corona.
Se puede coincidir plenamente con los juicios que el rapero emite sobre los negocios de armas entre el gobierno español y Arabia Saudí en plena guerra genocida contra Yemen, aunque Hasél omite dedicar sus frases lapidarias a los obreros de las fábricas contratadas para surtir de misiles y construir las fragatas encargadas por la casa real saudita. Fueron los trabajadores de esas industrias los primeros en alzar sus voces en contra de la posible suspensión de un acuerdo que les garantizaba empleo. Recuerdo que uno de los demandantes alegaba a los medios que si ellos no les vendían las armas a los árabes aquellos las comprarían en otra parte.
También puede existir empatía hacia los contenidos en los que Hasél se refiere a hechos de corrupción evidente que afloran en la sociedad española, incluyendo la Corona. Lo mismo puede ocurrir con la denuncia del desamparo de los inmigrantes, las personas sin vivienda y recursos para alquilar, el desempleo creciente y otros males sociales que la crisis del coronavirus ha acentuado no solo en España. Pero la parte principal del asunto radica en los textos que tipifican la incitación al odio y la violencia. Además de llamar borracho, mafioso, juerguista y asesino de su hermano a Juan Carlos I, el rapero es autor de frases de contenido en extremo provocador. Entre más de 60 destacan las referencias a los agentes de la policía nacional a los que llama mercenarios de mierda, nazis, franquistas o asesinos. “Orgulloso de quienes respondieron a las agresiones de la policía” es una especie de reconocimiento que él hace a los que enfrentaron en algún momento a los agentes del orden. Pero existen otras locuciones que exponen el lado oscuro de Hasél:
“Si tanta monarquía quiere el pueblo como dicen los tertulianos mercenarios, que suelten a la familia real sin escoltas por nuestras calles”
“No me da pena tu tiro en la nuca, ‘pepero’. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, ‘socialisto’. Me da pena el que muere en un andamio”
“¡Merece que explote el coche de Patxi López!”
“Pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen”
“¡Que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono!”
“voy a tatuarme la cara a quien mate a Jaime Peñafiel”
“Juan Carlos I vuela por los aires: eso no es terrorismo, ¡se merece el cielo!”.
Si textos como los ejemplificados anteriormente no constituyen al menos una distorsión peligrosa de la libertad de expresión, no imagino como tendrían que ser los contenidos que merezcan tal acreditación. En verdad el calificativo de incitación al terrorismo les corresponde y no es una desproporción. Ellos son semilla peligrosa que puede caer en terreno fértil de tanta gente que anda por este mundo dopadas por radicalismos, fanatismos y aromas anarquistas. Todo bajo la ingente influencia de manipuladores que cuentan con un considerable auditorio proclive a convertirse en objeto de manipulación.
Las citas de estos tuits y rimas pueden ser fuente de inspiración para aquellos que se propongan como misión hacer realidad las ideas expresadas bajo el alegato del derecho a la libre expresión. Amparado en ese mismo discurso otro rapero, en este caso el francés Nick Conrad, fue condenado en su país a pagar cinco mil euros por un texto en el que en un enjuiciamiento a la esclavitud hablaba de matar bebes de raza blanca. En el caso de Hasél las cosas no llegan a ese nivel, pero no se queda corto con el alcance de sus exposiciones.
Es posible que al expresar estas consideraciones exista el riesgo de ser señalado como un moderno inquisidor que pretenda ahogar el derecho a expresarse. Tal vez por ello la mayoría prefiere guardar distancia, algunos se suman a los que condenan la medida tomada contra el rapero y otros aportan su crítica desde posturas abiertas a la resignada aceptación del fenómeno. Cabe destacar la actitud silenciosa y hasta solidaria de no pocos de los miembros de Podemos, defensores del derecho de la mujer que ni siquiera han tenido en cuenta anteriores tuits de este individuo señalando de “zorras” a las mujeres y atacando a la Ministra de Igualdad, quien en una desproporcionada defensa hacia el rapero y los manifestantes colgó una foto de la líder de las sufragistas británicas Emmeline Pankhurst, en clara alusión comparativa con los hechos ocurridos con Hasél y sus seguidores.
El grupo de los intelectuales destaca por una carta reprobatoria de la condena impuesta al rapero, pidiendo su libertad. La firman Almodóvar, Javier Bardem, Fernando Trueba y Joan Manuel Serrat, entre varias figuras reconocidas. Del último de los peticionarios mencionados valdría recordar alguna de sus canciones contestarias reivindicando libertades en plena dictadura franquista. Composiciones de profundo contenido y valor humano que hablaban de la lucha por la democracia desde un plano poético, donde no había espacios para la chabacanería ni a la perturbación anárquica en pro de derechos y emancipaciones.
Entre los escritos críticos contra los hechos de violencia instigada pretextando el noble objeto del derecho, destaco el artículo de opinión titulado “La democracia exige tolerar un cierto nivel de basura” del periodista y escritor Daniel Gascón. Tras hacer un análisis equilibrado de la situación con elementos que ayudan a esclarecer la polémica surgida a partir de la condena y los señalamientos sobre el respeto a la libre expresión, se produce una especie de falso posicionamiento ante un hecho condenable que el periodista describe como “tuits que no parecen constituir una amenaza ya que no superan el ‘nivel de diarrea mental’ de su autor”, para concluir que la democracia exige tolerar un cierto nivel de basura. Punto sobre el que hay que llegar a acuerdos.
El cuadro comparativo me lleva a la imagen de ciertos pueblos centroamericanos que viven literalmente sobre la inmundicia. Las condiciones de pobreza extrema que tienen les han hecho ocupar basureros locales y convertirlos en asentamientos poblacionales. Para hacerlo posible pusieron orden en los vertederos logrando que el fundamento nocivo sobre el que asientan sus vidas les afecte lo menos posible y al menos les permita vivir con dignidad. Igual que esa pobre gente, las democracias tienen que ponerse de acuerdo en el nivel de tolerancia que deben dar a la libertad de expresión para que la “basura” no se imponga en su nombre, exigiendo derechos que no le corresponden o expandiendo su letalidad cuando se apliquen medidas contra el abuso de esas libertades. No todo lo que se dice o se hace puede ser validado por la simple invocación del libre derecho a expresarse, en particular cuando esta libertad se interpreta en un ámbito carente de fronteras para el que apela a su disfrute, sin respeto para el derecho que en igualdad medida corresponde a todos los miembros del colectivo. Para que esto no suceda están las bases constitucionales y las leyes consensuadas en democracia. Su autoridad será apreciada en la capacidad de impedir que el derecho a la libertad de expresión se convierta en una concesión al libertinaje y en herramienta para sembrar violencia y odio.
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