LA HABANA, Cuba. -Muchos de los especialistas que han teorizado sobre el desempeño de las cooperativas toman en cuenta la separación que suele existir entre la propiedad y la gestión en este tipo de organización económica.
Tal desunión la apreciamos nítidamente en el caso cubano, al oficiar el Estado como propietario de las tierras, las edificaciones, y el resto de los medios de producción de las cooperativas, mientras que a los cooperativistas les corresponde únicamente gestionar la actividad productiva o de servicios.
En esas condiciones, el éxito de una cooperativa presupone que los cooperativistas hayan adquirido sentido de pertenencia. Es decir, que sin llegar a ser propietarios legales, amen el negocio como si fuese de ellos, debido entre otras prerrogativas y beneficios, a la autonomía en la toma de decisiones, y las ganancias económicas que obtengan si laboran con eficiencia.
Sin embargo, para nadie es un secreto que las cooperativas cubanas, en especial las del sector agropecuario, no marchan bien. En el año 2012 el Gobierno debió decretar 17 medidas emergentes en un intento por revitalizar a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), algunas de las cuales tendían a desaparecer por las deficiencias que afrontaban, que incluía el éxodo de sus miembros hacia otros sectores de la economía.
Hace poco el periódico Granma (“Aplican tratamiento financiero para la CPA”, edición del viernes 6 de marzo) informó de la crítica situación financiera de 385 cooperativas de producción agropecuaria (CPA) de la actividad no cañera. Esas CPA mantienen deudas vencidas por más de 200 millones de pesos con el sistema bancario y empresarial, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), y el presupuesto del Estado. Y un detalle significativo: el 19% de las tierras de esas cooperativas (un total de 38318 hectáreas) se hallan ociosas e infestadas de marabú.
Con vistas a “resolver” la situación, la Resolución 70, del 20 de febrero de 2015, del Ministerio de Finanzas y Precios, establece que las CPA de la actividad no cañera destinen el impuesto del 5% sobre las ventas de productos y servicios agropecuarios para financiar parte de sus deudas. La medida constituye una especie de “sacrificio fiscal”, pues será un importe que dejará de ir a las arcas estatales, con la consiguiente afectación para otros destinos presupuestarios.
Claro, el Granma no aclara el porqué de la debacle de esas CPA. Porque con independencia de la posible carencia de recursos materiales, la mala planificación, o incluso adversas condiciones climáticas, es evidente que ha fallado el sentido de pertenencia de buena parte de esos cooperativistas. ¿Qué otra cosa puede explicar las 38318 hectáreas infestadas de marabú? Para limpiar esas tierras solo hacen falta machetes y brazos dispuestos a acometer la tarea. Mas, al parecer, a esos cooperativistas no les interesa hacerlo.
Curiosamente, se acaba de dar a conocer que empresarios estadounidenses de distintos sectores económicos promueven el Grupo de Trabajo Cooperativo Estados Unidos-Cuba con vistas a favorecer el intercambio con cooperativistas cubanos. La iniciativa está liderada por la Asociación Nacional de Cooperativas y su programa internacional CLUSA. El proyecto se presenta como una plataforma para compartir perspectivas, herramientas y formas de innovar en la producción de alimentos, aunque no excluye otros sectores como la energía y el transporte.
Nadie duda de que la ayuda internacional podría beneficiar a las cooperativas cubanas. No obstante, todo parece indicar que el principal escollo a superar es de carácter interno. Nuestros cooperativistas necesitan sentirse dueños de sus cooperativas, y no simples ejecutores de las orientaciones provenientes “de arriba”.
