Los deseos del presidente, los fiscales y la realidad

Los deseos del presidente, los fiscales y la realidad

La existencia de un derecho en la Constitución no garantiza su cumplimiento. Se hacen necesarias leyes complementarias que deben regularlo

Sede de la Fiscalía General de la República
Sede de la Fiscalía General de la República (Foto Parlamento cubano)

GUANTÁNAMO, Cuba. – El periódico Juventud Rebelde correspondiente al pasado domingo 31 de marzo ha publicado una noticia titulada “Por un ejercicio honesto de la justicia en Cuba”, firmada por la periodista Leticia Martínez Hernández, que da cuenta de la participación del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la reunión de balance de la Fiscalía General de la República (FGR).

En dicha reunión el presidente aseguró que la FGR “se erige como un puntal para que ejerza y defienda la legalidad en nuestro país, para que haya un ejercicio honesto de la justicia, para que enfrentemos con más intensidad, eficiencia la corrupción, la ilegalidad y el delito” (sic). También aseguró que esa institución “juega un papel fundamental en defender el concepto de Estado socialista de derecho que hemos refrendado en la nueva Constitución”.

Coincido plenamente con Díaz-Canel en que es necesario que la FGR defienda la legalidad, que haya un ejercicio honesto de la justicia y que la corrupción, la ilegalidad y el delito deben ser enfrentados rigurosamente. Pero esas frases me dan la impresión de que pertenecen a alguien que desconoce la práctica histórica de esa institución y la realidad del país, y no al máximo dirigente del Estado cubano.

Mi experiencia con la justicia de este país luego de más de veinte años de ejercicio de la abogacía, de cuatro años, ocho meses y doce días de prisión dictada en un proceso espurio y de más de quince años de discriminación social y política, impide que comparta el punto de vista del presidente, a no ser que, a partir de ahora, la FGR comience a  jugar por fin el papel que le está asignado por la Constitución, lo cual no creo posible, porque es una institución sujeta a los ucases del Partido Comunista y del Consejo de Estado y no al estricto cumplimiento de la ley.

No habrá legalidad mientras se castigue el proceder delictivo de unos ciudadanos y se haga silencio ante el de otros. Tampoco la habrá mientras la FGR continúe haciendo acepción de personas y tratando a los ciudadanos según su posición con respecto a la dictadura de partido único.

Tampoco habrá un ejercicio honesto de la justicia mientras los abogados continúen participando en los procesos en desventaja con respecto al fiscal, mientras los ciudadanos permanezcan hasta ocho días detenidos sin asistencia jurídica, mientras se falsifiquen o sobrevaloren pruebas para sostener la acusación y se desestimen las que presenta la defensa.

En cuanto a la corrupción y las ilegalidades de las que tanto habla el presidente en sus reuniones, al referirse sobre todo al robo de combustible y de otros recursos del Estado, que yo sepa no son los opositores pacíficos sino los militantes del partido, quienes ocupan puestos de dirección que les permiten acceder a esos recursos y lucrar con ellos a costa del pueblo. La corrupción continuará mientras la FGR, la policía y el partido dirijan sus acciones contra quienes están en la posición inferior de la estructura delictiva y no contra toda ella.

En el encuentro -dirigido por la fiscal general Yamila Peña Ojeda- el presidente también llamó a los fiscales a que atendieran de forma oportuna las quejas de los ciudadanos, a que fueran más sensibles con los problemas de la población y a no estigmatizar al que llega a la Fiscalía con una queja porque en sus manos trae un problema. Confieso que me habría gustado estar ahí para mostrarle al presidente las numerosas quejas que he presentado ante diferentes instancias de la FGR y otras dependencias  gubernamentales, entre ellas una dirigida a la mismísima Yamila Peña Ojeda y otra a él, que presenté el pasado mes de diciembre en la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado.

En esas cartas denuncié los robos que me ha hecho la Seguridad del Estado de Guantánamo y  otras violaciones de mis derechos. Hasta el día de hoy no he recibido respuesta alguna. La misma experiencia ha sido la de los opositores pacíficos guantanameros Niober García Fournier y Henry Couto Guzmán.

Y es que el derecho de queja, reconocido en el artículo 63 de la Constitución vigente –y en el 61 de la nueva- es, junto a otros derechos constitucionales, uno de los más vulnerados por el castrismo, resultando vergonzoso que la FGR, institución encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad en el país, sea una de las principales violadoras del mismo.

¿Acaso desconoce eso el señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez? ¿Será que antes de pertenecer al grupo de poder cubano nunca conoció de casos de maltratos contra los ciudadanos en la FGR, los tribunales o las unidades de la policía? ¿Desconoce que en pleno siglo XXI todavía el sistema de procesamiento penal cubano no ha incorporado el respeto a derechos elementales del procesado? ¿No sabe Díaz-Canel que en un juicio penal se consigna en el acta lo que el presidente del tribunal estime y que luego esa acta tiene que ser firmada por los defensores sin conocer lo que verdaderamente se ha consignado en ella? ¿Desconoce que los juicios en Cuba no se graban y que lo que estime probado una sentencia es incuestionable en un recurso presentado ante un tribunal superior, aun cuando sea incierto?

Me resulta difícil admitir que estando a ese nivel de dirección Díaz-Canel desconozca las múltiples quejas de los ciudadanos acerca de la actuación del sistema de justicia cubano.

Hay quienes caen en la ingenuidad de creer que porque un derecho esté registrado en una Constitución  basta para que se cumpla, cuando eso depende de la existencia de la ley complementaria que debe regularlo y, más aún, del efectivo control constitucional que del mismo se haga, algo que, sinceramente, no creo que sea posible en las condiciones de una dictadura de partido único que discrimina a los cubanos por sus opiniones políticas. Mientras esa situación persista hablar de un honesto ejercicio de la justicia es una burla extraordinaria.

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