Los precios siguen en la mirilla gubernamental

LA HABANA, Cuba.- El primer ministro cubano, Manuel Marrero, continúa con sus declaraciones desacertadas en las reuniones que mantiene con los colectivos de los organismos de la Administración Central del Estado. Son afirmaciones que denotan la improvisación con que la maquinaria del poder está conduciendo la denominada Tarea Ordenamiento.

En esta ocasión le tocó el turno al Ministerio de Finanzas y Precios. Un organismo de gran protagonismo en el Ordenamiento, ya que dirige la política de precios en el país, uno de los aspectos más peliagudos de este proceso, y que más insatisfacciones ha provocado en la población e incluso en las propias entidades estatales.

En una de sus intervenciones en la cita, el señor Marrero apuntó que “los precios es una cuestión que hay que seguir estudiando, y debe ser más allá de los conocimientos ya fijados, de lo que dicen los libros, porque Cuba es Cuba, ningún país del mundo está sometido a las agresiones de las que somos víctimas” (“Para momentos complejos, situaciones diferentes”, periódico Granma, edición del 20 de marzo).

Con independencia de los “aportes” que el señor Marrero y su equipo de gobierno puedan hacer a la teoría de los precios, resulta evidente que cualquier sistema de precios que se adopte debe cubrir los costos de producción o de la prestación de un servicio determinado. En caso contrario habría que acudir a un subsidio presupuestario a ese productor, algo que el discurso gubernamental se empeña en ir disminuyendo.

Precisamente, cuando se concibió la Tarea Ordenamiento quedó claro que subirían los costos de producción de los actores estatales y también de los no estatales, y que esos costos aumentados repercutirían en un aumento de los precios. Y que habría que hacer algo para que esos precios no se tragaran los nuevos salarios aprobados.

Entonces empezó una especie de doble batalla gubernamental. Por una parte, impedir que los productores aumentaran sus precios mayoristas, y por la otra reprimir a cuanto comercializador minorista —lo mismo estatal que no estatal— estableciera un precio que las autoridades calificaran como “especulativo o abusivo”.

En ese contexto, entre otros, destaca el desencuentro existente entre los productores agropecuarios y las autoridades del Ministerio de la Agricultura. Los productores que venden sus producciones a la Empresa estatal de Acopio se quejan de que esta última les fija unos precios que apenas cubren sus costos de producción. Por otra parte, los productores que llevan directamente sus productos a los mercados se ven contenidos por los precios minoristas topados por el gobierno. El resultado de todo esto son las tarimas desabastecidas que tanto afectan el bienestar de la población.

Ahora todo indica que esos precios “a la cubana” que sugiere el señor Marrero, y que se alejan de lo planteado en los libros,  pretenden quedar bien con Dios y con el Diablo. De no lograrse ese objetivo, algo muy probable, será otra confirmación de lo poco oportuna que ha resultado la Tarea Ordenamiento en medio de la crisis de oferta que padece la economía cubana.

Con respecto a la ultima parte de la afirmación del Primer Ministro, es realmente risible que el precio de una libra de boniato, o de un pan con croquetas ofertado por un trabajador por cuenta propia,  tenga alguna relación con el “bloqueo” de Estados Unidos, tal y como dejan entrever las supuestas agresiones aludidas por Marrero.

A la postre, si algo va quedando claro en este forcejeo gubernamental en torno a los precios, es que no debemos ser muy optimistas. En la agricultura, por ejemplo,  continúan los precios de acopio fijados burocráticamente para un grupo importante de productos, mientras siguen los precios minoristas topados para el 100% de los productos. Las autoridades no acaban de convencerse de que son ellas las que sobran en este engranaje de los precios.

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