MONTANA, Estados Unidos.- Nuestro desprecio por la libertad era un tema favorito del economista y columnista Walter E. Williams. Su libro American Contempt for Liberty recopila 200 de sus columnas sobre temas relacionados con nuestras libertades personales. Williams fue un elocuente defensor de lo que él llamaba “la superioridad moral de la libertad personal y su principal ingrediente: el gobierno limitado”.
Nuestra condescendencia con la libertad es evidente en nuestro desprecio por la Constitución, sobre todo cuando se trata del gasto gubernamental en programas de bienestar social. Como señala Williams, “la mayor parte del gasto del gobierno federal puede caracterizarse como la toma de lo que pertenece a un estadounidense para dárselo a otro al que no pertenece. Eso no es menos que el uso forzoso de una persona para servir a los propósitos de otra, lo que también es una buena definición de la esclavitud”.
Sobre el gasto del gobierno en bienestar, los Padres Fundadores fueron explícitos. James Madison, padre de la Constitución, señaló: “No puedo poner mi dedo en ese artículo de la Constitución que concedió el derecho al Congreso de gastar el dinero de sus constituyentes en objetos de beneficencia”. Y añadió: “La caridad no forma parte del deber legislativo del gobierno”.
Thomas Jefferson estuvo de acuerdo: “El Congreso no tiene poderes ilimitados para proporcionar el bienestar general, sino sólo aquellos específicamente enumerados.” Benjamín Franklin advirtió: “Cuando el pueblo descubra que puede votar para regalarse dinero, esto anunciará el fin de la república”.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos también ha adoptado una posición inequívoca. En 1819, el presidente del Tribunal Supremo, John Marshall, señaló en el caso McCulloch contra Maryland: “Todos reconocen que este gobierno tiene poderes enumerados. El principio de que sólo puede ejercer los poderes que se le han concedido… es ahora universalmente admitido”. Más recientemente, en el caso de los Estados Unidos contra López (1997), William Rehnquist, escribió: “Partamos de los principios. La Constitución crea un Gobierno Federal de poderes enumerados”.
La pregunta crítica es: ¿Está el gobierno federal constitucionalmente autorizado para realizar gastos en programas de bienestar?
Hasta la Gran Depresión de los años 30, se entendía que los poderes del gobierno eran pocos y explícitamente enumerados. Esto cambió con la elección de Franklin D. Roosevelt como presidente en 1932. Durante los nueve años siguientes, el New Deal de Roosevelt definió un nuevo papel para el gobierno en la vida estadounidense.
La concepción de Roosevelt respecto a nuestras libertades era desdeñosa. Introdujo la aberrante propuesta de que la libertad fluye del gobierno. Desde su punto de vista, no importa cuánto se restrinjan nuestras libertades si el gobierno responde al pueblo. La opinión de Roosevelt contrasta con la del padre fundador Thomas Paine: “El gobierno, incluso en su mejor estado, no es más que un mal necesario: en su peor estado, un mal intolerable”.
Los gastos del gobierno, y los impuestos que exige, son un reclamo sobre nuestra propiedad privada. Cualquier aumento de los impuestos implica una disminución de nuestros derechos sobre nuestra propiedad privada. Sin embargo, parecemos descartar las limitaciones que impone la Constitución sobre los gastos del gobierno.
Un proyecto de ley titulado Ley de Poderes Enumerados, presentado por el representante de Arizona John B. Shadegg , pretende devolver los gastos del gobierno a la supervisión constitucional. El congresista Shadegg presentó este proyecto de ley en todos los congresos desde su elección en 1995 hasta su jubilación en 2011. La ley proponía que toda la legislación presentada contenga una explicación de la autoridad constitucional que la faculta. El proyecto nunca se convirtió en ley, aunque algunos de sus elementos han sido incorporados como reglamento por la Cámara de Representantes.
La Constitución es muy específica concediendo solo autoridad limitada al gobierno federal. Para ser legítima, toda legislatura debe corresponder a uno de los poderes enumerados en la Constitución. Según esta norma, la mayoría de las leyes de bienestar quedan fuera de la autoridad constitucional del Congreso y nuestros legisladores no tienen autoridad constitucional para realizar gastos en programas de bienestar.
En pocas palabras, muchas de nuestras leyes son constitucionalmente ilegales; tal es nuestro desdén por la libertad.
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