Ley Electoral: ¿Un cambio político real?
¿Habrá libertad para organizar partidos políticos? ¿Tendrán los opositores acceso a los diarios y a la televisión? ¿Contarán las nuevas elecciones con supervisión internacional como sucede en todos los países democráticos?
LA HABANA, Cuba -El gobierno cubano acaba de anunciar su propósito de dictar una nueva Ley Electoral que sustituya a la hoy vigente, que lleva el número 72 y data de octubre de 1992. Las preguntas que se imponen son: ¿Qué signo tendrá esa reforma? ¿Qué disposiciones serán objeto de las modificaciones? ¿En qué sentido se harán éstas?
Son temas que abordé en mi libro Constitucionalismo y cambio democrático en Cuba, publicado en Madrid en 2007. Considero que la ocasión es propicia para que, en el marco de un artículo periodístico —que por fuerza tiene que ser breve— recordemos de manera sucinta algunas de las críticas fundamentales que hice entonces a la actual legislación en esa materia.
Lo primero a señalar en este sentido es que en Cuba no existe libertad de postulación. Esto comienza por las elecciones de nivel municipal. Se trata de la única fase de todo el proceso que en alguna medida merece esa denominación, pues en ellas el ciudadano tiene la posibilidad de escoger entre varios candidatos.
El problema radica en que, en este estado-policía que padecemos, las nominaciones para delegados a las asambleas municipales del llamado “Poder Popular” se realizan a nivel de cuadra en votaciones públicas, en las que los ciudadanos tienen que alzar sus manos en presencia de los “factores” del régimen y de los inevitables agentes de la policía política.
Habida cuenta del miedo que cada uno siente por las represalias que pueda sufrir, se hace casi imposible que las personas voten por algún disidente conocido. Y digamos esto con perdón de los “Candidatos por el Cambio”, que, como su propio nombre lo indica, intentan modificar la realidad utilizando el mismo sistema tramposo diseñado por los castristas. Está claro —pues— que el primer paso a dar sería permitir que cualquier ciudadano pueda ser postulado por dos o tres de sus vecinos.
Cuando se rebasa el marco local, entran en función las “comisiones de candidatura”. Estos órganos están conformados por los delegados de las llamadas “organizaciones de masas”, que, como todo el mundo sabe, son meras correas de transmisión del Estado-Partido. Aquí llueven las siglas: CDR, CTC, FMC, ANAP, FEU, FEEM. Son simples modalidades de la misma realidad totalitaria; diversos modos en que el sistema estabula a sus súbditos, utilizando distintos criterios: vecindad, actividad que realiza, sexo.
Debemos reconocer que este método ha alcanzado un inmenso éxito en lograr el propósito para el que lo diseñó y estableció el señor Fidel Castro: autoperpetuar el régimen y su dirigencia. Una de las derivaciones de este procedimiento monstruoso es que en Cuba, salvo en las elecciones municipales, haya un solo aspirante para cada puesto a cubrir. Y desde luego que esto sería otra cosa a cambiar: habría que permitir que cinco o diez electores puedan nominar a un candidato alternativo a diputado o delegado provincial.
Otra característica absurda del ordenamiento electoral de nuestro país es la prohibición de realizar campañas políticas. Claro que en los niveles provincial y nacional esto no posee importancia. Si, por las razones señaladas en el párrafo precedente, está virtualmente asegurada la “elección” de todos los candidatos, ¿qué importancia tiene entonces las ideas o planes que ellos puedan tener!
Pero es que esa regla irracional impera también en las votaciones municipales, donde —como ya vimos— los ciudadanos sí tienen cierta escogencia. Según la liturgia impuesta por el régimen, se supone que cada elector, para decidir entre los distintos candidatos a delegado, se guíe por su “integración revolucionaria”. Esto, en la neo-lengua castrista, significa las formas en que ese aspirante apoya el sistema en vigor.
Es evidente que si la soberanía reside en el pueblo, se hace necesario que éste, al seleccionar entre los diversos compatriotas que estén aspirando a un cargo, pueda hacerlo con conocimiento de causa. Es menester —pues— que los ciudadanos sepan cuál es el programa que, en caso de resultar electo, intentaría aplicar cada uno de los que opten por un puesto.
Hay, por supuesto, otros cambios que serían necesarios para que el sistema electoral de nuestro país pueda ser considerado democrático: Libertad para organizar partidos políticos, acceso equitativo de todos a los medios masivos de comunicación, presencia de las distintas fuerzas políticas en las comisiones electorales de los diferentes niveles, supervisión internacional (análoga a la que existe en otros países de nuestro entorno cultural).
Veremos con qué tipo de reforma se aparecerán ahora los castristas. ¿Deberemos esperar un nuevo parto de los montes? Soñemos con que, por el bien de Cuba, no sea así.
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