LA HABANA.- La semana pasada, ya de noche, un individuo tocó a mi puerta preguntando por mi hija para, según dijo, entregarle un documento de Inmigración. Por tratarse de una hora impropia, pero sobre todo por conocer antecedentes de hechos delictivos en los que los perpetradores se han valido de engaños para allanar las viviendas de las víctimas, decidí no abrirle la puerta y le dije que viniera de día.
Como al día siguiente no regresó, ni al otro, ni al otro, consideramos acertada mi precaución, porque todo indicaba uno de esos tan frecuentes intentos malintencionados. Sin embargo, a la semana siguiente, volvieron a tocar a mi puerta —esta vez de día— para entregar una citación para Yudania Monés Linares, conminándola a presentarse el jueves 5 de abril a las 14 horas en la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) sita en Juan Delgado y Vista Alegre. El papel amenazaba, además, con una multa de 500 pesos a quien no se presentase.
A la hora señalada, la recibió en el lugar el oficial Salvador, quien “solamente” quería hablarle de dos asuntos. El primero, un intento infructuoso por denigrar la memoria de su padre, con quien dijo tener “una deuda de gratitud” por los servicios prestados a su organización. Para nuestros amigos y conocidos nunca fue un secreto que mi esposo, Humberto Monés, fue diplomático y por lo tanto miembro de la Seguridad del Estado, y que precisamente por eso logró constatar más temprano que muchos de nosotros la degradación en que el nuevo gobierno sumía al país.
Y como hombre bueno, íntegro y digno que era, muy pronto su inequívoco sentido del honor le obligó a sumarse a la oposición cubana para enfrentar públicamente a esta dictadura totalitaria, pues comprendió que nunca podría estar del lado de los que abusan y reprimen, ni servir de instrumento a un régimen que aterroriza a sus ciudadanos como a rehenes.
El segundo tema que el oficial Salvador de la “Gestapo” cubana quería tratar con mi hija era una mal disimulada intimidación contra mí: aunque ellos no pretenden “hacernos más daño”, ella debía disuadirme de seguir escribiendo, pues según dijo, mis artículos, parcial o totalmente cargados de mentiras, a ellos los perjudican mientras que a mí no me benefician, o en todo caso no tanto como a quienes los reciben y difunden en el exterior. Además, de todos modos yo “dejaría de escribir”.
Por más espeluznante que pueda habernos resultado la amenaza implícita en esa enigmática frase, el mensaje no fue en realidad inesperado, pues en meses recientes otros periodistas independientes han sufrido coacción en la persona de mujeres de su familia. Tal es el caso de José Antonio Fornaris, presidente de la Asociación Pro Libertad de Prensa, y Augusto César San Martín, cuyas esposas, Amarilis Reyes y Yanela Durán, respectivamente, fueron citadas y amenazadas por agentes del aparato represivo.
Para quienes aún dudan de que en Cuba se violan los derechos humanos, valga recordar dos artículos de la Declaración Universal. El número 12 expresa: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. Y el artículo 19, por su parte, garantiza: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.