LA HABANA, Cuba -Debido a lo difícil que resulta obtener un ejemplar de la Gaceta Oficial contentiva de la Ley no. 116 del Código de Trabajo, el diario Granma ha venido ofreciendo en los últimos días una síntesis de ese documento, vigente desde el pasado 18 de junio.
Así, en su edición del viernes 8 de agosto, el periódico aborda el capítulo I del referido Código, que trata sobre los 11 principios que rigen el derecho de trabajo. Uno de esos principios se refiere a la igualdad en el trabajo, y su texto es el siguiente: “Todo ciudadano tiene derecho a obtener un empleo, sin discriminación debido al color de la piel, género, creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial, discapacidad y cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana”.
Es decir que, al menos en teoría, los negros y mestizos, las mujeres, los creyentes, los homosexuales, las personas del interior del país y los discapacitados tienen pleno derecho al trabajo. Y aclaro “en teoría” porque en la práctica los transexuales y discapacitados, por ejemplo, han hallado obstáculos para insertarse laboralmente.
Sin embargo, nada expresa el Código de Trabajo acerca de lo que pasará con los opositores políticos al gobierno cubano. Conociendo las características del castrismo, cuesta trabajo imaginar que la coletilla “cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana” incluya a los miembros de la disidencia, y por tanto el tratamiento que se les dé a los opositores debe de quedar al arbitrio de los muchachones de la Seguridad del Estado.
Según han informado medios de prensa oficialistas, más de 2 millones 800 mil trabajadores fueron consultados con vistas a la aprobación final del Código. Nunca se sabrá si existió algún planteamiento tendiente a eliminar el limbo jurídico, en materia de empleo, en que quedan las personas que se manifiestan o actúan en contra del gobierno. Máxime después de conversar con varios ciudadanos de a pie, y constatar que ellos hicieron propuestas al Código que jamás fueron tomadas en cuenta por los organismos gubernamentales— incluidos los sindicatos oficialistas— encargados de confeccionar ese documento. De esa manera funciona la “democracia participativa” en Cuba.
A lo anterior se añade el hecho de que para el otorgamiento de determinadas licencias que autorizan el trabajo por cuenta propia, las autoridades visitan las cuadras y barrios e inquieren sobre el comportamiento de los aspirantes a cuentapropistas. Una averiguación en la que, por supuesto, prima el elemento político. Todo lo expuesto nos lleva a considerar algo intrascendente un debate que afloró en la reciente reunión de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE), en el sentido de si el régimen cubano aún clasifica como totalitario, o si por el contrario había arribado a la categoría de postotalitario, al ejercer un menor control sobre la sociedad.
Sea cual sea el membrete, lo cierto es que el aparato de poder mantiene su inmovilismo en materia político-ideológica, y que la exclusión en este terreno sigue siendo la mayor discriminación que afrontan los cubanos. A los opositores se les dificultará el acceso al trabajo, y aquellos que posean algún empleo podrán ser hostigados o expulsados en cualquier momento.
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